{"id":98732,"date":"2026-06-25T16:03:09","date_gmt":"2026-06-25T16:03:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc296-2017\/"},"modified":"2026-06-25T16:03:09","modified_gmt":"2026-06-25T16:03:09","slug":"stc296-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc296-2017\/","title":{"rendered":"STC296-2017"},"content":{"rendered":"

    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02511-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Rita Mart\u00ednez de Barrera contra el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, Ana Milena Fl\u00f3rez Gait\u00e1n, Beatriz Gait\u00e1n y Juan Jos\u00e9 Barrera Mart\u00ednez, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada dentro del juicio de restituci\u00f3n de inmueble que en su contra promovi\u00f3 Ana Milena Fl\u00f3rez Gait\u00e1n, a trav\u00e9s de la cual se accedi\u00f3 a la pretensiones incoadas.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se ordene al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, proferir \u00ablas medidas necesarias para que no sea desalojada (\u2026) del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-898201 y se evite su enajenaci\u00f3n\u00bb (fl. 30, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que \u00abadquiri\u00f3\u00bb el bien antes citado mediante promesa de compraventa en la que su hijo Juan Jos\u00e9 Barrera Mart\u00ednez y Ana Milena Fl\u00f3rez Gait\u00e1n, fungieron como promitentes vendedores; que tras varias transacciones en las que \u00abse le reconoci\u00f3 como propietaria y poseedora\u00bb, dicho bien fue transferido nuevamente a Esta \u00faltima, quien inici\u00f3 en su contra un juicio de \u00abRESTITUCI\u00d3N DE INMUEBLE DADO EN COMODATO PRECARIO\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que pese a que la demandante incurri\u00f3 en \u00abfalso testimonio\u00bb e indujo en error al juzgado accionado, al allegar dos declaraciones extra juicio para demostrar la supuesta existencia del contrato que dio origen al proceso aludido y su incumplimiento, el pasado 14 de julio dicha autoridad judicial profiri\u00f3 sentencia desfavorable a sus intereses, orden\u00e1ndole la entrega del citado inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente se\u00f1ala, que debido a su avanzada edad (89 a\u00f1os), no contest\u00f3 la demanda; que aunque puede acudir a la jurisdicci\u00f3n penal a fin de interponer la denuncia pertinente, lo \u00abcierto es que dicha acci\u00f3n ser\u00eda tard\u00eda\u00bb, y por ende, se hace \u00abnecesario como una medida de car\u00e1cter transitorio\u00bb, que se ordene al inspector comisionado para la entrega del inmueble, \u00ababstenerse de cumplir\u00bb la providencia antes mencionada, m\u00e1xime cuando es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional (fls. 27 a 31, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Titular del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta capital, solicit\u00f3 denegar el amparo suplicado, tras aclarar que la providencia censurada se \u00absujet\u00f3 a la normatividad sustancial y procesal que rige la materia, donde se analizaron con detenimiento los argumentos jur\u00eddicos esbozados en el escrito de [la] demanda y las pruebas recaudadas en el plenario\u00bb, sin que la misma hubiese sido objeto de recurso alguno (fls. 69 y 70, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        Ana Milena Fl\u00f3rez Gait\u00e1n, como demandante dentro del juicio criticado, a trav\u00e9s de su representante judicial adujo, que el derecho de dominio controvertido le fue transferido con \u00abcumplimiento de las normas\u00bb que regulan el asunto, sin que haya sido tachado de falsedad, y que lo pretendido por la actora mediante el presente mecanismo excepcional, es tratar de \u00abimpedir y obstaculizar\u00bb la restituci\u00f3n ordenada en la sentencia proferida el pasado 14 de julio, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 negar la salvaguarda rogada (fls. 41 a 44, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que la gestora incurri\u00f3 en un actuar incurioso, al no haber agotado dentro del tr\u00e1mite cuestionado los mecanismos ordinarios procedentes, \u00abpues no aparece demostrado que hubiere formulado el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo que le result\u00f3 adverso, dictado el 14 de julio de 2016, (\u2026) siendo aqu[\u00e9]l el medio propicio\u00bb para ello (fls. 119 a 122, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad (fl.123, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a examen, se advierte que la censura de la se\u00f1ora Mart\u00ednez de Barrera est\u00e1 encaminada, puntualmente, contra la providencia dictada el 14 de julio de 2016 por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dentro del proceso reivindicatorio que en su contra promovi\u00f3 Ana Milena Fl\u00f3rez Gait\u00e1n, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR terminado el contrato de comodato precario\u00bb que suscribi\u00f3 con \u00e9sta, respecto al primer piso del predio identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-898201, ubicado en la misma ciudad, orden\u00e1ndole como consecuencia, \u00abrestituir [el mentado inmueble] en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir de la ejecutoria de [esa] sentencia\u00bb (fls. 87 a 96, cdno. 1); pues a criterio de la inconforme, all\u00e1 demandada, dicha decisi\u00f3n no s\u00f3lo desconoce sus derechos como \u00abpropietaria y poseedora\u00bb del bien objeto de controversia, sino adem\u00e1s, la falsedad de la que adolecen las pruebas que la sustentaron.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, tal y como lo estableci\u00f3 el a quo constitucional, para la Sala surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que de acuerdo a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, aunque la promotora del amparo tuvo a su alcance la posibilidad de exponer las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas ante el Juzgado accionado a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo de General del Proceso, en un acto constitutivo de incuria guard\u00f3 silencio, cerrando con ello toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial\u00edsimo, que lejos est\u00e1 de tener como objeto revivir oportunidades perdidas dentro del proceso, en tanto que no es el escenario natural para debatir las diferentes discrepancias alegadas.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras, en STC1626-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, aunque el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, permite excepcionalmente la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros mecanismos para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que en este caso la parte aqu\u00ed interesada no acredit\u00f3 la ocurrencia de un detrimento apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (ver entre otras, en STC4653-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.         Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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