{"id":98728,"date":"2026-06-25T16:02:43","date_gmt":"2026-06-25T16:02:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc292-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:02:43","modified_gmt":"2026-06-25T16:02:43","slug":"stc292-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc292-2017\/","title":{"rendered":"STC292-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC292-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2016-00537-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecis\u00e9is).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar el impulso procesal requerido a la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0254-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Segundo del Circuito de Manizales, i) \u00abTRAMITAR OFICIOSAMENTE [SU] ACCI\u00d3N POPULAR SIN MAS DILACI\u00d3N o SE DE APLICA[C]I\u00d3N AL ART[\u00cdCULO] 84 DE LA 472 DE 1998; ii) que se le \u00abBRINDE COPIA F\u00cdSICA DE TODO LO ACTUADO EN ESTA TUTELA\u00bb; y, iii) que la misma luego de ser \u00abescane[ada]\u00bb, sea enviada \u00aba [su] correo electr\u00f3nico\u00bb, acompa\u00f1ada del fallo que en su momento sea proferido; iv) que se amparen sus garant\u00edas superiores contra la Defensora del Pueblo de Caldas, \u00abpara determinar si posiblemente viola la ley 734 de 2002 al negarse a impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb; adem\u00e1s, que v) se ordene a la autoridad judicial accionada; \u00abAPORT[AR] COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOLICIT[A] como PRUEBAS\u00bb y de las solicitudes de protecci\u00f3n que le han prosperado en contra de \u00e9sta; vi) anexar copia de su demanda de amparo a la acci\u00f3n popular; y, finalmente, vii) que se conmine \u00abal delegado del Ministerio P\u00fablico\u00bb, para que \u00abCertifique y Haga constar cual ha sido su funci\u00f3n dentro de la\u00bb acci\u00f3n p\u00fablica reprochada (fl. 1 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la Ley 472 de 1998, y a que ha presentado memoriales con el prop\u00f3sito de que el juzgado accionado d\u00e9 un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores, \u00e9ste ha actuado, dice, con \u00abRENUENCIA\u00bb, d\u00e1ndole prevalencia a otros asuntos, lo que en su sentir, desconoce el car\u00e1cter \u00abCONSTITUCIONAL\u00bb y los \u00abT\u00c9RMINOS PERENTORIOS\u00bb que rigen la misma, motivo por el cual acude a este mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, afirmando que en caso contrario, promover\u00e1 una nueva tutela (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b).   La Personer\u00eda Municipal de la misma localidad, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de se\u00f1alar que los cuestionamientos del actor son ajenos a su competencia, habida cuenta que no han sido generados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esa agencia del Ministerio P\u00fablico  (fl. 17, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c). La Defensora del Pueblo de la Regional Caldas se\u00f1al\u00f3, que como ha ocurrido en pret\u00e9ritas ocasiones, el gestor est\u00e1 actuando \u00abCON TEMERIDAD Y MALA F\u00c9\u00bb, comoquiera que pretende que a trav\u00e9s del presente mecanismo especial, le sean reconocidos \u00abintereses econ\u00f3micos\u00bb que lejos est\u00e1n de \u00abrepresentar a las personas que verdaderamente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad\u00bb (fls. 18 a 25, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que contrario a lo descrito en la solicitud de amparo, el Despacho convocado no ha incurrido en mora judicial durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n p\u00fablica reprochada, pues de la copia del expediente allegado se evidencia, que la actuaci\u00f3n de \u00e9ste no s\u00f3lo ha sido \u00abdiligente y conforme a las normas aplicables al caso concreto\u00bb, sino tambi\u00e9n, oficiosa, dado que desde el 7 de julio del presente a\u00f1o se realiz\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento contemplada en el art\u00edculo 21\u00bb de la Ley 472 de 1998, y, que el 21 de septiembre siguiente ofici\u00f3 al juzgado donde \u00absupuestamente se avanz\u00f3 un proceso id\u00e9ntico (\u2026), comunicaci\u00f3n que inicialmente se envi\u00f3 por error a otra dependencia judicial, pero que el 18 de octubre de los corrientes se rectific\u00f3\u00bb; de otro lado, se\u00f1al\u00f3 que tampoco puede predicarse vulneraci\u00f3n alguna por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, por cuanto esta particular queja resulta temeraria, al punto que los supuestos f\u00e1cticos aqu\u00ed tra\u00eddos al respecto, son an\u00e1logos a los esgrimidos por el inconforme en pret\u00e9ritas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, orden\u00f3 que a costa del gestor se expidiera copia f\u00edsica de todo lo actuado (fls. 29 a 37, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor se mostr\u00f3 informe frente el anterior fallo, expresando argumentos similares a los planteados en el escrito de tutela (fl. 32, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la inconformidad del actor de soporta concretamente, en el supuesto incumplimiento del Juzgado Segundo del Circuito de Manizales, de los t\u00e9rminos perentorios previstos por el legislador dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-00254-00, la cual fue por \u00e9ste promovida contra de la sucursal del Banco Davivienda S.A. ubicada en \u00abla avenida Kevin \u00c1ngel No. 64-230\u00bb de la citada urbe, pues en su criterio, aunque dicho Despacho deb\u00eda darle un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a la misma, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, esto no ha ocurrido, transcurriendo un \u00abINMENSO LAPSO\u00bb sin que se adelante cualquier tipo de actuaci\u00f3n dentro del asunto, lo que implica el quebrantamiento de sus prerrogativas superiores.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo reclamado, toda vez que no se advierte que la autoridad convocada hubiese incurrido en la mora judicial endilgada, por la falta de impulso procesal, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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3.1.  T\u00e9ngase en cuenta que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio, son aqu\u00e9llas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse.  <\/span><\/p>\n

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3.3. Sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014 y STC2248-2015).  <\/span><\/p>\n

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4.        En lo que respecta a la petici\u00f3n tendiente a que se promueva acci\u00f3n de tutela en contra de la Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas, se reitera al promotor, como lo ha dicho la Sala en m\u00faltiples oportunidades, dentro de las funciones de esta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 la de promover acciones de amparo a petici\u00f3n de los interesados, por ende, es \u00fanicamente su responsabilidad acudir directamente ante las autoridades que considere, con el fin de interponer las acciones y exponer las inconformidades que a bien tenga.  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora, como el accionante requiri\u00f3 que \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb que sea proferido en este asunto, para que le sean enviados a su \u00abcorreo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb, se ordenar\u00e1 a la secretar\u00eda de la Sala proceder de conformidad.  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente, en cuanto a la solicitud para que el delegado del Ministerio P\u00fablico \u00abcertifique y haga constar cual ha sido su actuaci\u00f3n\u00bb dentro de la acci\u00f3n popular en comento, no est\u00e1 acreditado en el expediente constitucional que se haya elevado previamente tal solicitud ante ese funcionario, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiariedad y residualidad que lo caracterizan.  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante, copia de la tutela y del presente fallo.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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