{"id":98676,"date":"2026-06-25T15:48:07","date_gmt":"2026-06-25T15:48:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc131-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:07","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:07","slug":"stc131-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc131-2017\/","title":{"rendered":"STC131-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC131-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03631-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C. diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel Antonio Bautista Forero contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso de declarativo objeto del presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial convocada, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada en audiencia el 1\u00ba de diciembre de 2016, que modific\u00f3 y adicion\u00f3 parcialmente el fallo de primera instancia del 17 de agosto anterior, y que declar\u00f3 i)probada las excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abincumplimiento del contrato por falta de pago del precio por parte del demandante\u00bb propuesta por el demandado principal; ii) impr\u00f3speros los medios exceptivos propuestos por el demandado en reconvenci\u00f3n; y, en consecuencia, iii) resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado entre los contendientes, ordenando volver las cosas a su estado inicial, para lo cual iv) conden\u00f3 al promitente comprador a devolver el bien inmueble que le fue entregado junto con los frutos causados desde el momento en el que lo recibi\u00f3 hasta la fecha de la sentencia, m\u00e1s la suma pactado por concepto de cl\u00e1usula penal; y al promitente vendedor, a devolver la suma de $ 270\u2019000.000 recibidos como parte del precio acordado; adem\u00e1s, v) autoriz\u00f3 la compensaci\u00f3n hasta la concurrencia de los valores reconocidos a cada uno de los extremos procesales; y, vi) conden\u00f3 en costas procesales al demandante principal.  <\/span><\/p>\n

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Por contera solicita, concretamente, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abCONFIRMAR el fallo de primera instancia\u00bb antes relacionado, en su integridad (fls. 4 y 5).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que el se\u00f1or Edgar Edilson Brice\u00f1o Su\u00e1rez en calidad de promitente comprador, lo demand\u00f3 por el incumplimiento \u00abdel contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, suscrito [el] (\u2026)19 de octubre de 2014, y que versa sobre [el predio] (\u2026) ubicado en la calle 64 No. 103 A 57 lote 16 de la manzana 14 de la Urbanizaci\u00f3n Villa del Mar Zona Engativ\u00e1 de esta ciudad\u00bb, por lo que, una vez notificado de ese litigio, contest\u00f3 el libelo, present\u00f3 medios exceptivos de m\u00e9rito e interpuso demanda de reconvenci\u00f3n, pues, asegura, fue precisamente el demandante principal quien dio origen a la inobservancia de lo acordado.  <\/span><\/p>\n

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Indica que surtido el tr\u00e1mite procesal correspondiente, se dict\u00f3 sentencia declarando probada su excepci\u00f3n de \u00abincumplimiento del contrato por falta de pago del precio por parte del demandante\u00bb, al encontrarse probado que efectivamente el demandante principal hab\u00eda incumplido con lo pactado en el contrato de compraventa, \u00abm\u00e1s exactamente lo prescrito en las cl\u00e1usulas cuarta y s\u00e9ptima del mismo, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para condenarlo, no solamente a la devoluci\u00f3n del inmueble, sino al pago de la cl\u00e1usula penal, y (\u2026) de los perjuicios [que caus\u00f3], lo cuales fueron descritos claramente en la demanda de reconvenci\u00f3n y acogidos en la sentencia de primera instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que en virtud de la apelaci\u00f3n que fue presentada contra lo resuelto por el  se\u00f1or Brice\u00f1o Su\u00e1rez present\u00f3 recurso de alzada, en audiencia del 1\u00ba de diciembre pasado, el Tribunal convocado modific\u00f3 la sentencia \u00aben lo referente al reconocimiento que deb[e] hacer al demandante principal de unas mejoras por valor de $30\u2019000.000\u00bb porque supuestamente, concedi\u00f3 permiso para las mismas, lo cual, dice, falta a la verdad y vulnera su debido proceso, lo que abre paso a la presente acci\u00f3n excepcional (fls. 1 a 6).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del 15 de enero hoga\u00f1o esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, el accionante cuestiona, concretamente, la providencia de 1\u00ba de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1, en sede de alzada, modific\u00f3 el numeral 4\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado calendada 17 de agosto de ese mismo a\u00f1o y dictada por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esa misma urbe, en el sentido de indicar que \u00abel valor de los frutos a pagar por el demandante principal a su contraparte, por concepto de frutos causados desde el 10 de agosto de 2015 hasta la fecha de es[a] decisi\u00f3n, ascienden a $30\u2019.000.000, los que seguir\u00e1n caus\u00e1ndose hasta el momento de la entrega del inmueble\u00bb; y la adicion\u00f3 para \u00abRECONOCER a favor del demandante principal y a cargo del demandado principal, las mejoras plantadas sobre el predio objeto de la promesa de venta, que ascienden a $30\u2019000.000, cuyo pago deber\u00e1 hacerse con sujeci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de compensaciones prevista en el numeral 7\u00ba de la sentencia\u00bb; pues en criterio del se\u00f1or Miguel Antonio Bautista Forero (all\u00e1 demandado), la referida Colegiatura no hizo una debida valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas en punto de la supuesta autorizaci\u00f3n que \u00e9l emiti\u00f3 para la plantaci\u00f3n de las mejoras reconocidas.  <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas as\u00ed las cosas, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por las autoridades jurisdiccionales en contra de las que se enfil\u00f3 el reclamo tutelar, no se advierte la existencia de causal de procedibilidad que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que acerca de la adici\u00f3n que efectu\u00f3 el ad quem a la sentencia de primer grado, esto es, el reconocimiento de mejoras a favor del promitente comprador, no se advierte que la interpretaci\u00f3n realizada por tal autoridad pueda calificarse como absurda o caprichosa, y por el contrario, es el resultado de la valoraci\u00f3n que de las pruebas militantes en el expediente obraban sobre ese respecto.  <\/span><\/p>\n

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       Advi\u00e9rtase que para proceder a tal reconocimiento, explic\u00f3 la Sala encartada lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[e]l tercer punto de reparo y en el que si le asiste raz\u00f3n al recurrente y cuya prosperidad da lugar a modificar la sentencia, es en lo tocante al reconocimiento de las mejores plantadas sobre el bien, no s\u00f3lo porque ese punto no fue objeto de definici\u00f3n por el juzgador de primer grado, debiendo serlo, sino adem\u00e1s, porque de su plantaci\u00f3n obra prueba en el proceso, claro est\u00e1 en cuant\u00eda diferente de la solicitada, para ello lo primero que debemos tener en cuenta, es que aunque en l\u00edneas anterior se estableci\u00f3 que no es posible confundir promesa de compra venta con el contrato de venta propiamente dicho, lo cierto es que en el punto espec\u00edfico de las restituciones mutuas que se ocasionan como consecuencia de la resoluci\u00f3n de una promesa, est\u00e1 llamado a gobernarse por las mismas normas que reglamentan la compra venta misma, y esto lo ha dicho es la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de marzo de 2004, expediente 6759 del cual podemos extractar una parte importante, \u00abno obstante, que la eficacia final del contrato se encuentra encaminado a obtener la celebraci\u00f3n del acto jur\u00eddico prometido, suele acontecer que las partes adem\u00e1s de acordar la prestaci\u00f3n de hacer, que la naturaleza del contrato les impone ajusten otras obligaciones propias del negocio jur\u00eddico prometido que se llaman prestaciones anteladas, mediante las cuales persigue la consecuci\u00f3n de alguno de los efectos concernientes a este, son pues prestaciones que se avienen m\u00e1s con la naturaleza del contrato prometido en el cual encuentran venero y no tanto con la de la promesa que como ya se dijese agota su eficacia final en el cumplimiento de una mera obligaci\u00f3n de hacer, t\u00f3rnase equitativo entonces que las restituciones a que haya lugar por la resoluci\u00f3n de la promesa sean gobernadas por las normas reguladoras de las restituciones mutuas del contrato prometido, cuyo cumplimiento antelado la origina y con cuya naturaleza se acomodan, desde luego que ellas son ajenas a la entidad del contrato de la promesa, el cual despojado de los pactos adicionales de esa especie no da lugar a ninguna restituci\u00f3n entre las partes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego de establecer la procedencia del reconocimiento de las mejoras, en observancia de las restituciones mutuas a las que tienen derecho los extremos participantes del contrato invalidado, descendi\u00f3 el Tribunal al estudio de los medios de convicci\u00f3n militantes en el expediente sobre \u00e9stas, poniendo de presente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abuna vez revisadas las pruebas legalmente aportadas al proceso, se observa que, el predio objeto de la promesa, fue objeto de un contrato de arrendamiento previo entre el demandado principal como arrendador, el se\u00f1or Cesar Brice\u00f1o Suarez, hermano del demandante principal, como arrendatario, y el demandante principal como coarrendatario, no s\u00f3lo como se manifest\u00f3 en el primer hecho de la demanda primigenia, se confes\u00f3 y fue reconocido en la contestaci\u00f3n, sino adem\u00e1s, porque de ello dan fe el contrato mismo suscrito entre aquellos el 1\u00ba de abril de 2012, cuya copia fue anexada con la demanda de reconvenci\u00f3n y en cuya cl\u00e1usula d\u00e9cima primera, se estableci\u00f3, \u00abmejoras, el arrendatario declara haber recibido a satisfacci\u00f3n y se realizar\u00e1n mejoras para la adecuaci\u00f3n de un autolavado previo, con consentimiento del arrendador, sin perjuicio de que el arrendatario haga futuras exigencias o indemnizaciones por dicha mejoras al arrendador, en ning\u00fan caso tendr\u00e1 el arrendatario derecho de retenci\u00f3n sobre el inmueble por raz\u00f3n de las mejoras\u00bb, folios 6 y 7, cuaderno de la demanda de reconvenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Este documento contradice el argumento de la parte demandada donde dice que no hab\u00eda autorizado la celebraci\u00f3n de mejoras, en el contrato de arrendamiento, y segundo, que en virtud de la promesa de venta que hoy es objeto de definici\u00f3n, el se\u00f1or Cesar Brice\u00f1o Suarez le vendi\u00f3 al hoy demandante principal las mejoras o adecuaciones que hab\u00eda hecho sobre el bien en cuant\u00eda de Treinta Millones de Pesos ($30.000.000.oo), haci\u00e9ndole entrega material del inmueble el 1\u00ba de octubre de 2014, como lo manifest\u00f3 en su testimonio al precisar que luego de la venta entre su hermano y el se\u00f1or Bautista, ya se hizo cargo mi hermano, dijo el testigo, le dije a mi hermano que me reconociera las mejoras que yo le hab\u00eda hecho y que se quedara con el negocio, a lo que el si me dio Treinta Millones de Pesos ($30.000.000.oo), mi hermano me reconoci\u00f3 ($30.000.000.oo), a lo que agreg\u00f3 que desocup\u00f3 el predio el 1\u00ba de octubre de 2014, cuando mi hermano me pag\u00f3 las mejoras y se hizo cargo de eso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y ya en punto de la tasaci\u00f3n, estableci\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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\u00abaunque el demandante principal solicit\u00f3 el reconocimiento de dichas mejoras en cuant\u00eda de $110\u2019000.000.oo, seg\u00fan juramento estimatorio obrante a folio 25, y que en adici\u00f3n, seg\u00fan el dictamen pericial solicitado por este y rendido por la perito Claudia In\u00e9s Rey Rinc\u00f3n, que no fue controvertido, dichas adecuaciones fueron acreditadas y valoradas en la suma de $ 142\u2019778.662.oo, y corresponden al acoplamiento del predio para el funcionamiento del lavadero de automotores, y comprenden cambio de piso en la segunda planta , arreglo de techos para las dos pantas, ba\u00f1o reja de acceso de seguridad, placa sobre la superficie de la primera planta, realizaci\u00f3n de dep\u00f3sitos subterr\u00e1neos de agua potable y aguas lluvias, lo mismo que adecuaci\u00f3n de paredes redes el\u00e9ctrica y agua potable, a lo que se anexaron fotos del establecimiento, am\u00e9n de la maquinaria indispensable para el funcionamiento del lavadero de automotores, de la que no consta factura, seg\u00fan lo informado por el administrador del negocio y obra a folio 161 a 165 del cuaderno 1, no es menos cierto que no existe evidencia alguna de que todas esas adecuaciones se hubiesen realizado luego de materializado el contrato de promesa compra venta, justado entre las partes con ocasi\u00f3n de \u00e9l, y con dineros propios del se\u00f1or Edgar Edilson Brice\u00f1o, con la intenci\u00f3n de explotarlo econ\u00f3micamente, por el contrario, obs\u00e9rvese que el \u00fanico gasto que se logr\u00f3 acreditar es el que realmente infiri\u00f3 el referido contratante en la compra de las mejoras que le hizo su hermano Cesar Brice\u00f1o Suarez, en cuant\u00eda de Treinta Millones de Pesos ($30.000.000),seg\u00fan se desprende del testimonio rendido por este y no tachado en el proceso y tra\u00eddo a colaci\u00f3n anteriormente, m\u00e1s a\u00fan, t\u00e9ngase en cuenta que el contrato de mano de obra suscrito entre el demandante principal el ingeniero Jos\u00e9 Giovanni Cancelado Galindo, del cual obra prueba documental no controvertida dentro del proceso, para la adecuaci\u00f3n, mejoramiento , y construcci\u00f3n para el mejoramiento del lavadero, fue celebrado el 15 de octubre de 2014, as\u00ed consta folio 134 a 136, es decir, con anterioridad a la celebraci\u00f3n de la promesa del d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o, sin que adem\u00e1s exista evidencia de que el costo de dicho negocio jur\u00eddico en cuant\u00eda de $ 99\u2019612.306.oo, haya sido efectivamente costeado por el demandante principal, de ah\u00ed, que no pueda afirmarse que adelant\u00f3 todas las adecuaciones de las que versa el dictamen pericial y menos con ocasi\u00f3n del contrato que es materia de este proceso, que no lo podemos perder de vista, es el contrato de promesa de compra venta, asunto bien diferente son aquellos ajustes construidos en virtud del contrato de arrendamiento primigenio, que por dem\u00e1s fueron previstos en su cl\u00e1usula d\u00e9cimo primera, como se precis\u00f3 anteriormente, y que por tanto, deben reclamarse es en el marco de esa negociaci\u00f3n. En este orden de acontecimientos, y en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 966 del C\u00f3digo Civil, norma seg\u00fan la cual, \u00abel poseedor de buena fe vencido tiene, as\u00ed mismo, derecho a que se le abonen las mejores \u00fatiles antes de contestarse la demanda\u00bb, abra de reconocerse tales obras en favor del demandante principal, pero \u00fanicamente en cuant\u00eda de Treinta Millones de Pesos ($30.000.000.oo), dado que fue lo \u00fanico rubro que por ese especifico concepto acredit\u00f3 probatoriamente, incurri\u00f3 aquel con ocasi\u00f3n del negocio jur\u00eddico que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, sin perjuicio, de esas reclamaciones que puedan hacerse con ocasi\u00f3n del negocio primigenio de arrendamiento que se hab\u00eda ajustado entre las partes, y no se diga que el demandante principal no era un poseedor con las caracter\u00edstica antes definidas de buena fe, dado que entro al bien con autorizaci\u00f3n del promitente vendedor en virtud del referido contrato de arrendamiento en el que, el hoy demandante principal fungi\u00f3 como coarrendario del se\u00f1or Bautista, y que seg\u00fan lo dicho por el \u00faltimo, se encuentra vigente, as\u00ed lo dijo en la contestaci\u00f3n de la demanda (cuaderno 1, folio 68)\u00bb (material audiovisual de la audiencia celebrada el 1\u00ba de diciembre de 2016, fls.8).  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, quedan sin piso los alegatos del inconforme, relativos a que se tuvieron en cuenta las mejoras realizadas en vigencia del contrato de arrendamiento que primigeniamente existi\u00f3 entre los contendientes, previo a la celebraci\u00f3n de la promesa extinta, pues fue enf\u00e1tica la Sala criticada en se\u00f1alar que las mejoras solo pod\u00edan reconocerse en cuant\u00eda de $30\u2019000.000, en tanto que fue acerca de tal monto que se hall\u00f3 prueba de haberse invertido por parte del promitente comprador con posterioridad a la celebraci\u00f3n del pacto preparatorio invalidado.  <\/span><\/p>\n

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       4.        Como se anticip\u00f3, la soluci\u00f3n brindada por el juzgador de segunda instancia accionado no ofrece reparo en el marco de esta acci\u00f3n excepcional, pues con suficiente motivaci\u00f3n concluy\u00f3, que en el sub examine se encontraban acreditadas las mejoras alegadas por el se\u00f1or Edgar Edilson Brice\u00f1o Su\u00e1rez (demandante), aun cuando no en la cuant\u00eda que \u00e9ste pretend\u00eda, hermen\u00e9utica que debe ser respetada por ser propia de la autonom\u00eda e independencia del juzgador, en la cual, a prop\u00f3sito, iterase, no se evidencia arbitrariedad, capricho o subjetivismo.  <\/span><\/p>\n

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5.        En la materia, reiteradamente se ha pregonado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (citado entre otras, en CSJ STC011-2017).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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6.        En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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   \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC131-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03631-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C. diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel Antonio Bautista Forero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}