{"id":98707,"date":"2026-06-25T15:56:22","date_gmt":"2026-06-25T15:56:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc171-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:56:22","modified_gmt":"2026-06-25T15:56:22","slug":"stc171-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc171-2017\/","title":{"rendered":"STC171-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC171-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00201-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 16 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Heber Anthony S\u00e1enz Carrillo contra la Direcci\u00f3n de Sanidad Naval y el Establecimiento de Sanidad Militar del Batall\u00f3n ASPC N\u00b0 30 Guasimales de Norte de Santander.  <\/span><\/p>\n

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1.        ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa a la salud, presuntamente vulnerada por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Como sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que solicit\u00f3 ante el Establecimiento de Sanidad Militar del Batall\u00f3n ASPC N\u00b0 30 Guasimales Norte de Santander, la programaci\u00f3n de citas por \u201cotorrinolaringolog\u00eda, traumatolog\u00eda y ortopedia\u201d, en atenci\u00f3n a los quebrantos de salud padecidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Arguye que la mencionada entidad, concedi\u00f3 esos servicios mediante \u00f3rdenes m\u00e9dicas dirigidas a las Cl\u00ednicas \u201cOftalmol\u00f3gica Pe\u00f1aranda \u201c y \u201cMedical Duarte\u201d de la ciudad de C\u00facuta.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que los galenos especializados en esas \u00e1reas, le formularon lo siguiente: \u201cRNMDE hombro derecho; RX de columna lumbosacra; valoraci\u00f3n por Ortopedia, Neurocirug\u00eda y Fisiatr\u00eda; prueba de audici\u00f3n y control de resultados\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Argumenta haber requerido la autorizaci\u00f3n de dichos procedimientos al Batall\u00f3n querellado, pero \u201cfueron negad[o]s de manera verbal, aduciendo que no hay contrato vigente, con ninguna Entidad y\/o M\u00e9dico Especialista (\u2026) debiendo esperar las contrataciones del pr\u00f3ximo a\u00f1o\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Suplica el quejoso exhortar a los convocados a \u201cautorizar y expedir las \u00f3rdenes pertinentes\u201d para acceder a la prestaci\u00f3n de salud pretendida.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. El Batall\u00f3n ASPC N\u00b0 30 Guasimales manifest\u00f3 que el promotor no ostenta la calidad de \u201cbeneficiario del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda\u201d, por lo tanto, no puede recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica en los establecimientos de sanidad militar, siendo la Direcci\u00f3n de Sanidad Naval la encargada de prestar los servicios requeridos (fls. 24 a 25).  <\/span><\/p>\n

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b. La Direcci\u00f3n de Sanidad Naval solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del resguardo, alegando \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, por cuanto, no es de su competencia autorizar los procedimientos pretendidos por el actor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, arguy\u00f3 que el pasado 25 de agosto el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, neg\u00f3 un amparo constitucional con identidad de partes y hechos, incurriendo el gestor en temeridad (fls. 33 a 40).  <\/span><\/p>\n

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1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 la salvaguarda, al considerar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el aqu\u00ed accionante es sujeto de protecci\u00f3n constitucional por su situaci\u00f3n de especial sujeci\u00f3n ante la[s] entidades militares, como adem\u00e1s por sus condiciones de salud; incluso tambi\u00e9n por la necesidad de esos ex\u00e1menes para definir la viabilidad de la Junta M\u00e9dico Laboral solicitada y (\u2026) con base en ese dictamen, determinar si tiene o no derecho a alguna prestaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, dispuso:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Ord\u00e9nese por consecuencia al Director  de SANIDAD NAVAL y al Director de SANIDAD MILITAR DEL BATALL\u00d3N ASPC N\u00ba 30 \u201cGUASIMALES\u201d, cada uno en el \u00e1mbito de sus facultades y competencias, que en un t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas contados a partir del recibo de las respectivas comunicaciones, tanto coordinen sus actividades para que contin\u00fae sin interrupci\u00f3n la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos requeridos por el accionante   HEBER ANTHONY S\u00c1ENZ CARRILLO como para que, en ese mismo t\u00e9rmino, expidan y autoricen las \u00f3rdenes necesarias para que prontamente se practiquen los ex\u00e1menes que le fueran prescritos por los especialistas tratantes a fin de que, una vez realizados, sean remitidos tambi\u00e9n con presteza para la ulterior programaci\u00f3n de la solicitada Junta M\u00e9dica Laboral (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Frente al argumento de temeridad desestim\u00f3 su fundamento, por cuanto,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) se descart[\u00f3] de entrada la alegada identidad (\u2026) con solo tener en cuenta que existe un supuesto de hecho que bien puede calificarse de novedoso y por ende distinto; por supuesto que en esta nueva acci\u00f3n, el interesado puso de manifiesto que cumpli\u00f3 con solicitar esa asignaci\u00f3n de citas que otrora ech\u00f3 de menos el [juez de instancia] (\u2026)\u201d  (fls. 48 a 56).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el Batall\u00f3n ASPC N\u00b0 30 Guasimales recalcando que es imposible autorizar los servicios requeridos por el actor, en atenci\u00f3n a la calidad de \u201cinactivo\u201d que ostenta ante la entidad castrense. Adem\u00e1s refut\u00f3 la existencia de una \u201curgencia vital\u201d que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional (fls. 60 a 62).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Previo a abordar el estudio de esta queja, analizar\u00e1 la Sala si con este nuevo auxilio el interesado incurri\u00f3 en la temeridad prevista en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto se advierte que ya instaur\u00f3 una acci\u00f3n con base en supuestos similares.  <\/span><\/p>\n

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De las pruebas arrimadas al tr\u00e1mite, se evidencia:  <\/span><\/p>\n

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El gestor promovi\u00f3 el resguardo con radicaci\u00f3n N\u00b0 54001 \u2013 11 \u2013 02 \u2013 000 \u2013 2016 – 00563-00 asignado a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander; sin embargo, el amparo all\u00e1 pretendido difiere de \u00e9ste, pues si bien se ped\u00edan los servicios aqu\u00ed reclamados, el amparo fue denegado, por cuanto, aqu\u00e9llos aun no hab\u00edan sido solicitados al organismo tutelado1.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior, se vislumbra la ausencia de conducta \u201ctemeraria\u201d por el aqu\u00ed promotor, pues la primera acci\u00f3n vers\u00f3 sobre un supuesto f\u00e1ctico diferente al ahora expuesto, en particular, porque en ella no se hab\u00eda agotado el requerimiento de \u201casignaci\u00f3n de citas\u201d ante la autoridad encartada, situaci\u00f3n que en la presente salvaguarda fue superada desde un principio, pues de \u00e9stas provinieron los procedimientos m\u00e9dicos ac\u00e1 exigidos.  <\/span><\/p>\n

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2. Ahora bien, el derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como una garant\u00eda esencial aut\u00f3noma  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [que] tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas [pueden] acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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3. Recuerda esta Corte que trat\u00e1ndose de personas desvinculadas del servicio militar, la atenci\u00f3n m\u00e9dica debe proveerse hasta tanto se defina la situaci\u00f3n militar y de salud del recluta, una vez al interesado se le practique el examen m\u00e9dico de retiro contemplado en el art\u00edculo 8 del Decreto 1796 de 20003,  prueba a trav\u00e9s de la cual podr\u00e1 establecerse el origen de sus dolencias, y si hay lugar al reconocimiento de alg\u00fan tipo de prestaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con lo discurrido, esta Sala comparte lo concluido por la Corte Constitucional en sentencia T- 350 de 2010, acerca de la necesidad de realizar el examen m\u00e9dico de retiro a quienes se encuentren en servicio activo, indistintamente de si se trata de militares o conscriptos, a saber:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El art\u00edculo 8 del Decreto 1796 de 2000, consagra la obligaci\u00f3n de practicar un examen m\u00e9dico de retiro a todas aquellas personas que van a ser dadas de baja del servicio militar activo, con miras a determinar si las personas que cumplieron con la labor castrense, van a ser reintegradas a la vida civil en las \u00f3ptimas condiciones de salud con las que ingresaron, o en caso contrario, para determinar el tipo de asistencia m\u00e9dica, quir\u00fargica, hospitalaria y farmac\u00e9utica que requiera mientras se logra su recuperaci\u00f3n; obligaci\u00f3n que para el caso es (sic) cuesti\u00f3n reviste capital importancia ya que el accionante hab\u00eda sufrido una lesi\u00f3n durante el tiempo de servicio, y presumiblemente con ocasi\u00f3n del mismo, y se le hab\u00eda practicado una cirug\u00eda que gener\u00f3 secuelas debidamente diagnosticadas que persistieron despu\u00e9s del desacuartelamiento. Es esta omisi\u00f3n la que configura la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del demandante, ya que se le neg\u00f3 el derecho que tiene a que se le restablezca totalmente su salud, imperativo que, reiteramos, es responsabilidad de las Fuerzas Militares cuando un soldado en cumplimiento del servicio militar ha resultado lesionado durante la prestaci\u00f3n del mismo (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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4. Mientras se determina lo anterior, dimana la necesidad de garantizar la continuaci\u00f3n de la asistencia en salud requerida, evitando poner en riesgo la vida e integridad personal del petente de la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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Sobre dicho t\u00f3pico, memor\u00f3 la Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]os servicios de salud no pueden ser interrumpidos abruptamente, pues su continuidad asegura la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de las personas. Y efectivamente, se ha explicado que las EPS no pueden ni suspender el servicio ni desafiliar a personas unilateralmente, sin garantizarles el debido proceso, lo que tiene \u201cplena aplicaci\u00f3n tanto en el Sistema General de Seguridad Social como en los reg\u00edmenes especiales, pues los postulados del debido proceso no dependen de la pertenencia o no a un r\u00e9gimen en particular\u201d (Sentencia T-919 de 18 de septiembre de 2008) (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada, pues est\u00e1 demostrado con la historia cl\u00ednica del gestor, el padecimiento que presenta el cual ha mermado el movimiento de su columna, por ende la negativa a suministrarle los servicios m\u00e9dicos requeridos pone en verdadero riesgo sus derechos a la salud y dignidad humana, consignas suficientes para considerar la viabilidad del amparo constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1En dicho ruego se desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n del accionante porque \u201c(\u2026) el actor debe acudir al Establecimiento de Sanidad de Norte de Santander tal como lo indic\u00f3 el Comandante del Batall\u00f3n y solicitar la [asignaci\u00f3n de] su cita y en caso tal que el servicio sea negado, le informen por escrito las razones [del por qu\u00e9] (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2Corte Constitucional. Sentencia T-1036 de 2007, mencionada por \u00e9sta Sala en providencias de 22 de marzo de 2015, Rad. 003-01 y de 21 de agosto de 2015, Rad. 00533-01, entre otras.  <\/span><\/p>\n

3\u201c(\u2026) Por el cual se regula la evaluaci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica y de la disminuci\u00f3n de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensi\u00f3n por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza P\u00fablica (\u2026)\u201d \u201c(\u2026) Art. 8. Ex\u00e1menes para retiro. El examen para retiro tiene car\u00e1cter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad, siendo de car\u00e1cter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro de tal t\u00e9rmino, dicho examen se practicar\u00e1 en los Establecimientos de Sanidad Militar o de Polic\u00eda por cuenta del interesado. Los ex\u00e1menes m\u00e9dico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicof\u00edsica para retiro, as\u00ed como la correspondiente Junta M\u00e9dico-Laboral Militar o de Polic\u00eda, deben observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminaci\u00f3n. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional, Sentencia T 350 de 11 de mayo de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.  <\/span><\/p>\n

5CSJ STC 22 de junio de 2012, exp. 00857-01.    <\/span><\/p>\n

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