{"id":98752,"date":"2026-06-25T17:12:00","date_gmt":"2026-06-25T17:12:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc336-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:12:00","modified_gmt":"2026-06-25T17:12:00","slug":"stc336-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc336-2017\/","title":{"rendered":"STC336-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC336-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-002-2016-00270-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 11 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Rodr\u00edguez Rico y Blanca Cecilia Moreno Orjuela contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Aguachica, tr\u00e1mite al cual fueron las partes en el proceso ejecutivo singular n\u00ba 2016-00151.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los solicitantes, actuando directamente, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al adelantar una ejecuci\u00f3n bajo un \u00abirregular procedimiento\u00bb que concluy\u00f3 con sentencia desestimatoria de las excepciones.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, se expuso que contra Jenner Anibal Reyes Herrera y ellos dos como avalistas, la Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento de Cesar \u2013 Coalcesar, instaur\u00f3 demanda buscando \u00abel recaudo de un ejecutivo de un pagar\u00e9 por MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($1\u00b4043.908,163)\u00bb, frente a la cual propusieron excepciones y \u00abexiste denuncia penal\u00bb porque ese t\u00edtulo, constituido \u00abpara respaldar obligaciones derivadas de la cosecha de algod\u00f3n del a\u00f1o 2014-2015\u00bb, fue \u00abdiligenciado arbitrariamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indicaron que en el juicio se presentaron irregularidades porque al juez s\u00f3lo le interesaba \u00abentregar una sentencia r\u00e1pida a los demandantes\u00bb, el 27 de julio de 2016 convoc\u00f3 a la audiencia \u00abconcentrada\u00bb de un proceso verbal sumario prevista en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando se trataba de un ejecutivo de mayor cuant\u00eda, negando la pr\u00e1ctica de las pruebas testimoniales y de inspecci\u00f3n judicial a los libros contables que solicitaron los ejecutados, por no enunciar su objeto y por considerarla innecesaria, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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Refirieron que estando en curso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria que contra esa decisi\u00f3n impetrara su apoderado judicial, \u00e9ste renunci\u00f3 al poder el 19 de agosto de 2016, pidi\u00e9ndose por ello el aplazamiento de la audiencia programada para el 23 de ese mismo mes y a\u00f1o, lo cual no fue atendido por el juzgado, como tampoco las excusas m\u00e9dicas para justificar la inasistencia.  <\/span><\/p>\n

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Afirmaron que el 23 de agosto de 2016, previo a la audiencia, el juzgado deneg\u00f3 la reposici\u00f3n y concedi\u00f3 el recurso vertical en el efecto devolutivo; que instalada la audiencia, reconoci\u00f3 que hubo \u00aberror involuntario\u00bb en la indicaci\u00f3n de su convocatoria, no obstante, precis\u00f3 que \u00e9ste no afectaba el procedimiento porque tal irregularidad no fue alegada por las partes, lo cual no pudo hacerse ya que para ese entonces \u00abya se le hab\u00eda aceptado la renuncia\u00bb de su mandatario judicial.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1alaron que tras declarar fallido el intento de conciliaci\u00f3n por la ausencia de la parte demandada, practic\u00f3 un interrogatorio al demandante y \u00absobre las 7:00 de la noche\u00bb, pas\u00f3 a la etapa de alegaciones y evacuada \u00e9sta fij\u00f3 el d\u00eda siguiente para dictar el fallo, el cual solo se produjo hasta el 26 de los mismos, sin tener en cuenta como justificaci\u00f3n de la inasistencia las excusas m\u00e9dicas respecto de \u00ablas dos personas que conforman la parte demandada\u00bb, allegadas el 25 de agosto por la nueva apoderada.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretenden que \u00abse declare la ilegalidad de la actuaci\u00f3n ejecutiva adelantada en contra nuestra y se reabra el debate desde el momento mismo en que se fija fecha y hora para audiencia inicial, en un proceso que nos permita realmente un ejercicio de defensa leg\u00edtimo en presencia de un profesional del derecho que represente nuestra causa\u00bb (fls. 1 a 16, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Valledupar, inform\u00f3 que el proceso ejecutivo en cuesti\u00f3n, actualmente se encuentra en el Tribunal Superior \u00absurtiendo el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia de fecha 26 de agosto de 2016\u00bb; precis\u00f3 que frente a la denegaci\u00f3n de la nulidad propuesta por las parte ejecutada \u00abno se interpuso recurso alguno\u00bb, y que la habilitaci\u00f3n de la hora para desarrollar la audiencia contemplada en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se dio \u00abpor inter\u00e9s leg\u00edtimo de las partes en la celebraci\u00f3n de la misma\u00bb, sin que al respecto se presentara controversia u oposici\u00f3n (fls. 345 y 346, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del Cesar – Coalcesar Ltda., contest\u00f3 cada uno de los hechos de la demanda tutelar, destacando inicialmente que el se\u00f1or Mario Rodr\u00edguez Rico fue el representante legal de la cooperativa durante \u00abm\u00e1s de 30 a\u00f1os\u00bb, y fue \u00e9l quien design\u00f3 a Blanca Cecilia Moreno como subgerente general, cargo que ocup\u00f3 hasta el a\u00f1o 2014; defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n del funcionario encartado al se\u00f1alar que \u00e9ste \u00abse apeg\u00f3 al cumplimento de la norma procesal\u00bb, pues como en el auto del 27 de julio de 2016 cit\u00f3 a audiencia y al mismo tiempo decret\u00f3 las pruebas, la audiencia inicial ser\u00eda concentrada con la instrucci\u00f3n y juzgamiento como lo autoriza el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, cuestion\u00f3 la inasistencia del abogado dimitente a la audiencia, pese a que la renuncia no pon\u00eda fin al mandato en forma inmediata, y tild\u00f3 de \u00absospechoso\u00bb que para el d\u00eda de la audiencia, tanto el apoderado como ambos demandados se \u00abincapacitaron m\u00e9dicamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el auxilio por improcedente al no cumplirse el requisito de subsidiariedad, como quiera que las irregularidades alegadas por los ac\u00e1 accionantes, fueron puestos en conocimiento del juzgado a trav\u00e9s de la solicitud de nulidad que \u00e9ste rechaz\u00f3, y pese a que esa determinaci\u00f3n es apelable, los interesados no hicieron uso de ese medio defensivo (fls. 403 a 502, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetraron los accionantes refutando el no agotamiento de los recursos previstos legalmente en el proceso, en tanto aducen carencia de representante judicial para defender sus intereses al interior del mismo, y que si bien interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo, en caso de prosperar no alcanzar\u00eda a \u00abrehacer un debate procesal ilegal\u00bb, y censura que no se hubiese considerado como perjuicio irremediable el que se les haya declarado vencidos en un juicio donde no pudieron defenderse, y reiterando los \u00abyerros \u00bb que a su juicio se produjeron (fls. 508 a 516, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La Cooperativa Colalcesar Ltda se pronunci\u00f3 para ratificar su postura inicial y pedir que no se acceda al amparo deprecado porque en el proceder del juzgador de instancia no se configura \u00abv\u00eda de hecho\u00bb (fls. 518 a 525, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional, de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso censurado, prontamente establece la Sala que la tutela se torna improcedente porque no logra superar el presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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2.1. En primer lugar, los accionantes no agotaron los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del proceso y ante el juez de instancia, en la medida en que las irregularidades observadas por la parte ejecutada, sintetizadas en una supuesta indebida representaci\u00f3n de la parte ejecutada por la carencia de apoderado en los momentos importantes del litigio y en la preterici\u00f3n de oportunidades probatorias; la eventual \u00abinterrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso\u00bb por falta de defensa t\u00e9cnica, sin perjuicio de la omisi\u00f3n de suspender la audiencia por la coincidente \u00abincapacidad m\u00e9dica\u00bb del apoderado e intervinientes, pudieron plantearse como causal de nulidad.  <\/span><\/p>\n

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Si bien en su mayor\u00eda esas situaciones fueron planteadas por la ac\u00e1 demandante a trav\u00e9s de esa herramienta jur\u00eddica, al haberse resuelto de manera desfavorable en la audiencia del 26 de octubre de 2016, para enseguida emitir la sentencia de rigor, tanto el rechazo como su negaci\u00f3n, son susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n al tenor de lo preceptuado en los numerales 5\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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En esas condiciones la salvaguarda no se abre camino en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato como en efecto ha sido el criterio jur\u00eddico insuperable de esta Corporaci\u00f3n, por revelarse como impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues el motivo de ineficacia y aptitud que los afectados atribuyen anticipadamente, resulta infundado.  <\/span><\/p>\n

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En las condiciones antes descritas, es evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n, porque el expediente muestra el desaprovechamiento de la oportunidad para hacer uso de los instrumentos id\u00f3neos de impugnaci\u00f3n. En invariable l\u00ednea de pensamiento esa Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01).  <\/span><\/p>\n

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2.2. Tambi\u00e9n encuentra la Sala que el requisito de la subsidiariedad trunca la aspiraci\u00f3n de los querellantes, ahora bajo la modalidad de mostrarse prematura la acci\u00f3n implorada, y para ello basta revisar que siendo el fin \u00faltimo atacar la sentencia desfavorable a los intereses de los ejecutados, el medio de impugnaci\u00f3n vertical que se impetr\u00f3 contra el auto del 27 de julio de 2016, en lo tocante a la negaci\u00f3n de algunos medios de prueba deprecados en la contestaci\u00f3n de la demanda, a\u00fan no ha sido objeto de definici\u00f3n, como tampoco lo ha sido el propuesto contra la aludida sentencia dictada el 26 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que al haberse dado curso al recurso de apelaci\u00f3n contra una actuaci\u00f3n intermedia del proceso, cuyo tr\u00e1mite no imped\u00eda la continuidad del proceso en virtud a que se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo, al haberse tambi\u00e9n apelado la sentencia \u00abel superior decidir\u00e1 en esta todas las apelaciones contra autos que estuvieren pendientes, cuando fuere posible\u00bb, como lo contempla el art\u00edculo 323 del vigente ordenamiento adjetivo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, el presente resguardo se torna prematuro, dado que el punto por el cual se duele el impugnante, a\u00fan est\u00e1 por definirse en sede ordinaria y ante ello esta Corte ha sostenido que no puede acudirse con \u00e9xito a este remedio extraordinario en virtud al car\u00e1cter subsidiario que lo caracteriza, por cuanto:  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC6172-2015, 21 may. 2015, rad. 00163-01, STC13872-2016, 29 sep. 2016, rad. 01736-01, y STC17002-2016, 24 nov. 2016, rad. 00543-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3. La Sala reitera que mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, aunada a la existencia de otros medios de defensa que constituyen un impedimento para que proceda la tutela como mecanismo transitorio, ya que no puede reprocharse falta de idoneidad y eficacia en el control judicial del acto cuestionado, tampoco procede la aplicaci\u00f3n de la tutela como mecanismo transitorio, pues para que se configure bajo esa modalidad, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Corolario de lo anteriormente precisado, en tanto el amparo no puede utilizarse como v\u00eda sustituta o alterna de los medios defensivos previstos ordinariamente por la ley, se impone ratificar su denegaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto, por telegrama o a trav\u00e9s de otro medio expedito, a las partes y al a-quo, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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