{"id":98709,"date":"2026-06-25T15:56:29","date_gmt":"2026-06-25T15:56:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc175-2017\/"},"modified":"2026-06-25T15:56:29","modified_gmt":"2026-06-25T15:56:29","slug":"stc175-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc175-2017\/","title":{"rendered":"STC175-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC175-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02054-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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1.        ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la defensa, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vulneradas por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene como base de su reclamo, en s\u00edntesis que el 15 de abril de 2013 se inici\u00f3 investigaci\u00f3n penal en su contra, por el delito de \u201chomicidio\u201d, en el cual el 2 de diciembre siguiente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carre\u00f1o emiti\u00f3 sentencia absolutoria.  <\/span><\/p>\n

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Comenta que el ente investigador, \u201cinterpuso apelaci\u00f3n\u201d contra el referido fallo, remiti\u00e9ndose las respectivas diligencias en junio del 2014 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, empero, tal mecanismo de impugnaci\u00f3n no ha sido resuelto.  <\/span><\/p>\n

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Considera conculcado su derecho al debido proceso, porque  \u201cno existe raz\u00f3n justificada\u201d para que el convocado se \u201csustraiga de proferir\u201d decisi\u00f3n de segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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3. Exige ordenar resolver la alusiva alzada.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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La corporaci\u00f3n encartada se opuso al ruego tuitivo, manifestando que la \u201cdemora para resolver el recurso\u201d, se origina en la \u201cenorme carga laboral\u201d presentada en ese despacho, pues en los dos \u00faltimos trimestre de este a\u00f1o, cuentan para resolver un total de \u201c(\u2026) 445 [actuaciones] de los cuales se pudo evacuar en el referido lapso 145 procesos (\u2026)\u201d (fl. 16 a 17).  <\/span><\/p>\n

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1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por encontrar excusable la mora enrostrada al acusado. Sobre ello, expuso:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el Tribunal justific\u00f3 debidamente las circunstancias por las cuales, pese a haberse superado el t\u00e9rmino para emitir la decisi\u00f3n de segunda instancia, no ha procedido a ello, a lo que se suma que el accionante no asumi\u00f3 la carga argumentativa que le correspond\u00eda a efecto de determinar la existencia de [un] perjuicio irremediable que haga procedente el amparo invocado (\u2026)\u201d (fls. 44 a 56).            <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor realzando los argumentos del libelo genitor, agregando que la falta de una decisi\u00f3n definitiva \u201c(\u2026) [afecta] abierta y directamente [sus] derecho[s] al buen nombre, dignidad humana, honra [e] igualdad (\u2026) por [cuanto], no ha [podido] ascender al grado de Dragoneante [gener\u00e1ndose as\u00ed] un perjuicio irremediable (\u2026) que perjudica [su] patrimonio econ\u00f3mico y el de [su familia] (\u2026)\u201d (fls. 74 a 79, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Miguel Canch\u00f3n P\u00e9rez reprocha la tardanza de la Corporaci\u00f3n convocada en desatar el recurso incoado frente al prove\u00eddo emitido el 2 de diciembre de 2013, por el cual fue \u201cabsuelto\u201d del delito endilgado en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Sobre la mora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAsimismo, ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso.  Se insiste, la   protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3. A la luz de lo se\u00f1alado, se concluye la improcedencia de esta salvaguarda, pues conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del funcionario acusado, lo cual no se vislumbra en este caso.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior porque el aspecto relacionado con la amplia carga laboral certificada por el Tribunal tutelado, quien a la fecha gestiona cerca de \u201c445 procesos\u201d \u201cde los cuales pudo evacuar \u201c145 actuaciones\u201d en los \u00faltimo \u201cdos trimestres\u201d; y el hecho de atender \u201c5 a 6 tutelas por d\u00eda\u201d, han generado el retraso objeto de ataque, cuestiones, todas ellas, no imputables al estrado querellado.  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, ata\u00f1edero a lo manifestado en el escrito impugnatorio por el promotor, acerca de la configuraci\u00f3n del perjuicio irremediable aduciendo su situaci\u00f3n laboral, familiar y econ\u00f3mica, tal argumentaci\u00f3n constituye un suceso nuevo que no fue puesto en conocimiento del juzgador constitucional de primer grado, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quien no tuvo la oportunidad de controvertirlo.   <\/span><\/p>\n

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Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corzo cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02.  <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01.    <\/span><\/p>\n

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