{"id":98694,"date":"2026-06-25T15:55:35","date_gmt":"2026-06-25T15:55:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc149-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:55:35","modified_gmt":"2026-06-25T15:55:35","slug":"stc149-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc149-2017\/","title":{"rendered":"STC149-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC149-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00581-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el ocho de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lacides Armando R\u00faa Mira contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Administrativa, la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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    <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo y acceso a cargos p\u00fablicos, que considera vulnerados por los accionados, en desarrollo del concurso de m\u00e9ritos que se  adelanta en relaci\u00f3n con la Convocatoria No. 22 para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en virtud de la revocatoria de la Resoluci\u00f3n No. CJRES16-355 del 25 de julio de 2016, por medio de la cual se hab\u00edan modificado los resultados de su prueba de conocimientos, para incrementarla de 796,29 a 799,47 puntos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que como consecuencia de ello, sus calificaciones no han sido ajustadas de conformidad con las instrucciones impartidas por el Consejo de Estado, que orden\u00f3 incluir las preguntas excluidas unilateralmente por las administradoras del concurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, afirma que con el puntaje revocado mediante el acto administrativo cuestionado, no cumple con el m\u00ednimo para continuar participando en el proceso de selecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual asegura que su prueba debe ser recalificada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, pretende que por esta v\u00eda se ordene \u00ab\u2026a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona\u2026\u00bb dejar sin efecto el acto administrativo cuestionado, \u00ab\u2026recalificar la prueba de conocimientos (\u2026) presentada el 7 de diciembre de 2014 (\u2026) asign\u00e1ndole el puntaje obtenido en aquellas preguntas que inicialmente hab\u00edan sido excluidas y que conforme al fallo del Consejo de Estado debieron ser nuevamente incluidas\u2026\u00bb y, notificarle oportuna y claramente la decisi\u00f3n definitiva frente a tal reclamo. [Folios 39-41, c. 1. Tribunal]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El accionante se inscribi\u00f3 en la convocatoria n\u00famero 22 adelantada por la Rama Judicial para proveer las vacantes de \u00abfuncionarios judiciales (jueces y magistrados)\u00bb, en el cual opt\u00f3 por el cargo de Juez Promiscuo Municipal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 7 de diciembre de 2014, se practic\u00f3 la prueba de conocimientos y mediante la Resoluci\u00f3n CJRES15-20 de 12 de febrero de 2015, fueron publicados sus resultados. El reclamante obtuvo un puntaje de 796,29, insuficiente para aprobar el examen.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Dentro del t\u00e9rmino otorgado el actor recurri\u00f3 en reposici\u00f3n aquella determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Mediante acto administrativo No. CJRES 15-252 se confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En cumplimiento al fallo de tutela emitido el 1 de junio de 2016 por el Consejo de Estado, las accionadas publicaron los nuevos resultados de dicho examen, mediante la Resoluci\u00f3n No. CJRES 16-355, donde el concursante fue calificado con 799,47 puntos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El participante, impugn\u00f3 a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n aquel pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El 23 de agosto de 2016, el Consejo de Estado emiti\u00f3 sentencia aclaratoria a la orden de amparo referida en precedencia, para precisar que \u00ab\u2026Si el \u00fanico motivo de exclusi\u00f3n de preguntas de la prueba de conocimientos de la Convocatoria 22 fue el bajo \u00edndice de respuestas correctas, permanecer\u00e1n vigentes los puntajes que se asignaron a los concursantes en las resoluciones CJRES-15-20 y CJRES-15-252, del 12 de febrero y el 24 de septiembre de 2015, respectivamente. Por tanto, para el cumplimiento del fallo de tutela s\u00f3lo bastar\u00e1 que se expida una resoluci\u00f3n que informe esa situaci\u00f3n y en contra de la misma no proceder\u00e1 ning\u00fan recurso, puesto que tendr\u00eda la naturaleza de un acto de ejecuci\u00f3n, el cual no modificar\u00eda los puntajes asignados que ya fueron controvertidos mediante reposici\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En virtud de lo anterior, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. CJRES 16-488 de 28 de septiembre de 2016, se dej\u00f3 sin efecto la decisi\u00f3n que hab\u00eda incrementado el puntaje obtenido por el actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Con fundamento en la situaci\u00f3n descrita, el quejoso acude a este mecanismo constitucional, porque en su sentir, en su caso debe ser aplicada la orden de amparo inter comunis dictada por el Consejo de Estado e incluir la calificaci\u00f3n de las preguntas retiradas del examen y adicionarla al puntaje obtenido inicialmente, de tal manera que su resultado sea suficiente para pasar a la siguiente fase del concurso de m\u00e9ritos en el que se inscribi\u00f3. [Folios 2-4, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 31 de octubre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 17-19, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es procedente para cuestionar las decisiones adoptadas en desarrollo de un concurso de m\u00e9ritos, m\u00e1xime cuando el actor no acredita la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. De otra parte, adujo que esa entidad no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna al quejoso, en la medida en que su recurso de reposici\u00f3n fue debidamente resuelto mediante Resoluci\u00f3n No. CJRES15-252 y que el recurso contra el acto administrativo cuestionado \u2013 CJRES 16-355 de 2016 \u2013 no es procedente, por tratarse de un acto de ejecuci\u00f3n, emitido en cumplimiento a una orden judicial. [Folios 32-34, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Universidad de Pamplona puso de relieve la improcedencia de este mecanismo por la existencia de instrumentos judiciales id\u00f3neos. Adicionalmente, expuso que no hubo vulneraci\u00f3n a las prerrogativas fundamentales del tutelante, porque las decisiones cuestionadas, obedecen al cumplimiento de sentencias judiciales y por tanto, no son susceptibles de impugnaci\u00f3n alguna. [Folios 40-43, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia de 8 de noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Barranquilla neg\u00f3 el amparo tras concluir que no se ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna al reclamante y que, en todo caso, si \u00e9l estima que se han desconocido sus prerrogativas superiores, tiene a su alcance mecanismos judiciales id\u00f3neos para hacerlos valer ante los jueces naturales. [Folios 49-59, c.1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. Inconforme con la decisi\u00f3n, el peticionario del amparo la impugn\u00f3. Para soportar su disenso expuso tres t\u00f3picos puntuales, a saber: i) que en su caso, no se ha dado cumplimiento a la orden de amparo emitida por el Consejo de Estado en sentencia de tutela de junio 1\u00ba de 2016; ii) que la exclusi\u00f3n de algunas preguntas formuladas en la prueba de conocimientos aplicada el 7 de diciembre de 2014 dentro de la Convocatoria 22 para funcionarios judiciales, desconoce las garant\u00edas de aquellos concursantes que las contestaron acertadamente; y, iii) que los medios de control ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, no son id\u00f3neos para solventar el perjuicio irremediable que lo amenaza, porque el curso \u2013 concurso iniciar\u00e1 y acabar\u00e1, antes de que \u00e9l pueda obtener la protecci\u00f3n de sus derechos. [Folios 68-69, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando a trav\u00e9s del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica se cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario para que los particulares reclamaran la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, se parti\u00f3 del supuesto de que el titular del derecho no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb. A menos que la acci\u00f3n se utilizara como \u00abmecanismo transitorio\u00bb para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debe recordarse entonces que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad; pues s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho fundamental conculcado. As\u00ed, no se puede considerar la tutela como un mecanismo alternativo o adicional a favor del particular, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de otros derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, fij\u00f3 las causales de improcedencia, entre las que se resalta la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el presente caso, tanto en su libelo introductor, como en el escrito de impugnaci\u00f3n, el tutelante asegura que en su caso, no se ha dado cumplimiento al fallo de tutela con efectos inter comunis, emitido el pasado 1\u00ba de junio de 2016 por el Consejo de Estado, que orden\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026a la Universidad de Pamplona para que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, incluya nuevamente entre los \u00edtems calificables de la prueba de conocimientos de la Convocatoria 22 para el concurso de m\u00e9ritos en la Rama judicial, aquellos que fueron retirados de todos los ex\u00e1menes de todos los concursantes, por ausencia de posibilidad de respuesta, mala redacci\u00f3n, errores de ortograf\u00eda y ambig\u00fcedad, y sean incluidos nuevamente dentro del total de los \u00edtems calificables. Una vez se realice lo anterior, deber\u00e1n verificarse cu\u00e1les de ellos obtuvieron respuesta acertada, a efectos de construir las escalas est\u00e1ndar y proceder a la aplicaci\u00f3n de la f\u00f3rmula matem\u00e1tica que indica la t\u00e9cnica psicom\u00e9trica de calificaci\u00f3n empleada; con base en esto, deber\u00e1n recalificarse los ex\u00e1menes de todos los concursantes que presentaron la prueba de conocimientos dentro de la Convocatoria 22. La consolidaci\u00f3n de los puntajes finales y certificaci\u00f3n de las preguntas incluidas nuevamente deber\u00e1 ser remitida a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en un t\u00e9rmino de un mes contado a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9ste prove\u00eddo.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

y,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, emitir el acto administrativo de recalificaci\u00f3n de todos los participantes de la prueba de conocimientos, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia. Dicho acto deber\u00e1 ser notificado a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque, afirma el inconforme, basada en la sentencia aclaratoria dictada el 23 de agosto de 2016 por la misma Corporaci\u00f3n, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, mediante Resoluci\u00f3n No. CJRES16-488 del 28 de septiembre de 2016, dej\u00f3 sin efectos el acto administrativo por medio del cual se hab\u00eda recalificado su examen, cuando, asevera, la \u00faltima decisi\u00f3n, en manera alguna, revoc\u00f3 o modific\u00f3 la orden de amparo inicialmente proferida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde tal perspectiva, la Sala advierte que la solicitud de amparo no atiende el principio de subsidiariedad, pues el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el presente debate.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, si lo pretendido por el promotor del amparo es que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n en su caso a la orden de protecci\u00f3n dictada el 1\u00ba de junio de 2016 por el Consejo de Estado, porque, en su sentir la aclaraci\u00f3n de aquella fue interpretada de manera err\u00f3nea por las autoridades administrativas encargadas de la ejecuci\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos en el que se inscribi\u00f3 como aspirante al cargo de Juez Promiscuo Municipal, la v\u00eda id\u00f3nea para ello es el incidente de desacato establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, y no una nueva solicitud de protecci\u00f3n, dados los efectos inter comunis, de la orden cuyo obedecimiento se persigue.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, se ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(…) frente al incumplimiento de una orden impartida con ocasi\u00f3n de un fallo constitucional, procede el desacato, y no otra protecci\u00f3n de igual naturaleza, puesto que se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de \u00abraigambre constitucional\u00bb, m\u00e1xime cuando entrat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, esta solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para conocer los instrumentos jur\u00eddicos previstos para tal efecto. (CSJ STC, 2 jul. 2014, rad. 01204-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

E igualmente, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Las anteriores consideraciones dan cuenta de la improcedencia de la tutela, debido a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial con los que cuenta la parte accionante, para exponer los argumentos que en esta v\u00eda formula y que tienden a lograr el cumplimiento de la orden de recalificaci\u00f3n de su prueba de conocimientos, de acuerdo con las directrices impartidas por el Consejo de Estado en la acci\u00f3n de tutela radicada con el n\u00famero 2016-00294-01 y su providencia aclaratoria, pues, se itera, es el incidente de desacato el mecanismo id\u00f3neo para formular las alegaciones recogidas en el libelo introductor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En este sentido, carece de objeto que la Sala emita pronunciamiento alguno frente a la censura del impugnante contra las consideraciones expuestas por el A quo constitucional, sobre las razones que llevaron al retiro de algunos puntos del cuestionario aplicado a los concursantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ello, porque tal punto de debate ya fue dirimido en sede constitucional en un fallo que dict\u00f3 \u00f3rdenes dirigidas a proteger las garant\u00edas fundamentales de la promotora de aquel resguardo y de todos los dem\u00e1s participantes en la convocatoria, circunstancia que descarta de plano, la necesidad de volver sobre el mismo asunto, con independencia de que esta Sala comparta o no, las razones que dieron lugar a la prosperidad de la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que el fallo del Consejo de Estado al que se ha hecho alusi\u00f3n, zanj\u00f3 la controversia objeto de reproche y ser\u00e1 en aquel tr\u00e1mite que se determine si hay lugar a recalificar o no la prueba presentada por el tutelante, de acuerdo con los lineamientos se\u00f1alados tanto en dicha providencia, como en la que dispuso su aclaraci\u00f3n, previa activaci\u00f3n del mecanismo id\u00f3neo para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Con todo, para cuestionar la Resoluci\u00f3n No. CJRES 16-488 del 28 de septiembre de 2016, el reclamante cuenta con los medios de control establecidos para tal efecto por el legislador en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como la nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que, por su naturaleza eliminatoria, aquel defini\u00f3 su exclusi\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos y en esa medida es susceptible de aquella acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte Constitucional, al pronunciarse en un caso de similares caracter\u00edsticas, concretamente, frente a otro de los aspirantes a la convocatoria No. 22, puntualiz\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026en este caso y a diferencia de otros concursos de m\u00e9ritos, el proceso de selecci\u00f3n no se agota sencillamente con la aplicaci\u00f3n de pruebas de conocimientos, sino que agrega una etapa adicional, que con car\u00e1cter eliminatorio determina qu\u00e9 concursantes contin\u00faan en el proceso de selecci\u00f3n. Esta situaci\u00f3n lleva a concluir a la Sala que el acto administrativo que establece los resultados de la aplicaci\u00f3n de pruebas de conocimientos constituye un acto que define una situaci\u00f3n especial y sustancial dentro de la actuaci\u00f3n administrativa del concurso de m\u00e9ritos, pues determina quienes pasar\u00e1n a la etapa de curso-concurso, raz\u00f3n por la que no se trata de un simple acto de tr\u00e1mite o preparatorio.\u00bb (C.C. Sentencia T-836 de 2016)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que si el tutelante no ha agotado todos los recursos ordinarios con los que cuenta, no resulta dable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de un litigio que ha de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que est\u00e1 legalmente investido de la competencia para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver controversias como la presente, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. La Corte advierte, de otra parte, que la tutela no procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ello porque, dentro de los tr\u00e1mites a los que se ha hecho referencia, es posible reclamar eficazmente la protecci\u00f3n invocada, de ser procedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, ha de recordar el quejoso que al igual que esta acci\u00f3n, el incidente de desacato previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2951 de 1991, es de naturaleza constitucional y por tanto, goza de las caracter\u00edsticas de preferencia y celeridad necesarias para la protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en caso de hallarlas vulneradas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, al interior del tr\u00e1mite del mecanismo judicial mencionado, si a bien tiene el peticionario del amparo promoverlo, puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos cuestionados, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, la alegaci\u00f3n del inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelaras e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas. (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 2011-00201-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es m\u00e1s, la Sala no vislumbra la urgencia de la concesi\u00f3n del amparo invocado, dado que se observa que el quejoso no aprob\u00f3 la prueba de conocimientos necesaria para acceder a la siguiente fase del concurso, ni siquiera con la recalificaci\u00f3n del examen realizada mediante la Resoluci\u00f3n No. CJRES 16-355 del 25 de julio de 2016, donde obtuvo un puntaje de 799.47, cuando el m\u00ednimo para continuar en el proceso de selecci\u00f3n era de 800.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, ordenar, como lo pretende el libelista, que se d\u00e9 cumplimiento al fallo de tutela emanado el 1\u00ba de junio de 2016 por el Consejo de Estado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, en nada contribuir\u00eda a prevenir el alegado detrimento de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Consecuente con lo consignado, se confirmar\u00e1 el fallo que se revis\u00f3 por v\u00eda de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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       ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC149-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00581-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}