{"id":98686,"date":"2026-06-25T15:49:01","date_gmt":"2026-06-25T15:49:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc141-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:49:01","modified_gmt":"2026-06-25T15:49:01","slug":"stc141-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc141-2017\/","title":{"rendered":"STC141-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC141-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2016-00250-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sala de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra  el fallo de tutela proferido el diez de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en la acci\u00f3n de tutela que Ruth Affi de la Hoz Echeverr\u00eda promovi\u00f3 contra el Banco Davivienda y los Juzgados Tercero Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de esa ciudad y Cristian R\u00edos.   <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y vivienda digna, los que considera vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al denegar la prosperidad de la nulidad que, por indebida notificaci\u00f3n, formul\u00f3 en el proceso ejecutivo hipotecario que se adelanta en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se deje sin efecto las decisiones emitidas el 20 de junio y 24 de agosto de 2016 por los derechos accionados y, en su lugar, se decrete la nulidad del juicio ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, solicita que se ordene al Banco Davivienda recibir el pago de las cuotas del cr\u00e9dito que se encuentran en mora y se le permita continuar con el plan de pagos inicialmente establecido.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Banco Davivienda present\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria contra la accionante, con el fin de logar el pago de $1\u2019805.211 correspondientes a 20 cuotas en mora y $16\u2019732.884 del saldo insoluto de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 suscrito el 13 de marzo de 2012.  <\/span><\/p>\n

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Con el fin de garantizar la referida obligaci\u00f3n, la demandada hab\u00eda constituido hipoteca sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 080-100449 ubicado en la \u00abcasa 25 de la manzana 14 de la urbanizaci\u00f3n filadelfia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. El 15 de julio de 2015 el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta libr\u00f3 mandamiento de pago por las sumas indicadas, orden\u00f3 el embargo y posterior secuestro del inmueble hipotecado y dispuso la notificaci\u00f3n de la demandada.  <\/span><\/p>\n

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3. Embargado el inmueble, la entidad crediticia adelant\u00f3 las diligencias tendientes a la notificaci\u00f3n de la deudora, por lo que envi\u00f3 citatorio a la \u00abmanzana 14 casa 25 URB Filadelfia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. Teniendo en cuenta que dentro de la oportunidad pertinente la ejecutada no compareci\u00f3 al despacho, se envi\u00f3 aviso a la misma direcci\u00f3n.  Seg\u00fan la constancia, Carolina Calder\u00f3n lo recibi\u00f3 el 26 de septiembre de 2015. [Folio 119]  <\/span><\/p>\n

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6. El 26 de octubre siguiente se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro del inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria, la cual fue atendida por Cristian R\u00edos. [Folio 123]  <\/span><\/p>\n

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7. Teniendo en cuenta que dentro de la oportunidad pertinente la ejecutada no compareci\u00f3 al proceso, el 10 de noviembre el juzgado municipal decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble. [Folio 121]   <\/span><\/p>\n

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8. El 17 de mayo de 2016 la accionante solicit\u00f3 que se declarara la nulidad del proceso a partir de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, toda vez que la misma se realiz\u00f3 de forma indebida.  <\/span><\/p>\n

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Para el efecto argument\u00f3 que la entrega de los citatorios se debi\u00f3 realizar en la casa N\u00b0 25, por ser esta de su propiedad, sin embargo, los mismos fueron recibidos por el se\u00f1or Cristian R\u00edos, quien es propietario de la casa N\u00b0 26, lo que demuestra que su entrega se hizo en un lugar diferente.  Con el fin de probar dicha situaci\u00f3n alleg\u00f3 copia de las escrituras de los inmuebles antes mencionados. [Folio 86]  <\/span><\/p>\n

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9. El 20 de junio de 2016 el despacho deneg\u00f3 la prosperidad de la solicitud, tras advertir que de los certificados entregados por la empresa de correo se desprende que la entrega de los citatorios se realiz\u00f3 en la direcci\u00f3n correcta y, adem\u00e1s, no obra constancia de que la persona que los recibi\u00f3 hubiese indicado que no conoc\u00eda a su destinataria. [Folio 153]  <\/span><\/p>\n

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10.  Inconforme, la ejecutada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. [Folio 155]  <\/span><\/p>\n

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11. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tras advertir que las pruebas allegadas por la deudora no demostraban la entrega equivoca por ella alegada y, por el contrario, de los certificados de la empresa de correo se desprend\u00eda que la notificaci\u00f3n se hizo en el lugar indicado. [Folio 123]  <\/span><\/p>\n

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12. La ejecutada acude al amparo constitucional por considerar que las decisiones antes descritas vulneran sus derechos.  Insiste en la indebida notificaci\u00f3n y se\u00f1ala que la entidad Bancaria no pod\u00eda iniciar ejecuci\u00f3n en su contra, de atender que el 7 de septiembre de 2015 cancel\u00f3 2\u2019500.000,oo, con lo que considera haberse puesto al d\u00eda con las cuotas que hasta ese momento se encontraban en mora. [Folio 1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 1 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio174, cuaderno 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Los Juzgados accionados coincidieron en manifestar que no han vulnerado los derechos de la accionante, pues su decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en las pruebas obrantes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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Cristian R\u00edos manifest\u00f3 conocer a la accionante y acept\u00f3 haber recibido la correspondencia de aquella, no obstante manifest\u00f3 que esta fue entregada en el lugar de su residencia, es decir en la casa 26.  Adujo que a pesar de que se comprometi\u00f3 a entregarla a su destinataria, debido a las ocupaciones que tiene como comerciante, olvid\u00f3 hacerlo. [Folio 190]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 10 de noviembre de 2016, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta deneg\u00f3 el amparo, pues conforme a la documentaci\u00f3n obrante en el proceso cuestionado, la notificaci\u00f3n de la ejecutada se realiz\u00f3 en debida forma. [Folio 209]  <\/span><\/p>\n

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4. Por estar en desacuerdo con la decisi\u00f3n, la accionante la impugn\u00f3, insistiendo en que no se le garantiz\u00f3 el ejercicio del derecho de defensa, en la medida en que todo el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n se efectu\u00f3 con Cristian Rios.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso sub judice, a partir del examen del expediente y de los argumentos en los que la actora funda su inconformidad, no se advierte la vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales, pues las providencias a trav\u00e9s de las cuales se resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad que aquella formul\u00f3, no son producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, pues, por el contrario, est\u00e1n acorde con el material probatorio obrante en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para denegar la petici\u00f3n formulada por la accionante, adujo el despacho municipal accionado que de las constancias emitidas por la empresa de correo certificado se desprend\u00eda claramente que los citatorios fueron entregados en el lugar, que seg\u00fan se indic\u00f3 en el escrito de demanda, deb\u00eda recibir notificaciones la ejecutada, el cual, por cierto, coincid\u00eda con el inmueble que fue objeto de garant\u00eda real, sin que obre constancia que demuestre lo contrario, o que logre advertir que quien recibi\u00f3 la documentaci\u00f3n no conociera a la ejecutada.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, estableci\u00f3 que la manifestaci\u00f3n que realiz\u00f3 la ejecutada, se desvirtuaba claramente con lo ocurrido en la diligencia de secuestro del bien objeto de la garant\u00eda, pues \u00e9sta fue atendida por Cristian R\u00edos, quien tambi\u00e9n recibi\u00f3 al funcionario de la empresa de correo certificado, siendo claro, como consta en el acta respectiva, que en esa diligencia previo a decretar formalmente secuestrado el inmueble, el mismo se individualiz\u00f3 en debida forma.  <\/span><\/p>\n

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Argumentos que fueron reiterados por el juez de segunda instancia, quien adem\u00e1s advirti\u00f3 que los medios probatorios allegados por la ejecutada \u2013 escrituras p\u00fablicas de la casa N\u00b0 25 y 26 -, no lograban demostrar lo que aquella alegaba, pues tan s\u00f3lo acreditaban la propiedad de los mencionados predios, siendo claro que en el asunto debi\u00f3 acreditarse el error en la entrega de la correspondencia.  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que los juzgados accionados adoptaron las decisiones cuestionadas, pues los motivos que adujeron en sus providencias constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. Ahora bien, en cuanto a la manifestaci\u00f3n realizada por la accionante relacionadas con la aceptaci\u00f3n del pago de las cuotas atrasadas por parte de la entidad bancaria y el restablecimiento del t\u00e9rmino para pagar las futuras cuotas, ha de manifestarse que la misma no puede prosperar, en la medida en que el proceder del Banco Davivienda est\u00e1 enmarcado dentro de las cl\u00e1usulas pactadas inicialmente entre las partes, donde se le facult\u00f3 para acelerar el plazo en caso de mora, estando vedado para el juez constitucional su modificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Ya, en cuanto al abono que alega haber realizado en septiembre de 2015, ha de advertirse que el mismo, de estar acreditado en el expediente, deber\u00e1 ser tenido en cuenta por el juez de conocimiento en la oportunidad pertinente.    <\/span><\/p>\n

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4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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