{"id":98672,"date":"2026-06-25T15:46:29","date_gmt":"2026-06-25T15:46:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc096-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:46:29","modified_gmt":"2026-06-25T15:46:29","slug":"stc096-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc096-2017\/","title":{"rendered":"STC096-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC096-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-03681-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rogelio Fulton Vel\u00e1squez Echeverri contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, sin que planteara pretensi\u00f3n concreta.  <\/span><\/p>\n

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2.        El actor apoy\u00f3 la petici\u00f3n de amparo en los hechos sintetizados, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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2.2.        El 7 de diciembre de 2007, falleci\u00f3 Edwin Vel\u00e1squez Salguero, \u00absin realizar la restituci\u00f3n por medio de escritura del inmueble descrito (\u2026), comprometi\u00e9ndose su c\u00f3nyuge (\u2026) a realizarla\u00bb, en el respectivo proceso de sucesi\u00f3n, lo que no hizo.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Ante esta situaci\u00f3n, el 9 de mayo de 2012, el quejoso formul\u00f3 \u00abdemanda ordinaria de declaraci\u00f3n de pertenencia y de declaratoria de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa (\u2026) por falta de pago del precio y por ser simulada\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Mediante sentencia del 12 de octubre de 2016, el juzgado accionado neg\u00f3 la pertenencia suplicada, por cuanto no encontr\u00f3 acreditado que la posesi\u00f3n que alegaba el demandante se extendiera por el t\u00e9rmino que contempla la Ley 791 de 2002, as\u00ed como tampoco accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, \u00absobre la base [de] que no le fue aportada la prueba del contrato de compraventa\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual el gestor del amparo interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        En el t\u00e9rmino de ejecutoria del prove\u00eddo que admiti\u00f3 la alzada, el promotor solicit\u00f3 tener como pruebas algunos documentos, entre ellos, copia de la escritura p\u00fablica contentiva del acuerdo de voluntades supuestamente simulado.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        A trav\u00e9s de sentencia del 18 de noviembre de 2016, el Tribunal criticado, neg\u00f3 las pruebas peticionadas y confirm\u00f3 el fallo apelado, sin que se le permitiera interponer los recursos que proced\u00edan contra la primera de las referidas decisiones, habida cuenta \u00abque la providencia la dict\u00f3 la sala, conculcando el debido proceso porque (\u2026) la sala debe integrarse solamente para dictar la sentencia y no para decidir sobre la procedencia de la pr\u00e1ctica de pruebas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Adujo el querellante que su pretensi\u00f3n en pertenencia debi\u00f3 prosperar, por cuanto las pruebas recaudadas daban cuenta de que ejerci\u00f3 posesi\u00f3n \u00abdurante los diez (10) a\u00f1os que exige la ley 79[1] de 2002; si los contabiliza desde el a\u00f1o 2003 hasta el 14 de abril de 2015 fecha en la cual se realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8.        Agreg\u00f3 que las autoridades judiciales cuestionadas, desconocieron \u00ablas facultades que en forma reiterada le otorga la normativa procesal relativa al decreto oficioso de pruebas\u00bb, toda vez que el juez de primer grado pudo requerir a las partes para que allegaran copia del contrato tachado de simulado, mientras que ad quem no valor\u00f3 dicho elemento de juicio, a pesar de haber sido allegado en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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       3.        A trav\u00e9s de auto del 11 de enero de 2017, la Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 expres\u00f3 que \u00abno se ha violado derecho fundamental alguno al accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibd\u00f3, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de queja constitucional, precis\u00f3 las razones por las cuales no accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda ordinaria que formul\u00f3 el gestor del amparo.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el promotor cuestiona (i) el prove\u00eddo mediante el cual se neg\u00f3 la solitud de pruebas en segunda instancia; (ii) la falta de uso de las potestades oficiosas para allegar la prueba del pacto supuestamente simulado; y (iii) la negativa emitida frente a la acci\u00f3n de pertenencia.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, dicha contingencia no tuvo la virtualidad de comprometer el derecho fundamental al debido proceso del accionante, pues lo cierto es que no pod\u00eda arribarse a conclusi\u00f3n distinta a la que lleg\u00f3 el Tribunal acusado, habida cuenta que no se reun\u00edan las exigencias contempladas en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso para proceder al decreto de pruebas en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, establece la citada disposici\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 cuando se trate de apelaci\u00f3n de sentencia, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los siguientes casos:  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando las partes las pidan de com\u00fan acuerdo.  <\/span><\/p>\n

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2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidi\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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3. Cuando versen sobre hechos ocurridos despu\u00e9s de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.  <\/span><\/p>\n

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4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.  <\/span><\/p>\n

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5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior.  <\/span><\/p>\n

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Bajo tal \u00f3ptica, no encuentra la Corte que en el asunto en examen se configurara alguno de los escenarios contemplados en la citada regla de derecho, que hiciera procedente el decreto de pruebas en el tr\u00e1mite de la alzada, al punto que ni siquiera as\u00ed lo esgrimi\u00f3 el peticionario en su solicitud (folio 92), lo que lleva a concluir que no err\u00f3 el Tribunal al negar dicho pedimento y, por tanto, evidente es la intrascendencia del yerro procesal evidenciado.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Prosiguiendo con el estudio que corresponde, en cuanto a la segunda de las inconformidades que plantea el quejoso, ha de resaltarse que sobre la facultad de decretar pruebas de oficio, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 aunque es lo cierto que los jueces tienen la facultad de decretar pruebas de oficio en procura de llegar a la verdad material dentro de los asuntos sometidos a su conocimiento, tambi\u00e9n lo es que su contribuci\u00f3n en el proceso no puede llegar hasta el punto de suplantar el inter\u00e9s de las partes, am\u00e9n de que esa herramienta dispositiva no tiene como fin enmendar las deficiencias que resultan de no asumir en toda su extensi\u00f3n la carga probatoria contemplada en los art\u00edculos 177 del C. de P. C. Y 1757 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en un evento similar al aqu\u00ed tratado, la Corte tuvo la oportunidad de expresar que:  <\/span><\/p>\n

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no aflora la ocurrencia de una v\u00eda de hecho como la que se atribuye al Tribunal, y menos si se observa que el argumento medular de su fallo parte de criterios razonables que tienen que ver, en un todo, con el principio de la carga de la prueba, mismo que fue desatendido por quien en su momento debi\u00f3 conducir al juzgador a la certeza … De hecho, resulta desafortunada la acusaci\u00f3n achacada al Tribunal por no decretar pruebas de oficio, cuando bien sabido es que la finalidad de esa facultad en cabeza de los juzgadores de instancia no es la de suplir las deficiencias demostrativas de las partes (CSJ STC 12 Sep. 2005, rad. 2005-01070-00, citada, entre otras, CSJ STC 16. Mar. 2006, rad. 2005-00442-01). (CSJ STC14226-2014)  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, no encuentra la Sala arbitrariedad en el proceder de los falladores accionados, pues no resultaba excesivo exigirle al demandante que allegara, en las oportunidades que contempla el ordenamiento procesal civil, la prueba del contrato de compraventa que cuestionaba, ni tampoco es dable subsanar, por esta v\u00eda, una omisi\u00f3n que s\u00f3lo es imputable al promotor del amparo.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        En lo que ata\u00f1e al c\u00f3mputo del t\u00e9rmino necesario para adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, se observa que el Tribunal accionado, tras destacar que el demandante en pertenencia se acogi\u00f3 al que estableci\u00f3 la Ley 791 de 2002, planteamiento que no cuestion\u00f3 el promotor del amparo, valga destacar, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 si observamos la ley 791 de 2002 establece un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de 10 a\u00f1os y en la forma como lo ense\u00f1a el art\u00edculo 41 de la ley 153 de 1887 (\u2026), desde la entrada en vigencia de esta ley, que entr\u00f3 a regir en diciembre de 2002, surge claro que para a fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, mayo 9 de 2012, no hab\u00edan transcurrido los 10 a\u00f1os que exige la ley, esto quiere decir que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n adquisitivo no se hab\u00eda cumplido bajo la vigencia de la ley que escogi\u00f3 el demandante.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado accionado interpret\u00f3 las normas que regulan la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio y concluy\u00f3 que s\u00f3lo pod\u00eda tenerse en cuenta el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n transcurrido hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, en cuyo caso tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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