{"id":98662,"date":"2026-06-25T15:45:33","date_gmt":"2026-06-25T15:45:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc086-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:45:33","modified_gmt":"2026-06-25T15:45:33","slug":"stc086-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc086-2017\/","title":{"rendered":"STC086-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC086-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03598-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Antonio Berrio Lopera y Miguel \u00c1ngel Jaramillo Palacio contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dicen vulnerado por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicitaron, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal accionado el 8 de septiembre de 2016 y se ordene \u00abuna nueva sentencia (\u2026) tomando una decisi\u00f3n expresa, clara y precisa sobre las excepciones formuladas al contestar la demanda ejecutiva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de sus pretensiones los accionantes expusieron, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        El Edificio Parqueadero \u00abNuevo Centro La Alpujarra\u00bb promovi\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, con la finalidad de que se librara mandamiento de pago \u00abpor concepto de cuotas ordinarias y expensas necesarias\u00bb de local No. 1, as\u00ed como tambi\u00e9n de los parqueaderos 128 y 130.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Enterados de la orden de apremio, formularon excepciones de m\u00e9rito, declar\u00e1ndose probada, mediante sentencia del 21 de agosto de 2015, \u00fanicamente, la de prescripci\u00f3n \u00abrespecto de las cuotas de administraci\u00f3n pretendidas y causadas antes del 23 de mayo de 2007\u00bb, mientras que las dem\u00e1s fueron desestimadas, orden\u00e1ndose seguir la ejecuci\u00f3n sobres los restantes emolumentos reclamados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Contra esa providencia todos los litigantes formularon recurso de apelaci\u00f3n, el que fue resuelto por el Tribunal a trav\u00e9s de sentencia calendada 8 de septiembre de 2016, en la cual se \u00aborden\u00f3 cesar la ejecuci\u00f3n de las cuotas causadas del 1\u00ba al 31 de diciembre de 2011 (acogiendo la excepci\u00f3n de pleito pendiente\u2026)\u00bb y, en lo dem\u00e1s, se confirm\u00f3 el fallo censurado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Adujeron los accionantes que la certificaci\u00f3n allegada como t\u00edtulo de la ejecuci\u00f3n \u00abtiene su origen en los presupuestos del edificio demandante, para los a\u00f1os 2016 a 2012\u00bb, los cuales \u00abson ilegales, por cuanto son violatorios de lo dispuesto en la ley 675 de 2001\u00bb, toda vez que \u00ablos presupuestos anuales deben y tiene[n] que elaborarse por m\u00f3dulos de contribuci\u00f3n, por sectorizaci\u00f3n, (\u2026), y en cambio, esos presupuestos (\u2026) fueron elaborados teniendo como base, \u00fanica y exclusivamente, los coeficientes de cada inmueble de uso privado\u00bb, por lo que el Tribunal convocado \u00abdebi\u00f3 declarar pr\u00f3spera LA EXCEPCION DE M\u00c9RITO DE ILEGALIDAD DE LA CAUSA DEL T\u00cdTULO\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Agregaron que los instrumentos soporte del cobro coactivo, no cumplen con el presupuesto de exigibilidad, como quiera que \u00ablos presupuestos aprobados s\u00f3lo muestran un valor total anual y un valor total mensual de los gastos, pero all\u00ed no hay claridad, pues no distribuyen esos valores de los gastos entre los propietarios de bienes privados, no se\u00f1alan la fecha en que debe cumplirse la obligaci\u00f3n, si es mensual o anual\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 12 de enero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 661, cuaderno III).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, expres\u00f3 que los argumentos expuestos en la demanda de tutela, fueron \u00abresueltos en la sentencia de segunda instancia a la que remito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 8 de septiembre de 2016, que modific\u00f3 la proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn el 21 de agosto de 2015, indic\u00f3 las razones por las cuales no estaban llamadas a prosperar las excepciones de fondo propuestas por los ejecutados, al considerar que los instrumentos allegados como soporte de la ejecuci\u00f3n constitu\u00edan t\u00edtulo ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, tras rese\u00f1ar los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en los que se fundaban las defensas meritorias propuestas por lo gestores del amparo, destac\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Art\u00edculo 38-4 de la Ley 675 de 2001, consagra como funci\u00f3n de la asamblea general de copropietarios, el \u00abAprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, as\u00ed como incrementar el fondo de improvistos, cuando fuere el caso\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 31, de la escritura p\u00fablica No. 1485 del 10 de junio de 2004, otorgada en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Medell\u00edn, por medio de la cual se constituy\u00f3 el reglamento de propiedad horizontal, atribuy\u00f3 como funci\u00f3n de la asamblea general el \u00abDistribuir los gastos de Administraci\u00f3n a los propietarios, fijar fecha de vencimiento, de tal forma que aparezca una obligaci\u00f3n clara, expresa, liquida y exigible en dinero. Decretar cuotas extraordinarias cuando la insuficiencia presupuestal ordinaria o cualquier otra causa lo exigiere\u00bb (folios 141 del cuaderno 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cumplimiento a estos mandatos, la asamblea general de copropietarios determin\u00f3 en los a\u00f1os 2006 a 2012, como consta en las respectivas actas: i) Para el a\u00f1o 2006 fij\u00f3 como ingresos de la copropiedad por cuotas de administraci\u00f3n mensual la suma de $12\u2019354.051, como gastos reales $12\u2019363.041, con una ejecuci\u00f3n del 100% (folios 77 vto., del cuaderno 3); ii) Para el a\u00f1o 2007 estableci\u00f3 como ingresos de la copropiedad por cuotas de administraci\u00f3n mensual la suma de $12\u2019759.645, que en el a\u00f1o asciende a $153’115.746, don un incremento del 3.3% (folios 83 vto., del cuaderno 3); ii) Para el a\u00f1o 2008 estableci\u00f3 como ingresos por cuotas de administraci\u00f3n  mensual  la  suma  de  $13’630.960 y, reajuste del 6.83% (folios 104 del cuaderno 3); iv) Para el a\u00f1o 2009 fij\u00f3 como ingresos de la copropiedad por cuotas de administraci\u00f3n mensual la suma de $14\u2019531.167, que en el a\u00f1o asciende a $174\u2019374.000, con un aumento del  7.67% (folios 3 vto., del cuaderno 3); v) Para el a\u00f1o 2010 se\u00f1al\u00f3 como ingresos por cuotas de administraci\u00f3n mensual la suma de $14\u2019821.790, que en el a\u00f1o asciende a $177\u2019861.480, con un incremento del 2% (folios 17 del cuaderno 3); vi) Para el a\u00f1o 2011 determin\u00f3 como ingresos por cuotas de administraci\u00f3n mensual la suma de $15’291.641, que en el a\u00f1o asciende a $183’499.692, con un incremento del 3.17% (folios 30 del cuaderno 3) y, vii) Para el a\u00f1o 2012 estableci\u00f3 como ingresos por cuotas de administraci\u00f3n mensual la suma de $15\u2019839.600, para un total en el a\u00f1o de $190\u2019375.200, con un reajuste del 3.58% (folios 40 vto., del cuaderno 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la se\u00f1ora administradora de la copropiedad horizontal en el documento que se aport\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo a folio uno (1) del cuaderno principal, certifica que los demandados est\u00e1n en mora de pagar las mensualidades que all\u00ed se describen, tanto por el local como por los parqueaderos; se\u00f1alando como cuotas no canceladas para el local las causadas desde el mes de abril de 2006 hasta el mes de mayo de 2012; de igual forma, pasa a describir los per\u00edodos de mora para los locales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien es cierto que all\u00ed no determina la fecha de pago de cada cuota mensual como lo pretende el recurrente, tambi\u00e9n lo es que precisa que esas expensas se causan por meses, se\u00f1alando, como viene de citarse a t\u00edtulo de ejemplo, las causadas por el periodo comprendido entre el mes de abril de 2006 al mes mayo de 2012; de donde fluye sin ning\u00fan esfuerzo que los meses van del d\u00eda 1\u00b0 al d\u00eda 30 y ante la falta de previsi\u00f3n de una fecha para el pago de cada mensualidad, apenas resulta razonable entender que la fecha l\u00edmite para el pago es el d\u00eda 30, siendo exigible a partir del d\u00eda siguiente si no se paga, que a la vez constituye el punto de partida para el computo de los intereses de mora. Al efecto, la sentencia de primer grado, al ordenar la ejecuci\u00f3n por las expensas adeudas por los demandados, reconoci\u00f3 los intereses a partir del vencimiento de cada mensualidad, o sea, desde el primer d\u00eda del mes siguiente, como incluso, as\u00ed (sic) se pidi\u00f3 en la demanda y se libr\u00f3 el mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, la administradora expide la certificaci\u00f3n sobre las expensas adeudadas por los demandados con soporte en el acta de la asamblea, donde obviamente se aprueba el presupuesto para un a\u00f1o, para ser pagado y ejecutado por mensualidades; lo anterior pone de presente que esta certificaci\u00f3n allegada como base de recaudo ejecutivo, contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible, que constituye t\u00edtulo ejecutivo por expreso mandato del art\u00edculo 48 de la Ley 675 de 2001 y de contera cumple con las exigencias que contempla el art. 488 del C. de P. Civil, lo que ya es bastante para concluir que no le asiste raz\u00f3n al recurrente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto a la supuesta ilegalidad de los presupuestos aprobados por la Asamblea General de la propiedad horizontal ejecutante, el Tribunal indic\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al efecto, el art\u00edculo 31 la Ley 675 de 2001 consagra \u00abSECTORES Y MODULOS DE CONTRIBUCION. Los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjunto de uso comercial o mixto, deber\u00e1n prever de manera expresa la sectorizaci\u00f3n de los bienes y servicios comunales que no est\u00e9n destinados al uso y goce general de los copropietarios de las unidades privadas, en raz\u00f3n a su naturaleza, destinaci\u00f3n o localizaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abLos recursos de cada sector de contribuci\u00f3n se precisar\u00e1n dentro del presupuesto anual del edificio o conjunto, conjunto de uso comercial o mixto y solo podr\u00e1n sufragarse las erogaciones inherentes a su distinci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en este dispositivo, corresponde reglamento de propiedad horizontal establecer la sectorizaci\u00f3n de los bienes y servicios en los conjuntos de uso comercial o mixto que no est\u00e9n destinados al uso y goce general de los propietarios de las unidades privadas, en raz\u00f3n a su naturaleza, destinaci\u00f3n y localizaci\u00f3n, en cuyo caso, las expensas relacionadas con estos bienes y servicios estar\u00e1n a cargo de los propietarios privados del respectivo sector  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Examinada la escritura p\u00fablica que contiene el reglamento de propiedad horizontal no se advierte que se hayan sectorizado bienes y servicios comunes que no est\u00e9n destinados al goce y uso general de los propietarios de unidades privadas, que deban ser sufragados por los propietarios del respectivo sector, lo que es raz\u00f3n suficiente para que este medio d defensa no est\u00e9 llamado a prosperar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantean los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en que el Tribunal valor\u00f3 los documentos aportados como sustento del cobro coercitivo y concluy\u00f3 que los mismos reun\u00edan los presupuestos necesarios para constituir un t\u00edtulo ejecutivo, sin que hallara demostrada la ilegalidad que pregonaban los ejecutados, en cuyo caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC086-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03598-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98662","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98662"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98662\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}