{"id":98748,"date":"2026-06-25T17:11:39","date_gmt":"2026-06-25T17:11:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc318-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:11:39","modified_gmt":"2026-06-25T17:11:39","slug":"stc318-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc318-2017\/","title":{"rendered":"STC318-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC318-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01963-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Miguel Bienvenido Torres de La Hoz frente a la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de la queja, expone que present\u00f3 una denuncia el 8 de enero de 2013, por los presuntos delitos de fraude procesal y prevaricato contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y Suramericana de Seguros Sura S.A., la investigaci\u00f3n fue asignada a la Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con radicado 08001600106201300265.  Dice que a pesar de haber aportado las evidencias y los elementos materiales probatorios necesarios e insistir con la denuncia (petici\u00f3n de 17 de abril de 2015), el ente persecutor resolvi\u00f3 archivar las diligencias (14 de septiembre de 2015) por atipicidad objetiva.  El 3 de agosto de 2016, elev\u00f3 solicitud ante dicha Fiscal\u00eda para que reabriera la indagaci\u00f3n, pero fue igualmente negada (9 de septiembre de 2016).  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, su petici\u00f3n se dirige a que se revoque la resoluci\u00f3n mediante la cual se archiv\u00f3 la actuaci\u00f3n por \u00e9l promovida ante la Fiscal\u00eda y se contin\u00fae con  la misma (ff. 1 a 3, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que, por reparto le correspondi\u00f3 tramitar la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel Bienvenido Torres de la Hoz, contra Suramericana de Seguros Sura S.A., la cual fue resuelta en favor del tutelante mediante sentencia de 3 de julio de 2012.  Se\u00f1ala que, posteriormente, present\u00f3 incidente de desacato, el cual no prosper\u00f3 al demostrarse el cumplimiento del fallo.  De la tutela y del tr\u00e1mite incidental se entregaron copias a la Fiscal\u00eda (ff. 29, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante el Tribunal Superior se opuso a la demanda, indicando que la decisi\u00f3n de archivo de las diligencias se ajust\u00f3 a los preceptos legales y constitucionales pertinentes, seguidamente resalt\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n al existir medios procesales que no han sido agotados por el actor (ff. 82 a 85, ib.).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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La Primera instancia concluy\u00f3 que la pretensi\u00f3n incoada se torna improcedente dada la existencia de medios judiciales id\u00f3neos con los que cuenta el actor para plantear su aspiraci\u00f3n, adem\u00e1s que, no demostr\u00f3 un perjuicio irremediable que hiciere \u00ab(\u2026) forzosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues como se dijo, los efectos nocivos de la decisi\u00f3n pueden ser conjurados mediante los procedimientos pertinentes\u00bb (ff. 95 a 99, Cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante insiste que la Fiscal\u00eda desconoci\u00f3 el pedimento del 17 de abril de 2015 relacionado con el impulso que pretende se le d\u00e9 a la indagaci\u00f3n penal por \u00e9l promovida, destaca que no se elabor\u00f3 un plan metodol\u00f3gico en el que se incluyera la ampliaci\u00f3n de denuncia o interrogatorio al querellante, omitiendo \u00ab(\u2026) la garant\u00eda procesal que le asiste al actor de estar en todas las fases de la acci\u00f3n penal (\u2026)\u00bb (ff. 103 a 107, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La tutela est\u00e1 consagrada en la Carta Pol\u00edtica para resguardar de forma inmediata y efectiva las garant\u00edas de las personas, cuando fueren quebrantadas o seriamente amenazadas por cualquier entidad p\u00fablica o por particulares, a no ser que su titular tenga o haya contado con la posibilidad de hacerlas prevalecer por otro camino legal.  <\/span><\/p>\n

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Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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2. Abordando el tema del sublite, la inconformidad del demandante se centra en la decisi\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda accionada de archivar la indagaci\u00f3n penal iniciada en contra del Juez Sexto Civil Municipal de Barranquilla y Suramericana de Seguros, por los presuntos delitos de prevaricato y fraude procesal.  <\/span><\/p>\n

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Afirma el quejoso que solicit\u00f3 el impulso de la indagaci\u00f3n y luego el desarchivo de la misma, sin tener \u00e9xito, alegando que el Ente investigador no sigui\u00f3 un plan metodol\u00f3gico adecuado que incluyera su propia intervenci\u00f3n propiciando una ampliaci\u00f3n de la denuncia o una nueva entrevista.  <\/span><\/p>\n

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       Como viene de indicarse, por principio general, \u00e9sta acci\u00f3n de amparo es improcedente contra actuaciones y decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando no se ha hecho uso de los mecanismos con los que cuenta el proceso para plantear la pretensi\u00f3n que aqu\u00ed se eleva.  <\/span><\/p>\n

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Dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, no es la tutela el escenario apropiado para definir si la decisi\u00f3n de archivo adoptada por la Fiscal\u00eda fue acertada o no, pues ello corresponde a un asunto que debe ser alegado al interior de la causa, cuya aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa es de competencia del juez competente.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal), dispone que si surgieren nuevos elementos probatorios la Fiscal\u00eda deber\u00e1 reanudar la indagaci\u00f3n mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal, sin embargo, si dicha entidad se negare a ello, le concierne al juez de control de garant\u00edas dirimirlo previa petici\u00f3n directa del interesado, es decir, existe otro medio de defensa judicial al que debi\u00f3 acudir el actor y no lo hizo, y hasta aqu\u00ed no ha demostrado la presencia de un riesgo inminente o un perjuicio irremediable que pudiere habilitar esta instancia tutelar.   <\/span><\/p>\n

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Respecto a la competencia del juez de control de garant\u00edas para definir casos como el que nos ocupa, en la sentencia C- 1154 de 2005, de la Corte Constitucional, se precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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3. De esta manera, omitir el tr\u00e1mite previsto para este prop\u00f3sito acudiendo a la tutela, implica invadir una competencia que de manera exclusiva se encuentra radicada en el se\u00f1alado juez de la especialidad penal, lo cual ser\u00eda abiertamente contrario a la finalidad y alcance del instrumento constitucional; pues \u00e9ste, se ha instituido para la defensa de los derechos fundamentales, pero, se reitera, no es una instancia paralela o adicional a la de los funcionarios competentes, como en este caso el Fiscal Quinto Delegado ante el Tribunal Superior de Barranquilla, quien en ejercicio de su autonom\u00eda, concluy\u00f3 que las diligencias deb\u00edan archivarse ante la falta de elementos de conocimiento indicativos de la estructuraci\u00f3n de alg\u00fan tipo penal que permitiera continuar la investigaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. As\u00ed entonces, al contar con otros medios de defensa judicial, la petici\u00f3n de amparo propuesta por el actor, no puede prosperar por improcedente, ante la carencia del presupuesto de subsidiariedad, tal como lo concluy\u00f3 la primera instancia, lo cual impone la confirmaci\u00f3n del fallo censurado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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