{"id":98667,"date":"2026-06-25T15:46:06","date_gmt":"2026-06-25T15:46:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc091-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:46:06","modified_gmt":"2026-06-25T15:46:06","slug":"stc091-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc091-2017\/","title":{"rendered":"STC091-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC091-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-03626-00  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho 18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Segismundo Fuentes G\u00f3mez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor solicit\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos \u00aba la verdad y a la informaci\u00f3n\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, pretende que se ordene a la accionada resolver sobre lo pedido en los memoriales que radic\u00f3 los d\u00edas 3, 4 y 9 de noviembre de 2016, as\u00ed como tambi\u00e9n se deje sin efectos la diligencia de notificaci\u00f3n del fallo de tutela de segunda instancia, proferido el 27 de octubre de 2016, seg\u00fan se infiere de lo expuesto en la demanda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El actor promovi\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela en contra de la Polic\u00eda Nacional, cuyo conocimiento correspondi\u00f3, en segunda instancia, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante sentencia del 27 de octubre de 2016, el estrado querellado resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada, ordenando el enteramiento de dicha determinaci\u00f3n a los intervinientes. Sin embargo, afirma el promotor, que se \u00abomiti\u00f3 el derecho a la informaci\u00f3n en la notificaci\u00f3n personal\u00bb del fallo de tutela de segunda instancia, toda vez que el telegrama que se libr\u00f3 para tales efectos, fue remitido a \u00aba un barrio al que no corresponde la direcci\u00f3n y el tel\u00e9fono es incorrecto\u00bb, por lo que fue devuelto por la empresa de correos  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Los d\u00edas 3, 4 y 9 de noviembre de 2016 el gestor elev\u00f3 sendas peticiones, frente a las que se pronunci\u00f3 el convocado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 30 de noviembre de la citada anualidad, disponiendo su remisi\u00f3n a la Corte Constitucional, por cuanto constitu\u00edan \u00abuna complementaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n que su momento present\u00f3 contra el fallo de primer grado\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 15 de diciembre de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte rese\u00f1\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de la tutela a la que se contrae la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abni los razonamientos jur\u00eddicos que sustentan la providencia, ni el tr\u00e1mite administrativo que se observ\u00f3 en sede de primera instancia, configuran v\u00eda de hecho alguna\u00bb, por lo que \u00abel amparo deprecado deviene en improcedente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte Constitucional expres\u00f3 que \u00abno ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n, ni directa ni indirectamente que pueda comprometer los derechos fundamentales del actor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        En trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107)  <\/span><\/p>\n

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Respecto de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 [r]esulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC 21 feb 2011, rad.2010-00723-00; STC6334, 25 may. rad 2014-00303-02; STC-2015, 2 dic. rad. 02397-99 y STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107)  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso bajo estudio la queja del gestor est\u00e1 dirigida contra las actuaciones surtidas con posterioridad al proferimiento de la sentencia de tutela calendada 27 de octubre de 2016, espec\u00edficamente, la supuesta ausencia de pronunciamiento de la Corporaci\u00f3n criticada respecto de las peticiones que formul\u00f3 los d\u00edas 3, 4 y 9 de noviembre de 2016 y las diligencias que se adelantaron para enterarlo del referido fallo.  <\/span><\/p>\n

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Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos se concluye la improcedencia de este nuevo resguardo por cuanto el accionante puede acudir ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional a reclamar la revisi\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela que ahora ataca, el cual hasta el 25 de noviembre de 2016 fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n conforme a los art\u00edculos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional, conforme se verific\u00f3 en el reporte de actuaciones que reposa en estas diligencias (folios 60 y 61).  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de contornos similares al aqu\u00ed estudiado dej\u00f3 dicho la Corte que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, ante la existencia de un medio judicial id\u00f3neo de defensa de los derechos del promotor, el presente reclamo se torna improcedente.  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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