{"id":98749,"date":"2026-06-25T17:11:45","date_gmt":"2026-06-25T17:11:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc323-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:11:45","modified_gmt":"2026-06-25T17:11:45","slug":"stc323-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc323-2017\/","title":{"rendered":"STC323-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC323-2017   <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00468-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 4 de octubre de 2016, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales y a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo constitucional de la referencia, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos al debido proceso, igualdad y la debida administraci\u00f3n de justicia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que corresponde al radicado N\u00ba 2016-00317-00.  <\/span><\/p>\n

2. Sustenta la queja afirmando que debi\u00f3 presentarla de manera directa, toda vez que la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas se niega a hacerlo por \u00e9l, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial a pesar de lo resuelto por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en providencias que se\u00f1ala.  <\/span><\/p>\n

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3. En consecuencia, solicita que se amparen los derechos invocados, se le ordene al Juzgado accionado admitir y dar tr\u00e1mite de inmediato a su demanda, y frente la Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas determinar si viola la Ley 734 de 2002, igualmente pide que se escanee copia de la tutela y del fallo envi\u00e1ndolas al correo electr\u00f3nico suministrado, adem\u00e1s, que se aporte reproducci\u00f3n f\u00edsica de los documentos que solicita en sus pruebas, a fin de que obren en la tutela (fl. 1 cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Quinto Civil del Circuito de Manizales adem\u00e1s de allegar las copias solicitadas inform\u00f3 que mediante prove\u00eddo de 7 de septiembre de 2016 rechaz\u00f3 por falta de competencia la acci\u00f3n popular luego de haber verificado en la p\u00e1gina web de la Superintendencia Financiera de Colombiana que el domicilio principal de la entidad demandada se encontraba en la ciudad de Bogot\u00e1 y que como frente a \u00e9sta determinaci\u00f3n no se interpusieron recursos procedi\u00f3 a remitirla mediante oficio N\u00b0 3044 del 15 de septiembre a la Oficina de Reparto Judicial para los Juzgados Civiles del Circuito en la ciudad de Bogot\u00e1 (f. 31 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Personer\u00eda Municipal de Manizales, adujo que el promotor del amparo no ha solicitado servicios de asesor\u00eda en cuanto a acciones populares o de tutela a esa entidad, y solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional (f. 35 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. La Defensor\u00eda del Pueblo expuso que desde el a\u00f1o 2014 design\u00f3 a un abogado para que brindara asesor\u00eda al se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, relacion\u00f3 que en los \u00faltimos meses se ha vinculado a cerca de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) acciones constitucionales promovidas por aqu\u00e9l por id\u00e9nticos hechos, por lo que discurre que el accionante ha obrado con temeridad y mala fe (ff. 38 a 56. \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de Procurador Judicial II afirm\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales atribuible a \u00e9sta entidad y que no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para cuestionar la decisi\u00f3n del despacho judicial accionado (ff. 66 a 71. \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo con fundamento en que la decisi\u00f3n de rechazo por falta de competencia del Juez accionado atendi\u00f3 a la normativa aplicable al caso, art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998 y 90 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

A su vez, observ\u00f3 que la protecci\u00f3n reclamada frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas estaba llamada al fracaso, toda vez que el accionante no afirm\u00f3 y mucho menos acredit\u00f3 haber pedido a esa autoridad que instaurara a su nombre la acci\u00f3n de tutela que se resuelve (ff. 58 a 63 \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante manifest\u00f3 que apelaba el fallo y solicit\u00f3 \u00abamparar su acci\u00f3n\u00bb.(f. 79, Cd 1 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.        En este evento, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad y al no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente el examen de los aspectos propuestos como censura contra la actuaci\u00f3n cuestionada, est\u00e1 vedado por la apat\u00eda del reclamante al no haber ejercido recurso alguno frente a la decisi\u00f3n del 7 de septiembre de 2016 que rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial la demanda, permitiendo as\u00ed que adquiriera firmeza, pese al desacuerdo que ahora reprocha en esta sede, lo cual, supone el fracaso del amparo, de conformidad con lo previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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La Sala ha sido enf\u00e1tica al indicar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En el mismo sentido se proceder\u00e1 respecto del amparo contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, en tanto que el recurrente no acredit\u00f3 haber pedido a esa autoridad que instaurara a su nombre la acci\u00f3n de tutela referida.  <\/span><\/p>\n

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4. Finalmente, en relaci\u00f3n con las peticiones relacionadas con que se le \u00abescanee copia\u00bb del fallo proferido en este asunto y de su tutela, se ordenar\u00e1 por secretar\u00eda remitir esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado y a su costa expedir la reproducci\u00f3n de las dem\u00e1s piezas procesales solicitadas.  <\/span><\/p>\n

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5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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