{"id":98670,"date":"2026-06-25T15:46:17","date_gmt":"2026-06-25T15:46:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc094-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:46:17","modified_gmt":"2026-06-25T15:46:17","slug":"stc094-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc094-2017\/","title":{"rendered":"STC094-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC094-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03610-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Importadora Universal S. A., contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se \u00abREVOQUE la sentencia No. 542 del 15 de noviembre de 2016 (\u2026), dejando en firme la sentencia de primera instancia n\u00famero 028, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 23 de febrero de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de sus pretensiones la accionante expuso, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En su calidad de sociedad extranjera, \u00abcon domicilio permanente en Panam\u00e1\u00bb, promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Rub\u00e9n Dar\u00edo Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez y Blanca Gilma Castro Bedoya, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Con la demanda aport\u00f3 poder otorgado \u00abpor el se\u00f1or Hamzi Saker, en su calidad de representante legal de la Sociedad Importadora Universal S. A.\u00bb, documento que \u00abfue autenticado ante la Notar\u00eda Primera del Circuito de Col\u00f3n de Panam\u00e1, este acto se apostill\u00f3 de acuerdo con la ley 455 de 1998\u00bb y que tambi\u00e9n se alleg\u00f3 \u00abCERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACI\u00d3N, expedido por el REGISTRO P\u00daBLICO DE PANAM\u00c1 (\u2026), en el que expresa que la Importadora Universal S. A., se encuentra registrada en el tomo 1020, folio 220, asiento 117106 de la secci\u00f3n de personas mercantil (sic) desde el 22 de marzo de 1974\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.         En el tr\u00e1mite de la alzada, el Tribunal accionado, a trav\u00e9s de providencia del 14 de julio de 2016, requiri\u00f3 a la ejecutante para que incorporara \u00abal proceso los documentos que de manera id\u00f3nea acrediten su existencia y representaci\u00f3n legal, para lo cual deber\u00e1 sujetarse, seg\u00fan el caso, a los lineamiento de los art\u00edculos 48 y 65, inciso final, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026) y al 486 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Adujo la gestora que en cumplimiento de dicho mandato, alleg\u00f3 el \u00abCERTIFICADO DE PERSONA JUR\u00cdDICA, expedido por la oficina de REGISTRO PUBLICO de la rep\u00fablica de PANAM\u00c1\u00bb y el \u00abPERMISO DE OPERACI\u00d3N, Nro 1499, expedido por ZONA LIBRE, entidad aut\u00f3noma de la rep\u00fablica de Panam\u00e1, autenticado por notario y la firma de \u00e9ste por el se\u00f1or c\u00f3nsul\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        A pesar de lo anterior, el despacho judicial criticado, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2016, revoc\u00f3 la providencia impugnada y, en su lugar, se declar\u00f3 inhibida \u00abpara pronunciarse sobre las pretensiones planteadas\u00bb, al considerar que no se prob\u00f3, en debida forma, la existencia de la persona jur\u00eddica ejecutante, por cuanto los documentos aportados para esos efectos no cumpl\u00edan las exigencias que establece el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Se\u00f1al\u00f3 la promotora que el Tribunal accionado vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso \u00abal condicionar en el auto de pruebas de oficio, la incorporaci\u00f3n documental (\u2026) a los lineamientos del art\u00edculo 48, 65 del C.P.C. en su inciso final (sic) y 486 del C\u00f3digo de comercio y soportar su decisi\u00f3n (su fallo) con argumentos emanados del art\u00edculo 259 del C. P. C., del que nunca se hizo menci\u00f3n [en] el ya mencionado (sic) auto de pruebas de oficio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 14 de diciembre de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso al cual se contrae la queja constitucional, solicit\u00f3 \u00abse niegue el amparo solicitado\u00bb, toda vez que \u00abno se ha producido ninguna de las circunstancias que la Corte Constitucional ha identificado como causales espec\u00edficas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la sentencia de 15 de noviembre de 2016, que revoc\u00f3 la que dict\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 23 de febrero de 2015, indic\u00f3 las razones por la cuales no era posible proferir decisi\u00f3n de fondo en la ejecuci\u00f3n a la cual se contrae la queja constitucional, toda vez que no se acredit\u00f3 la existencia de la persona jur\u00eddica demandante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tras destacar la importancia de los presupuestos procesales con miras a proferir sentencia de m\u00e9rito, sobre la capacidad para ser parte de la ejecutante, emprendi\u00f3 dicho despacho judicial el an\u00e1lisis de los documentos aportados al proceso, destacando que:  <\/span><\/p>\n

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En el asunto bajo estudio, con la demanda se aportaron los siguientes documentos:  <\/span><\/p>\n

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4.1        Poder otorgado por el se\u00f1or Hamzi Saker, en su calidad de representante legal de la sociedad Importadora Universal S.A., a la abogada Yaneth Rojas Montoya, para que la represente en este asunto. Tal documento fue autenticado ante Notar\u00eda P\u00fablica Primera del Circulo de Col\u00f3n de Panam\u00e1, este acto se apostill\u00f3 de acuerdo con la ley 455 de 1998 que aprob\u00f3 la convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.  <\/span><\/p>\n

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4.3        En el curso del proceso, el citado se\u00f1or confiri\u00f3 poder al Dr. Luis    Fernando    Gallego    Holgu\u00edn    para    que    lo continuara representando en el proceso. Ese documento se autentic\u00f3 ante el C\u00f3nsul de Colombia en Col\u00f3n, Panam\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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5.        En esta instancia, de manera oficiosa, se orden\u00f3 a la parte actora, incorporar los documentos que de manera id\u00f3nea acreditaran su existencia y representaci\u00f3n y se le advirti\u00f3 que deb\u00eda sujetarse a los art\u00edculos 48 y 65 en su inciso final del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el 486 del C\u00f3digo de Comercio. Para tal efecto, aport\u00f3 el apoderado que la representa, los siguientes documentos:  <\/span><\/p>\n

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5.1        Copia del permiso de operaci\u00f3n No. 1499, otorgado por la Zona Libre de Col\u00f3n, Panam\u00e1, a la empresa Importadora Universal S.A. para establecerse y realizar operaciones dentro de la Zona Libre de Col\u00f3n, que autentica el Notario Segundo del Circulo de Col\u00f3n. La firma de este, la autentica el C\u00f3nsul de Colombia en Col\u00f3n, Panam\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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5.2        Certificado de Persona Jur\u00eddica de la sociedad Importadora Universal S.A., expedido por el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, en el que se expresa que ejercer\u00e1 su representaci\u00f3n legal el presidente, se\u00f1or Hamzi Youssef Sakhar Darwich, siendo su duraci\u00f3n perpetua y su domicilio Panam\u00e1. Adem\u00e1s se anuncia que se firm\u00f3 de manera electr\u00f3nica calificada por Carlos Abraham Wilson Morales. Ese documento no tiene ninguna constancia de autenticaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6.        Con esos documentos no se acredita la existencia de la sociedad demandante.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en el poder especial otorgado para iniciar el proceso, el que se apostill\u00f3, no dej\u00f3 constancia el funcionario ante quien se autentic\u00f3, sobre la exhibici\u00f3n de los documentos que acreditaran la existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandante; tampoco en el que se confiri\u00f3 en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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Los documentos expedidos por el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1 tampoco se autenticaron en la forma como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 259 del c\u00f3digo citado y aunque s\u00ed lo fue el Permiso de Operaci\u00f3n que le otorg\u00f3 la Zona Libre de Col\u00f3n, no es con un documento de tal naturaleza como se acredita la existencia de una sociedad extranjera, de acuerdo con las normas que se han citado a lo largo de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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Y de tratarse de una sociedad con negocios permanentes en Colombia, tampoco se arrim\u00f3 el certificado de la C\u00e1mara de Comercio, documento id\u00f3neo para probar su existencia.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 16 de mayo de 20011, decidi\u00f3 no casar la sentencia de un tribunal superior que se declar\u00f3 inhibido para resolver un proceso ordinario porque la demanda, consider\u00f3, se hab\u00eda dirigido contra un establecimiento de comercio. En esa providencia concluy\u00f3 aquella Corporaci\u00f3n que era la accionada una sociedad extranjera, respecto de la cual se hallaba ausente el presupuesto de capacidad para ser parte porque no se acredit\u00f3 su existencia. En algunos de los apartes de ese fallo, se lee:  <\/span><\/p>\n

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\u00abConforme a lo anterior las sociedades en su condici\u00f3n de personas jur\u00eddicas, incluyendo, desde luego las extranjeras, pueden ser parte de un proceso. Claro est\u00e1, que para tal efecto, es decir, para poderlas constituir en parte, se precisa demostrar su existencia y su representaci\u00f3n, conforme lo establecen los ordinales 3 y 4 del art\u00edculo 77 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, anexando a la demanda los documentos que dan cuenta de una y otra circunstancia…  <\/span><\/p>\n

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En todo caso, si la actividad probatoria desplegada con ocasi\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 78, resulta en vano, porque en las oportunidades all\u00ed indicadas no se obtiene la prueba de la existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica demandada, el proceso definitivamente se frustra, bien porque la demanda nunca se admitir\u00eda, caso del ordinal 1 del art\u00edculo en comentario, o la admisi\u00f3n dispuesta conforme al numeral 2 se revocar\u00eda, tal como lo entiende la doctrina nacional, y en cualquier caso obrar\u00eda un impedimento procesal para una definici\u00f3n de m\u00e9rito, porque no es posible una adecuada conformaci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, cuando uno de sus extremos carece del presupuesto procesal de la capacidad para ser parte, pues no otra ser\u00eda la situaci\u00f3n de una persona calificada de jur\u00eddica, que no se sabe si es tal, porque no se demostr\u00f3 su existencia, y por consiguiente su representaci\u00f3n, aunque la ausencia de esto \u00faltimo concierne a la capacidad procesal o para comparecer, que como bien se sabe es otro de los presupuestos del proceso. (Resaltado ajeno al texto original)  <\/span><\/p>\n

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\u2026  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan el contenido del art\u00edculo en comentario (se refiere al 48 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), la sociedad extranjera con domicilio en el exterior, pero con negocios permanentes en Colombia, para efectos de una debida concurrencia al proceso deber\u00e1 aducir el certificado de registro mercantil que el inciso Io de la norma consagra, mediante el cual, entonces, demostrar\u00eda su existencia y la representaci\u00f3n, pues los documentos protocolizados, cuyo extracto se registra hacen relaci\u00f3n a esas aptitudes.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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7.- No desconoce la Sala que la ley repulsa las sentencias Inhibitorias que no resuelven de fondo el asunto puesto a la decisi\u00f3n del juez y tampoco le ponen fin; por el contrario, someten a las partes a un estado de incertidumbre, que incluye un injustificado e innecesario desgaste para ellas y para la rama judicial.  <\/span><\/p>\n

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La Corte Constitucional2, al pronunciarse sobre la exequibilidad de los art\u00edculos 91, reformado por el 42 del Decreto 2282 de 1989 y 333 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, precis\u00f3 en el numeral tercero de esa sentencia que \u00abla exequibilidad de los preceptos enunciados se condiciona, adem\u00e1s, en el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias \u00fanicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por \u00e9l la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisi\u00f3n de fondo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, el numeral 4 del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil impone al juez el deber de evitar los fallos inhibitorios, para lo cual el mismo ordenamiento le concede una serie de oportunidades en el proceso tendientes a lograr que los presupuestos procesales se encuentren reunidos para cuando ha de dictar la sentencia.  <\/span><\/p>\n

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En el asunto bajo estudio, como ya se indicara, esta Sala agot\u00f3 el mecanismo previsto por el legislador con el fin de evitar la sentencia inhibitoria, concretamente y como ya se indicara, de manera oficiosa se solicit\u00f3 a la parte demandante acreditar su existencia, indic\u00e1ndole incluso las normas a las que deb\u00eda sujetarse, lo que no logr\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la manera en la que el Tribunal accionado interpret\u00f3 las normas que regulan la prueba de la existencia de personas jur\u00eddicas extranjeras y valor\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n allegados con esa finalidad, concluyendo que aquellos no reun\u00edan las exigencias necesarias para ello, en cuyo caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Cabe a\u00f1adir respecto del argumento esgrimido por el impugnante, seg\u00fan el cual el Tribunal cuestionado desconoci\u00f3 el principio de \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb al soportar su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma que no hab\u00eda sido invocada en el auto que decret\u00f3 pruebas de oficio en segunda instancia, que de conformidad con el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil \u00ab[l]a ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb. Entonces, a pesar de que el estrado accionado no hubiera enunciado dicha disposici\u00f3n en la referida oportunidad, se parte de la suposici\u00f3n de que las partes tienen conocimiento de las normas que regulan el asunto sometido a definici\u00f3n, m\u00e1s aun cuando, como en el caso sub lite, la demandada estaba siendo representada por un profesional del derecho.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, porque el Tribunal atacado decret\u00f3 prueba de oficio precisamente para que la ejecutante allegara el documento omitido, de donde se extrae que la asesor\u00eda pretendida por el demandante se torna exagerada, pues vulnerar\u00eda el derecho de defensa de los ejecutados exigirle a un estrado judicial que informe a las partes, en sus providencias, la manera como deben arrimar los medios de convicci\u00f3n que pretenda hacer valer.  <\/span><\/p>\n

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4.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u00abSala de Casaci\u00f3n Civil, MP. Dr. Jos\u00e9 Fernando Ram\u00edrez G\u00f3mez, expediente 5708\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2 \u00abSentencia C-666 de 1996, Magistrado Ponente: Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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          AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC094-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03610-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Importadora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98670","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}