{"id":98692,"date":"2026-06-25T15:55:32","date_gmt":"2026-06-25T15:55:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc147-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:55:32","modified_gmt":"2026-06-25T15:55:32","slug":"stc147-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc147-2017\/","title":{"rendered":"STC147-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC147-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2016-00219-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el catorce de octubre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Roberto Mier Viloria contra los Juzgados Quinto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por los juzgados accionados por cuanto denegaron la emisi\u00f3n del   mandamiento de pago por \u00e9l requerido sin tener en cuenta que el titulo ejecutivo adosado con la demanda conten\u00eda  una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene \u00abanular los autos de los se\u00f1ores jueces accionados, y ordenarle al se\u00f1or Juez Quinto Civil Municipal de esta ciudad continuar con los tramites de la demanda ejecutiva embargando el inmueble prometido en venta y decretando el correspondiente mandamiento ejecutivo\u00bb [Folio 20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El accionante instaur\u00f3 demanda ejecutiva por obligaci\u00f3n de hacer contra Johana Milena Vivasquez Vizca\u00edno, \u00abpara que se libre mandamiento ejecutivo a su favor para que previo a la firma de la escritura de compraventa del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 080-86126, se realice el levantamiento de la constituci\u00f3n del patrimonio de familia; se libre mandamiento ejecutivo para q        ue la demandada suscriba escritura p\u00fablica a su favor; se libre mandamiento ejecutivo ordenando a la demandada hacer entrega del inmueble; de manera subsidiaria se libre mandamiento de pago por la suma de $38.000.000.oo correspondientes al valor recibido en la promesa de compraventa del bien. Adem\u00e1s, de que se condene a la demandada al pago de perjuicios moratorios como consecuencia del incumplimiento de la promesa de compraventa, y que se libre mandamiento ejecutivo por la suma de $5.600.000.oo a favor del demandante equivalentes a 16 meses por no haberse percibido ingresos de arriendos del inmuebles.\u00bb  [Folio 58, c.1]  <\/span><\/p>\n

2. Como fundamento de sus pretensiones se\u00f1al\u00f3 que celebr\u00f3 contrato de promesa de compraventa con la parte pasiva, el cual tuvo como objeto el bien anteriormente identificado y ubicado en la Manzana E, Casa 4 del Conjunto Tejares del Libertador de la ciudad de Santa Marta, negocio en el que figur\u00f3 como promitente comprador y su demandada como vendedora.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que entreg\u00f3 al extremo demandado  la suma de $38.000.000 como valor pactado del precio del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que sobre el citado bien,  pesan los grav\u00e1menes de hipoteca y patrimonio de familia inembargable, raz\u00f3n por  la cual la parte pasiva contrajo la obligaci\u00f3n de realizar los tr\u00e1mites necesarios para levantarlos, de tal forma que el inmueble estuviera libre para el 24 de febrero de 2014,  plazo acordado para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que llegada la fecha para la suscripci\u00f3n de dicho documento, la demandada no se hizo presente en la Notar\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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3. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil Municipal de Oralidad de Santa Marta, autoridad que el 7 de octubre de 2015 neg\u00f3 el mandamiento de pago requerido tras se\u00f1alar que el t\u00edtulo ejecutivo aportado con la demanda, no re\u00fane los requisitos exigidos en el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por cuanto la obligaci\u00f3n de hacer de \u00absuscribir documento\u00bb no es exigible por encontrarse sujeta a el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes. [Folios 55-57, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. El 18 de diciembre de ese a\u00f1o el juzgado mantuvo su decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. [Folios 58-61, c.1]  <\/span><\/p>\n

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6. La impugnaci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, que el 14 de junio de 2016 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el a quo tras considerar que \u00abla indeterminaci\u00f3n en el plazo para que la demandante cancele el patrimonio de familia afecta en su integridad la promesa de compraventa, ya que este es un requisito sine quanon para que se pueda disponer del bien prometido, y a su vez se puedan exigir las obligaciones que se persiguen a trav\u00e9s de un proceso como el que nos ocupa\u00bb [Folios 62-65, c.1]  <\/span><\/p>\n

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7. En criterio del peticionario del amparo con las decisiones adoptadas por los accionados  se vulneraron los derechos fundamentales invocados por cuanto negaron la exigibilidad de la obligaci\u00f3n demandada a pesar de la evidente y palmaria mora en que se encuentra la parte pasiva y de paso omitieron aplicar los art\u00edculos 488 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. [Folios 1-20, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los despachos accionados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folios 68-69, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, manifest\u00f3 que confirm\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

interpuesto  contra la decisi\u00f3n emitida el 7 de octubre de 2015 dentro del proceso objeto de censura al encontrar ajustadas a derecho las fundamentaciones esgrimidas por el a quo. [Folio 86, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia del 14 de octubre de 2016, el Tribunal Superior  deneg\u00f3 el amparo tras considerar que en el actuar de los despachos encausados no se advierte la configuraci\u00f3n de \u00ablos defectos procedimental  absoluto y material o sustantivo\u00bb, endilgados por el accionante, teniendo en cuenta que sus decisiones estuvieron acordes con los presupuestos facticos del caso, y tuvieron como sustento las normas que regulan la materia. [Folios 100-104, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el  accionante la impugn\u00f3 con los mismos argumentos de su escrito inicial y manifest\u00f3 que los accionados no tuvieron en cuenta que su demandada no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n que le correspond\u00eda pese a haber recibido la totalidad del precio de la venta por lo que \u00abs\u00ed es exigible la obligaci\u00f3n demandada\u00bb. [Folios 110-112, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Invariable ha sido el criterio adoptado por la jurisprudencia respecto de la improcedencia, por regla general, de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales; por lo que solo en forma excepcional se ha aceptado la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa una evidente vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de las personas mediante el ejercicio arbitrario, caprichoso, infundado o rebelado de la actividad judicial que en ciertas ocasiones se desv\u00eda de las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio.  <\/span><\/p>\n

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Esas conductas excepcionales justifican, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional siempre que la cuesti\u00f3n que se debata ostente verdadera relevancia constitucional por conculcar de modo ostensible un derecho fundamental. Es necesario, adem\u00e1s, que se cumpla con el principio de subsidiariedad, pues, en principio, solo dentro de las instancias procesales ordinarias pueden corregirse todos los errores jur\u00eddicos que lleguen a advertir las partes litigantes. Adem\u00e1s, se debe cumplir con el requisito de la inmediatez, dado que de otro modo dif\u00edcilmente podr\u00eda vislumbrarse una real y abrupta conculcaci\u00f3n de un derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad sustancial o procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la sentencia; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la decisi\u00f3n atacada no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, se desconozca el precedente jurisprudencial, o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de las decisiones proferidas por los Juzgados Quinto Civil Municipal en Oralidad de Santa Marta y Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 la \u00faltima autoridad demandada, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

       Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la autoridad de segunda instancia para confirmar la decisi\u00f3n adoptada por el a quo dentro del proceso ejecutivo de obligaci\u00f3n de hacer instaurado por el accionante contra Johana Milena Vivasquez Vizca\u00edno, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n, la autoridad  accionada, se\u00f1al\u00f3 que del an\u00e1lisis de los documentos aportados por el actor con la demanda se observa \u00abel folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio objeto del negocio jur\u00eddico entre la partes, los volantes que comprueban el pago del precio por el demandante, la promesa de compraventa suscrita entre los extremos en litis donde se se\u00f1ala el d\u00eda 24 de febrero de 2014 como fecha para la firma de la escritura de compraventa en la notaria primera del circulo de Santa Marta, adem\u00e1s de la declaraci\u00f3n extrajuicio rendida por el demandante donde se se\u00f1ala que en la fecha antes pactada el extremo pasivo no se hizo presente, la cual pese a no ser una constancia extendida propiamente por el notario permite inferir que la demandada no cumpli\u00f3; elementos de los que se podr\u00eda inferir que estamos en presencia de un t\u00edtulo que presta m\u00e9rito ejecutivo, sin embargo no se puede perder de vista que el art\u00edculo 488 del C.P.C. exige para demandarse ejecutivamente  las obligaciones que estas deben ser claras, expresas y sobre todo exigibles\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma manifest\u00f3 el Ad Quem que al examinar la promesa allegada se tiene que en su literal B se establece que la escritura de compraventa se suscribir\u00eda por las partes en la fecha anteriormente indicada en las horas de la ma\u00f1ana en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Santa Marta, no obstante su cumplimiento estaba supeditado a \u00abque se hubieran levantado los grav\u00e1menes que afectan el bien inmueble como lo es la constituci\u00f3n del patrimonio de familia, para lo cual no se establece un plazo fijo, ya que se expresa en el par\u00e1grafo del literal B que dicha acci\u00f3n la debe llevar a cabo la se\u00f1ora Johana Vivasquez \u201cen el tiempo justo que la ley le permitiera para su tr\u00e1mite\u201d\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas concluy\u00f3 que la indeterminaci\u00f3n en el plazo para que la parte pasiva cancele el patrimonio de familia afecta en su integridad la aludida promesa de compraventa, toda vez que \u00e9ste es un requisito sine quanon para que se pueda disponer del inmueble prometido y a su vez se puedan exigir las obligaciones que se persiguen a trav\u00e9s de un proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, el accionante  no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que considera lo desfavorecieron, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab (\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ SC 24 Jun. 2004, Exp. 00142-01; 27 Jun. 2007, Exp. 00911-00; 3 Nov. 2009, Exp. 01371-01; 16 Jun. 2011, Exp. 01192-00; 25 Ene. 2012, Exp. 00001-00, entre otras)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el  Ad Quem tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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