{"id":98663,"date":"2026-06-25T15:45:45","date_gmt":"2026-06-25T15:45:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc087-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:45:45","modified_gmt":"2026-06-25T15:45:45","slug":"stc087-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc087-2017\/","title":{"rendered":"STC087-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC087-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03663-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia que dict\u00f3 el Tribunal accionado, el 7 de octubre de 2016, y se ordene a esa autoridad emitir \u00abuna nueva sentencia de segunda instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de sus pretensiones la accionante expuso, en s\u00edntesis:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Que promovi\u00f3, junto con Gabriel \u00c1ngel, Ang\u00e9lica Cecilia y Denny Daniel Ramos Angulo, demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la Electrificadora del Caribe (Electricaribe S. A.), por los da\u00f1os derivados del fallecimiento de Luis Ram\u00f3n Ramos \u00aba consecuencia de haber recibido una fuerte descarga el\u00e9ctrica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Mediante sentencia del 13 de enero de 2015 el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n frente a la cual los demandantes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 28 de agosto de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Al considerar que dicho prove\u00eddo compromet\u00eda sus derechos fundamentales, la accionante formul\u00f3 una primigenia acci\u00f3n de tutela, tr\u00e1mite en el cual se ampar\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso, por lo que se orden\u00f3 al Tribunal dejar sin efectos el fallo de segunda instancia y dictar uno nuevo, toda vez que la causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad aplicada en tal providencia, no resultaba procedente.  <\/span><\/p>\n

2.4.        En cumplimiento al mandato del juez de tutela, se profiri\u00f3 la sentencia del 4 de abril de 2016, en la que se declar\u00f3 a Electricaribe S. A., responsable de los da\u00f1os causados a los demandantes, se le conden\u00f3 al pago de los perjuicios morales ocasionados y se neg\u00f3 el reconocimiento de los detrimentos materiales solicitados por la gestora del amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Inconforme con la rese\u00f1ada negativa, la promotora formul\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela, al considerar que en el proceso ordinario se demostraron los da\u00f1os pedidos a t\u00edtulo de lucro cesante (consolidado y futuro), reclamo que acogi\u00f3 la Corte en sentencia de tutela del 10 de agosto de 2016 (STC10993-2016), por lo que se orden\u00f3 al estrado criticado dejar sin efectos la prenotada decisi\u00f3n del 4 de abril de 2016 y pronunciarse nuevamente sobre el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Para acatar esta \u00faltima orden de amparo, el despacho judicial accionado dict\u00f3 el prove\u00eddo del 7 de octubre de 2016, en el que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, ordenando a la Electricaribe S. A., entre otras cosas, \u00abpagar a los demandantes por concepto de da\u00f1o material en la modalidad de lucro cesante\u00bb la suma de $52.122.722, \u00abvalor que deber\u00e1 distribuirse entre los demandantes\u00bb, inobservando que en la demanda, la \u00fanica que pidi\u00f3 el pago de los aludidos perjuicios materiales fue Betty Mar\u00eda Angulo de Ramos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7.        Adujo la demandante que este \u00faltimo pronunciamiento adolece \u00abde un examen veraz, objetivo e imparcial de todas las pruebas obrantes dentro del proceso\u00bb, las cuales dan cuenta que la v\u00edctima fatal percib\u00eda, para la \u00e9poca de su fallecimiento, ingresos superiores al salario m\u00ednimo legal mensual vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8.        Agreg\u00f3 que en la liquidaci\u00f3n del lucro cesante se omiti\u00f3 \u00abaplicar las f\u00f3rmulas econ\u00f3micas financieras utilizadas reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n\u00bb para esos efectos, pues se deduce de la liquidaci\u00f3n \u00abun porcentaje del 30% por concepto de manutenci\u00f3n para la v\u00edctima, cuando la Corte en estos casos ha establecido jurisprudencialmente un descuento del 25% de lo devengado\u00bb, as\u00ed como tampoco se tuvo en cuenta el promedio de vida \u00abdeterminado por la tabla de Supervivencia elaborada por la Superintendencia Financiera (\u2026) para liquidar el lucro cesante futuro\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 19 de diciembre de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 661, cuaderno III).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       1.        Electricaribe S. A., indic\u00f3 que \u00abla presente tutela es temeraria e improcedente por cuanto lo que el accionante est\u00e1 planteando es en realidad un incumplimiento parcial a la orden proferida por la Corte Suprema de Justicia al resolver la segunda tutela\u00bb, motivo por el cual \u00ablo conducente era iniciar un incidente de desacato\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que la promotora cuestiona (i) la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en el fallo criticado para cuantificar los perjuicios materiales reclamados, espec\u00edficamente, el lucro cesante; (ii) la f\u00f3rmula de liquidaci\u00f3n de dicho rubro; y (iii) la forma en la cual se impuso la condena por ese concepto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        En cuanto al primero de los reclamos rese\u00f1ados, advierte la Sala que si bien el Tribunal no hizo menci\u00f3n a la totalidad de probanzas que daban cuenta sobre los ingresos de Luis Ram\u00f3n Ramos, tal omisi\u00f3n, por su falta de trascendencia, no comprometi\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la quejosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Inicialmente, se evidencia que, tal y como lo indic\u00f3 la promotora en su demanda de amparo, varias de las declaraciones recaudas en el proceso ordinario materia de an\u00e1lisis, daban cuenta de que su extinto esposo le suministraba diariamente una suma no inferior a treinta mil pesos. As\u00ed lo afirmaron Ang\u00e9lica Cecilia Ramos Angulo (folio 106), Sandra Milena \u00c1lvarez Arrieta (folio 129), Francisco Javier D\u00edaz Angulo (folio 133), Arinda Esther Estrada Garc\u00eda (folio 138) y Harold Enrique Villa Herrera (folio 143).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, tales versiones resultan insuficientes para saber, con certeza, cu\u00e1les eran los ingresos puntuales mensuales del occiso Luis Ram\u00f3n Ramos, pues todos convergen en afirmar que el causante obten\u00eda sus ingresos de la labor que desarrollaba como electricista independiente, sin que precisaran sus jornadas de trabajo y si aquellas las realizaba de domingo a domingo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, con base en las reglas de la experiencia, dable era inferir que los trabajadores independientes destinan alg\u00fan tiempo para descansar, por regla general, los fines de semana, escenario que no resultaba ajeno al occiso, si se tiene en cuenta que la propia accionante, en la declaraci\u00f3n de parte que rindi\u00f3 en el proceso ordinario, se\u00f1al\u00f3 que su esposo dedicaba los d\u00edas domingos para actividades recreativas (folios 100 y 101).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, ante la imposibilidad de cuantificar los ingresos exactos del causante, por las contingencias rese\u00f1adas, no luce arbitraria la decisi\u00f3n del Tribunal de calcularlos con base en el salario m\u00ednimo legal mensual vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Prosiguiendo con el estudio que corresponde, en lo que ata\u00f1e a la liquidaci\u00f3n del lucro cesante futuro, se evidencia que para su cuantificaci\u00f3n el Tribunal tuvo en cuenta dos variantes, de un lado, la expectativa de vida del extinto Luis Ram\u00f3n Ramos, para lo cual acogi\u00f3 los datos suministrados por el Departamento Nacional de Estad\u00edstica, y de otro, el salario m\u00ednimo legal mensual vigente, del cual descont\u00f3 un porcentaje del 30% \u00abconsiderad[o] como lo que utilizar\u00eda el difunto para atender sus gastos personales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que esta decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que esa queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual el Tribunal accionado fij\u00f3 los perjuicios suplicados, en cuyo caso tal actuaci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.3.        En cuanto al \u00faltimo de los reproches que plante\u00f3 la actora, no desconoce la Corte que el Tribunal acusado incurri\u00f3 en una irregularidad al condenar a Electricaribe S.A., a pagar perjuicios materiales a favor de Gabriel \u00c1ngel, Ang\u00e9lica Cecilia y Denny Daniel Ramos Angulo, sin que aquellos hubieran reclamado su reconocimiento en la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, dicha contingencia no tuvo la virtualidad de comprometer el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, pues lo cierto es que en plenario se demostr\u00f3 que los ingresos del fallecido eran destinados para el sostenimiento del n\u00facleo familiar que resid\u00eda con \u00e9l y no s\u00f3lo para su c\u00f3nyuge Betty Mar\u00eda Angulo de Ramos, hoy accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, Francisco Javier D\u00edaz \u00c1ngulo en su testimonio (folios 132 a 135), indic\u00f3 que con el occiso resid\u00edan \u00ab14 personas\u00bb y que el dinero que aquel suministraba, era invertido por Betty Mar\u00eda Angulo de Ramos \u00abpara el sustento diario, lo que le quedaba le daba a mis hermanos, porque ninguno estaba trabajando y los utilizaba para los desayunos, almuerzo y comida y lo que se necesitaba en la casa y del producto del aseo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, no resulta desatinado que para calcular el valor a reconocer, por concepto de lucro cesante, a favor de la c\u00f3nyuge del extinto Luis Ram\u00f3n Ramos, se dividiera la suma total cuantificada, pues, en estricto, era ese porcentaje el que el causante le suministraba para su sostenimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, el desatino en el que incurri\u00f3 el Tribunal al cobijar con la referida condena a los dem\u00e1s demandantes, es una determinaci\u00f3n que le es adversa a la demandada del proceso ordinario (Electricaribe S.A.), pero que no compromete las garant\u00edas fundamentales de la gestora del amparo, lo que pone de relieve la intrascendencia de su reclamo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC087-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03663-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).         ANTECEDENTES      1.       […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98663","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98663\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}