{"id":98668,"date":"2026-06-25T15:46:11","date_gmt":"2026-06-25T15:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc092-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:46:11","modified_gmt":"2026-06-25T15:46:11","slug":"stc092-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc092-2017\/","title":{"rendered":"STC092-2017"},"content":{"rendered":"

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC092-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03667-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela impetrada por Neftaly Chavarro Molina y Jes\u00fas Moreno Romero frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por el magistrado Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena, con ocasi\u00f3n del compulsivo seguido luego del asunto de pertenencia iniciado por los aqu\u00ed actores contra Alcira Bustos de Morales, Luz Miryam Bustos Rueda y personas indeterminadas.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        Por conducto de apoderado judicial, los promotores reclaman el amparo de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la Corporaci\u00f3n querellada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para sustentar su reproche, acotan que en la pertenencia iniciada por ellos se emiti\u00f3 sentencia desestimatoria de sus pretensiones el 30 de septiembre de 2010, determinaci\u00f3n ratificada en sede de apelaci\u00f3n el 31 de agosto de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Sostienen que en primer grado fueron condenados a sufragar las costas tasadas en $10.000.000 y, en segundo, $1.500.000 por el mismo concepto,  <\/span><\/p>\n

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Advierten que Armando Anzola Hort\u00faa, \u201ctercero en la litis\u201d, solicit\u00f3 librar en su favor mandamiento de pago por los rubros antes rese\u00f1ados.  <\/span><\/p>\n

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En auto de 12 de septiembre de 2012 se emiti\u00f3 la orden de apremio de manera equivocada, pues en el encabezado figuraron como demandantes los aqu\u00ed petentes junto con Anzola Hort\u00faa y como deudoras Alcira Bustos de Morales y Luz Miryam Bustos Rueda.  <\/span><\/p>\n

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En ese tr\u00e1mite fueron embargados los derechos que los tutelantes ten\u00edan sobre dos inmuebles y, posteriormente, se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme a la orden compulsiva.  <\/span><\/p>\n

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Remitidas las diligencias al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad, su apoderado demand\u00f3 la nulidad del coercitivo relatado, alegando como causales las contenidas en los numerales 3\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto se actu\u00f3 contra providencia ejecutoriada del superior, hubo indebida representaci\u00f3n de las partes y no se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n de la pasiva correctamente.  <\/span><\/p>\n

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Aunque Anzola Hort\u00faa se opuso a la invalidez reclamada aduciendo estar legitimado para obtener el recaudo de las citadas costas por haber intervenido en el pleito como tercero ad excludemdum, el 9 de septiembre de 2015 se anul\u00f3 el juicio desde el mandamiento y fueron levantadas las cautelas practicadas.  <\/span><\/p>\n

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Esa decisi\u00f3n se ciment\u00f3 en la configuraci\u00f3n del primer motivo de nulidad anotado y fue objeto de reposici\u00f3n por parte de los aqu\u00ed solicitantes para que se reformara en el sentido de imponerle al ejecutante cancelar los perjuicios generados por los embargos inscritos; tambi\u00e9n la impugn\u00f3 Anzola Hort\u00faa mediante el remedio horizontal y, en subsidio, el vertical.  <\/span><\/p>\n

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El 22 de octubre de 2015 el a quo desestim\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta por el tercero y concedi\u00f3 la alzada deprecada; posteriormente, en prove\u00eddo de 16 de diciembre siguiente, adicion\u00f3 la determinaci\u00f3n impugnada para condenar a Anzola Hort\u00faa por los da\u00f1os derivados de las cautelas levantadas.  <\/span><\/p>\n

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Al desatar la apelaci\u00f3n acotada, el Tribunal accionado decidi\u00f3 revocar la providencia de primer grado y su complementaci\u00f3n para, en su lugar, declarar infundada la solicitud de invalidez.  <\/span><\/p>\n

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Con ese pronunciamiento se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque: (i) se desconoci\u00f3 que la misma Corporaci\u00f3n ratific\u00f3 la sentencia de primer grado donde se impusieron costas en favor de las demandadas y no del mencionado tercero; (ii) se omiti\u00f3 que la legitimaci\u00f3n para impulsar el compulsivo referenciado s\u00f3lo la ten\u00edan Alcira Bustos de Morales y Luz Miryam Bustos Rueda, pues Anzola Hort\u00faa actu\u00f3 exclusivamente como \u201clitis consorte\u201d de esta \u00faltima; y (iii) no hubo ning\u00fan pronunciamiento sobre las causales 7\u00aa y 8\u00aa por ellos aducidas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Exigen, en concreto, dejar sin efecto la determinaci\u00f3n del Colegiado acusado.  <\/span><\/p>\n

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1.1.        Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Manifest\u00f3 estarse a lo resuelto en la determinaci\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Auscultado el pronunciamiento de 18 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal atacado revoc\u00f3 la invalidez declarada en primer grado dentro de la ejecuci\u00f3n por costas seguida a continuaci\u00f3n del juicio de pertenencia reprochado, no se observa arbitrariedad manifiesta lesiva de garant\u00edas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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1. En efecto, esa autoridad estim\u00f3 razonadamente que la censura de los promotores relacionada con la ausencia de legitimaci\u00f3n de Anzola Hort\u00faa para obtener el recaudo referido no constitu\u00eda un motivo de invalidez y, particularmente, no se relacionaba con el vicio de actuar contra lo decidido por el superior.    <\/span><\/p>\n

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Sobre lo discurrido, argument\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Seg\u00fan el a-quo se incurri\u00f3 en la citada causal de nulidad (num. 3\u00b0, art. 140 del C.P.C.) al desconocerse lo resuelto por el superior, pues quien formul\u00f3 la ejecuci\u00f3n \u2018no se encontraba legitimado para hacerlo\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEmpero, la causal de nulidad conforme a la cual se afecta la actuaci\u00f3n por proceder contra lo decidido por el superior, solo puede operar en los eventos en que dentro del mismo proceso se adopt\u00f3 una determinaci\u00f3n espec\u00edfica que luego es desconocida o contrariada por el a-quo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn el presente caso se tiene que el proceso ejecutivo se promovi\u00f3 y adelant\u00f3 a continuaci\u00f3n del proceso ordinario en el cual se impusieron las costas reclamadas, tr\u00e1mite distinto como expresamente lo prev\u00e9 el art. 335 del C. de P. C. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cA partir de las anteriores premisas se debe concluir que no cabe duda alguna en cuanto a que fueron impuestas condenas en costas a la parte demandante del proceso de pertenencia; que all\u00ed fue reconocido como interviniente en calidad de cesionario de derechos de una de las accionadas, quien formul\u00f3 la demanda de ejecuci\u00f3n; y que si estaba o no legitimado para dicho reclamo, es cuesti\u00f3n que no es dado traer a colaci\u00f3n por medio de un pedido de nulidad al abrigo de una causal que no refiere esa circunstancia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAhora, en materia de nulidades procesales rige el principio de taxatividad, de modo que solamente constituyen motivos de anulaci\u00f3n las circunstancias espec\u00edficamente consagradas por el legislador, con lo cual no es posible acomodar hechos o motivos distintos dentro de tales causales. Por ello, el par\u00e1grafo del art. 140 CPC prev\u00e9 que \u2018las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este c\u00f3digo establece\u2019 (norma reiterada en el CGP -art. 133) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLo inherente a los cambios de palabras y dem\u00e1s errores formales en que se incurri\u00f3 al dictar el mandamiento de pago y el auto en que se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, son cuestiones cuya soluci\u00f3n corresponde al juez de conocimiento con el empleo de los mecanismos del caso, equivocaciones que, pese a ser evidentes, (\u2026) en eventos como el presente no est\u00e1 en el \u00e1mbito de competencia del ad-quem enmendarlas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        Las disquisiciones precedentes no contienen desafuero alguno, pues se fundaron en la normatividad aplicable y en las circunstancias acaecidas en el asunto, adem\u00e1s, atendieron al estado del compulsivo reprochado, decurso distinto del ordinario donde se impusieron las costas objeto del recaudo.  <\/span><\/p>\n

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Aunque pudiera no aceptarse \u00edntegramente el criterio comentado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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4.        Resta anotar, como lo ha indicado esta Corte en pret\u00e9ritas oportunidades2, que si los accionantes estimaban la omisi\u00f3n en resolver alg\u00fan aspecto \u201c(\u2026) que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento (\u2026)\u201d, tal como lo referente a las causales 7\u00aa y 8\u00aa del art. 140 de C. de P. C., les incumb\u00eda hacer uso de la herramienta consagrada en el vigente art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, soslayaron ese mecanismo de defensa, de donde se advierte la improcedencia del resguardo, en ese punto, por inobservar el presupuesto de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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5.         De acuerdo con lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        NEGAR la tutela solicitada por Neftaly Chavarro Molina y Jes\u00fas Moreno Romero frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por el magistrado Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena, con ocasi\u00f3n del compulsivo seguido luego del asunto de pertenencia iniciado por los aqu\u00ed actores contra Alcira Bustos de Morales, Luz Miryam Bustos Rueda y personas indeterminadas.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO:        Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.  <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 25 de junio de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-01310-00.    <\/span><\/p>\n

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    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC092-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03667-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la tutela impetrada por Neftaly Chavarro Molina y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98668","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98668"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98668\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}