{"id":98718,"date":"2026-06-25T16:01:44","date_gmt":"2026-06-25T16:01:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc277-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:01:44","modified_gmt":"2026-06-25T16:01:44","slug":"stc277-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc277-2017\/","title":{"rendered":"STC277-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC277-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Edison Alberto Pedreros Buitrago contra el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial,  reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no programar la subasta dentro del proceso ejecutivo (acumulado), que promovi\u00f3 en contra de Serefra Ltda.    <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta capital, \u00abfijar fecha para cumplir el remate del inmueble (\u2026) o remitir el proceso para el competente en caso de que \u00e9l no lo sea\u00bb (fl. 39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores, el 15 de agosto de 2012 se profiri\u00f3 sentencia ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y la venta en p\u00fablica subasta del bien embargado, el Despacho convocado desde aqu\u00e9lla calenda no ha fijado fecha para llevar a cabo el remate de \u00e9stos.   <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue aprobada, se aport\u00f3 en su momento el aval\u00fao catastral del predio cautelado, y se dio cumplimiento a requerimiento efectuado por la DIAN, el Juzgado ha fijado a\u00fan calenda para la almoneda.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala a pesar de que \u00abno [s]e opon[e] a que la copropiedad cobre su obligaci\u00f3n, (\u2026) dud[a]\u00bb que ese sea su inter\u00e9s, pues se ha valido de las medidas cautelares decretadas respecto del inmueble \u00aba fin de tener presionado al propietario que cada tanto realiza pagos parciales y luego con el nuevo mandamiento propone la excepci\u00f3n de pago parcial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que el deudor est\u00e1 utilizando el litigio como mecanismo \u00abpara defraudar a los acreedores\u00bb, y que contra las decisiones de la sede judicial criticada no dispone de otro mecanismo para la defensa de sus intereses, circunstancia que, asegura, hace viable la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela (fls. 37 a 41, Cit.).             <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El titular del Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, puntualiz\u00f3 en lo fundamental, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna al interesado, como quiera que  \u00abpor tratarse de demandas acumuladas en curso de forma previa a ser enviado el expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n, todas las actuaciones se deben encontrar en el mismo punto, quiere ello decir que la actuaci\u00f3n adelantada por la AGRUPACI\u00d3N DE VIVIENDA EL BALC\u00d3N DE LINDARAJA, tambi\u00e9n deb\u00eda contar con el auto que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb; actuaci\u00f3n que a\u00fan no se ha producido, en la medida que en uno de los juicios se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas, y en el otro se libr\u00f3 un nuevo mandamiento de pago en contra del deudor (fls. 49 a 51, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, tras considerar que la decisi\u00f3n censurada, esto es, la que neg\u00f3 la petici\u00f3n tendiente a la fijaci\u00f3n de fecha para la pr\u00e1ctica de la almoneda dentro del ejecutivo acumulado promovido por el actor, \u00abno denota quebranto alguno frente a las garant\u00edas constitucionales de la activa, tampoco se advierte que con ella el juez natural se hubiere apartado abruptamente de los lineamientos normativos que sobre la materia existen, pues tuvo sustent\u00f3 en la aplicaci\u00f3n que dicho funcionario judicial hiciera de los art\u00edculos 540, 541 y 158 del Estatuto Procedimental Civil, vigente para la \u00e9poca\u00bb (fls. 59 a 61, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando que el a quo constitucional se equivoc\u00f3 al \u00abconsidera[r] que el problema jur\u00eddico es si el auto que niega el remate est\u00e1 bien fundamentado, el verdadero problema no es ese, sino si la posibilidad de acumular demandas con el entonces vigente art\u00edculo 540 del C.P.C. es infinita (\u2026)\u00bb (fl. 68, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio, se observa que el accionante pretende que se ordene al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de este Distrito Capital, \u00abfijar fecha para cumplir el remate del inmueble (\u2026) o remitir el proceso para el competente en caso de que \u00e9l no lo sea\u00bb, dentro del proceso ejecutivo singular (acumulado) que \u00e9l promovi\u00f3 frente a Serefra Ltda., pues en su sentir, aunque ha transcurrido un tiempo considerable desde que se profiri\u00f3 sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, a\u00fan no se ha programado fecha y hora para el remate del bien materia de garant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, del examen de las pruebas adosadas al expediente y el informe presentado por la autoridad convocada, se revela con claridad la improsperidad de lo aqu\u00ed reclamado, pues tal y como lo puntualiz\u00f3 el a quo constitucional, el juez de la ejecuci\u00f3n criticada ha actuado en cumplimiento de la normatividad que rige los procesos acumulados, en especial, en lo que refiere a la suspensi\u00f3n del juicio que se encuentra m\u00e1s adelantando, esto es, el incoado por el aqu\u00ed accionante, hasta tanto no se adelanten las etapas procesales retrasadas en los otros juicios coercitivos que fueron acumulados a la controversia, en los cuales no se ha resuelto de fondo la instancia, todo ello con el fin de respetar las obligaciones reconocidas y el pago de las mismas con el remate de los inmuebles cautelados, ello en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 158, 540 y 541 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicables al asunto, raz\u00f3n por la cual no existe la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, pues actuar de otra manera, en efecto, no solo lesionar\u00eda las prerrogativas superiores del inconforme sino de la propiedad horizontal ejecutante y la sociedad ejecutada, en la medida que dar\u00eda lugar al pago de un cr\u00e9dito, sin que tuviere prelaci\u00f3n a los que tambi\u00e9n se persiguen, tal y como pasa a verse:   <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite permiten a la Sala verificar, que el se\u00f1or Edison Alberto Pedreros Buitrago \u2013aqu\u00ed interesado, present\u00f3 demanda en contra de la persona jur\u00eddica Serefra Ltda para el pago de las obligaciones derivadas del pagar\u00e9 No. 001 por valor de $50.000.000.oo, siendo librada la respectiva orden de apremio a su favor, el 23 de marzo de 2012, ordenando seguir all\u00ed seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el 15 de agosto siguiente (fls 20 y 21, cdno. 1), decisi\u00f3n que fue adicionada por el Superior mediante prove\u00eddo del 12 de septiembre de 2014 (fls. 22 a 32, Cit.); sin embargo, dicha demanda fue acumulada a la ejecuci\u00f3n instaurada por la Agrupaci\u00f3n de Vivienda El Balc\u00f3n de Lindajara Unidad Tres P.H. contra la citada compa\u00f1\u00eda, donde en sentencia del 10 de febrero de 2006, el juzgado del conocimiento, por entonces, el Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1, en sentencia del 10 de febrero de 2006 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y luego aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el aval\u00fao del inmueble cautelado.  <\/span><\/p>\n

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En esta etapa, la copropiedad present\u00f3 una nueva demanda acumulada, librando orden de apremio conforme a lo reclamado, donde la ejecutada propuso las excepciones de \u00abpago parcial\u00bb, \u00abcobro indebido de intereses\u00bb y \u00abfalta de claridad del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, abriendo a pruebas el proceso a finales del a\u00f1o 2014.  <\/span><\/p>\n

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4.   De este modo, como el actuar del funcionario judicial accionado ha estado enmarcado dentro de la legalidad,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados\u00bb (citado entre otras, en CSJ STC16302-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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