{"id":98720,"date":"2026-06-25T16:01:56","date_gmt":"2026-06-25T16:01:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc279-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:01:56","modified_gmt":"2026-06-25T16:01:56","slug":"stc279-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc279-2017\/","title":{"rendered":"STC279-2017"},"content":{"rendered":"

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC279-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02503-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Mej\u00eda Vanegas contra el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto compulsivo iniciado por el aqu\u00ed actor frente a Patricia Barrag\u00e1n.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El actor reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como fundamento de su reparo, manifiesta que en 1995 inici\u00f3 el litigio materia de censura para obtener el pago de su acreencia, decurso donde tras emitirse la sentencia con la cual se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se fij\u00f3 fecha para remate en el a\u00f1o 2006.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que esa diligencia no logr\u00f3 surtirse porque el inmueble perseguido ten\u00eda otros embargos por cuenta de juicios coactivos impulsados por la DIAN.  <\/span><\/p>\n

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En el 2009, luego de advertir que esa entidad p\u00fablica tampoco iba a licitar el bien, le pregunt\u00f3 al entonces titular del juzgado cognoscente que si \u00e9l podr\u00eda cancelar las deudas del predio para conseguir la continuidad del tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que ese funcionario le contest\u00f3 afirmativamente y por ello sufrag\u00f3 el impuesto predial de la heredad causado entre el 2000 y el 2008, as\u00ed como el gravamen de valorizaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Gracias a esa gesti\u00f3n los embargos se levantaron, permitiendo que el estrado querellado ordenara la subasta del citado predio, lo cual ocurri\u00f3 el 10 de mayo de 2016.  <\/span><\/p>\n

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En prove\u00eddo del d\u00eda 24 de los mismos se aprob\u00f3 la almoneda; no obstante, se desestim\u00f3 la devoluci\u00f3n de los dineros pagados para sanear las acreencias del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Aunque formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, el primer remedio se despach\u00f3 negativamente el 8 de julio siguiente y el segundo no se concedi\u00f3, determinaci\u00f3n, esta \u00faltima, recurrida sin \u00e9xito mediante queja, pues el Tribunal declar\u00f3 bien denegada la alzada.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que a pesar de agotar todos los medios de defensa a su alcance, no ha logrado la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito objeto de recaudo.  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque los secuestres de la heredad dejaron viviendo en ella, a t\u00edtulo gratuito, a Blanca Cecilia Ortega S\u00e1nchez, quien ahora dice ser la due\u00f1a y ya impuls\u00f3 un asunto de pertenencia donde el aqu\u00ed actor ha intervenido.  <\/span><\/p>\n

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Acota que la funcionaria querellada desconoci\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) disposiciones civiles que regulan la compraventa, especialmente aquellas que establecen las obligaciones del tradente como lo son la entrega o tradici\u00f3n, el saneamiento y el asumir los costos que se \u2018hubieren para poner la cosa en disposici\u00f3n de entregarla\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, no tuvo en cuenta el criterio de las Altas Cortes en torno a la procedencia de sufragarle a los rematantes los dineros cancelados por ellos para pagar las acreencias del predio subastado (fls. 58 al 63, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, por tanto, \u201c(\u2026) la devoluci\u00f3n de las sumas de dinero que cancel[\u00f3] por concepto de IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACI\u00d3N (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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1.1.        Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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La autoridad enjuiciada se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque no lesion\u00f3 las prerrogativas del actor, pues neg\u00f3 la restituci\u00f3n de los montos pretendidos por aqu\u00e9l  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) correspondientes al pago de los impuestos del a\u00f1o 2000 al 2016 (\u2026), de un lado (\u2026) [por] la interpretaci\u00f3n del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, como quiera que no todos los recibos de pago adosados corresponden al inmueble objeto de subasta y, de otro, los pagos que s\u00ed guardan relaci\u00f3n con el bien (\u2026) fueron efectuados con anterioridad a la fecha en que se llev\u00f3 a cabo (\u2026) [el] remate, sin que se observe en el expediente que el rematante se encontrara autorizado de manera previa para ese prop\u00f3sito, decisi\u00f3n que aunque fue objeto de recurso[s] (\u2026) se mantuvo inc\u00f3lume en prove\u00eddo de 8 de julio del a\u00f1o que avanza (\u2026)\u201d (fls. 95 y 96, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque no hall\u00f3 irregularidad en la gesti\u00f3n confutada. Anot\u00f3 que tras revisar los recibos aportados por el tutelante en el pleito reprochado, conclu\u00eda que no pod\u00eda establecerse en todos los pagos qui\u00e9n los hizo y, adem\u00e1s, \u00e9stos se realizaron antes del remate. Acot\u00f3 que seg\u00fan las normas tributarias  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) s\u00f3lo hasta la adjudicaci\u00f3n por remate pod\u00eda legalmente el accionante declarar y pagar el correspondiente impuesto predial, lo cual resulta conforme a lo reglado en el art. 455, num. 7 CGP (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que el censor contaba con otro mecanismo, \u201c(\u2026) ya que por virtud de la subrogaci\u00f3n que en principio pudo operar, [puede] (\u2026) emprender las acciones pertinentes en calidad de nuevo acreedor contra la anterior titular del apartamento (\u2026)\u201d (fls. 107 al 111, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.3.        La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 con argumentos similares a los esgrimidos en el libelo introductor. Insisti\u00f3 en el agotamiento de todos los medios de defensa a su alcance para obtener el reembolso de los impuestos sufragados y destac\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n, en otros decursos constitucionales, aval\u00f3 la devoluci\u00f3n de los dineros sufragados por los rematantes para el saneamiento de la heredad (fls. 129 al 135, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Delanteramente se destaca la inviabilidad de la protecci\u00f3n exigida para el reconocimiento y cancelaci\u00f3n de prestaciones dinerarias, pues este amparo   <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) ha sido consagrad[o] constitucionalmente y desarrollad[o] legalmente, como un mecanismo que tiene como fin la protecci\u00f3n de derechos fundamentales vulnerados o amenazados y no para solucionar aspectos de otra \u00edndole como los de origen econ\u00f3mico, salvo aquellos casos, en los que del cumplimiento de esa obligaci\u00f3n, depende la salvaguarda directa de un derecho de car\u00e1cter fundamental. Por fuera de este supuesto excepcional, el pago de cualquier obligaci\u00f3n econ\u00f3mica debe ventilarse ante la autoridades constituidas para ello, pues el juez constitucional no puede invadir espacios que no le corresponden (sentencia T-951 de 2005) (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, resulta evidente el fracaso del presente resguardo, pues el gestor busca, en estrictez, la restituci\u00f3n de sumas de dineros, cuesti\u00f3n que como se indic\u00f3 es ajena a esta jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, como lo expuso el Tribunal, si el petente tiene fehacientemente acreditado el pago de las deudas del bien antes de la subasta, al haberse subrogado en las obligaciones de la due\u00f1a inicial de esa heredad, puede iniciar contra \u00e9sta las acciones ordinarias del caso para obtener la devoluci\u00f3n de tales montos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Aunado a lo descrito, revisadas las pruebas adosadas, se colige el fracaso de la salvaguarda reclamada, por cuanto no se halla arbitrariedad en el proceder de la autoridad fustigada.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, respecto del reintegro al tutelante de lo pagado por los conceptos de impuesto predial y valorizaci\u00f3n, se constata que la funcionaria enjuiciada efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n prudente del ordenamiento jur\u00eddico y de la situaci\u00f3n puesta a bajo su conocimiento, sin que de ello se desprenda manifiestamente la v\u00eda de hecho enrostrada.  <\/span><\/p>\n

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Esa juzgadora, en auto de 24 de mayo de 2016 resolvi\u00f3, particularmente, no acceder  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) a la devoluci\u00f3n de dineros correspondientes al pago de los impuestos del a\u00f1o 2000 al 2016 del inmueble rematado (\u2026), como quiera que, de un lado, no todos los recibos de pago adosados corresponden al inmueble objeto de subasta (\u2026) y, de otro, los pagos que s\u00ed guardan relaci\u00f3n con el bien objeto de adjudicaci\u00f3n fueron efectuados con anterioridad a la fecha en que se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate (\u2026), sin que se observe en el expediente que el rematante se encontrara autorizado de manera previa para ese prop\u00f3sito (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Impugnada esa decisi\u00f3n, con argumentos an\u00e1logos a los expresados en esta acci\u00f3n, esa falladora mantuvo su determinaci\u00f3n porque  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) como se se\u00f1al\u00f3 en el prove\u00eddo objeto de censura, no todos los gastos contentivos en recibos de pago, allegados por [el] recurrente, corresponden al inmueble que fue rematado. Obs\u00e9rvese que se aportaron recibos correspondientes a un folio de matr\u00edcula distinto del inmueble adjudicado (50N- 880419), de ah\u00ed que no sea viable reconocer dichos emolumentos pues, bajo la interpretaci\u00f3n del numeral 7 del art\u00edculo 455 del CGP, los impuestos, servicios p\u00fablicos y gastos de administraci\u00f3n, corresponden a los erogados por el bien rematado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [Adem\u00e1s,] los pagos correspondientes a los impuestos del bien objeto de almoneda fueron efectuados con bastante anterioridad a la fecha de la misma. Obs\u00e9rvese que se aportaron recibos de pago cancelados entre los a\u00f1os 2011 a 2015, cuando a\u00fan no se le hab\u00eda adjudicado el bien a la parte actora, debido a que ello se efectu\u00f3 en la diligencia de remate del 10 de mayo de 2016, adem\u00e1s, que no existe certeza que dichos emolumentos hayan sido cancelados por el adjudicatario, circunstancia que en s\u00ed misma considerada impide atender su solicitud (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cY si bien la norma no estipula una autorizaci\u00f3n previa para efectuar los pagos, s\u00f3lo es en virtud de la realizaci\u00f3n de la subasta, que el comprador puede solicitar la entrega o la devoluci\u00f3n de los tributos que cancel\u00f3 por el bien objeto de puja, conforme con la normatividad anteriormente mencionada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        Las anteriores disquisiciones no contienen irregularidad lesiva de prerrogativas constitucionales, pues adem\u00e1s de no estar absolutamente acreditado que todos los pagos aducidos por el gestor fueron realizados por \u00e9l mismo, la norma aplicable \u2013Num\u00b0 7, art. 455 del CGP-, como lo anunci\u00f3 la falladora atacada, se refiere a la procedencia de reembolsar lo cancelado por el rematante, lo cual impone que quien paga ya tenga dicha calidad; no obstante, cuando el censor presuntamente sufrag\u00f3 lo adeudado por el bien, a\u00fan no fung\u00eda como adjudicatario de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, aunque pudiera no compartirse \u00edntegramente el criterio comentado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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4.        Resta destacar que los criterios jurisprudenciales aducidos por el solicitante no son aplicables a su situaci\u00f3n, pues adem\u00e1s de referirse a decisiones de tutela con efectos inter partes, en tales asuntos se accedi\u00f3 al amparo de quienes sufragaron los gastos del predio luego de su remate y para obtener su aprobaci\u00f3n y no antes de esa diligencia como ocurri\u00f3 en el litigio ahora reprochado.  <\/span><\/p>\n

5.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 25 de agosto de 2016, exp. 11001-22-10-000-2016-00307-01.  <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

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    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC279-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02503-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98720","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98720","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98720"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98720\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}