{"id":98687,"date":"2026-06-25T15:49:03","date_gmt":"2026-06-25T15:49:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc142-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:49:03","modified_gmt":"2026-06-25T15:49:03","slug":"stc142-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc142-2017\/","title":{"rendered":"STC142-2017"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Magistrado ponente &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">STC142-2017 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03655-00 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete) &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Eduardo Mart\u00ednez Salamanca contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite que se hace extensivo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ANTECEDENTES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1.&nbsp; El interesado actuando en su propio nombre, presenta la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio y reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa y debido proceso, presuntamente vulnerados por los accionados, quienes afirma, incurrieron en defectos procedimental absoluto, f\u00e1ctico, en error inducido y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, porque \u00abSe dict\u00f3 sentencia en un proceso viciado de nulidad puesto que se vulneraron los principios y derechos constitucionales fundamentales de legalidad y del debido proceso, incluso por falla de defensa t\u00e9cnica\u00bb (f. 9, negrilla en texto). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Pide en consecuencia, que se revoquen las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso penal adelantado en su contra, para en su lugar \u00abdictar sentencia de reemplazo en la cual se excluyan las pruebas ilegales que fueron aportadas por la fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n, como las copias simples de documentos privados an\u00f3nimos y el dictamen pericial emitido por la polic\u00eda judicial sobre las copias simples de documentos privados desconociendo requisitos formales imprescindibles\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Requiere igualmente, que se declare la nulidad de lo actuado desde la audiencia preparatoria, \u00abcomo mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante a los derechos fundamentales violados\u00bb, y como consecuencia de lo anterior, se ordene su libertad inmediata y la devoluci\u00f3n de la cauci\u00f3n prestada para obtener la prisi\u00f3n domiciliaria (ff. 1 y 2). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2. Sostiene, en s\u00edntesis, que siendo estudiante de derecho en la Universidad de Boyac\u00e1, present\u00f3 el 14 de abril de 2008 el examen preparatorio de Civil III, y obtuvo 2.6 como nota, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la revisi\u00f3n a la Directora del Programa, quien el 12 de mayo siguiente le comunic\u00f3 que no proced\u00eda, posteriormente le inform\u00f3 que la hab\u00edan ordenado y como finalmente no resolv\u00edan su petici\u00f3n promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en la que la Universidad alleg\u00f3 una serie de documentos y por la compulsa de copias que hiciera el Juzgado en marzo 28 de 2008 con ocasi\u00f3n del amparo, la fiscal\u00eda el 16 de septiembre de 2016 present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n en su contra, que concret\u00f3 en s\u00edntesis, \u00aben la existencia de un documento (revisi\u00f3n de un examen preparatorio) presuntamente falso, en concepto del juez de tutela, aparentemente elaborado por un docente de la Universidad de Boyac\u00e1, en revisi\u00f3n que solicit\u00e9 a la universidad, para que me resolvieran la nota definitiva del preparatorio Civil III y considerando equivocadamente que intent\u00e9 enga\u00f1arle\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Afirma que en desarrollo del juicio en ente acusador no logr\u00f3 desvirtuar su presunci\u00f3n de inocencia, ni tampoco demostrar que los documentos \u00abfueran aut\u00e9nticos ni falsos y el medio de prueba fundamental que utiliz\u00f3 la fiscal\u00eda que fue un dictamen pericial emitido por la perito del CTI. HIDA MARINA SOLER IBA\u00d1EZ, es prueba ilegal, por cuanto el estudio o an\u00e1lisis y la evidencia f\u00edsica, Informe de Investigador de laboratorio, fue efectuado sobre fotocopias simples burdas\u00bb, y no obstante fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Tunja el 7 de marzo de 2016 como autor de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, fallo que confirm\u00f3 el Tribunal el 10 de mayo de ese a\u00f1o.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Explica que \u00abInfortunadamente la defensa t\u00e9cnica fall\u00f3 sistem\u00e1ticamente: primero por haber solicitado la exclusi\u00f3n probatoria extempor\u00e1neamente y segundo por no haber presentado en la demanda de casaci\u00f3n los argumentos que estoy esgrimiendo en esta demanda de Tutela, fundamentado equivocadamente la casaci\u00f3n sobre el presupuesto de la prescripci\u00f3n\u00bb, y que adem\u00e1s, no se encuentra a su alcance la revisi\u00f3n \u00abpor lo oneroso que resulta y la eficacia de la Acci\u00f3n ser\u00eda inocua por el tiempo que demora la acusaci\u00f3n\u00bb, por ello, dedica su escrito en se\u00f1alar las presuntas falencias de los elementos materiales probatorios y de las evidencias f\u00edsicas que la fiscal\u00eda present\u00f3, e igualmente analiza la actuaci\u00f3n seguida y afirma que los accionados valoraron las pruebas vulnerando las reglas legales y principios constitucionales \u00abde manera arbitraria, irracional y caprichos\u00bb, y que adem\u00e1s, \u00abexistiendo en el proceso penal un procedimiento legalmente establecido en el tr\u00e1mite de la admisi\u00f3n de documentos y de la prueba pericial en documentolog\u00eda y grafolog\u00eda, el juzgado y el tribunal se apartaron, adoptando un tr\u00e1mite completamente ajeno al pertinente\u00bb como consecuencia de la falta de aplicaci\u00f3n de la cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n respecto de las evidencias que habr\u00edan sido obtenidas de manera ilegal (ff. 1 a 36). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1.&nbsp; El Juez Quinto Penal de Tunja, se refiri\u00f3 a la actuaci\u00f3n adelantada y para ello puso de presente que la sentencia proferida por ese Despacho el 7 de marzo de 2016, en la que fue condenado Jairo Eduardo Mart\u00ednez Salamanca en calidad de autor de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado a la pena de 84 meses de prisi\u00f3n, la confirm\u00f3 el Tribunal el<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">28 de abril siguiente, determinaci\u00f3n frente a la que se interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 9 de noviembre de 2016 en el sentido de no casar el mencionado fallo. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Adicion\u00f3 que la que la defensa cit\u00f3 como argumento, la supuesta prescripci\u00f3n de la falsedad en documento privado, pero sin que se atacara la argumentaci\u00f3n relacionada con la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, de los delitos ya mencionados, por lo que, \u00abSi bien es cierto, el fallo de primera instancia fue apelado y posteriormente se interpuso el recurso de casaci\u00f3n, es necesario recordar que el \u00fanico argumento expuesto ante el m\u00e1ximo tribunal de la justicia penal, fue la supuesta prescripci\u00f3n del punible falsedad en documento privado, pero sin que se rebatiera la existencia de los punibles y la inocencia del accionante; de manera que la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, permite entender que la bancada de la defensa, acept\u00f3 los argumentos que se dieron en primera y segunda instancia, frente a la materialidad de los delitos y la responsabilidad del se\u00f1or Mart\u00ednez Salamanca\u00bb (ff. 50 y 51). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.&nbsp; La Sala de Casaci\u00f3n Penal, a trav\u00e9s del H. Magistrado Presidente, solicit\u00f3 negar el amparo y manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no satisface el principio de subsidiaridad, como quiera que el tema debatido, no fue objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n promovido por la defensa de Jairo Eduardo Mart\u00ednez Salamanca, mostrando, por ende, conformidad con lo decidido en las instancias, puesto que, \u00abla defensa del sentenciado solo postul\u00f3 un cargo al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004 en el que asegur\u00f3 que la sentencia impugnada se dict\u00f3 en un juicio viciado de nulidad en el que se viol\u00f3 directamente la ley sustancial por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000 y 292 de la Ley 906 de 2004, por cuanto no se decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n respecto del delito de falsedad en documento privado, alegato que fue desestimado en la sentencia SP16634-2016 del 9 de noviembre pasado, habida cuenta que, contrario a lo se\u00f1alado, el Estado no alcanz\u00f3 a perder el poder punitivo respecto de dicha conducta por cuanto el t\u00e9rmino prescriptivo se suspendi\u00f3 mientras se tramitaba una recusaci\u00f3n formulada por la defensa\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Agreg\u00f3 que es claro que, el accionante dej\u00f3 de reprochar, en sede de casaci\u00f3n, los temas que hoy presenta en la acci\u00f3n de tutela y, por ende, al no haber agotado todos los medios de defensa judicial a su alcance, esta deviene improcedente (ff. 80 y 81). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3.&nbsp; La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, indic\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida en esa instancia obedece a los aspectos consignados en dicha providencia y a un criterio razonado que se ajusta a derecho, adem\u00e1s que, en todo momento se han respetado los derechos fundamentales y garant\u00edas procesales al procesado accionante por lo que solicit\u00f3 negar el amparo (f. 90). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4. La Jueza Tercera Penal Municipal con Funci\u00f3n Control de Garant\u00edas de Tunja, manifest\u00f3 que por reparto correspondi\u00f3 conocer el 20 de octubre de 2011 de la audiencia preliminar relacionada con la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, por los punibles de fraude procesal en concurso con falsedad en documento privado contra Mart\u00ednez Salamanca, sin que el nombrado aceptara los cargos que le fueron imputados, acto que se desarroll\u00f3 bajo la estricta observancia de postulados legales y constitucionales (ff. 115 y 116). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">CONSIDERACIONES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el&nbsp; medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.&nbsp; Atendidos los argumentos que edifican la solicitud de protecci\u00f3n, cotejados los documentos allegados y fundamentalmente lo expresado en las respuestas que fueron recibidas en este tr\u00e1mite, encuentra la Corte que los diferentes planteamientos que se presentan en este amparo, sobre las supuestas ilegalidades cometidas durante el procedimiento, deb\u00edan ser alegadas y sustentadas en el recurso de casaci\u00f3n, indicando los errores de hecho o de derecho cometidos por los Jueces; sin embargo, nada dijo al respecto, raz\u00f3n por la cual, las manifestaciones del accionante, en torno a la valoraci\u00f3n probatoria y a la falta de defensa t\u00e9cnica, no pueden ser tenidas en cuenta por el Juez constitucional, ya que no puede habilitarse una nueva instancia para controvertir las sentencias emitidas. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Siendo as\u00ed las cosas, el amparo formulado&nbsp; desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que el aqu\u00ed accionante tuvo a su alcance el medio id\u00f3neo para salvaguardar los derechos fundamentales que demanda, situaci\u00f3n que elimina la viabilidad de la protecci\u00f3n propuesta, puesto que este mecanismo extraordinario solo procede ante la carencia de los ordinarios de soluci\u00f3n al problema planteado, y as\u00ed las cosas, lo que pretende el solicitante es reemplazar, acudiendo al amparo, el procedimiento en el que deber\u00eda haber pedido lo que aqu\u00ed reclama. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Cabe se\u00f1alar que, seg\u00fan lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n: &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en STC7161-2015, STC1897-2016, STC9906-2016, y&nbsp; STC17333-2016, 30 nov, rad. 03377-00). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3. Por lo consignado, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">DECISI\u00d3N &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Presidente de Sala &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">MARGARITA CABELLO BLANCO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp; Magistrado ponente &nbsp; &nbsp;&nbsp; STC142-2017 &nbsp; Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03655-00 &nbsp; (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete) &nbsp; &nbsp;&nbsp; Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017). &nbsp; &nbsp;&nbsp; Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}