{"id":98713,"date":"2026-06-25T16:01:17","date_gmt":"2026-06-25T16:01:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc263-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:01:17","modified_gmt":"2026-06-25T16:01:17","slug":"stc263-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc263-2017\/","title":{"rendered":"STC263-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC263-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-001-2016-00275-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de noviembre de 2016 por la Sala de Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ruby Esther Hern\u00e1ndez Navas contra el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana (Cesar) y Carlos Enrique D\u00e1vila Rodr\u00edguez, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n\u2026 tomada por el [accionado]\u2026 en providencia de\u2026 13 de septiembre de 2016\u00bb (folios 1 a 12, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente y del escrito presentado, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Carlos Enrique D\u00e1vila Rodr\u00edguez promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra los herederos de Eduardo Torres Mart\u00ednez (q.e.p.d) y dem\u00e1s personas indeterminadas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Relat\u00f3 la actora que en su condici\u00f3n de heredera y c\u00f3nyuge sobreviviente se notific\u00f3 de la demanda, present\u00f3 escrito de excepciones, llamamiento en garant\u00eda e incidente de nulidad, \u00faltimo al considerar que exist\u00eda una indebida representaci\u00f3n de las partes, pues el poder aportado por el demandante era insuficiente, en su sentir, entre otros aspectos, aqu\u00e9l hab\u00eda sido otorgado \u00abpara darle inicio a un proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria y se utiliz\u00f3 para presentar[lo]\u2026 por prescripci\u00f3n ordinaria\u00bb, a m\u00e1s, no comprend\u00eda la formulaci\u00f3n del asunto \u00abcontra personas determinadas o indeterminadas\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. El 26 de julio de 2016 el Juzgado de conocimiento declar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la admisi\u00f3n de la demanda, al concluir que al poder criticado le faltaba la claridad aducida por la quejosa en el asunto, decisi\u00f3n apelada por el all\u00ed demandante.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El 13 de septiembre de 2016, en sede de alzada, el Juzgado Civil del Circuito de Chirigun\u00e1 (Cesar) revoc\u00f3 el prove\u00eddo impugnado argumentando que la nulidad denominada \u00abindebida representaci\u00f3n de las partes\u00bb solo operaba cuando hab\u00eda carencia total de poder para iniciar un proceso determinado, situaci\u00f3n que no se presentaba en el juicio censurado.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Agreg\u00f3 la quejosa que la decisi\u00f3n de la sede judicial encartada configur\u00f3 una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb pues aplic\u00f3 el contenido del art\u00edculo 140-7 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma que se encontraba derogada al momento de emitir la providencia acusada conforme la Ley 1564 de 2014, por lo que el Juzgado debi\u00f3 aplicar lo establecido en el art\u00edculo 133-4 del Estatuto General del Proceso que no aqu\u00e9lla disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguan\u00e1 (Cesar) rindi\u00f3 informe de los hechos, solicit\u00f3 denegar el amparo al considerar que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a las prerrogativas de primer grado alegadas y \u00abmenos a cargo de [ese] despacho\u00bb (folios 25 a 27, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 sostuvo que su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a derecho, destacando que \u00abla nulidad planteada s\u00f3lo pod[\u00eda] ser alegada por la persona afectada, esto es, la poderdante, por tanto dicha nulidad no debi\u00f3 siquiera ser admitida y por consiguiente la misma hubo de rechazarse de plano por el aquo, por falta de legitimaci\u00f3n\u2026 de conformidad con el art\u00edculo 135 del C.G.P.\u00bb (folios 41 a 42, cuaderno 1).     <\/span><\/p>\n

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1. Carlos Enrique D\u00e1vila Rodr\u00edguez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se refiri\u00f3 a los hechos de la acci\u00f3n tuitiva, adujo que las supuestas deficiencias del mandato conferido tambi\u00e9n fueron planteadas por la accionante como excepci\u00f3n de m\u00e9rito; agreg\u00f3 que respecto al art\u00edculo 140-7 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00e9ste \u00abtiene el mismo significado y alcance del art. 133, num. 4\u00ba, del C.G.P\u00bb (folios 44 a 46, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que, el auto cuestionado se apoy\u00f3 en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, diferente a lo manifestado por la quejosa, a m\u00e1s, tal decisi\u00f3n no fue arbitraria ni caprichosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que conforme al mandato 135 \u00eddem \u00abni siquiera la accionante constitucional estaba legitimada para alegar la nulidad que ahora pretende se declare por este preferente mecanismo\u00bb (folios 59 a 68, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando lo expuesto en el libelo genitor (folios 75 a 79, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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1. En el presente asunto la gestora pretende se declare que la decisi\u00f3n proferida el 13 de septiembre de 2016 por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 (Cesar), vulner\u00f3 su prerrogativa al debido proceso, en consecuencia, pide se disponga la nulidad del proceso de pertenencia N\u00ba 2015-00305, al considerar que se configura la causal de \u00abindebida representaci\u00f3n de las partes\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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1. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria.    <\/span><\/p>\n

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En efecto, respecto a la revocatoria del auto 26 de julio de 20161, dictado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguana, el estrado judicial encartado, luego de analizar el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, dijo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 [el] reconocido procesalista Hern\u00e1n Fabio Blanco [en] la interpretaci\u00f3n que hace de este numeral del mencionado art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, Edici\u00f3n 2016, p\u00e1gina 931\u2026 expresa: \u201cEsta causal se refiere al aspecto de la representaci\u00f3n tanto de la legal o sea aquella a la que est\u00e1n sometidos los incapaces, las personas jur\u00eddicas y los patrimonios aut\u00f3nomos, como de la judicial, a\u00fan cuando en este caso se configura tan solo por la carencia total de poder para el respectivo proceso, lo que de entrada ubica la circunstancia como de casi imposible estructuraci\u00f3n dado que requiere la \u201ccarencia total del poder\u201d y si as\u00ed sucede, simplemente no existe el acto de apoderamiento de manera que es sencillo determinar e impedir que intervenga como apoderado judicial quien carece de poder o al menos no lo acredita documentalmente al proceso, lo que deja a salvo la circunstancia de que se podr\u00e1 analizar esa intervenci\u00f3n desde la estrecha \u00f3ptica de la agencia oficiosa.  <\/span><\/p>\n

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Dado que la carencia total de poder configura la causal ser\u00eda injur\u00eddico invalidar la actuaci\u00f3n cuando \u00e9sta ha sido adelantada por abogado que tuvo poder, pero no amplio y suficiente para determinados aspectos, por ejemplo, solo se le facult\u00f3 para actuar en primera instancia y lo contin\u00fao haciendo en segunda\u201d. (Lo subrayado fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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Como quiera que en el presente asunto no se dio la llamada carencia total del poder, sino una eventual insuficiencia o falta de claridad en el poder otorgado al decir del togado de la parte demandada, no se configura dicha causal de nulidad de acuerdo al texto de la norma procedimental aludida y de la interpretaci\u00f3n que de la misma hace el tratadista trascrito, raz\u00f3n por la cual se revocar\u00e1 el auto objeto del presente recurso de apelaci\u00f3n y en su lugar se dispondr\u00e1 seguir con el tr\u00e1mite del proceso.   <\/span><\/p>\n

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1. Bajo ese contexto es evidente la improcedencia del amparo, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no resultan arbitrarios o caprichosos, toda vez que \u00e9stos obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente para el caso  concreto, esto es, el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el fallador encontr\u00f3 que la indebida representaci\u00f3n de las partes se configura ante la carencia total de poder para actuar dentro del proceso; situaci\u00f3n que resulta contraria al querer de la accionante, sin que su inconformidad, per se, resulte suficiente para el buen suceso de la acci\u00f3n de tutela.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aquel como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte reiteradamente ha expuesto que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (Fallo de 28 de marzo de 2012, Exp. T. No. 54001-22-13-000-2012-00022-01)\u00bb (CSJ STC, 21 oct. 2013, rad. 2013-00204-01; reiterado en STC3956-2015, 9 abr. 2015, rad. 2015-00037-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, la irregularidad aducida por la gestora referente a que en el asunto fustigado fue aplicado el art\u00edculo 140-7 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a pesar de encontrarse derogado, es inexistente, pues frente a ello basta decir de lo referido a espacio se vislumbra que el Juzgado accionado justific\u00f3 su decisi\u00f3n en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 133 del Estatuto General del Proceso que no en la disposici\u00f3n aludida inicialmente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 Prove\u00eddo de declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda inclusive dentro del proceso de pertenec\u00eda N\u00ba 2015-00305, al considerar configurada la causal de \u00abindebida representaci\u00f3n de las partes\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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       AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC263-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-001-2016-00275-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98713","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98713\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}