{"id":98717,"date":"2026-06-25T16:01:41","date_gmt":"2026-06-25T16:01:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc276-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:01:41","modified_gmt":"2026-06-25T16:01:41","slug":"stc276-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc276-2017\/","title":{"rendered":"STC276-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC276-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01988-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de noviembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Fabio Su\u00e1rez Londo\u00f1o contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, el que adujo conculcado por las autoridades encartadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, entonces, revocar las decisiones de 12 de mayo y 13 de agosto de 2015 proferidas por los despachos accionados y, en su lugar, se conceda \u00abla acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas [y]\u2026 [su] libertad inmediata por pena cumplida\u00bb (folios 1 a 11, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. El 19 de febrero de 2001 el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas condenando a Francisco Fabio Su\u00e1rez Londo\u00f1o a 26 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los homicidios que perpetr\u00f3 en hechos ocurridos el 15 de octubre de 1986 y 27 de agosto de 1990.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Por otra parte, el 10 de mayo de 2012 el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn acumul\u00f3 las sanciones impuestas al gestor por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado por hechos ocurridos el 25 de diciembre de 1989, fij\u00e1ndole una pena de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Se\u00f1al\u00f3 el quejoso que solicit\u00f3 la acumulaci\u00f3n de las condenas referidas a espacio ante el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira1, despacho que el 12 de mayo de 2015 deneg\u00f3 su petici\u00f3n, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal de Buga el 13 de agosto siguiente.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Indic\u00f3 que las prenotadas resoluciones vulneran su prerrogativa al debido proceso porque contienen una indebida interpretaci\u00f3n de las normas penales y la jurisprudencia aplicable al caso, ya que \u00abno se tuvo en cuenta la fecha de los hechos sino la fecha\u2026 de las sentencias\u00bb, pues, en su sentir, la norma aplicable a su petici\u00f3n, por favorabilidad,  era el decreto 2700 de 1991 y no la ley 600 de 2000, \u00faltima que contempla prohibiciones para la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica pretendida, restricciones que, aduce, no se encontraban en la primera norma.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira remiti\u00f3 copia de las actuaciones procesales criticadas (folio 55, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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2.         La Sala Penal del Tribunal Superior de Buga remiti\u00f3 copia del prove\u00eddo de 13 de agosto de 2015, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 12 de mayo anterior; e inform\u00f3 que el caso concreto se configuraron las prohibiciones contenidas en el art\u00edculo 470 de la Ley 600 de 2000 (folio 89, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo deneg\u00f3 el resguardo al advertir que las decisiones cuestionadas estaban ajustadas a derecho, pues se apoyaron en las disposiciones legales y jurisprudenciales sobre la materia, destacando que la ley 600 de 2000 es clara \u00abcuando se refiere que para que sea viable acumular jur\u00eddicamente las penas impuestas, los delitos no deben haberse cometido con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica instancia en cualquiera de los procesos y no debe tratarse de penas ya ejecutadas, sin que sea admisible modificar tales presupuestos con ocasi\u00f3n de la particular interpretaci\u00f3n que de la norma hace el accionante\u00bb  (folios 107 a 117, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando lo expuesto en el libelo introductor (folios 12 a 14, cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente caso el actor se queja del prove\u00eddo de 13 de agosto de 2015, proferido por el cuerpo colegiado criticado confirmando el de 12 de mayo de ese a\u00f1o, mediante el cual el Juzgado accionado neg\u00f3 la solicitud de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas elevada por el gestor.  <\/span><\/p>\n

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3.        Delimitado lo anterior, la Sala observa que el amparo deprecado no cumple el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre el momento en que el Tribunal confirm\u00f3 la negativa de la prenotada acumulaci\u00f3n, esto es, 13 de agosto de 2015, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -26 de octubre de 2016-, se super\u00f3 ampliamente el plazo de seis meses, fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional.   <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01)  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed las cosas, y comoquiera que el promotor no justific\u00f3 tal demora, como tampoco se evidencia en la acci\u00f3n tuitiva una justa causa frente al particular, se impone, entonces, confirmar la sentencia de primera instancia pero por los argumentos referidos a espacio.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Estrado Judicial que actualmente vigila la condena de Francisco Fabio Su\u00e1rez Londo\u00f1o.    <\/span><\/p>\n

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