{"id":98681,"date":"2026-06-25T15:48:31","date_gmt":"2026-06-25T15:48:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc136-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:31","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:31","slug":"stc136-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc136-2017\/","title":{"rendered":"STC136-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC136-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Enrique Palacios Gamboa contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron citados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los intervinientes en el proceso penal seguido en contra del accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El interesado actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en el proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, con el proferimiento de la sentencia de 14 de septiembre de 2016, \u00abpor caer en v\u00edas de Hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y defecto jur\u00eddico\u00bb (f. 1, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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Pide que con el fin de restablecerle la prerrogativa que reclama, se revoque el fallo de segunda instancia mencionado, y en su lugar se le conceda \u00abde acuerdo con el salvamento de voto que profiri\u00f3 el Honorable Magistrado Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier, la absoluci\u00f3n de todos los cargos que se me fueron condenados por el Honorable Tribunal de Buga, Sala Penal\u00bb, y como consecuencia de lo anterior, \u00abcancelar todas las ordenes de captura que tengo en mi contra y a su vez ord\u00e9nese el reintegro inmediato a mis funciones en el cargo de Fiscal Seccional de Cali y el pago de todos los dineros por concepto de salario que he dejado de percibir en consecuencia dicha decisi\u00f3n judicial, o que no sea desvinculado de mi cargo si todav\u00eda no se ha realizado\u00bb (f. 4).  <\/span><\/p>\n

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Igualmente solicita como medida provisional, por ser padre cabeza de familia, (i) \u00abQue suspenda los efectos de la sentencia proferida por la honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Penal Magistrado ponente Luis Guillermo Salazar otero bajo radicado 76111600024720080013701, radicado interno 43726 AP 12974-2016\u00bb; (ii) \u00abQue la Fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n no me declare insubsistente del cargo que vengo desempe\u00f1ando como Fiscal Seccional de Cali y se me permita continuar en mi trabajo, por ser padre cabeza de familia, el \u00fanico que lleva los ingresos a mi hogar\u00bb y (iii) \u00abQue se suspenda las \u00f3rdenes de captura que se encuentran vigentes\u00bb (f. 4).  <\/span><\/p>\n

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2.  Sostiene en s\u00edntesis, que desempe\u00f1\u00e1ndose como Fiscal Seccional de Buenaventura conoci\u00f3 y lider\u00f3 la investigaci\u00f3n bajo radicado No. 38109790 en contra de Mario Paname\u00f1o Sinisterra y Celio Vivas Vargas, quienes eran sindicados de haber cometido un hurto en el muelle de la Sociedad Portuaria de esa ciudad, y como concluy\u00f3 resolver por separado la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los implicados, el 16 de mayo de 2007 aplic\u00f3 el principio de favorabilidad al procesado Paname\u00f1o Sinisterra, acogi\u00e9ndolo bajo el art\u00edculo 313 de la ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que el 25 de mayo de 2007, \u00aberr\u00f3neamente le resolv\u00ed la situaci\u00f3n jur\u00eddica al se\u00f1or Celio Vivas Vargas, dej\u00e1ndolo con medida de aseguramiento en centro carcelario\u00bb en el que permaneci\u00f3 por 127 d\u00edas, hasta que accediendo a la petici\u00f3n del defensor decidi\u00f3 otorgarle el mismo principio de favorabilidad, raz\u00f3n por la cual se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en su contra, en la que el 8 de abril de 2013 se llev\u00f3 a cabo audiencia de imputaci\u00f3n ante el Juez Cuarto Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Buga, y posteriormente el 1 y 2 de agosto de ese a\u00f1o se llev\u00f3 a cabo la de acusaci\u00f3n por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y prolongaci\u00f3n il\u00edcita de la privaci\u00f3n de libertad.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que como fue condenado el 3 de abril de 2014 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga a 60 meses de prisi\u00f3n como autor de los punibles referidos, su defensor apel\u00f3 el fallo que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que las decisiones proferidas se encuentran \u00abrevestidas de ilegalidad por aceptar y valorar una prueba ilegal como lo fueron las estipulaciones cinco y seis, que recayeron sobre documentos que se utilizaron para fundar la responsabilidad en mi contra toda vez que desde los alegatos de primera instancia mi defensor ha venido insistiendo, que se hab\u00eda estipulado era dos resoluciones en las que se defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los sindicados, mas no su contenido, ya que no pod\u00eda ser objeto de pacto entre el fiscal y el acusado, por atentar contra los derechos y garant\u00edas del mismo y que no fueron controvertidos en juicio, originando desde all\u00ed una v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n pol\u00edtica y defecto jur\u00eddico por la no valoraci\u00f3n de contradicci\u00f3n en el juicio de un contenido que no fue estipulado, conllevando as\u00ed a una violaci\u00f3n flagrante del debido proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asevera que la decisi\u00f3n de segunda instancia no solamente le ha vulnerado el debido proceso, \u00absino que puede atentar con derechos fundamentales al m\u00ednimo vital de mi n\u00facleo familiar\u00bb, puesto que en cualquier momento lo pueden declarar insubsistente de su cargo actual como Fiscal Seccional de Cali y adem\u00e1s tenga que pagar la condena, dejando sin protecci\u00f3n econ\u00f3mica a su familia (ff. 1 a 8).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, remiti\u00f3 copia de la sentencia de primera instancia de 3 de abril de 2014 (f. 125).  <\/span><\/p>\n

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2. La Juez Cuarta Penal Municipal con funciones de Control de Garant\u00edas de Buga, manifest\u00f3 que ante ese Despacho la Fiscal 6 Delegada ante el Tribunal Superior de Cali present\u00f3 solicitud de imputaci\u00f3n y medida de aseguramiento en contra de Jes\u00fas Enrique Palacios Gamboa, y en la audiencia de 8 de abril de 2013 el imputado no acept\u00f3 los cargos y se abstuvo de imponerle la medida requerida (f. 173).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Hasta el momento de radicar la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el  medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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2.  Del escrito inicial se concluye que en sentir del accionante, no se hizo un an\u00e1lisis acucioso y serio de los medios probatorios arrimados a la causa por aceptar y valorar una prueba ilegal como lo fueron las estipulaciones que recayeron sobre documentos que se utilizaron para fundar su responsabilidad lo que produjo la condena en su contra, tal como lo manifest\u00f3 uno de los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el salvamento de voto de la sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.   No obstante, examinados los soportes adosados, se advierte que el amparo constitucional reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la determinaci\u00f3n criticada tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, con independencia de si esta Sala comparte o no tales argumentos, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2016, SP12974-2016 dentro del proceso con Radicado No. 43726, la Sala de Casaci\u00f3n Penal para determinar que los medios de convicci\u00f3n recaudados apuntaron a la responsabilidad del tutelante, examin\u00f3 adem\u00e1s de las estipulaciones referidas por el condenado, las dem\u00e1s pruebas que soportan la materialidad y la subjetividad de la conducta por la que se conden\u00f3 a Jes\u00fas Enrique Palacios Gamboa, para ello all\u00ed se dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe entrada encuentra la Sala que desde el punto de vista objetivo la conducta cometida por el entonces fiscal 38 Seccional de Buenaventura, encuadra en la descripci\u00f3n t\u00edpica de los reatos por los cuales fue acusado y condenado en primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, la providencia del 16 de mayo de 2007, por medio de la cual defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Mario Paname\u00f1o Sinisterra dentro del radicado 38109790, contiene un estudio f\u00e1ctico, legal y jurisprudencial que le permiti\u00f3 concluir que tal implicado no era merecedor de una medida de aseguramiento, y que por lo tanto se le deb\u00eda conceder su libertad inmediata, dado que el delito que cometi\u00f3 ten\u00eda se\u00f1alado una pena m\u00ednima de 4 a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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Pese a lo anterior, el 25 de mayo siguiente el acusado dentro del mismo asunto y luego de recibir la indagatoria de Celio Vivas Vargas, procedi\u00f3 a emitir una resoluci\u00f3n en donde nunca abord\u00f3 los estudios legales y jurisprudenciales que realiz\u00f3 9 d\u00edas antes cuando decidi\u00f3 sobre la libertad de Paname\u00f1o Sinisterra, de modo que finalmente dispuso que el procesado era merecedor de la medida de aseguramiento intramural.  <\/span><\/p>\n

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Estas posiciones abiertamente dis\u00edmiles, proferidas en el marco de un mismo expediente y en un lapso tan corto, logran estructurar objetivamente el delito de prevaricato por acci\u00f3n, toda vez que no existe justificaci\u00f3n alguna por parte del procesado para haber actuado as\u00ed, cuando se trataba de los mismos supuestos f\u00e1cticos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente agreg\u00f3: \u00abLa anterior situaci\u00f3n fue admitida tanto por la defensa t\u00e9cnica como por el propio procesado, quienes se han excusado en el exceso de trabajo que ten\u00eda a su cargo el fiscal Palacios Gamboa, uno de los dos Fiscales dedicados al tr\u00e1mite de procesos bajo la Ley 600 de 2000 en la ciudad de Buenaventura, y en la falta de tiempo para realizar an\u00e1lisis juiciosos de los procesos que se encontraban bajo su direcci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Considera la Sala que los argumentos expuestos por el Defensor y el Procesado no persuaden y mucho menos explican su comportamiento, pues el exceso de carga laboral no justifica en este caso particular el desconocimiento de la ley y la jurisprudencia al momento de resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica de Celio Vivas Vargas, m\u00e1xime si tan solo 9 d\u00edas antes de emitir la providencia generadora del prevaricato, profiri\u00f3 otra donde a pesar de la carga laboral, s\u00ed pudo realizar un juicioso estudio normativo y jurisprudencial que lo llev\u00f3 a concluir que el procesado Mario Paname\u00f1o Sinisterra no era merecedor de medida de aseguramiento.  <\/span><\/p>\n

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Por supuesto, debe destacarse que el proceso se adelantaba bajo la \u00e9gida de la Ley 600 de 2000, que implementaba un procedimiento primordialmente escrito y por ende las providencias hac\u00edan parte de los expedientes, luego en esas condiciones y dado el tiempo que medi\u00f3 entre una decisi\u00f3n y otra, era sumamente f\u00e1cil que el procesado se percatara de la disparidad de ambas, sobre todo que la primera era la que se ajustaba a la interpretaci\u00f3n jurisprudencial adecuada como termin\u00f3 por aceptarlo tiempo despu\u00e9s al decretar la libertad de Vivas por las razones esgrimidas en su inicial determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que al confrontar las estipulaciones probatorias No. 5 y 6, valga decir las resoluciones por medio de las cuales se decide la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los procesados, se tiene que las mismas son id\u00e9nticas en su estructura y discurso, es decir, la una es una copia textual de la otra, salvo porque la de Celio Vivas Vargas fue cercenada en su estudio del principio de favorabilidad y concluye con la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, si hubiera sido verdad que la resoluci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del \u00faltimamente citado fue fruto de un trabajo intelectivo diferente al realizado con Paname\u00f1o Sinisterra, las palabras, el orden de los p\u00e1rrafos y en s\u00ed la distribuci\u00f3n de la providencia, hubiera sido absolutamente diferente, pero ello no fue as\u00ed, lo cual lleva a concluir que en efecto el Fiscal Jes\u00fas Enrique Palacio Gamboa quiso un resultado diferente en el caso del aludido sujeto y por ello suprimi\u00f3 el estudio correspondiente a la concesi\u00f3n de la libertad por aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, hecho que devela su actuar doloso y malintencionado encaminado a causar un perjuicio al procesado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionando a continuaci\u00f3n, \u00abAs\u00ed las cosas, es evidente que el fiscal procesado sab\u00eda perfectamente que su actuar contradec\u00eda la normatividad vigente, que su resoluci\u00f3n se apartaba de la legalidad y que con la misma iba a causar un grave perjuicio a otra persona, pero no obstante quiso obtener un resultado que no era otro distinto a propiciar que la misma surtiera efectos nocivos en el mundo fenomenol\u00f3gico, en orden a prolongar la privaci\u00f3n de la libertad de Celio Vivas, quien tuvo que soportar una medida de aseguramiento por 127 d\u00edas, tiempo este que debi\u00f3 haber estado en libertad, independientemente de si era o no responsable del delito por el cual se le acusaba\u00bb. (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En este caso el Tribunal acogi\u00f3 lo expuesto por Celio Vargas Vivas, en cuanto a que escuch\u00f3 por un lado a Paname\u00f1o Sinisterra haber cancelado la suma de tres millones de pesos para ser dejado en libertad, en tanto que a \u00e9l le exigieron tres millones setecientos mil pesos, pero no tuvo la capacidad econ\u00f3mica para pagarlos, y por eso fue detenido intramuralmente, exigencia que manifest\u00f3 le fue hecha en presencia del acusado, el abogado que \u00e9ste le design\u00f3 para el caso, su hermano Guillermo Vivas Vargas y \u00e9l, la cual si bien no atribuye directamente al procesado sino al profesional del derecho que estaba presente, lo cierto es que el Fiscal la cohonest\u00f3 al punto que no se opuso a la misma (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Esta versi\u00f3n en criterio de la Sala no puede desestimarse simplemente con el argumento de que es por \u00abvenganza\u00bb, porque tal y como sucedieron los hechos, es una raz\u00f3n l\u00f3gica que hubo un acto de corrupci\u00f3n que desencaden\u00f3 la conducta atribuida a Palacios Gamboa, pues se insiste, no de otra forma se entiende que nueve d\u00edas despu\u00e9s, cuando ya exist\u00eda una providencia en el expediente que defin\u00eda el mismo problema jur\u00eddico, se profiera otra que la contradice abiertamente en lo sustancial, tanto m\u00e1s si no militaba ninguna circunstancia que permitiera otorgar un trato dis\u00edmil a los dos eventos, de modo que no es un desprop\u00f3sito afirmar que la providencia no fue m\u00e1s que la respuesta a la negativa a entregar la suma de dinero requerida.  <\/span><\/p>\n

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Por supuesto, lo que ocurri\u00f3 despu\u00e9s para lograr la libertad, es demostrativo de que el acusado en este caso particular adopt\u00f3 como patr\u00f3n de comportamiento exigir d\u00e1divas a las personas que estaban a su disposici\u00f3n, para favorecerlas o no con el beneficio de libertad.  Lo anterior desvirt\u00faa lo alegado en cuanto a que se actu\u00f3 en el peor de los casos de manera descuidada, argumento que definitivamente se explica dentro del contexto  de una  estrategia  defensiva, pero que no es admisible en atenci\u00f3n a los aspectos mencionados en esta providencia\u00bb (ff. 10 a 28).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  Con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide, por cuanto se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor la autoridad judicial citada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser censurada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que como qued\u00f3 visto, en el caso sometido a examen la Sala de Casaci\u00f3n Penal edific\u00f3 la providencia aqu\u00ed cuestionada, en que, de todas las pruebas recaudas en el tr\u00e1mite de la causa, logra inferirse sin dificultad, que en efecto, el sentenciado actu\u00f3 de manera contraria a la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, no cabe duda que dichos fundamentos no revelan arbitrariedad, cuesti\u00f3n que impide acudir con \u00e9xito a la solicitud de amparo, m\u00e1xime cuando solo porque el accionante no comparta o tenga una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos razonamientos, no puede considerarse caprichoso lo resuelto, y porque dadas las caracter\u00edsticas de autonom\u00eda e independencia de que est\u00e1 dotada la actividad judicial,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, pero es, al juez natural, es decir al juez del proceso.  De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto  configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CJS STC 14 mayo 2003, rad. 00113-01, reiterada entre otras, en STC5507-2015, STC10946-2015, STC4599-2016 y, STC6456-2016, 19 may. rad 01269-00).  <\/span><\/p>\n

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5.  Adem\u00e1s, el amparo invocado es improcedente, porque no se autoriza por esa v\u00eda, derribar decisiones proferidas v\u00e1lidamente con respeto de las garant\u00edas procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho, se pretende proponer una evaluaci\u00f3n probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al l\u00edmite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonom\u00eda que en tal tarea se le reconoce al juzgador.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, rad. 00142-01; STC, 27 jun. 2007, rad. 00911-00; STC, 16 jun. 2011, rad. 01192-00; STC, 25 ene. 2012, rad. 00001-00, STC6028-2016, 12 may. rad. 01183-00).  <\/span><\/p>\n

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6.         Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que el actor no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2015; reiterado en STC9557-2016 y STC17965-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De lo dicho en precedencia, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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          LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC136-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Enrique Palacios Gamboa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98681\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}