{"id":98673,"date":"2026-06-25T15:47:59","date_gmt":"2026-06-25T15:47:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc128-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:47:59","modified_gmt":"2026-06-25T15:47:59","slug":"stc128-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc128-2017\/","title":{"rendered":"STC128-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC128-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2016-3496-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Leonardo Plata Serrano contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, concretamente, frente a la Magistrada Carmi\u00f1a Gonz\u00e1lez Ortiz y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2015-00088.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El interesado, actuando por intermedio de apoderado, pide la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas al tramitar por la v\u00eda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer la demanda de Financar S.A. contra Oscar Leonardo Plata Serrano, Medicorb S.A.S. y Alfonso Arguello G\u00f3mez, a pesar de que se present\u00f3 como \u00abverbal de mayor cuant\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En sustento de su inconformidad aduce, en s\u00edntesis, que interpuso reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago de 9 de abril de 2015 argumentando que al asunto se le dio \u00abel tr\u00e1mite de un proceso diferente al que corresponde\u00bb, dado que las pretensiones eran eminentemente declarativas. Luego, el 16 de diciembre de ese a\u00f1o, el Despacho resolvi\u00f3 favorablemente el recurso y rechaz\u00f3 la demanda, pero porque no se aport\u00f3 poder en debida forma, en la misma providencia dijo que el contrato de arrendamiento aportado como t\u00edtulo ejecutivo cumpl\u00eda \u00abcon la respectiva formalidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que el 5 de abril de 2016 el Tribunal revoc\u00f3 ese \u00faltimo pronunciamiento en sede de apelaci\u00f3n y, en su lugar, concedi\u00f3 a la ejecutante cinco d\u00edas para que aportara el mandato para iniciar la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Expone que el 25 de julio de 2016 el juzgado rechaz\u00f3 de plano la nulidad que present\u00f3 con base en la causal 4\u00aa del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que alude a tramitar la demanda \u00abpor proceso diferente al que corresponde\u00bb, porque ya hab\u00eda analizado los argumentos al resolver la reposici\u00f3n contra el auto de apremio, decisi\u00f3n que fue ratificada por el ad-quem el 26 de octubre del a\u00f1o pasado.  <\/span><\/p>\n

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3. Por lo tanto, solicita dejar sin efecto las determinaciones mencionadas y se admita la demanda como verbal de mayor cuant\u00eda (fls. 45 a 58, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Sexta Civil del Circuito de Barranquilla defendi\u00f3 su proceder y dijo que luego de revisar la demanda y sus anexos, advirti\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la convocante era de naturaleza ejecutiva; que el 2 de diciembre de 2016 dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones; fue apelada y concedi\u00f3 el recurso ante el superior (fls. 82 y 83 ib\u00eddem).      <\/span><\/p>\n

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2. La apoderada de Financar S.A. adujo que se respet\u00f3 el rito legal en la actuaci\u00f3n y que todas las peticiones de los obligados fueron resueltas en la contienda (fl. 89 ib).  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento de registrar la sentencia no se hab\u00eda recibido ning\u00fan otro informe.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron la prerrogativa denunciada por tramitar la demanda presentada por Financar S.A. contra Oscar Leonardo Plata Serrano, Medicorb S.A.S. y Alfonso Arguello G\u00f3mez como ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer y no como verbal de mayor cuant\u00eda.   <\/span><\/p>\n

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2. Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.  Si bien el reclamo se dirige contra la providencia de primera instancia que rechaz\u00f3 la nulidad y la de segunda instancia que la confirm\u00f3, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 26 de octubre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por cuanto fue la que en \u00faltimas defini\u00f3 el punto objeto de debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma fue el resultado de un estudio ponderado que le permiti\u00f3 concluir al Tribunal que el supuesto tr\u00e1mite indebido ya hab\u00eda sido alegado como excepci\u00f3n previa por v\u00eda de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago y por ello no hab\u00eda lugar a estudiar nuevamente el tema, as\u00ed lo expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la parte demandada alega como causal de nulidad hab\u00e9rsele dado a la demanda el tr\u00e1mite de un proceso diferente al que corresponde, y revisada la actuaci\u00f3n, se tiene que esa situaci\u00f3n fue planteada igualmente como excepci\u00f3n previa, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, recurso que fue resuelto en diciembre 16 de 2015, y dentro del cual la jueza a-quo en forma expresa dej\u00f3 determinado que teniendo en cuenta el art\u00edculo 86 del C. de P.C. es deber del juez adecuar el tr\u00e1mite de la demanda que re\u00fana los requisitos legales, decisi\u00f3n contra la cual la parte demandada no interpuso recurso alguno, por tanto, dicha decisi\u00f3n hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada.  <\/span><\/p>\n

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Es de resaltar, que la jueza a-quo en el auto en menci\u00f3n, revoc\u00f3 el mandamiento de pago, \u00fanicamente con base en el hecho de no haber subsanado la parte demandante los defectos que adolec\u00eda la demanda, como era el hecho de allegar poder especial para iniciar proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer, decisi\u00f3n que fue impugnada solamente por la parte demandante y a ello se contrajo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, razones suficientes para confirmar el prove\u00eddo impugnado\u00bb (fls. 104 y 105, cd. 1).       <\/span><\/p>\n

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Tampoco son arbitrarias las razones del a-quo para no acceder a la excepci\u00f3n previa fundada en el supuesto tr\u00e1mite indebido que se le dio a la demanda, ya que estim\u00f3 que: \u00abde la cl\u00e1usula D\u00e9cimo Novena del contrato de arrendamiento aportado con la demanda, se establece de manera di\u00e1fana que los deudores  se obligaron a restituir el inmueble en la forma que les fue entregado, igualmente se\u00f1ala que de no ser as\u00ed, podr\u00eda exigirse su cumplimiento por la v\u00eda ejecutiva\u00bb y de ah\u00ed concluy\u00f3 que \u00abaunque de manera inicial la apoderada de la parte demandante no lo haya indicado en tal forma, toda vez que present\u00f3 demanda verbal de mayor cuant\u00eda, es deber del juez adecuar el tr\u00e1mite a la demanda que re\u00fana los requisitos legales, aunque el demandante haya indicado una v\u00eda procesal inadecuada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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  Esto \u00faltimo lejos de ser arbitrario, encuentra sustento en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil aplicable para la \u00e9poca en que se admiti\u00f3 la demanda que prev\u00e9: \u00abEl juez admitir\u00e1 la demanda que re\u00fana los requisitos legales, y le dar\u00e1 el tr\u00e1mite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una v\u00eda procesal inadecuada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala las providencias aludidas conllevan un criterio razonable, por lo que independientemente que las proh\u00edje, no puede tildarlas de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundamentaron en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.        <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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5. Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario es anteponer su propio criterio al de los accionados y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que lo desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el resguardo pedido ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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