{"id":98721,"date":"2026-06-25T16:02:06","date_gmt":"2026-06-25T16:02:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc280-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:02:06","modified_gmt":"2026-06-25T16:02:06","slug":"stc280-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc280-2017\/","title":{"rendered":"STC280-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC280-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la tutela promovida por Jairo \u00c1lvarez Montoya contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Procuradur\u00eda 17 Judicial II Administrativa de Cundinamarca, la Coordinaci\u00f3n Administrativa de la Procuradur\u00eda Regional de Santander, la Divisi\u00f3n de la Gesti\u00f3n Humana, el Grupo de Afiliaciones y Aportes a la Seguridad Social y la Oficina Jur\u00eddica de la misma entidad.  <\/span><\/p>\n

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1.        ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El interesado solicita la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, presuntamente vulnerado por la autoridad cuestionada.  <\/span><\/p>\n

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2. El sustrato f\u00e1ctico, fundamento del amparo, tal y como consta en el libelo introductorio y en las dem\u00e1s piezas procesales, es posible compendiarlo as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Mediante Decreto 4139 de octubre 17 de 2014 se mand\u00f3 separar del cargo de sustanciador de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n al aqu\u00ed accionante, luego de haber cumplido la edad de retiro forzoso; acto administrativo que se hizo efectivo a partir del 19 de abril del a\u00f1o posterior (fl. 14).  <\/span><\/p>\n

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2.2. La desvinculaci\u00f3n se concret\u00f3 pese a que la Secretar\u00eda General de la entidad hab\u00eda conceptuado que, desde el a\u00f1o 2011, padec\u00eda el petente de c\u00e1ncer.  <\/span><\/p>\n

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2.3. La Corte Constitucional, en sentencia T-376 de 2016, orden\u00f3 el reintegro por un mes del promotor, para que durante dicho lapso manifestase el deseo de acogerse a la Indemnizaci\u00f3n Sustitutiva de la Pensi\u00f3n ISP o a seguir cotizando para pensi\u00f3n por cuenta propia.  <\/span><\/p>\n

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2.4. La reincorporaci\u00f3n, decretada por el citado \u00f3rgano judicial, se materializ\u00f3 el 10 de octubre de 2016 y se posterg\u00f3 hasta el 11 de noviembre (fl. 12). Al expirar dicho t\u00e9rmino, le informaron, deb\u00eda retirarse definitivamente de la instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Con soporte en lo narrado, el quejoso solicita se le permita continuar ejerciendo las funciones que se encuentra desempe\u00f1ando; manifestando, adem\u00e1s, que su desvinculaci\u00f3n le acarrear\u00e1 la interrupci\u00f3n de los tratamientos m\u00e9dicos para enfrentar el c\u00e1ncer.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados y de los       vinculados  <\/span><\/p>\n

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Tanto las accionadas como los vinculados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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Jairo \u00c1lvarez Montoya impugn\u00f3 el fallo (fl. 54).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. El auxilio se concreta en determinar si la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, al desvincular del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso al se\u00f1or Jairo \u00c1lvarez Montoya, desconoci\u00f3 sus prerrogativas constitucionales, en particular, porque se encuentra en una apremiante situaci\u00f3n de salud y su desvinculaci\u00f3n de la entidad le perjudicar\u00e1 en ese sentido.  <\/span><\/p>\n

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2. No se dar\u00e1 curso a la temeridad, pues si bien el tutelante inco\u00f3 en otra oportunidad amparo similar a \u00e9ste, no menos cierto es, la ratio decidendi citada por el Tribunal constituye hecho distinto al aqu\u00ed ventilado; en efecto, en pleito anterior, la revisi\u00f3n de la Corte Constitucional que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n del fallo T-376 de 2016 tuvo oportunidad de referirse al reintegro del quejoso, pero no a su permanencia en el cargo dadas sus condiciones de salud, asunto que en esta sede se debate y conduce las pretensiones del actor.  <\/span><\/p>\n

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3. Revisadas las actuaciones, se constata que el interesado cuestiona dos decisiones proferidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n: (i) el Decreto 4139 del 17 de octubre de 2014, mediante el cual se le separ\u00f3 de sus funciones; y (ii) el Decreto 4948 del 4948, que orden\u00f3  la reincorporaci\u00f3n durante el t\u00e9rmino de un mes.  <\/span><\/p>\n

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La salvaguarda no sale avante, respecto de lo primero, por la pot\u00edsima raz\u00f3n consistente en que el accionante, teniendo la posibilidad de cuestionar el acto ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, no despleg\u00f3 conducta alguna en tal sentido. As\u00ed, dilapid\u00f3 las oportunidades contempladas en el ordenamiento jur\u00eddico y esa negligencia es suficiente para desestimar la queja elevada.  <\/span><\/p>\n

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Similar suerte corre la censura esgrimida en relaci\u00f3n con el segundo punto pues, frente a \u00e9l, el interesado a\u00fan puede, en caso de encontrarse en desacuerdo con las determinaciones adoptadas, acudir ante el juez natural en aras de debatir la legalidad de las actuaciones del ente administrativo.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, y como se avizor\u00f3, el querellante, frente a la resoluci\u00f3n objetada, tiene la posibilidad de impugnarle a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el precepto 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026.) [I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, el ruego tuitivo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque frente al acto administrativo censurado debe agotarse el instrumento judicial rese\u00f1ado, pues este mecanismo excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los instrumentos ordinarios o extraordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Como se advirti\u00f3, existe una acci\u00f3n judicial eficaz e id\u00f3nea para salvaguardar las garant\u00edas invocadas como quebrantadas, a la cual debe acudirse directamente, porque al ser el Decreto objeto de reproche proferido por el Procurador General de la Naci\u00f3n, contra \u00e9ste no procede recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

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4. Debe a\u00f1adirse que, en el eventual decurso del proceso contencioso administrativo, se puede implorar la suspensi\u00f3n del pronunciamiento censurado, a fin de conjurar un eventual perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensi\u00f3n provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisi\u00f3n de la demanda (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [Q]ue la suspensi\u00f3n provisional es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acci\u00f3n de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado- (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]o que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensi\u00f3n provisional, ha sido ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisi\u00f3n misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la administraci\u00f3n (\u2026)1.  <\/span><\/p>\n

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5. Al margen de lo discurrido, debe decirse que a pesar de ser el actor persona aquejada de padecimientos de salud, no se advierte una situaci\u00f3n actual, inminente y urgente de peligro que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no demostr\u00f3 afectaci\u00f3n de su min\u00edmo vital o que, por obra de la resoluci\u00f3n objetada, est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [n]o cabe este amparo en la modalidad de transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque no se demostraron las circunstancias necesarias para concederlo en esos t\u00e9rminos, es decir, no existe prueba de que el denunciante est\u00e1 imposibilitado absolutamente para trabajar y que carece de elementos para solventar sus necesidades (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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A lo trasuntado se a\u00f1ade que el impulsor del libelo puede, a\u00fan siendo retirado en raz\u00f3n de su edad, afiliarse al r\u00e9gimen subsidiado, raz\u00f3n por la cual seguir\u00e1 teniendo derecho, como cualquier ciudadano, a los tratamientos m\u00e9dicos que requiera.  <\/span><\/p>\n

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6. Se impone ratificar el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por Secretar\u00eda, env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s fotocopias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

                    NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. Rad. 2013-00180-01, reiterado en STC. 17 Jul. 2013-00118-01.  <\/span><\/p>\n

2CSJ STC 3 de agosto de 2012, exp.00071-01, citada el 3 de octubre de 2012, exp. 00131-01.  <\/span><\/p>\n

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