{"id":98678,"date":"2026-06-25T15:48:23","date_gmt":"2026-06-25T15:48:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc133-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:23","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:23","slug":"stc133-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc133-2017\/","title":{"rendered":"STC133-2017"},"content":{"rendered":"

    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC133-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2016-00452-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente  al fallo proferido el 21 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ovelio Triana Gallo contra los Juzgados Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, Primero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Soacha, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, el accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consideran vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al continuar y negarse a terminar el proceso ejecutivo hipotecario que se sigue en su contra, pese a que la demandante no realiz\u00f3 la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de conformidad como lo ha se\u00f1alado la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como ha negado las nulidades presentadas en tal sentido.  <\/span><\/p>\n

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Pretende, en consecuencia, se deje sin efecto \u00abla sentencia del 28 de julio de 2.15 emitida por el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Soacha y en su lugar se declare la nulidad del proceso desde 22\/07\/10 fecha de la sanci\u00f3n del mandamiento de pago por no aplicarse el alivio y reestructurar\u00bb a fin de evitar la p\u00e9rdida de su vivienda, lo cual les ocasionar\u00eda un perjuicio irremediable. [Folios 5 a 11, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ovelio Triana Gallo y Martha Janneth Garc\u00eda Llanos, adquirieron un cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda, con la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Colpatria-UPAC por la suma de 1.749,9285 UPAC, pagadera en 180 cuotas mensuales a partir del 14 de junio de 1997, y que garantizaron con gravamen hipotecario sobre el bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 50S-40266944 de Soacha.  <\/span><\/p>\n

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2. En el a\u00f1o 2010, la Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, en calidad de cesionaria del acreedor, promovi\u00f3 demanda de m\u00ednima cuant\u00eda contra los deudores, a fin de obtener el pago de las obligaciones.  <\/span><\/p>\n

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3. El Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese proceso, libr\u00f3 mandamiento de pago el 22 de julio de 2010.  <\/span><\/p>\n

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4. La parte demandada se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito de \u00abpago de lo no debido\u00bb, \u00abexcesiva onerosidad \u2013 circunstancias de desequilibrio econ\u00f3mico en el contrato\u00bb, \u00abcircunstancias extraordinarias imprevistas posteriores a la celebraci\u00f3n del contrato\u00bb y \u00abdesequilibrio econ\u00f3mico en el contrato de mutuo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 28 de julio de 2015, el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Soacha, a quien se reasign\u00f3 esa controversia, profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 no probados los medios exceptivos del extremo pasivo y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. El 22 de septiembre de 2015, los ejecutados solicitaron la nulidad de la actuaci\u00f3n en ese proceso, con el objeto de que fuera reliquidado y reestructurado el cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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7. En auto de 17 de septiembre de 2015, se rechaz\u00f3 de plano el incidente presentado.  <\/span><\/p>\n

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9. Inconforme con la determinaci\u00f3n anterior, Ovelio Triana Gallo interpuso acci\u00f3n de tutela contra los jueces de la causa, el Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. \u2013como cesionario del cr\u00e9dito\u2013 y la Titularizadora Colombiana S.A. Hitos, ante la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales y en consecuencia se declarara la nulidad del proceso por la falta de reestructuraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. Este asunto fue conocido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, quien vincul\u00f3 a codemandada para que interviniera y en fallo del 17 de mayo de 2016 deneg\u00f3 el resguardo.  <\/span><\/p>\n

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11. La decisi\u00f3n precedente fue impugnada por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

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12. En sentencia de 14 de junio de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca confirm\u00f3 la providencia cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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13. Este asunto fue remitido, el 29 de junio siguiente, a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, que en auto de 28 de julio de 2016, la excluy\u00f3 de revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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14. Inconforme con lo anterior, la coejecutada interpuso queja constitucional contra las referidas determinaciones de tutela, pues en su criterio no se tuvo en cuenta la jurisprudencia aplicada en casos an\u00e1logos para la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios otorgados bajo el antiguo sistema de UPAC, de conformidad con la Ley 546 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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15. De la referida queja conoci\u00f3 esta Sala, que en sentencia de 3 de agosto de 2016, neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la tutela no se pod\u00eda presentar para debatir las decisiones proferidas en acciones de la misma naturaleza. Determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el 28 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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16. El ejecutado, de nuevo present\u00f3 otra petici\u00f3n de resguardo de sus derechos fundamentales, porque en su criterio no se pod\u00eda seguir adelante con la ejecuci\u00f3n sin que se hubiera realizado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en casos an\u00e1logos.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 4 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la las autoridades judiciales accionadas, as\u00ed como a las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa.  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha se opuso a la prosperidad del amparo, debido que tal despacho no ha vulnerado las garant\u00edas constitucionales del tutelante y sus decisiones han sido respetuosas del ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha indic\u00f3 que los argumentos esgrimidos por la promotora de la queja fueron debatidos en el proceso ejecutivo, cuya sentencia fue proferida ajustada a derecho. Adem\u00e1s que los argumentos expuestos por el accionante ya hab\u00edan sido objeto de estudio en otra tutela en las que se deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por lo que la actuaci\u00f3n era abiertamente temeraria.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan ha precisado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC 8 may. 2012, rad. 0017-01 y STC 4 jul. 2013, rad. 0174-01).  <\/span><\/p>\n

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2. La Corte advierte que, en el caso que se examina, el tutelante incurre en temeridad en relaci\u00f3n con la queja planteada frente a la falta de reestructuraci\u00f3n de su cr\u00e9dito hipotecario, argumento que constituye el eje central de esta nueva s\u00faplica constitucional, toda vez que en una oportunidad anterior present\u00f3 acci\u00f3n de la misma naturaleza contra la sentencia de 28 de julio de 2015 y providencia de 17 de septiembre de 2015, a trav\u00e9s de las cuales el Juez Civil Municipal de Descongesti\u00f3n y Primero Civil Municipal de Soacha, respectivamente, ordenaron seguir adelante la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como se negaron a declarar la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n objeto del cobro compulsivo.  <\/span><\/p>\n

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En aquella oportunidad, el quejoso cuestionaba que la autoridad judicial tutelada continuara con la ejecuci\u00f3n, cuando el cr\u00e9dito no hab\u00eda sido sometido al tr\u00e1mite previsto por el legislador en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, circunstancia por la que consideraba lesivas a sus intereses la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite y el remate del bien objeto del litigio.  <\/span><\/p>\n

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Dicha s\u00faplica fue tramitada y fallada, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la referida localidad y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cundinamarca, que confirm\u00f3 la negativa al amparo.  <\/span><\/p>\n

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En ese momento, con el fin de resolver de manera \u00edntegra las inquietudes planteadas por el peticionario del amparo, tras indicarle que era inaplicable en el caso la jurisprudencia que se citaba, como quiera que pues no se llenaban los requisitos expuestos en los precedentes constitucionales.   <\/span><\/p>\n

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Luego, validos de continuaci\u00f3n del proceso y del remate del inmueble y la interposici\u00f3n de unos recursos contra dicha determinaci\u00f3n, no pueden acudir de nuevo los litisconsortes a solicitar que por v\u00eda tutelar se desestime la decisi\u00f3n del juez natural y en su lugar se aplique la jurisprudencia constitucional, pues, se insiste, qued\u00f3 claro en otrora oportunidad que ello no resulta jur\u00eddicamente viable en este caso y por lo tanto, el juez de tutela no puede entrar a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la misma materia.  <\/span><\/p>\n

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3. Lo dicho en l\u00edneas precedentes, permite concluir que la petici\u00f3n de amparo presentada en esta oportunidad guarda plena similitud con la formulada con antelaci\u00f3n, pues en ambos casos se cuestiona la negativa del juez de la ejecuci\u00f3n a invalidar la actuaci\u00f3n por falta del requisito de la reestructuraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, y como quiera que no se advierte una circunstancia novedosa que permita diferenciar el presente reclamo constitucional del anteriormente impetrado, pues en nada var\u00eda el panorama que se haya rematado el inmueble, se deduce que la petici\u00f3n del ciudadano comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo de amparo, puesto que el tema que plantea ya hab\u00eda sido sometido a escrutinio en sede constitucional en pret\u00e9rita oportunidad, y es necesario que a la tutela se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

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Se concluye entonces que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que los demandantes incurrieron en temeridad, por lo cual debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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