{"id":98738,"date":"2026-06-25T17:09:30","date_gmt":"2026-06-25T17:09:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc302-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:09:30","modified_gmt":"2026-06-25T17:09:30","slug":"stc302-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc302-2017\/","title":{"rendered":"STC302-2017"},"content":{"rendered":"

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC302-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02506-01  <\/span><\/p>\n

    (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 23 de octubre de 2016 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Demetrio Becerra Jaimes en contra del Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

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1.        ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor suplica el amparo de las prerrogativas al trabajo, defensa, igualdad, seguridad social, dignidad humana y debido proceso,  presuntamente lesionadas por el accionado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 315 a 318):  <\/span><\/p>\n

2.1. Luis Demetrio Becerra Jaimes se desempe\u00f1\u00f3 como Cabo Tercero del Ej\u00e9rcito Nacional hasta el 9 de agosto de 2010, data en la cual, al interior de un tr\u00e1mite disciplinario adelantado en su contra por \u201cabandono del cargo\u201d, fue desvinculado laboralmente de forma \u201cabsoluta\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Posteriormente, explica el quejoso, el Comandante del Ej\u00e9rcito Nacional invalid\u00f3 \u201ct\u00e1citamente\u201d la anterior decisi\u00f3n, por cuanto, expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n N\u00b0 1583 de 4 de octubre de 2010, en la cual dispuso retirarlo \u201cdel servicio activo temporalmente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adicionalmente, por los mismos hechos se le inici\u00f3 una causa penal militar, siendo absuelto \u201cde todos los cargos\u201d por el Juzgado \u201cSexto de Instancia de Brigadas\u201d en sentencia de 13 de septiembre de 2013.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Seg\u00fan el tutelante, conforme a lo definido por la jurisdicci\u00f3n penal militar, su despido de la entidad qued\u00f3 sin sustento, por ende, el a\u00f1o pasado suplic\u00f3 ser \u201creintegrado\u201d, pedimento denegado el 6 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1ala Becerra Jaimes que solo tuvo conocimiento de lo definido en esos tr\u00e1mites hasta el 2016, pues no pudo hacerse parte en los mismos ni controvertir oportunamente los pronunciamientos all\u00ed emitidos, por cuanto, de un lado, no contaba con los recursos econ\u00f3micos suficientes para ello y, por el otro, atendiendo a la orden de captura proferida en el memorada pleito penal, debi\u00f3 ocultarse \u201cen un municipio estrat\u00e9gico\u201d.  <\/span><\/p>\n

2.6. Afirma que \u201c(\u2026) hoy los t\u00e9rminos para incoar cualquier acci\u00f3n administrativa se encuentran m\u00e1s que vencidos y s\u00f3lo queda (\u2026) la tutela (\u2026)\u201d para defender sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar reincorporarlo laboralmente \u201c(\u2026) y cancela[rle] los sueldos, primas y subsidios desde la fecha de la suspensi\u00f3n hasta cuando opere el reintegro, as\u00ed como ser ascendido al grado inmediatamente superior (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Se opuso al ruego precisando no haber incurrido en el quebranto endilgado, alegando que su proceder estuvo acorde con la normativa aplicable.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, destac\u00f3 que el ahora querellante desconoci\u00f3 el presupuesto de inmediatez inherente a esta acci\u00f3n, pues concurri\u00f3 a esta justicia luego de transcurridos varios a\u00f1os de haberse proferido los actos censurados y, adem\u00e1s, omiti\u00f3 demostrar un perjuicio irremediable (fls. 328 a 334).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 el resguardo impetrado luego de inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Adicional a lo anterior, el ordenamiento jur\u00eddico consagra acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para que a trav\u00e9s del proceso respectivo se procure enervar el acto administrativo de desvinculaci\u00f3n y sus efectos; esa era la senda apropiada para alcanzar lo que tard\u00edamente viene a buscar por la senda constitucional (\u2026)\u201d (fls. 335 a 340).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor exigiendo el otorgamiento de la salvaguarda (fl. 356).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Luis Demetrio Becerra Jaimes persigue a trav\u00e9s de este auxilio se ordene su reincorporaci\u00f3n al cargo por \u00e9l ocupado en el Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

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2. Delanteramente, es menester aclarar que mediante oficio N\u00ba 20163051208961 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 6 de octubre de 2016, la Direcci\u00f3n de Personal de la entidad aqu\u00ed accionada resolvi\u00f3 negativamente una solicitud elevada por el hoy gestor con similar pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Por tanto, no se acceder\u00e1 al resguardo por ausencia del principio de subsidiariedad, pues el tutelante no demostr\u00f3, ni tampoco la Sala dentro de su labor indagatoria oficiosa pudo constatar, que frente al pronunciamiento anotado en precedencia se hubiesen ejercido los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, por regla general procedentes contra ese tipo de decisiones (Art. 74 Ley 1437 de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, y en caso de haber impetrado las impugnaciones referidas, cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la regla 138 ib\u00eddem, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026.) [I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, el ruego tuitivo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque frente al acto objetado deben agotarse los recursos y el instrumento jurisdiccional rese\u00f1ados, pues esta sede excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Corte ha expresado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n este sentido la jurisprudencia de la Sala en asuntos que guardan simetr\u00eda con el que en este momento es materia de an\u00e1lisis, ha reiterado que es `(\u2026) en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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4. Debe a\u00f1adirse, en el eventual decurso del proceso contencioso administrativo, el accionante puede requerir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un perjuicio irremediable, con sustento en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas:  <\/span><\/p>\n

\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por los anteriores argumentos, se impone convalidar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. STC. 10 dic. 2008, rad. 2008-00414-01.    <\/span><\/p>\n

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