{"id":98729,"date":"2026-06-25T16:02:59","date_gmt":"2026-06-25T16:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc293-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:02:59","modified_gmt":"2026-06-25T16:02:59","slug":"stc293-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc293-2017\/","title":{"rendered":"STC293-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC293-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00642-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 10 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por V\u00edctor Ra\u00fal Vargas Trivi\u00f1o contra la Polic\u00eda Nacional de Colombia y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante a trav\u00e9s de su gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida, al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, a la \u00abprotecci\u00f3n y asistencia de personas de la tercera edad\u00bb, a la seguridad social y al debido proceso, presuntamente conculcados por las entidades convocadas, al negarse a reconocerle la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que, dice, tiene derecho.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere, de manera concreta, que se ordene a la Polic\u00eda Nacional de Colombia y a Colpensiones, realizar, \u00absin m\u00e1s dilaciones injustificadas, (\u2026) los tr\u00e1mites administrativos [necesarios para] recono[cer] y pag[ar] (\u2026) la indemnizaci\u00f3n sustitutiva correspondiente a los tiempos en que sostuvo una relaci\u00f3n legal y reglamentaria con la Polic\u00eda Nacional\u00bb (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que luego de haber prestado sus servicios profesionales como Oficial de la Polic\u00eda Nacional de Colombia desde el 14 de enero de 1972 hasta el 2 de julio de 1981, \u00abcotiz\u00f3 al sistema de Seguridad Social para pensi\u00f3n en el R\u00e9gimen Solidario de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, tanto en el Instituto de Seguros Sociales como en Colpensiones\u00bb; sin embargo, por no cumplir con los requisitos de ley para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, solicit\u00f3 ante esa \u00faltima entidad el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que hab\u00eda lugar, por lo que en el mes de enero de la presente anualidad le fueron pagados los aportes que realiz\u00f3, pero sin tener en cuenta el tiempo que labor\u00f3 en la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que en consecuencia, y con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 sin \u00e9xito a Colpensiones la reliquidaci\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n, pues ello le fue denegado con sustento en que dicha entidad no ten\u00eda \u00abel registro de los tiempos referentes a su relaci\u00f3n legal y reglamentaria con la Polic\u00eda Nacional\u00bb; raz\u00f3n por la cual elev\u00f3 petici\u00f3n ante la Direcci\u00f3n de Archivo General de esa instituci\u00f3n castrense, a efecto de que \u00abse expidiera el respectivo bono pensional (\u2026), o, si fuere el caso, se remitiera a Colpensiones para el cobro de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva\u00bb a que tiene derecho, quien le suministr\u00f3 \u00abuna serie de documentos que prueban los tiempos [por \u00e9l] laborados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que posteriormente, y con ocasi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso en contra de la Resoluci\u00f3n en virtud de la cual la mentada entidad pensional deneg\u00f3 sus pretensiones, aport\u00f3 dicha documentaci\u00f3n; empero, Colpensiones al estudiar su solicitud le inform\u00f3, que \u00abla devoluci\u00f3n de los aportes realizados a la Polic\u00eda Nacional la deb\u00eda hacer directamente esa Instituci\u00f3n\u00bb, aunque, alega, esta \u00faltima le indic\u00f3 que tal tr\u00e1mite \u00abse realizaba entre entidades y no entre persona natural y entidades\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1ala, que el 22 de julio de 2017 cumplir\u00e1 65 a\u00f1os, edad en la que le resulta aplicable \u00abla prohibici\u00f3n legal de seguir ejerciendo su profesi\u00f3n de piloto comercial\u00bb, por lo que someterlo a un proceso judicial para obtener la prestaci\u00f3n que reclama, asegura, sin duda vulnera sus prerrogativas superiores, raz\u00f3n por la cual debe atenderse su s\u00faplica a trav\u00e9s de esta v\u00eda especial (fls. 1 a 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       a. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, inform\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la reliquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que tiene derecho el se\u00f1or V\u00edctor Ra\u00fal Vargas Trivi\u00f1o, \u00abse ha presentado otra acci\u00f3n de tutela\u00bb en los mismos t\u00e9rminos que la que ahora se estudia; a m\u00e1s que la solicitud elevada por el accionante respecto al reconocimiento y pago de dicha prestaci\u00f3n, fue atendida de fondo mediante Resoluci\u00f3n del 8 de septiembre de 2016, por lo que, adem\u00e1s de la temeridad aducida, existe un hecho superado que hace improcedente el amparo deprecado (fls. 70 a 76, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  La Jefe del \u00c1rea de Archivo General de la Polic\u00eda Nacional, despu\u00e9s de pronunciarse respecto a los hechos en que se sustent\u00f3 la demanda constitucional, manifest\u00f3 que \u00aben todo momento ha realizado una actuaci\u00f3n transparente y efectiva, respetando los mandatos constitucionales y realizando un procedimiento eficaz y expedido\u00bb, super\u00e1ndose as\u00ed todo tipo de vulneraci\u00f3n u amenaza a las prerrogativas fundamentales invocadas, por lo que, afirm\u00f3, se ha configurado \u00abun hecho superado (\u2026) por carencia actual de objeto\u00bb que no admite la procedencia de la salvaguarda implorada (fls. 92 a 97, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo suplicado, tras advertir que \u00abel actor constitucional cuenta con otras v\u00edas id\u00f3neas que otorga la ley para el reconocimiento de sus derechos prestacionales o para contradecir las decisiones que eventualmente vulneraron sus derechos y que en el caso particular, le negaron la opci\u00f3n de reconocimiento de una prestaci\u00f3n o la reliquidaci\u00f3n de una indemnizaci\u00f3n sustitutiva\u00bb (fls. 103 a 109, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante a trav\u00e9s de su abogado, se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, esgrimiendo, en lo esencial, que el Juez Constitucional de primera instancia se fund\u00f3 en \u00abconsideraciones inexactas, cuando no totalmente err\u00f3neas\u00bb, pues desconoci\u00f3 que la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, por su duraci\u00f3n, no resulta ser un mecanismo id\u00f3neo para satisfacer los prerrogativas fundamentales que le est\u00e1n siendo vulneradas (fls. 166 a 118, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.     De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.  En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, y observada la disconformidad planteada por el interesado, se advierte que lo pretendido por \u00e9ste, en concreto, es que se ordene a Colpensiones y a la Polic\u00eda Nacional de Colombia, realizar los tr\u00e1mites administrativos necesarios para que le sea reconocida y pagada la indemnizaci\u00f3n sustitutiva a que considera tiene derecho, correspondiente a los tiempos en que sostuvo una relaci\u00f3n laboral con esa \u00faltima instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.   Advertido lo anterior, de entrada se anuncia que el fallo cuestionado habr\u00e1 de ratificarse, pues como bien lo divis\u00f3 el a quo constitucional, esta acci\u00f3n desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, toda vez que del asunto planteado no puede ocuparse el juez constitucional, ya que, como lo ha indicado reiteradamente esta Sala en asuntos de similares perfiles,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[p]or regla general la tutela no procede para exigir acreencias laborales, porque  existen otros medios judiciales dise\u00f1ados para ese objetivo; es decir, que la procedencia de este amparo para la satisfacci\u00f3n de obligaciones de \u00edndole laboral es de car\u00e1cter restringido. Sin embargo, si el m\u00ednimo vital se encuentra de por medio se concluye que los mecanismos ordinarios no son efectivos y por lo tanto el amparo constitucional ser\u00eda procedente, pero este no es el caso, pues nada se demostr\u00f3 a este respecto.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, es obvio que en las condiciones del asunto planteado no se puede acceder al amparo deprecado, ya que esa clase de derechos debe ser dilucidado en su escenario natural, que no es otro diferente a la justicia ordinaria; m\u00e1xime que en este asunto no est\u00e1 demostrada la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital de la actora, ni la eminencia de la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, como la discusi\u00f3n queda en el terreno legal, respecto del cual, se ha dicho, no opera el mecanismo excepcional y restringido de la tutela, dado que se trata de discusiones prestacionales que tienen previsto tr\u00e1mites puntuales distintos ante el Juez natural, sin que sea posible obviarlos, porque se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter reservado que reporta el instrumento (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2005, Rad. 00041-01, reiterada en STC9445-2014, STC2051-2015 y STC7532-2016).  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido, la Sala manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]s de advertirse que en materia de derechos prestacionales no procede el amparo \u201c(\u2026) porque de una parte, las garant\u00edas derivadas de la seguridad social son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez constitucional\u201d\u00bb (subrayado fuera de texto) (CSJ. STC. 21 mar. 2012, Rad. 00297-01, reiterada en STC, 12 abr. 2013, Rad. 00070-01, STC9445-2014 y STC7532-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.     Por tanto, como el se\u00f1or Vargas Trivi\u00f1o cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para exigir el reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n que le fue negada por la Administradora de Pensiones convocada, el amparo se torna improcedente, pues tal escenario judicial es el dispuesto por el legislador para que el actor plantee las inconformidades que aqu\u00ed expone, y en donde puede, mediando el tr\u00e1mite respectivo, acreditar los supuestos f\u00e1cticos en que funda su solicitud; sin que sea excusa suficiente la duraci\u00f3n del mismo.   <\/span><\/p>\n

5.  Adicionalmente, es necesario advertir que el resguardo tampoco es procedente de manera transitoria, por cuanto no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando no se evidencia del plenario que el tutelante est\u00e9 bajo alguna circunstancia especial que amerite la intromisi\u00f3n del Juez de tutela de manera excepcional, en la medida que no demostr\u00f3 estar gravemente enfermo y, por ende, en un estado de debilidad manifiesta, ello sumado a que no sobrepasa el \u00edndice de promedio de vida en Colombia (71 a\u00f1os)1, edad a partir del cual la jurisprudencia constitucional ha aceptado la procedencia del reclamo constitucional de manera definitiva2.    <\/span><\/p>\n

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6.   Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 Cuenta con 64 a\u00f1os (fl. 67, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

2 Ver al respecto, entre otras, C.C. T-921\/11 y T-047\/15.    <\/span><\/p>\n

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