{"id":98755,"date":"2026-06-25T17:12:23","date_gmt":"2026-06-25T17:12:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc346-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:12:23","modified_gmt":"2026-06-25T17:12:23","slug":"stc346-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc346-2017\/","title":{"rendered":"STC346-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC346-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02008-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Berley Hernando Montealegre Acosta contra la Sala de igual especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.  Fueron vinculadas al tr\u00e1mite las partes intervinientes dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor, actuando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso y resocializaci\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas quienes le han negado el subrogado penal de la libertad condicional.  <\/span><\/p>\n

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2.        Relata que actualmente descuenta una pena de 28 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de secuestro extorsivo, de los cuales dice haber cumplido m\u00e1s de 218 meses, superando as\u00ed las 3\/5 partes de la sanci\u00f3n, por lo que, seg\u00fan el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, tiene el derecho de acceder a la libertad condicional, sin embargo, tanto el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas, como el Tribunal Superior, le negaron dicha posibilidad.  Acusa las decisiones de esos despachos judiciales de desconocer los conceptos favorables de comportamiento respecto a su tratamiento penitenciario y su proceso de resocializaci\u00f3n, pero fundamentalmente, de inaplicar precedentes jurisprudenciales de las Altas Cortes que remiten al principio de la favorabilidad en materia de libertad condicional.  <\/span><\/p>\n

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3.  En consecuencia, como pretensi\u00f3n medular de la acci\u00f3n de amparo solicita se le conceda \u00ab(\u2026) la libertad condicional, conforme al art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, por principio de Favorabilidad, aplicando los lineamientos para el caso contenidos en recientes sentencias de la Corte Constitucional, sentencia C-757 del 15 de febrero 2014 y T-762 del 16 de diciembre de 2015, MP. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, concordantes sobre la resocializaci\u00f3n y la importancia del derecho a la libertad, los derechos humanos y los derechos fundamentales y constitucionales. (ff. 1 a 5, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juez Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, hizo un recuento del proceso penitenciario del actor, y en lo que tiene que ver con le negativa de la libertad condicional se\u00f1al\u00f3 que, en efecto, mediante providencia del 24 de noviembre de 2015, deneg\u00f3 dicha prerrogativa por expresa prohibici\u00f3n legal del art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002, vigente para el momento de la ocurrencia del hecho punible (f. 39, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Fiscal 86 Especializado de la Unidad Contra el Crimen Organizado de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 que su despacho adelant\u00f3 investigaci\u00f3n por los delitos Secuestro y Extorsi\u00f3n en contra del aqu\u00ed demandante, y profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 27 de octubre de 2004, remitiendo luego las diligencias a los juzgados especializados para la correspondiente etapa del juicio (f. 45, \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Procurador 234 judicial Penal I, destac\u00f3 que el penado, recientemente interpuso acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, la cual tampoco prosper\u00f3. Respecto al actual pedimento, se\u00f1ala que es improcedente, pues se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido en lo establecido en la Ley 733 de 2002, art\u00edculo 11, que impide la concesi\u00f3n de beneficios punitivos para los delitos por los cuales fue condenado el accionante (f. 51, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, indic\u00f3 que, mediante auto de 16 de septiembre de 2016, conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 la libertad condicional al aqu\u00ed accionante, confirmando el prove\u00eddo cuestionado (f. 52, id.)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 por improcedente la tutela al concluir que los providencias censuradas se ajustaron al contenido de las normas aplicables al caso concreto, precisando que, \u00ab (\u2026) el citado art\u00edculo [11 de la Ley 733 de 2002] no fue derogado t\u00e1citamente por el art\u00edculo 32 de la Ley 1709 de 2014, pues este fen\u00f3meno jur\u00eddico [el de la favorabilidad] solo acontece cuando la disposici\u00f3n nueva no es conciliable con la anterior, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 en el presente caso, toda vez que la exclusi\u00f3n de beneficios contenida en la \u00faltima regla, solo incorpor\u00f3 algunos delitos para los cuales no proced\u00edan la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, dejando inc\u00f3lumes aquellas disposiciones normativas que regulan el subrogado de la libertad condicional (\u2026)\u00bb (ff. 61 a 71, cd. 1.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el quejoso sin argumentaci\u00f3n adicional (f. 78, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha sostenido insistentemente que la acci\u00f3n de tutela no constituye un mecanismo alternativo para atacar o censurar directamente las decisiones proferidas dentro de un proceso judicial; criterio que, debe indicarse desde ya, se reitera en el presente asunto.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha dicho que excepcionalmente \u00e9ste instrumento de protecci\u00f3n puede ejercitarse para solicitar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el tr\u00e1mite procesal el funcionario judicial act\u00faa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales aquel desborda su \u00e1mbito funcional o contrar\u00eda al ordenamiento jur\u00eddico, configur\u00e1ndose las denominadas v\u00edas de hecho, bajo la condici\u00f3n que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial id\u00f3neo para abogar por la vigencia de sus prerrogativas, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el sublite, se pretende la anulaci\u00f3n de los autos de 24 de noviembre de 2015 y de 16 de septiembre de 2016, proferidos por el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y por el Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, a trav\u00e9s de los cuales se neg\u00f3 la libertad condicional al sentenciado.  <\/span><\/p>\n

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Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de ambas instancias, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 al proferido el 16 de septiembre, por la Sala Penal del Tribunal Superior de \u00e9sta capital, por cuanto fue el que en \u00faltimas defini\u00f3 el tema planteado. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora bien, los presupuestos referidos para habilitar la excepcional procedencia del auxilio contra actos jurisdiccionales, no se re\u00fanen en el presente caso, como lo concluy\u00f3 la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, las resoluciones acusadas, en especial la dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior Bogot\u00e1, se erige en un pronunciamiento ajustado a los preceptos legales vigentes para el momento de acaecimiento de los hechos, al precisar que para esa situaci\u00f3n, necesariamente la norma aplicable era la del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, con la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 890 de 2004, que establec\u00eda como requisito objetivo para la concesi\u00f3n del subrogado, el cumplimiento de dos terceras partes de la pena, lo cual, en este asunto equivale a 224 meses, habiendo transcurrido a la fecha de la decisi\u00f3n 213 meses, fundamento que se ci\u00f1e a lo exigido en el precepto legal adoptado, todo lo cual conlleva a descartar la presencia de una actuaci\u00f3n que pueda calificarse como desviada, caprichosa o subjetiva.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, se ha considerado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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Particularmente importa resaltar que una vez visto el aludido interlocutorio del ad quem que confirm\u00f3 el del juez encargado de vigilar la sanci\u00f3n penal (ff        15 a 20, ib.), y tal como lo advirti\u00f3 la hom\u00f3loga de la misma especialidad de esta Corporaci\u00f3n, el principio de favorabilidad esgrimido por el gestor no es predicable de las disposiciones planteadas, puesto que, tal como fue precisado en los precedentes expuestos por el A quo, \u00ab (\u2026) lo que en \u00faltimas hizo el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 32 de la ley 1709 de 2014, fue establecer que la libertad condicional prevista en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, no se encuentra vedada para aquellos que hubieran sido condenados por los punibles relacionados en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 68A del C\u00f3digo Penal, pero sin referirse en absoluto a restricciones pasadas como, por ejemplo, el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, respecto de los delitos de secuestros y extorsi\u00f3n\u00bb (CSJ STP13166-2014 Y CSJSTP8287-2014)   <\/span><\/p>\n

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La motivaci\u00f3n sobre la cual se fund\u00f3 la sentencia atacada respondi\u00f3 a la revisi\u00f3n de las premisas normativas pertinentes sobre el r\u00e9gimen de libertad como mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n intramural y de la favorabilidad como principio modulador del ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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       Acert\u00f3 de esa forma el tribunal al explicar que la favorabilidad no puede operar caprichosamente, concluyendo que la norma invocada por el accionante deb\u00eda obligatoriamente aplicarse con la modificaci\u00f3n introducida por la ley 890 de 2004, pues en vigencia de \u00e9sta ocurrieron los hechos juzgados, lo cual remiti\u00f3 inequ\u00edvocamente a la verificaci\u00f3n del factor objetivo de las dos terceras partes (2\/3) de la pena impuesta, aspecto que al momento del pronunciamiento no se hab\u00eda superado.  <\/span><\/p>\n

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       Entonces, como quiera que las decisiones cuestionadas descansan sobre criterios de interpretaci\u00f3n razonables y son fruto de un serio y juicioso an\u00e1lisis respecto de los requisitos exigidos por la normativa penal vigente para hacerse merecedor a la gracia deprecada, no resulta dable pregonar que con la negativa de otorgarle la libertad condicional se desconocieron derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, conviene traer a colaci\u00f3n lo dicho por la Sala cuando reitera que no constituyen causal de procedencia del amparo constitucional directo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (ven entre otras, CSJ STC9182-2015, STC10081-2015 y STC728-2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Seg\u00fan lo expuesto, y como la petici\u00f3n de amparo es improcedente en la forma acertada como lo resolvi\u00f3 el A quo en el fallo de tutela objeto de impugnaci\u00f3n, se confirmar\u00e1 en su integridad.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, por el medio m\u00e1s id\u00f3neo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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