{"id":98726,"date":"2026-06-25T16:02:32","date_gmt":"2026-06-25T16:02:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc290-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:02:32","modified_gmt":"2026-06-25T16:02:32","slug":"stc290-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc290-2017\/","title":{"rendered":"STC290-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC290-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2016-03680-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de amparo promovida por Oscar Fernando Guti\u00e9rrez Rueda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la sentencia que tras denegar las pretensiones de la demanda principal, accedi\u00f3 a las de la demanda de reconvenci\u00f3n, y su confirmaci\u00f3n por el Superior, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 en contra de la se\u00f1ora Zonia Eddy Sanabria, como quiera que result\u00f3 c\u00f3nyuge culpable.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, concretamente, que se ordene a las autoridades judiciales convocadas, \u00abREVOCAR LOS NUMERALES OCTAVO, NOVENO Y D\u00c9CIMO del fallo calendado 24 de noviembre de 2015 (\u2026) confirmado (\u2026) en sentencia del 17 de mayo de 2016\u00bb, para que en su lugar, i) sea eximido de la cuota alimentaria fijada a favor de su ex c\u00f3nyuge, y ii) que la suma establecida por concepto de alimentos a favor de sus menores hijos, sea atendida por ambos padres en proporci\u00f3n del 50% cada uno (fls. 70 y anverso).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en compendio, que en el a\u00f1o 2014 formul\u00f3 demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico contra la referida se\u00f1ora Sanabria Benavides, \u00abpor las causales prescritas en los numerales 1, 2, 3 y 8 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 6 de la Ley 25 de 1992\u00bb; que una vez notificada \u00e9sta, contest\u00f3 el libelo y present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, aportando como pruebas documentales \u00abuna serie de fotograf\u00edas, [que] pese a no tener valor probatorio, seg\u00fan lo dispone la jurisprudencia del Consejo de Estado (\u2026) as\u00ed como (\u2026) la Ley 906 de 2004 (\u2026) fueron valoradas por los jueces que conocieron del caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que \u00abdebido a los diversos inconvenientes que h[a] debido afrentar por [su] separaci\u00f3n\u00bb, y a que no logr\u00f3 demostrar dentro del mentado asunto que su ex c\u00f3nyuge le fue infiel, \u00abse vi[o] obligado a (\u2026) suscribir un contrato de transacci\u00f3n fechado 20 de agosto de 2016\u00bb para cancelar una deuda que se encontraba vigente con el se\u00f1or Ricardo Sanabria Benavides, hermano de aqu\u00e9lla, mediante el cual entreg\u00f3 \u00absu \u00fanico patrimonio, cual era la casa ubicada en el municipio de Ch\u00eda (Cundinamarca), avaluada en $554\u2019390.026,92, para supuestamente cancelar la deuda adquirida dentro de la sociedad conyugal\u00bb, hecho que termin\u00f3 de agravar su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, y fue pasado por alto por las autoridades jurisdiccionales criticadas.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que si bien su ex esposa desde hac\u00eda varios a\u00f1os no laboraba, pues fue \u00e9l quien siempre mantuvo el hogar, luego de la separaci\u00f3n otra fue su suerte, pues ella logr\u00f3 ingresar a laborar a la sociedad Carvajal Constructores y Asociados S.A.S., situaci\u00f3n que tampoco qued\u00f3 demostrada dentro del litigio, ante la imposibilidad de conseguir los medios de convicci\u00f3n relativos a ese alegato, pues, dice, el propietario de tal empresa es \u00abamigo personal [de \u00e9sta]\u00bb, por lo que se neg\u00f3 a expedir la respectiva certificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente aduce, que pese a que sus apoderados judiciales argumentaron en su defensa que su ex esposa \u00abNO TIENE, NI HA TENIDO NINGUNA LIMITACION FISICA QUE LE IMPIDA LABORAR\u00bb, y que por tal, no exist\u00eda lugar a la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria a su favor y est\u00e1 en capacidad de asumir la mitad de los gastos de sus dos hijos, en ambas instancias judiciales las respectivas autoridades hicieron caso omiso de tal situaci\u00f3n, lo que sumado a lo antes esbozado, vulnera a todas luces sus garant\u00edas ius fundamentales (fls. 64 a 74).  <\/span><\/p>\n

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3.        Por auto de 11 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; as\u00ed mismo ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias, debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso bajo estudio advierte la Sala, que lo que pretende el se\u00f1or Guti\u00e9rrez Rueda a trav\u00e9s del presente mecanismo especial, es obtener la revocatoria de las determinaciones de fondo que en ambas instancias se profirieron dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que \u00e9l promovi\u00f3 en contra de Zonia Eddy Sanabria, pues en su sentir, los jueces que conocieron del mismo coincidieron en una decisi\u00f3n que a su juicio es injusta, pues por falta de valoraci\u00f3n de las pruebas militantes en el mismo, resulto all\u00ed vencido.  <\/span><\/p>\n

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4.   Sin embargo, lo que revelan los elementos de persuasi\u00f3n allegados al expediente, es que no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad la presente acci\u00f3n de tutela, por cuanto no solo se incumple con el presupuesto de la inmediatez, sino que lo resuelto por la autoridad judicial criticada lejos est\u00e1 de lucir arbitrario o antojadizo, tal y como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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4.1.   En efecto, como qued\u00f3 visto en los antecedentes, la \u00faltima de las decisiones atacadas data del 17 de mayo de 2016, mientras que la salvaguarda s\u00f3lo se invoc\u00f3 hasta el 19 de diciembre de los corrientes (fl. 75), de manera que ahora se pretende criticar una providencia judicial dictada hace m\u00e1s de siete (7) meses, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez caracter\u00edstico de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque las disposiciones que disciplinan el amparo constitucional no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, atinentes a la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que los interesados act\u00faen tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se observa, por tanto, que la pretensi\u00f3n de tutela no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo desde que la \u00faltima de las decisiones debatidas, cuesti\u00f3n que pone de relieve la tardanza del querellante y denota el quebranto del requisito b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en STC13409-2016).  <\/span><\/p>\n

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       4.2.   Y aun cuando bastar\u00eda el anterior criterio para concluir la improcedencia del amparo inquirido, no escapa a la atenci\u00f3n de la Sala, adem\u00e1s, que las mentadas decisiones de las que se duele el gestor de la salvaguarda, no pueden calificarse de absurdas o caprichosas. N\u00f3tese que acerca del punto central de la censura esbozada por el accionante, relacionada con la cuota alimentaria fijada a favor de la reconveniente, advirti\u00f3 la colegiatura encartada lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[o]tra dolama del recurrente contra la sentencia es que se hayan fijado alimentos en favor de su ex c\u00f3nyuge en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo legal vigente, teniendo como premisas su inocencia y condici\u00f3n de mujer desempleada, que tiene una dedicaci\u00f3n exclusiva a la atenci\u00f3n de sus hijos.  <\/span><\/p>\n

       (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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       Conforme a esta decisi\u00f3n constitucional que tiene franco respaldo en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, puede afirmarse que para la viabilidad de una pretensi\u00f3n de condena al pago de alimentos al c\u00f3nyuge inocente se requiere y reclama la confluencia de los siguientes elementos:  <\/span><\/p>\n

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* Existencia de una norma jur\u00eddica que permita el reclamo de alimentos.  <\/span><\/p>\n

* Petici\u00f3n por parte del c\u00f3nyuge inocente, bien a trav\u00e9s de demanda, demanda de reconvenci\u00f3n o de petici\u00f3n especial dentro del proceso de divorcio.  <\/span><\/p>\n

* Demostraci\u00f3n de la culpa del quiebre de la relaci\u00f3n matrimonial en el c\u00f3nyuge frente a quien se le reclaman alimentos.  <\/span><\/p>\n

* Capacidad econ\u00f3mica del obligado al pago de alimentos, es decir, que tenga los medios econ\u00f3micos para proporcionarlos; y,  <\/span><\/p>\n

* Que el peticionario de los alimentos carezca de bienes o recursos para procur\u00e1rselos.    <\/span><\/p>\n

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De cara al asunto que entretiene a la Sala, se encuentra que est\u00e1n acreditados esos elementos: (i) el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil permite ese pedimento, (ii) el mismo se hizo en el texto de la demanda de reconvenci\u00f3n, (iii) es innegable que el se\u00f1or OSCAR FERNANDO GUTIERREZ RUEDA es el culpable del quiebre de la relaci\u00f3n matrimonial, como que fue probada su relaci\u00f3n sexual extramatrimonial incurriendo en la causal 1\u00aa de divorcio consagrada en el art\u00edculo 154 del C.C., (iv) no hay prueba que afirme incapacidad econ\u00f3mica del obligado a suministrarlos y (v) para la hora de ahora, est\u00e1 probado que la se\u00f1ora SANABRIA BENAVIDEZ no tiene una situaci\u00f3n econ\u00f3mica que le permita su auto sostenimiento en condiciones dignas. Por eso lo resuelto en la sentencia apelada por este respecto, no amerita reproche alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Lo anterior, deja sin piso las acusaciones del inconforme, pues tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal atacado, cumplidos se encontraron los requisitos para el reconocimiento de la cuota alimentaria a favor de la c\u00f3nyuge inocente, m\u00e1s a\u00fan cuando ninguna prueba \u00e9ste aport\u00f3 acerca de la capacidad econ\u00f3mica de \u00e9sta para propender por su sostenimiento y el de sus menores hijos; y, como es l\u00f3gico, siguiendo tales derroteros, es que la cuota de manutenci\u00f3n de los descendientes de la ex pareja qued\u00f3 a cargo del padre declarado como c\u00f3nyuge culpable, respecto de quien s\u00ed se acreditaron los ingresos que percibe y la capacidad econ\u00f3mica para suministrarlos.  <\/span><\/p>\n

S\u00famese, adem\u00e1s, que como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte, el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que, el amparo s\u00f3lo se abre paso, si  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC12365-2015 y STC5293-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6  may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC12365-2015 y STC5293-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por \u00faltimo cabe indicar, que la parte aqu\u00ed interesada puede promover, si sus condiciones econ\u00f3micas siguen variando, un nuevo proceso de revisi\u00f3n de cuota alimentaria, toda vez que la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 respecto de los alimentos de sus menores hijos como de su ex c\u00f3nyuge, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, sino meramente formal, circunstancia contemplada como causal de improcedencia del amparo en el inciso 3\u00ba del art. 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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6.        Con apoyo en las razones que preceden, y sin m\u00e1s precisiones por innecesarias, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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