{"id":98688,"date":"2026-06-25T15:49:07","date_gmt":"2026-06-25T15:49:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc143-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:49:07","modified_gmt":"2026-06-25T15:49:07","slug":"stc143-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc143-2017\/","title":{"rendered":"STC143-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC143-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00516-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintid\u00f3s de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alicia Carolina Gracia Torres, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad Manuela Beltr\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3 la ciudadana el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por las entidades accionadas, al descalificarla de la convocatoria No. 335 de 2016, tras realizarle la prueba psicol\u00f3gica cl\u00ednica y de valores, con fundamento en el hallazgo de una patolog\u00eda mental que ella no padece.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se disponga la revocatoria de las Resoluciones por medio de las cuales se adopt\u00f3 y ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada y en su lugar se le califique nuevamente, pero esta vez de manera favorable, de modo que se ordene su inclusi\u00f3n en la lista de elegibles.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, a trav\u00e9s del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016, dio apertura a la Convocatoria No. 335 del mismo a\u00f1o, para \u201cproveer definitivamente las vacantes del empleo denominado Dragoneante, C\u00f3digo 4114, grado 11, perteneciente al r\u00e9gimen espec\u00edfico de Carrera del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La reclamante se inscribi\u00f3 y el 27 de mayo de 2016, fue convocada a presentar las pruebas psicol\u00f3gica y de valores a realizarse el 5 de junio siguiente, a las 7:30 a.m., en la Instituci\u00f3n Educativa Inem Juli\u00e1n Motta Sans de Neiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 23 del mismo mes y a\u00f1o, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil public\u00f3 los resultados de dichas evaluaciones, donde la aspirante fue declarada como no apta en la primera y no calificada en la segunda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 26 de julio de 2016, la accionante present\u00f3 derecho de petici\u00f3n a trav\u00e9s del cual manifest\u00f3 su inconformidad con los resultados de sus pruebas, pues, asegur\u00f3 que d\u00edas atr\u00e1s se acerc\u00f3 a verificar sus respuestas y todas estaban correctas.  <\/span><\/p>\n

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6. El 7 de agosto de 2016, la promotora del amparo fue valorada por psicolog\u00eda cl\u00ednica con los siguientes hallazgos: \u00ab\u2026no se evidencian alteraciones psicopatol\u00f3gicas y\/o sintomatolog\u00eda de trastornos de personalidad alguna. Su salud mental es equilibrada y cuenta con bienestar, ps\u00edquico y social.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. La reclamante acude al amparo constitucional por considerar que la situaci\u00f3n descrita transgrede sus derechos fundamentales invocados y por ello pretende la protecci\u00f3n de los mismos en la forma vista. [Folios 1-6, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 25 de agosto de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se dispuso la notificaci\u00f3n de las entidades accionadas para que ejercieran su defensa. [Folio 48, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el INPEC argument\u00f3 su falta de legitimidad por pasiva, por no ser la instituci\u00f3n demandada ni tener relaci\u00f3n alguna con la convocatoria cuestionada, como tampoco, peticiones pendientes por resolver a la quejosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Universidad Manuela Beltr\u00e1n se opuso a la prosperidad del amparo, tras argumentar que la promotora pretende desconocer las reglas del concurso, que fueron fijadas desde la expedici\u00f3n del acuerdo de convocatoria, donde se fijaron las fases del proceso y las pautas a seguir durante su desarrollo, lineamientos que se observaron al aplicar las pruebas establecidas y que la aspirante no aprob\u00f3. [Folios 56-81, c.1]  <\/span><\/p>\n

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La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil por su parte se opuso a la prosperidad del amparo, en consideraci\u00f3n a que la tutelante cuenta con mecanismos de defensa id\u00f3neos para solicitar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales que estima violentadas. [Folios 307-326, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. Tras renovar la actuaci\u00f3n en obedecimiento a lo dispuesto por esta Sala mediante auto de fecha 19 de octubre de 2016, el 22 de noviembre siguiente, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, deneg\u00f3 la solicitud de amparo por considerar insatisfecho el requisito de la subsidiariedad, dada la existencia de medios judiciales id\u00f3neos para ejercer la defensa de los derechos que la quejosa estima conculcados. [Folios 439-445, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. La tutelante impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en los argumentos que dieron soporte a su libelo introductor. [Folio 451-457, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1 Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El enunciado postulado est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna de los derechos objeto de violaci\u00f3n o amenaza, toda vez que al amparo no se le puede considerar como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u201cotros recursos o medios de defensa judiciales\u201d, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que la primera se utilizara como \u201cmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de tales herramientas ser\u00eda apreciada \u201cen concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Se estructura as\u00ed uno de los requisitos de procedibilidad del se\u00f1alado mecanismo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

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2. Los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia a los de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas.  <\/span><\/p>\n

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Por manera que cualquier desconocimiento de tales lineamientos, constituye una violaci\u00f3n, tanto de las normas rectoras arriba se\u00f1aladas, como de la prerrogativa fundamental al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso que es objeto de estudio, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo pues la tutelante cuenta con el mecanismo de control de la nulidad y restablecimiento del derecho que puede interponer ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para formular el reclamo que por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela expone.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el cuestionamiento y debate de los actos administrativos adoptados al interior del concurso de m\u00e9ritos al que se inscribi\u00f3 la reclamante y en virtud del cual aduce se quebrantaron sus garant\u00edas fundamentales, debe suscitarse y definirse ante dicha jurisdicci\u00f3n, mediante los medios de control que el legislador ha dispuesto para que quienes se sientan agraviados con las decisiones de la administraci\u00f3n, puedan debatir la legalidad de tales pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo cuestionado, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb, lo que aniquila cualquier duda sobre la idoneidad de dicha herramienta para la resoluci\u00f3n de la problem\u00e1tica expuesta, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelaras e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de las garant\u00edas que se estiman violentadas. (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 2011-00201-01).  <\/span><\/p>\n

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Resulta entonces ostensible, que si la promotora del amparo no ha hecho uso de los medios de defensa judicial consagrados por el legislador, no puede pretender que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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4. En un asunto de similares caracter\u00edsticas, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) [E]striba la precedente conclusi\u00f3n en que si la protesta formulada refiere, a la determinaci\u00f3n adoptada por el organismo acusado, de inadmitir a la actora al concurso de m\u00e9ritos para proveer cargos en carrera de la rama judicial, se infiere que del pretendido an\u00e1lisis no puede ocuparse el Juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Lo que se acaba de exponer radica en que, repetidamente lo ha dicho la Corte, por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)1.(CSJ. STC. 24 de septiembre de 2013, Rad. 00676-01, reiterada en STC 13568, 6 de octubre de 2014, Rad. 2014-00267-01).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, con la finalidad de rebatir una decisi\u00f3n de las anotadas caracter\u00edsticas, no es posible recurrir al amparo sin acreditar, ni siquiera mencionar, un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb 2, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilitara a la ciudadana para ejercer el mecanismo excepcional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado estaba destinado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. STC. 24 de septiembre de 2013, Rad. 00676-01.  <\/span><\/p>\n

2 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-00581-01.    <\/span><\/p>\n

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