{"id":98741,"date":"2026-06-25T17:10:24","date_gmt":"2026-06-25T17:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc305-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:10:24","modified_gmt":"2026-06-25T17:10:24","slug":"stc305-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc305-2017\/","title":{"rendered":"STC305-2017"},"content":{"rendered":"

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC305-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02607-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lilian de Muschet, quien afirma ser representante legal de la compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a Alaska B.F. INC., contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del asunto de intervenci\u00f3n regulado en el Decreto 4334 de 2008, seguido frente a Rentafolio Burs\u00e1til y Financiero S.A.S., Malta S.A. -en liquidaci\u00f3n-, Cuama S.A. -en liquidaci\u00f3n- y la sociedad aqu\u00ed agenciada y otros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        En la calidad descrita y a trav\u00e9s de apoderado judicial, la actora reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad atacada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para sustentar su reparo, expone que el 29 de julio de 2013 el ente acusado dispuso la intervenci\u00f3n y toma de posesi\u00f3n de los bienes de Alaska B.F. INC., Malta S.A. -en liquidaci\u00f3n- y Cuama S.A. -en liquidaci\u00f3n-.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El 16 de febrero de 2015 se decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial frente a Alaska y el 26 de abril de 2016 la aqu\u00ed tutelante formul\u00f3 un incidente de exclusi\u00f3n del decurso censurado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Mediante prove\u00eddo de 13 de mayo de 2016 se rechaz\u00f3 ese pedimento por estimarse la ausencia de legitimaci\u00f3n de la reclamante, pues, conforme a lo estimado por la Superintendencia, la representaci\u00f3n de Alaska s\u00f3lo la tiene el agente liquidador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunque recurri\u00f3 ese pronunciamiento, el mismo fue confirmado con razones an\u00e1logas el 3 de agosto siguiente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que con el proceder relatado fue quebrantada la prerrogativa invocada, por cuanto se desconoci\u00f3 la sentencia C-145 de 2009 de la Corte Constitucional, donde se reconoce la constitucionalidad del proceso de intervenci\u00f3n y se indica la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la posibilidad de o\u00edr a las personas jur\u00eddicas involucradas dentro del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, no se tuvo en consideraci\u00f3n lo establecido en la Ley 33 de 1992, mediante la cual se ratific\u00f3 el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y se dispuso que las sociedades de car\u00e1cter privado se reg\u00edan \u201c(\u2026) por las leyes del pa\u00eds en el cual han sido reconocidas como tales (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque el ente de vigilancia sostuvo erradamente la liquidaci\u00f3n judicial de Alaska cuando no hay \u201c(\u2026) fundamento probatorio para justificar (\u2026)\u201d esa apreciaci\u00f3n, pues en Panam\u00e1 no se ha adoptado una decisi\u00f3n en ese sentido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega que resulta absurdo estimar como legitimado para presentar un incidente de exclusi\u00f3n a un liquidador, pues la intervenci\u00f3n de estos agentes se caracteriza por su rapidez y una petici\u00f3n como la indicada dilatar\u00eda el decurso (fls. 1 al 20, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exige, en concreto, dejar sin efecto los pronunciamientos de 13 de mayo y 3 de agosto de 2016 (fl. 9, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1.        Respuesta de la accionada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Superintendencia de Sociedades se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto han pasado m\u00e1s de treinta y cuatro (34) meses de ordenarse la intervenci\u00f3n de Alaska S.A., y s\u00f3lo ahora se formul\u00f3 este resguardo. Se\u00f1al\u00f3 que en pret\u00e9rita oportunidad, mediante auto de 24 de diciembre de 2013, se neg\u00f3 el reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica a quien adujo ser representante de ese ente societario con iguales razones a las expuestas en la providencia actualmente censurada; no obstante, esa decisi\u00f3n no fue impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que ha respetado las prerrogativas de los intervinientes en el asunto de intervenci\u00f3n; as\u00ed, desat\u00f3 adversamente el incidente de exclusi\u00f3n propuesto por Cuama S.A. y Malta S.A., mediante prove\u00eddo de 26 de diciembre de 2014; y de igual modo, resolvi\u00f3 las objeciones presentadas al proyecto de graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos e inventarios, con autos de 31 de octubre y 1\u00b0 de noviembre de 2016. Sostuvo que ante la firmeza del inventario valorado la oportunidad para demandar la exclusi\u00f3n se encuentra vencida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, resalt\u00f3 que dados los efectos de las medidas de intervenci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAl ser evidente la falta de legitimaci\u00f3n de la persona que confiere poder al profesional del derecho para la defensa de sus intereses, el despacho aplic\u00f3 las normas que gobierna el proceso de intervenci\u00f3n, (\u2026) dada la ineficacia de la facultad dispositiva del que fung\u00eda como representante legal de la sociedad paname\u00f1a para actuar en este proceso a trav\u00e9s de apoderado judicial (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a intenci\u00f3n clara de la sociedad paname\u00f1a es el desconocimiento de la jurisdicci\u00f3n colombiana frente a su intervenci\u00f3n, pretendiendo ejercer actos dispositivos que tienden al menoscabo de los derechos patrimoniales que ostentan los afectados\/v\u00edctimas de la captaci\u00f3n masiva e ilegal. Jurisdicci\u00f3n que, no sobra advertir, no puede desconocer (\u2026) lo relacionado con los bienes ubicados en el suelo colombiano y las actividades realizadas en el territorio nacional (\u2026)\u201d (fls. 150 al 157, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n de la Superintendencia convocada, pues no encontr\u00f3 desafuero en concluir que el \u00fanico representante legal de una sociedad intervenida es el agente liquidador. A\u00f1adi\u00f3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) que el abogado de la sociedad que ahora propone esta acci\u00f3n no aleg\u00f3 ante la citada que deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, ratificado por Colombia a trav\u00e9s de la Ley 33 de 1992, como aqu\u00ed viene a esgrimir, por tanto, se plantean situaciones que ante el juez natural no se [alegaron] (\u2026)\u201d (fls. 234 al 246, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3.        La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La reclamante impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los expresados en el libelo introductor. Advirti\u00f3 que el Tribunal resolvi\u00f3 su reparo de manera insuficiente porque no se pronunci\u00f3 sobre todas sus aseveraciones y releg\u00f3 los yerros cometidos por la Superintendencia, relativos a la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, desconocimiento de la sentencia C-145 de 2009 y aplicaci\u00f3n indebida de las normas (fls. 10 al 13, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La queja se erige frente a los prove\u00eddos de 13 de mayo de 2016 y 3 de agosto siguiente, mediante los cuales, en el primero, se neg\u00f3 el reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica al doctor Carlos Alberto L\u00f3pez Cadena, para actuar en nombre de la intervenida Alaska B.F. INC. y, en el segundo, se ratific\u00f3 esa determinaci\u00f3n en sede de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Revisadas las providencias comentadas, no se halla arbitrariedad manifiesta susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria, pues el ente querellado bas\u00f3 sus decisiones en la normatividad aplicable y sin desconocer lo acaecido en el asunto fustigado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, para negar el reconocimiento de la personer\u00eda al citado abogado, expres\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]e observa, que Lilian de Muschet confiri\u00f3 poder especial de (sic) la sociedad extranjera Alaska B.F. INC., sociedad comercial constituida y existente bajo las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, aduciendo su condici\u00f3n de Representante Legal, pese a la ausencia de legitimaci\u00f3n para ello en virtud de las consecuencias legales que surgieron con ocasi\u00f3n de las medidas de intervenci\u00f3n ordenadas en los Autos 400-013267 de 29 de julio de 2013 y 400-002649 de 16 de febrero de 2015. En efecto a partir de la medida de intervenci\u00f3n quien funge como representante legal es el auxiliar de la justicia doctor Alejandro Revollo Rueda (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDentro de este entendimiento quien act\u00faa como apoderado solicitante carece de legitimaci\u00f3n para actuar en nombre de la sociedad intervenida Alaska B.F. Inc. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl se\u00f1or Carlos Alberto L\u00f3pez Cadena, quien present\u00f3 la solicitud en estudio, no prob\u00f3 estar debidamente autorizado para actuar en nombre de la intervenida como quiera que la poderdante Lilian de Muschet dej\u00f3 de ser representante legal, por tanto, no hay lugar a reconocer personer\u00eda para actuar (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAdicionalmente, se pone de presente que mediante Auto 400-021437 de 24 de diciembre de 2013, fue negado el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica a quien dec\u00eda fungir como apoderado judicial de las sociedades extranjeras Vite Brother Inc y Alaska B.F.  INC., por los mismos m\u00f3viles, dicha providencia qued\u00f3 en firme y ejecutoriada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recurrida en reposici\u00f3n esa providencia, con sustento en  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) que (i) el Despacho acogi\u00f3 una postura fuera del marco legal colombiano, (ii) que existe una tergiversaci\u00f3n de la ley procesal y por ende una desnaturalizaci\u00f3n del mecanismo incidental de exclusi\u00f3n de bienes, (iii) que el liquidador Alejandro Revollo no est\u00e1 legitimado para interponer el incidente de exclusi\u00f3n porque \u00e9l no es el representante legal de la sociedad Alaska BF Inc. (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Superintendencia confirm\u00f3 su pronunciamiento advirtiendo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Con ocasi\u00f3n a la toma de posesi\u00f3n y consecuente liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n de la sociedad Alaska BF Inc., el representante legal de la sociedad es el agente liquidador, de acuerdo con el art\u00edculo 9 del Decreto 4334 de 2008, por ende la calidad en la que pretende actuar Carlos Alberto L\u00f3pez Cadena, no est\u00e1 legalmente fundamentada en la facultad dispositiva del actual representante de la sociedad, por lo que ser\u00eda totalmente contradictorio a las normas procesales reconocerle personer\u00eda jur\u00eddica (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por lo anterior, se considera que no concurren los requisitos legales para que la representaci\u00f3n judicial sea viable, dado que quien otorga el poder en nombre y representaci\u00f3n de la sociedad Alaska BF Inc., por virtud del Decreto 4334 de 2008, ya no lo es, perdiendo cualquier tipo de facultad dispositiva frente a la persona jur\u00eddica (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDe conformidad con el art\u00edculo 84 C.G.P., debe acompa\u00f1arse la prueba de la representaci\u00f3n legal de las partes, a fin de determinar quien tendr\u00eda la facultad de autorizar la actuaci\u00f3n de un abogado en este proceso judicial. Pretender con la impugnaci\u00f3n, que se disponga la apertura del tr\u00e1mite incidental de exclusi\u00f3n de bienes y desembargo, quebrantar\u00eda eso s\u00ed, las garant\u00edas procesales, pues el apoderado recurrente no se encuentra legalmente legitimado para ello, por lo que el recurso de reposici\u00f3n ser\u00e1 rechazado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        No se observa desafuero en las elucubraciones enunciadas, pues adem\u00e1s de constituir una reiteraci\u00f3n de lo expresado por la Superintendencia atacada el 24 de diciembre de 2013, en relaci\u00f3n con la imposibilidad de permitir la participaci\u00f3n de quienes no detentan la representaci\u00f3n judicial de la intervenida Alaska B.F. INC., conforme al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 9\u00b0del Decreto 4334 de 20081, no se constata desconocimiento de la sentencia C-145 de 2009, por cuanto all\u00ed no se efectu\u00f3 consideraci\u00f3n alguna en cuanto a la legitimaci\u00f3n que, seg\u00fan la actora, podr\u00edan seguir teniendo los directores de compa\u00f1\u00edas extranjeras tras su intervenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se resalta, como lo sostuvo el Tribunal, que ning\u00fan cuestionamiento erigi\u00f3 la solicitante en torno a la falta de aplicaci\u00f3n de la Ley 33 de 1992, por lo cual no pod\u00eda exig\u00edrsele a la accionada una determinaci\u00f3n sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, aunque pudiera no aceptarse \u00edntegramente el criterio comentado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 9\u00ba. Efectos de la toma de posesi\u00f3n para devoluci\u00f3n. La toma de posesi\u00f3n para devoluci\u00f3n conlleva: 1. El nombramiento de un agente interventor, quien tendr\u00e1 a su cargo la representaci\u00f3n legal, si se trata de una persona jur\u00eddica, o la administraci\u00f3n de los bienes de la persona natural intervenida y la realizaci\u00f3n de los actos derivados de la intervenci\u00f3n que no est\u00e9n asignados a otra autoridad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente      STC305-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02607-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98741","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98741\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}