{"id":98675,"date":"2026-06-25T15:48:04","date_gmt":"2026-06-25T15:48:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc130-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:04","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:04","slug":"stc130-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc130-2017\/","title":{"rendered":"STC130-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC130-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03678-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Norberto Guiza Saavedra contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, la Alcald\u00eda y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Primera de la misma municipalidad y la Gobernaci\u00f3n del Meta;  tr\u00e1mite que se dispuso vincular al Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto L\u00f3pez, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural \u2013Incoder en Liquidaci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda;   junto con las partes e intervinientes en la acciones de tutela N\u00b0 2016-00135 y 2015-00033.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, el ciudadano solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, que considera vulnerados por las autoridades accionadas; de un lado, por adelantar una querella policiva en su contra de manera irregular y por fuera de t\u00e9rminos;  y de otro lado, por las v\u00edas de hecho en las que incurrieron las autoridades judiciales dentro de la acci\u00f3n de tutela N\u00b0 2016-00135.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se \u00abrevoquen los fallos del Tribunal de Superior de Villavicencio Sala Civil \u2013 Laboral \u2013 Familia y Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez por configuraci\u00f3n de v\u00edas de hecho\u00bb;  a su vez, \u00abse ordene al Municipio de Puerto L\u00f3pez y al Departamento del Meta abstenerse de realizar cualquier tipo de desalojo mientras: a) Culmina el tr\u00e1mite judicial de medida especial en el Juzgado Segundo de Restituci\u00f3n de Tierras, b) Culmina el proceso judicial que cursa en el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez \u2013Divisorio Grandes Comunidades No. 505733189002201500036, c) Se cuente con un plan de acci\u00f3n municipal, departamental articulado con entidades descentralizadas del nivel central que garantice el derecho fundamental al acceso a la tierra, m\u00ednimo vital y vivienda digna definitiva\u00bb;  junto con \u00ablas dem\u00e1s que el (la) Se\u00f1or (a) Juez estime pertinentes para evitar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El 4 de junio de 2014, \u00c1lvaro de Jes\u00fas R\u00edos Marulanda present\u00f3 querella policiva en contra de los poseedores de la parcela 12 del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLas Delicias\u00bb ubicado en el municipio de Puerto L\u00f3pez.  <\/span><\/p>\n

2. La acci\u00f3n, fue admitida el 1\u00b0 de julio de ese a\u00f1o, y notificada al aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Mediante resoluci\u00f3n 008 de 16 de mayo de 2014, la Inspectora Primera de Polic\u00eda del municipio de Puerto L\u00f3pez \u2013Meta, resolvi\u00f3 conceder el amparo a la posesi\u00f3n solicitada por el querellante y se orden\u00f3 al promotor de la queja restituirle la posesi\u00f3n a aquel;  adem\u00e1s, dispuso dejar en libertad a las partes de recurrir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El querellado, inconforme apel\u00f3 la decisi\u00f3n el 14 de enero de 2015.  <\/span><\/p>\n

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5. el Consejo Departamental de Justicia del Meta, el 14 de abril de 2015, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. Por otra parte, el accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra las autoridades que conocen del anterior tr\u00e1mite;  la cual conoci\u00f3 el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto L\u00f3pez, quien el 3 de julio de 2015, deneg\u00f3 el amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. EL Tribunal Superior de Villavicencio, el 24 de agosto de la misma anualidad, confirm\u00f3 la negativa, tras no hallar vulneraci\u00f3n al debido proceso dentro de la acci\u00f3n policiva y sent\u00f3 que en todo caso, el gestor del amparo, pod\u00eda debatir lo planteado ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, especialidad civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. No conforme, el 13 de mayo de 2016, instaur\u00f3 una vez m\u00e1s acci\u00f3n de tutela bajo el radicado N\u00b0 2016-00135, que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez.  <\/span><\/p>\n

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9. El operador judicial accionado, el 27 de junio de ese a\u00f1o, neg\u00f3 el amparo tras considerar temeraria la acci\u00f3n, no obstante, fund\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, en suma, por contar con la v\u00eda ordinaria para que haga valer sus derechos, pues \u00abes all\u00ed donde se debatir\u00e1 realmente su derecho a la propiedad que pretende se reestablezca\u00bb, y en ese sentido, el actor, tiene otros medios de defensa de los derechos que estima conculcados.  <\/span><\/p>\n

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10. El accionante impugn\u00f3 lo resuelto.  <\/span><\/p>\n

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11. El Tribunal Superior de Villavicencio, al conocer en segundo grado, el 2 de septiembre de 2016, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tras verificar que en efecto, sobre los mismos hechos ya se hab\u00eda pronunciado en sede de tutela; agreg\u00f3 que \u00abel \u00fanico asunto que identific\u00f3 el tutelante como un hecho diferente, fue la nueva fecha que se fij\u00f3 para la diligencia de desalojo, la que vale aclarar, fue programada para el 16 de mayo de la corriente anualidad;  no obstante fue suspendida en virtud de la medida provisional decretada al momento de admitir la presente acci\u00f3n de tutela en primera instancia, sin embargo los hechos generadores de la presunta vulneraci\u00f3n de derechos del accionante son los mismos, las entidades accionadas independientemente de no responder a la misma nominaci\u00f3n, son dependencias adscritas unas a otras, es decir, tambi\u00e9n se presenta identidad de partes, y finalmente el objeto o pretensi\u00f3n es cesar con la orden de despojo o restituci\u00f3n (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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12. El reclamante acude a este mecanismo constitucional por considerar que las autoridades judiciales cuestionadas, vulneraron sus garant\u00edas fundamentales invocadas, al incurrir en \u00abv\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues solamente basan sus sentencias en formalismos estrictos sin hacer un estudio serio y pormenorizado de [mi] situaci\u00f3n, pruebas allegadas y de la urgencia de materializar [mis] derechos fundamentales como campesino, pues no es suficiente que el municipio de Puerto L\u00f3pez [me] de un albergue temporal, si el Plan no cuenta con medidas de acceso a tierras temporales y\/o definitivas para poder sembrar y vivir dignamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se queja adem\u00e1s del tr\u00e1mite policivo adelantado en su contra, pues en su sentir, ha sido irregular y surtido por fuera de t\u00e9rminos, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en consideraci\u00f3n que el predio del cual se pretende despojar, le fue adjudicado por el Incoder. [Folios 140 -143, c.1]   <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. La Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica, inform\u00f3 que dentro de su competencia ha venido prestando toda la atenci\u00f3n requerida por el accionante brind\u00e1ndole medidas de protecci\u00f3n recomendadas por el Comit\u00e9 de Evaluaci\u00f3n del Riesgo \u2013 CERREM, por lo que solicita la desvinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional toda vez que no le compete resolver sobre las pretensiones incoadas.  <\/span><\/p>\n

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La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas en el Departamento del Meta, por intermedio de la Directora Territorial, indic\u00f3, luego de precisar sobre la naturaleza de la entidad, que dentro del tr\u00e1mite administrativo que all\u00ed se adelant\u00f3 profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 RT 02146 del 8 de septiembre de 2016, en la que se dispuso inscribir al accionante en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente;  determinaci\u00f3n que le notific\u00f3 personalmente el 28 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que el d\u00eda 15 de diciembre siguiente, procedi\u00f3 a radicar la solicitud judicial de restituci\u00f3n de tierras respecto del predio rural denominado \u00abparcela 12 – las Delicias\u00bb, el cual, se asign\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio pero que a la fecha, \u00e9ste se encuentra pendiente de admisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, arguy\u00f3 en su defensa, que la negativa del amparo result\u00f3 tras verificarse que sobre los mismos hechos ya se hab\u00eda pronunciado el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto L\u00f3pez y con todo, se le precis\u00f3 que no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad pues el actor no hab\u00eda agotado todos los medios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico le brinda para la protecci\u00f3n de sus derechos.  Aunado a ello, su decisi\u00f3n fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Villavicencio.  <\/span><\/p>\n

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Los dem\u00e1s involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1. Para abordar el tema de discusi\u00f3n, es menester precisar que el actor enfil\u00f3 su reclamo frente a dos actuaciones;  el uno, dirigido contra el tr\u00e1mite policivo N\u00b0 019 de 2014 que se adelanta en la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda de Puerto L\u00f3pez en donde el querellante es \u00c1lvaro de Jes\u00fas R\u00edos Marulanda, quien pretende se le restituya el predio \u201cParcela 12 \u2013 Las Delicias\u201d ubicado en esa municipalidad;  y el otro, en reproche a lo dispuesto por las autoridades judiciales dentro de la acci\u00f3n de tutela N\u00b0 2016- 00135.   <\/span><\/p>\n

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En ese entendido, comporta hacer varios pronunciamientos que a continuaci\u00f3n se exponen.  <\/span><\/p>\n

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2. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando en el procedimiento seguido por el juez de tutela se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso. (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00).  <\/span><\/p>\n

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No obstante, ante tal eventualidad el mecanismo de amparo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n constitucional. En esa l\u00ednea de pensamiento se ha expresado en precedencia que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) dentro de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n\u2026 Es inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 llamada a disipar.  <\/span><\/p>\n

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La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia. (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01, 14 oct. 2004, rad. 1120, 8 mar. 2006, rad. 00263-00, y 7 mar. 2013, rad. 00122-01)  <\/span><\/p>\n

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2.2. En el asunto que es objeto de estudio, el reclamante pretende controvertir, mediante acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional por el Tribunal Superior de Villavicencio, a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 el emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez, que a su vez deneg\u00f3 el resguardo deprecado por el aqu\u00ed quejoso contra el Municipio de Puerto L\u00f3pez, y la Gobernaci\u00f3n del Meta respecto al tr\u00e1mite policivo que adelanta \u00c1lvaro de Jes\u00fas R\u00edos Marulanda ante la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda de esa municipalidad en su contra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La precitada determinaci\u00f3n, que fue dictada por el juez de segundo grado de tutela el 2 de septiembre de 2016, fue remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, sin que hasta el momento aquella haya decidido sobre su selecci\u00f3n para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, inviable se torna el an\u00e1lisis de fondo del asunto sometido a estudio, pues es absolutamente claro que la decisi\u00f3n objeto de controversia, valga precisar, la sentencia dictada en segunda instancia, no ha sido evaluada por el funcionario competente a trav\u00e9s del instrumento jur\u00eddico dise\u00f1ado especialmente para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, como qued\u00f3 rese\u00f1ado en el ac\u00e1pite correspondiente de esta providencia, la Corte Constitucional no ha determinado si seleccionar\u00e1 o no la actuaci\u00f3n tutelar fallada por la Sala de Decisi\u00f3n aqu\u00ed accionada, situaci\u00f3n que impide a esta Corporaci\u00f3n entrar a evaluar anticipadamente la legalidad o no de la decisi\u00f3n proferida en aquel asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta, que el actor est\u00e1 en la posibilidad de intervenir ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela; mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). (CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 02041-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Superado lo anterior, deviene ahora pronunciarse sobre la reproche que ventila sobre el tr\u00e1mite policivo N\u00b0 019 de 2014 que se adelanta en la Inspecci\u00f3n Primera Municipal de Polic\u00eda del Municipio de Puerto L\u00f3pez \u2013Meta.  <\/span><\/p>\n

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       3.1. Al respecto, sin mayores consideraciones, la Corte advierte que en el caso que se examina, el tutelante incurri\u00f3 en temeridad en relaci\u00f3n con la queja planteada frente al tr\u00e1mite de la querella adelantada ante la Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda del municipio de Puerto L\u00f3pez, quien emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 008 de 16 de diciembre de 2014 confirmada en segunda instancia por el Consejo Departamental de Justicia del Meta el 14 de abril de 2015.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en dos oportunidades anteriores;  la primera, mediante la tutela presentada ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto L\u00f3pez con radicado N\u00b0 2015-00033, quien deneg\u00f3 el resguardo y luego, fue confirmado por el Tribunal de Villavicencio que consider\u00f3:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) de las probanzas arrimadas al plenario, la acci\u00f3n policiva se tramit\u00f3 con respeto del debido proceso, se notific\u00f3 personalmente al querellado, quien adem\u00e1s as\u00ed lo acept\u00f3 en el libelo inicial; el mismo estuvo presente en la diligencia de inspecci\u00f3n ocular, en la cual tuvo oportunidad de presentar testigos y controvertir los medios de prueba arrimados en su contra y se corri\u00f3 traslado del dictamen rendido por el auxiliar de la justicia; se escuch\u00f3 al Agente del Ministerio P\u00fablico, la decisi\u00f3n de primera instancia fue oportunamente apelada, y  la autoridad de Polic\u00eda de segundo grado decidi\u00f3 la alzada.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)En todo caso, el debate aqu\u00ed planteado puede ser reabierto y discutido pero ante la Jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, lo cual hace improcedente esta solicitud de tutela al configurarse la causal de improcedencia de que trata el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 de Decreto 2591 de 1991\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego, el promotor del amparo, insisti\u00f3 una vez m\u00e1s, correspondi\u00e9ndole por reparto, al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto L\u00f3pez que pese a advertir la temeridad, deneg\u00f3 el auspicio, adem\u00e1s por contar el accionante con la v\u00eda ordinaria para proteger sus garant\u00edas fundamentales a la que a\u00fan no hab\u00eda recurrido;  decisi\u00f3n que fue avalada por el superior funcional que adem\u00e1s precis\u00f3 que \u00abel \u00fanico asunto que identific\u00f3 el tutelante como un hecho diferente, fue la nueva fecha que se fij\u00f3 para la diligencia de desalojo (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esta oportunidad, el promotor del amparo se duele insistentemente del tr\u00e1mite de la querella policiva, que a su parecer es irregular, cuestionamiento ya debatido como se trasunt\u00f3, y que como lo dijo el Tribunal que conoci\u00f3 sobre el asunto, la \u00fanica variaci\u00f3n ha sido, la postergaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de nueva fecha para llevar a cabo la restituci\u00f3n del predio conforme lo ordenado en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 008 de 16 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior permite concluir que la petici\u00f3n de amparo presentada ante esta Corporaci\u00f3n guarda plena similitud con la formulada con antelaci\u00f3n, pues en ambos casos el accionante cuestiona el tr\u00e1mite que tuvo por resultado la orden de restituir el bien que dice hab\u00e9rsele adjudicado.  <\/span><\/p>\n

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3.2 Ahora, si bien el actor invoca nuevos hechos, tales como: hab\u00e9rsele incluido en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 RT 02146 de 8 de septiembre de 2016 proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas;  y haberse verificado que dicha entidad promovi\u00f3 la solicitud judicial del accionante de restituci\u00f3n de tierras, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio el d\u00eda 15 de diciembre de 2016; forzoso es concluir que \u00e9stas actuaciones no se dieron dentro del tr\u00e1mite policivo que cuestiona como irregular, por lo que resulta inocuo pronunciarse una vez m\u00e1s sobre el tr\u00e1mite policivo adelantado en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, salta a la vista que el actor, se encuentra haciendo uso de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n ante la Jurisdicci\u00f3n Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, escenario id\u00f3neo para debatir acerca de los derechos que estime ser titular sobre el predio en disputa.   <\/span><\/p>\n

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4. Las anteriores consideraciones, se estiman suficientes para concluir que la solicitud de amparo resulta improcedente, por lo que se denegar\u00e1 el resguardo constitucional deprecado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC130-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03678-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)         Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Norberto Guiza Saavedra contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}