{"id":98674,"date":"2026-06-25T15:48:01","date_gmt":"2026-06-25T15:48:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc129-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:01","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:01","slug":"stc129-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc129-2017\/","title":{"rendered":"STC129-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC129-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03668-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Efra\u00edn de Jes\u00fas Tasc\u00f3n Restrepo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito, el Procurador agrario adscrito a ese despacho, la Alcald\u00eda Municipal, todos con sede en la misma ciudad; el INCODER, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo que dio origen a la presente acci\u00f3n, el ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada, porque en el proceso de restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas donde fungi\u00f3 como opositor, se le orden\u00f3 la entrega del predio que adquiri\u00f3 con buena fe, exenta de culpa a cambio de una compensaci\u00f3n en dinero, que no se compadece con el verdadero valor del bien y las mejoras impuestas en \u00e9l, que no le ha sido pagada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se revoque la sentencia y en su lugar, se \u00ab\u2026ordene pagar la compensaci\u00f3n de dinero como m\u00ednimo en la suma (\u2026) que arroje el aval\u00fao comercial del inmueble NUEVA ESPERANZA 36.\u00bb [Folios 197-217, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. En el a\u00f1o 2013, Libardo Chilito Garc\u00eda present\u00f3 demanda a fin de ejercer la acci\u00f3n civil de restituci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 2011, respecto del predio denominado \u201cNueva Esperanza No. 36\u201d ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Jamund\u00ed, corregimiento de Timba, con una extensi\u00f3n de 19 hect\u00e1reas y 400 m2, a trav\u00e9s de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras.  <\/span><\/p>\n

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2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de esa especialidad de Cali, que el 22 de enero de 2014 admiti\u00f3 el libelo y dio traslado del mismo a los interesados.  <\/span><\/p>\n

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3. El tutelante se opuso a la restituci\u00f3n, con fundamento en la buena fe, exenta de culpa, con la que adquiri\u00f3 el fundo en litigio.  <\/span><\/p>\n

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5. Afirma el tutelante que se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales invocadas, porque el Tribunal accionado determin\u00f3 a su favor una compensaci\u00f3n en dinero inferior al valor real del bien materia de la restituci\u00f3n, que no la ha sido pagada efectivamente.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita la protecci\u00f3n constitucional en la forma ya se\u00f1alada. [Folios 197-217, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se dio curso a la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 221, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Tribunal Superior cuestionado, puso de presente que ya que actor hab\u00eda acudido a este tr\u00e1mite constitucional en pret\u00e9rita oportunidad y con similares pretensiones y agreg\u00f3 que la tasaci\u00f3n del monto de la compensaci\u00f3n obedeci\u00f3 al calculado en el peritaje ordenado oficiosamente por esa Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia, de manera invariable, ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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       \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 may. 2012, rad. 0017-01 y STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01).  <\/span><\/p>\n

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3. La Corte advierte que, en el caso que se examina, el tutelante incurri\u00f3 en temeridad en relaci\u00f3n con la queja planteada frente a la sentencia de \u00fanica instancia dictada el 24 de marzo de 2015 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, a trav\u00e9s de la cual se le orden\u00f3 restituir el predio \u201cNueva Esperanza No. 36\u201d y se dispuso a su favor una compensaci\u00f3n en dinero.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en una oportunidad anterior, mediante la tutela presentada ante esta Corporaci\u00f3n que se tramit\u00f3 bajo el radicado No. 11001-02-03-000-2016-01820-00, el reclamante solicit\u00f3 que se ampararan \u00ab\u2026sus derechos fundamentales a la defensa, a la igualdad y a la confianza leg\u00edtima\u00bb, por considerar que \u00ab\u2026en el proceso de restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas que donde fungi\u00f3 como opositor, se le orden\u00f3 la entrega del predio que adquiri\u00f3 con buena fe, exenta de culpa, pese a que \u00e9l tambi\u00e9n ostenta la calidad de v\u00edctima del conflicto interno armado\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Con base en ello, pidi\u00f3, como ahora, que se revocara aquella providencia.  <\/span><\/p>\n

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El punto fue dirimido adversamente, en primera instancia por esta Sala en sentencia de 14 de julio de 2016, al advertir la insatisfacci\u00f3n del requisito de la inmediatez, puesto que desde la fecha de emisi\u00f3n del fallo objeto de reproche, hab\u00edan transcurrido ampliamente los seis meses que es el t\u00e9rmino que esta Corte ha establecido como razonable para prohijar el amparo.  <\/span><\/p>\n

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En esta oportunidad, el promotor del amparo si bien encamina sus reproches a cuestionar el valor en el que fue tasada la compensaci\u00f3n en dinero ordenada a su favor en aquella providencia, lo cierto es que su intenci\u00f3n est\u00e1 dirigida a desvirtuar la misma sentencia frente a la cual ya hab\u00eda promovido una solicitud de amparo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, se\u00f1ala el libelista en esta ocasi\u00f3n que la \u00ab\u2026sentencia atacada en esta acci\u00f3n vulnera mis derechos fundamentales, porque el accionado orden\u00f3 una compensaci\u00f3n inferior al valor real del bien materia de la restituci\u00f3n, en detrimento de mi derecho al debido proceso y a la defensa.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior permite concluir que la petici\u00f3n de amparo ahora presentada guarda plena similitud con la formulada con antelaci\u00f3n, pues en ambos casos el accionante cuestiona las decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de  Cali en la sentencia emitida en \u00fanica instancia el 24 de marzo de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, y como quiera que no se advierte una circunstancia novedosa que permita diferenciar el presente reclamo del anteriormente impetrado, pues lo cierto es que cualquier queja contra el fallo por esta v\u00eda es improcedente en virtud de la insatisfacci\u00f3n del requisito de la inmediatez, se deduce que la petici\u00f3n del ciudadano comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo de amparo, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio en sede constitucional en pret\u00e9rita oportunidad y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, en atenci\u00f3n a la afirmaci\u00f3n del accionante en torno a que el valor de la compensaci\u00f3n ordenada a su favor en la sentencia reprochada no le ha sido cancelada, por cuanto \u00ab\u2026dichos dineros se encuentran depositados en una cuenta, pero no est\u00e1n a [su] disposici\u00f3n\u2026\u00bb, la Sala informa al libelista que puede reclamar el pago ante la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras, a la cual se encuentra adscrito el Fondo obligado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 111 de la Ley 1448 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, en virtud de la conservaci\u00f3n de competencia para el cumplimiento del fallo, consagrada en el art\u00edculo 102 ejusdem, el tutelante est\u00e1 en posibilidad de solicitar al Tribunal accionado que adelante las medidas necesarias para que se haga efectiva la entrega del monto referido.  <\/span><\/p>\n

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5. Deviene entonces improcedente la solicitud de amparo impetrada por el accionante, por lo que la Sala despachar\u00e1 adversamente su s\u00faplica.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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