{"id":98684,"date":"2026-06-25T15:48:52","date_gmt":"2026-06-25T15:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc139-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:48:52","modified_gmt":"2026-06-25T15:48:52","slug":"stc139-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc139-2017\/","title":{"rendered":"STC139-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC139-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-01985-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diez de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Alberto S\u00e1nchez Su\u00e1rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y m\u00ednimo vital, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al negarle la indexaci\u00f3n de la primera mesada de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n vitalicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que sean revocadas las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y, en su lugar, se ordene la actualizaci\u00f3n del valor del ingreso base de liquidaci\u00f3n de su prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Jorge Alberto S\u00e1nchez Su\u00e1rez, quien actualmente tiene 77 a\u00f1os de edad, trabaj\u00f3 en la Caja de Cr\u00e9dito Agrario desde el 1\u00b0 de enero de 1956 hasta el 18 de septiembre de 1986.  <\/span><\/p>\n

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2. Al d\u00eda siguiente, el 19 de septiembre del a\u00f1o citado, el actor empez\u00f3 a disfrutar de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n vitalicia, que fue reconocida en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 SGA-P 057 de marzo 9 de 1987, cuya primera mesada se liquid\u00f3 con base en el salario devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio.  <\/span><\/p>\n

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3. El aqu\u00ed quejoso present\u00f3 demanda ordinaria en contra del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a fin de que fuera indexada su prestaci\u00f3n desde la fecha en que la adquiri\u00f3, as\u00ed como el pago de intereses moratorios.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, admiti\u00f3 el libelo el 21 de julio de 2009 y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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5. La demandada se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones denominadas \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n y cobro de lo no debido\u00bb, \u00abpago\u00bb, \u00abinexistencia de morosidad\u00bb, \u00abpresunci\u00f3n de legalidad\u00bb, \u00abfalta de causa\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb, \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abno configuraci\u00f3n del derecho al pago del I.P.C., ni de indexaci\u00f3n o reajuste alguno\u00bb y las \u00abgen\u00e9ricas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. En sentencia de 8 de febrero de 2010, el juzgador no accedi\u00f3 a las pretensiones del demandante.  <\/span><\/p>\n

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7. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la parte pasiva interpuso el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en fallo de 31 de mayo de 2010, confirm\u00f3 en su integridad la providencia emitida por el a quo.  <\/span><\/p>\n

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9. Contra la decisi\u00f3n precedente, el extremo desfavorecido formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. La Hom\u00f3loga Laboral, en sentencia de 14 de septiembre de 2016, no cas\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada debido a que \u00abes improcedente la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional cuando la prestaci\u00f3n se comienza a disfrutar al d\u00eda siguiente del retiro del servicio, ello bajo el entendido que el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n no ha sufrido la p\u00e9rdida del poder adquisitivo por cuanto no ha transcurrido tiempo entre la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo y el disfrute de la prestaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio del peticionario se le vulneraron sus garant\u00edas fundamentales, dado que en el c\u00e1lculo de su primera mesada pensional no se tuvo en cuenta el \u00edndice de precios al consumidor para el a\u00f1o de 1986, motivo por el cual debe indexarse esa prestaci\u00f3n, de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia constitucional, que no fueron tenidas en cuenta por los despachos que conocieron el proceso ordinario promovido por \u00e9l, con la finalidad de que se le reconociera aquella actualizaci\u00f3n monetaria. [Folios 1-6, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 31 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado al estrado judicial querellado y se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 137-138, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 brevemente que se estaba a lo indicado en las pruebas obrantes en el expediente. [Folio 149, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a la prosperidad del resguardo, puesto los juzgadores de conocimiento no incurrieron en v\u00eda de hecho alguna y, en cambio, brindaron todas las garant\u00edas al reclamante, a lo que se debe sumar que lo pretendido por esta v\u00eda quebranta los principios de la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica. [Folios 151-153, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 10 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 por improcedente el amparo, debido a que el accionante no acredit\u00f3 que la sentencia reprobada estuviere fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios, ya que las discrepancias interpretativas o valorativas de esa persona no constituyen vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. [Folios 160-176, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3, para lo cual reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito inicial. [Folios 183-187, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.   <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por el aqu\u00ed quejoso contra el fallo dictado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el que confirm\u00f3 la providencia de primer grado que neg\u00f3 sus pretensiones, dentro del proceso ordinario por \u00e9l promovido contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, concluy\u00f3 que no casar\u00eda la determinaci\u00f3n cuestionada, con base en el siguiente razonamiento:  <\/span><\/p>\n

La Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado que es improcedente la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional cuando la prestaci\u00f3n se comienza a disfrutar al d\u00eda siguiente del retiro del servicio, ello bajo el entendido que el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n no ha sufrido la p\u00e9rdida del poder adquisitivo por cuanto no ha transcurrido tiempo entre la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo y el disfrute de la prestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En el presente asunto el se\u00f1or S\u00e1nchez Su\u00e1rez labor\u00f3 para la Caja de Cr\u00e9dito Agraria, Industrial y Minero hasta el 18 de septiembre de 1986, y comenz\u00f3 a disfrutar la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional desde el 19 de septiembre de la misma anualidad, es decir, al d\u00eda siguiente, de donde surge inexorable que no medi\u00f3 lapso alguno entre la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y el disfrute de la pensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre dicha situaci\u00f3n, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 28 Ago 2012, Rad. 46832, precis\u00f3 que se requiere que transcurra de un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensi\u00f3n para que sea procedente la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, para lo cual asent\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ya frente a la discusi\u00f3n jur\u00eddica que plantea el recurrente, debe resaltar la Sala que, a pesar de que el Tribunal dijo que la correcci\u00f3n monetaria de las pensiones ten\u00eda un car\u00e1cter excepcional en el ordenamiento jur\u00eddico y que no se hab\u00eda generado en el caso del actor un retardo en el pago de la prestaci\u00f3n que la justificara, aspectos que ya han sido recogidos ampliamente por la nueva jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en materia de indexaci\u00f3n de las pensiones, lo cierto es que para el ad quem aqu\u00e9lla constitu\u00eda un mecanismo para paliar la p\u00e9rdida del valor del peso, entre la fecha del retiro del servicio y la del reconocimiento del derecho y la misma proced\u00eda cuando la base salarial hubiese sufrido desmedro entre estas fechas, por lo que encuentra la Sala que las manifestaciones mencionadas del ad quem, a pesar de pasar por alto lo planteado por la jurisprudencia, no afectan la esencia de la decisi\u00f3n tomada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, en efecto tal como lo afirma el recurrente y lo entendi\u00f3 el mismo Tribunal, la teleolog\u00eda de la figura de la correcci\u00f3n monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la econom\u00eda del pa\u00eds, para mantener el valor adquisitivo de aqu\u00e9llas, que se ve afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la pensi\u00f3n, tal como lo  sostuvo esta Sala en las sentencias que modificaron los criterios jurisprudenciales anteriores en la materia, es decir, en las sentencias de 20 de abril de 2007 (Rad. 29470) y 31 de julio del mismo a\u00f1o (Rad. 29022), reiteradas en un sinn\u00famero de decisiones posteriores, en las cuales se ha sostenido la procedencia de aqu\u00e9lla para todas las pensiones causadas en vigencia de la Carta Pol\u00edtica de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, es precisamente a partir de la finalidad de la correcci\u00f3n monetaria de las pensiones, que puede sostenerse que no en todos los casos \u2026 se deber\u00e1 aplicar de manera autom\u00e1tica e inexorable dicha figura, toda vez que habr\u00e1 que determinar si en el asunto concreto el objetivo de aqu\u00e9lla se materializa, al existir una desmejora real del valor del IBL que justifique la procedencia de la misma o si, por el contrario, al no verificarse la depreciaci\u00f3n de la base salarial no tendr\u00eda cabida.  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, no pudo incurrir el Tribunal en yerro jur\u00eddico alguno, dado que entre el momento de la terminaci\u00f3n del contrato del actor, esto es, el 31 de agosto de 1995 y el del reconocimiento de la pensi\u00f3n, es decir, el d\u00eda siguiente, no hubo una desmejora apreciable en el ingreso base de liquidaci\u00f3n, por lo que no pod\u00eda el fallador de instancia dar plena aplicaci\u00f3n a los postulados derivados de la sentencia de 31 de julio de 2007 (Rad. 29022) de esta Sala, seg\u00fan la cual deben indexarse todas las pensiones causadas en la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991\u201d. (Sentencia del 12 de abril de 2011, Rad. 45922).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, no prospera el cargo.  <\/span><\/p>\n

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3. La conclusi\u00f3n anterior es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia, y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio de la sede judicial encausada, conllevaron a que se declarara la falta de prosperidad de la demanda de casaci\u00f3n, debido a que no medi\u00f3 lapso alguno entre la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y el disfrute de la pensi\u00f3n por parte del promotor del resguardo y, por tanto, el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n no sufri\u00f3 la p\u00e9rdida del poder adquisitivo endilgada.  <\/span><\/p>\n

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De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 el despacho accionado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Queda claro, entonces, que lo pretendido por el peticionario del amparo es anteponer su propio criterio al del juez de la causa y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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