{"id":98680,"date":"2026-06-25T15:48:30","date_gmt":"2026-06-25T15:48:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc135-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:30","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:30","slug":"stc135-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc135-2017\/","title":{"rendered":"STC135-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC135-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01933-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el nueve de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo James Castro Ram\u00edrez contra la Sala \u00fanica del Tribunal Superior del distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerados por las autoridades judiciales, con ocasi\u00f3n de los fallos de tutela de primera y segunda instancia que denegaron el amparo dentro una tutela que el inici\u00f3, cuando en realidad debi\u00f3 ser concedido ese resguardo.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ricardo James Castro Ram\u00edrez fue condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar, de conformidad con la sentencia proferida el 31 de octubre de 2012 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Altamira, Huila; la cual fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva en fallo dictado el 18 de diciembre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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2. El promotor est\u00e1 privado de su libertad, en cumplimiento de la referida pena, y desde su lugar de reclusi\u00f3n promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Garz\u00f3n (Huila), la Defensor\u00eda del Pueblo de Neiva, y Diana Constanza Ram\u00edrez Rivera.  <\/span><\/p>\n

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3. Como fundamento de la anterior queja expuso que se le asign\u00f3 a la abogada Diana Constanza Ram\u00edrez Rivera como su apoderada, luego de solicitar un amparo de pobreza, profesional que present\u00f3 en su nombre un proceso ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Garz\u00f3n, autoridad que se demor\u00f3 en darle tr\u00e1mite a su demanda y en agotar la etapa de conciliaci\u00f3n.  Adem\u00e1s, su mandataria no ejerce en debida forma su cargo, pues no le inform\u00f3 que deb\u00eda comparecer ante dos autoridades judiciales.  <\/span><\/p>\n

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4. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, autoridad que neg\u00f3 el resguardo en fallo del 25 de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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5. En desacuerdo el actor formul\u00f3 impugnaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. En fallo del 14 de septiembre de 2016, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del citado Distrito Judicial, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida, tras considerar que el tutelante contaba con otros medios judiciales para procurar la protecci\u00f3n de los derechos que estimaba lesionados, pues se encontraba que la demanda no hab\u00eda sido tramitada porque \u00e9l no lleg\u00f3 a su apoderada los documentos necesarios para ello y adem\u00e1s, frente a la actuaci\u00f3n presuntamente negligente de \u00e9sta ya se hab\u00eda iniciado un proceso disciplinario.  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio del accionante, las referidas providencias, vulneran sus derechos pues no debi\u00f3 denegarse las s\u00faplicas que elev\u00f3 por v\u00eda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1\u00ba de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 su notificaci\u00f3n a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 7, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Sala \u00danica del Traibuanla Superior de Florencia, luego de informar lo ocurrido con la queja constitucional que present\u00f3 por el actor y que en segunda instancia resolvi\u00f3 esa Corporaci\u00f3n, pidi\u00f3 que se denegara el amparo por cuanto no se vulneraron los derechos del tutelante. [Folio 15, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte el Juzgado Primero Civil del Circuito de la referida ciudad, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar los lugares de notificaci\u00f3n de los intervinientes del tr\u00e1mite constitucional objeto del presente reclamo.  <\/span><\/p>\n

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3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en providencia de 9 de noviembre de 2016, neg\u00f3 el amparo solicitado, tras considerar que las  acciones de tutela no son procedentes contra decisiones de la misma naturaleza.  [Folios 27 a 34, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, ha reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la herramienta constitucional cuando, en el procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. Al respecto se ha dicho que \u00aben casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb.1  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto que es objeto de estudio, la queja constitucional se interpuso a fin de que se anulara la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Florencia, en la que se confirm\u00f3 el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, que deneg\u00f3 el amparo al accionante, porque seg\u00fan \u00e9ste, debi\u00f3 concederse la protecci\u00f3n pues si se vulneraron sus derechos fundamentales, pero los funcionarios erradamente no lo hicieron.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que la queja formulada no encaja dentro de las excepciones descritas, por cuanto lo que lo que el quejoso cuestiona son los aspectos constitucionales, legales y f\u00e1cticos que tuvieron en cuenta los funcionarios de conocimiento para conceder la protecci\u00f3n incoada.  <\/span><\/p>\n

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Siendo as\u00ed lo anterior, se deduce la improcedencia de la acci\u00f3n en este preciso aspecto, pues mal podr\u00eda la Corte hacer un nuevo juicio respecto de temas que fueron definidos en una sentencia de tutela.  <\/span><\/p>\n

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3. Sumado a lo anterior, los argumentos que el querellante esgrime en esta solicitud de protecci\u00f3n, concretamente, las motivaciones del Tribunal Superior de Florencia para negar la tutela, bien pueden ser discutidos en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de las providencias cuestionadas ante la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[s]i el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo. (CSJ SC, 30 Ago 2012, Rad. 00258-01, reiterada 23 May 2013, Rad. 00145-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo de los derechos invocados mediante la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, exp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de febrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. 2009-02355-00.    <\/span><\/p>\n

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