{"id":98757,"date":"2026-06-25T17:12:36","date_gmt":"2026-06-25T17:12:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc357-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:12:36","modified_gmt":"2026-06-25T17:12:36","slug":"stc357-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc357-2017\/","title":{"rendered":"STC357-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC357-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2016-00069-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona el 16 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mercedes Carrasco de Villamizar contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 2013-00277.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La solicitante, actuando directamente, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas al ordenar seguir adelante una ejecuci\u00f3n en su contra tras desestimar los medios exceptivos por ella propuestos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que en el aludido proceso formulado por Miguel Evangelista Parra Vera, con quien ella y su difunto esposo hab\u00edan conformado una sociedad de hecho para la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de durazno, a trav\u00e9s de su apoderado judicial plante\u00f3 las excepciones de fondo que denominaron \u00abla derivada del negocio causal que dio origen a la presente acci\u00f3n\u00bb y \u00abpago parcial de la obligaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que una vez agotadas las etapas pertinentes, el 5 de mayo de 2016 el Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona dict\u00f3 sentencia declarando no probadas las defensas, continuar la ejecuci\u00f3n y condenarla en costas, decisi\u00f3n que fue apelada por su representante judicial aludiendo, entre otros aspectos, que la letra de cambio aceptada por $21\u00b4700.000, no contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, al no haber certeza del monto mutuado seg\u00fan la propia versi\u00f3n del acreedor, y que el saldo, luego del abono por $5\u00b4000.000, seg\u00fan lo dicho por el ejecutante, corresponde a pr\u00e9stamos realizados \u00abpoco a poco\u00bb desde 2009, sin que al respecto se pactaran intereses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirm\u00f3 que el 6 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad en menci\u00f3n, confirm\u00f3 parcialmente el fallo apelado, pues la modificaci\u00f3n consisti\u00f3 en que \u00abse declara de oficio probada la excepci\u00f3n de pago parcial\u00bb por $5\u00b4000.000. Agreg\u00f3 que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito realizada seguidamente, al incluir intereses corrientes y de mora, arroj\u00f3 un saldo a su cargo por $48\u00b4454.622,53, valor que enfatiza no deber, ya que \u00abla obligaci\u00f3n es netamente civil\u00bb, pues como \u00abse prest\u00f3 para la subsistencia de la familia y poco a poco, obligaci\u00f3n diferente a la del negocio de los duraznos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende, en consecuencia, ordenar \u00abque se revoque\u00bb la sentencia proferida por el ad quem el 6 de septiembre de 2016, \u00abpor incurrir en errores de hecho\u00bb en relaci\u00f3n con el cobro de intereses pues reitera que \u00e9stos no fueron pactados por las partes (fls. 1 a 8, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona remiti\u00f3 el expediente para su inspecci\u00f3n por parte del Tribunal (fl. 17, ib\u00eddem), de cuyas observaciones \u00e9ste levant\u00f3 el acta respectiva (fl. 24 a 26, ib\u00edd.), agregando copias de algunas piezas procesales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Miguel Evangelista Parra Vera, trayendo a colaci\u00f3n pronunciamientos jurisprudenciales, pidi\u00f3 que se negara lo pretendido, no solo por su improcedencia frente a providencias judiciales, sino porque en este caso no se produjo violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la accionante, pues acot\u00f3 que \u00abutilice (sic) los mecanismos existente en la Ley para exigir el cumplimiento de una obligaci\u00f3n, clara expresa y exigible\u00bb para cobrar una obligaci\u00f3n contenida en una letra de cambio que \u00abcasi seis a\u00f1os despu\u00e9s de su creaci\u00f3n a\u00fan no he podido recuperar\u00bb (fls. 19 a 22, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el auxilio al estimar que \u00ablas decisiones adoptadas por los accionados no entra\u00f1an irregularidad que den lugar a catalogarlas como ostensiblemente absurdas ni manifiestamente ilegales\u00bb, y tras resumir lo actuado concluy\u00f3 que no pueden tildarse de caprichosas sino que \u00abobedecen a interpretaci\u00f3n de las normas que regulan los t\u00edtulos valores y al an\u00e1lisis del material probatorio recaudado\u00bb, se\u00f1alando tambi\u00e9n que la providencia de segundo grado \u00abse fund\u00f3 estrictamente en los puntos propuestos por el apelante\u00bb, de donde precis\u00f3 que la inconformidad sobre el cobro de los intereses \u00abno fue objeto de cuestionamiento alguno al interior del proceso\u00bb, y por tanto esa pretensi\u00f3n desborda la naturaleza excepcional de la tutela (fls. 76 a 84, cd. 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la demandante quej\u00e1ndose de que nuevamente hay \u00abausencia de valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n del material probatorio\u00bb, pues contrario a lo aseverado en el fallo, con la presente acci\u00f3n \u00abno se quiso forzar una deducci\u00f3n f\u00e1ctica sino resaltar un error de hecho y de derecho\u00bb, pues el tema relacionados con intereses si fue tratado en el proceso ejecutivo y se reiter\u00f3 mediante el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que el ad quem debi\u00f3 determinar que como las partes no pactaron intereses por tratarse de un \u00abpr\u00e9stamo de confianza\u00bb, el r\u00e9gimen aplicable para su cobranza no era el comercial sino el previsto para las obligaciones civiles contemplado en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil (fls. 91 a 94, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Para proceder la Corte a resolver esta instancia, es menester dejar sentado que, aunque el reclamo constitucional se dirige contra las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona y su superior funcional, en esta oportunidad \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la dictada por el Juzgado de Circuito, en tanto es la que resuelve de manera definitiva el asunto objeto de debate.  <\/span><\/p>\n

       3. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al juzgador ad quem para declarar parcialmente probadas las excepciones propuestas por la parte ejecutada, y concretamente en ratificar que siguiera la ejecuci\u00f3n conforme lo determin\u00f3 el mandamiento de pago, prontamente establece la Sala que la tutela se torna improcedente porque no logra superar su alcance excepcional, en la medida en que la accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa judicial previstos en el ordenamiento legal al interior del proceso y ante los respectivos jueces ordinarios de instancia.  <\/span><\/p>\n

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3.1. En efecto, no se cumple el requisito esencial de la subsidiariedad, en la medida en que previamente a intentar la protecci\u00f3n constitucional, la actora no se dirigi\u00f3 ante las autoridades competentes para poner de presente su pretensi\u00f3n, mucho menos demostr\u00f3 que habi\u00e9ndolo realizado, hubiese obtenido una respuesta desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto de la revisi\u00f3n que al expediente realiz\u00f3 el a-quo a trav\u00e9s de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial (fls. 24 a 26, cd. 1), consecuente con las copias de las piezas procesales allegadas, y en especial al fallo dictado por el Despacho encartado el 6 de septiembre de 2016 (fls. 74 y 75, ib\u00eddem), la oposici\u00f3n planteada por la parte ejecutada no estuvo dirigida a atacar el no pacto de intereses o la eventual renuncia que de ellos hiciera el acreedor, o que los mismos no ten\u00edan la connotaci\u00f3n propia de una operaci\u00f3n comercial pese a que la obligaci\u00f3n est\u00e1 recogida en un t\u00edtulo valor cuya reglamentaci\u00f3n es de car\u00e1cter comercial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La inconformidad fue planteada en relaci\u00f3n con una supuesta nulidad por falta de requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, en tanto uno de los obligados falleci\u00f3 estando en curso el proceso, que el ejecutante dijo que la deuda era mayor a la que representaba la letra de cambio y que ello no constitu\u00eda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible; tambi\u00e9n, que conforme al ordenamiento procedimental anterior, era deber del juez de primer grado realizar un control de legalidad de las exigencias del t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, y por \u00faltimo, que frente a \u00e9ste, no estaban dadas las condiciones relativas a la literalidad y certeza de la obligaci\u00f3n contempladas en el C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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3.2. En ese orden, tras haber dado respuesta a los reclamos referidos a los requisitos de la letra de cambio para tenerse como un verdadero t\u00edtulo ejecutivo, y concretar que no ten\u00eda posibilidad de \u00e9xito la excepci\u00f3n \u00abderivada del negocio causal\u00bb, por cuanto no demostr\u00f3 que en todo o en parte el capital all\u00ed indicado correspondiera a posibles \u00abutilidades\u00bb o que s\u00f3lo representara \u00abgarant\u00eda\u00bb al pago de \u00e9stas en raz\u00f3n a la sociedad de hecho que mantuvieron las partes para la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de durazno, la autoridad enjuiciada respald\u00f3 la denegaci\u00f3n de esa defensa pero vari\u00f3 la decisi\u00f3n en cuanto a la excepci\u00f3n parcial de pago, concedi\u00e9ndola por valor superior al que fue propuesto en el medio exceptivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo antes dicho se concluye que la resoluci\u00f3n dada por el juez de conocimiento, se refiri\u00f3 a los espec\u00edficos planteamientos realizados por la inconforme, pues en efecto se trataba de brindar respuesta a los presupuestos f\u00e1cticos que las partes pusieron para su debate judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que la incuria data desde el inicio del proceso, pues a la ac\u00e1 promotora del amparo, quien estuvo representada por apoderado judicial, el punto que ahora trae a discusi\u00f3n no le mereci\u00f3 cuestionamiento por v\u00eda de reposici\u00f3n contra el auto que libr\u00f3 la orden de pago, pese a que en \u00e9ste se expres\u00f3 con claridad que los intereses sobre el capital ejecutado ser\u00edan \u00ablos corrientes establecidos por la Superfinanciera desde el 01 de diciembre de 2010 hasta el 1 de agosto de 2011 y m\u00e1s los intereses establecidos por la Superfinanciera por mora desde 2 de agosto de 2011 hasta la fecha que efectivamente se pague la obligaci\u00f3n\u00bb (fl. 31, \u00eddem), y al haber indicado tangencialmente el tema en la proposici\u00f3n de excepciones, al no haberse dado expresa definici\u00f3n en el primer fallo, omiti\u00f3 traer ese aspecto para su resoluci\u00f3n en segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. En las condiciones se\u00f1aladas, la querellante no present\u00f3 a consideraci\u00f3n del juzgador de segundo grado la situaci\u00f3n por la que hoy se duele, primero porque la obvi\u00f3 al concurrir por primera vez al proceso, segundo por no darle un desarrollo adecuado por v\u00eda de excepci\u00f3n, y tercero porque al aspirar el quebrantamiento de la decisi\u00f3n que le era desfavorable, a ese aspecto no le dio despliegue alguno para que fuese objeto de an\u00e1lisis por el juzgado ad quem.  <\/span><\/p>\n

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4. Comoquiera que de lo expuesto se advierte que la se\u00f1ora Carrasco de Villamizar no opuso una adecuada resistencia a la providencia que dice afectarla, dado que la proposici\u00f3n del recurso por s\u00ed misma no es suficiente para dar por sentado el empleo de los mecanismos judiciales de defensa contemplados por la ley, este residual remedio surge improcedente porque no supera el esencial presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que es ante el juez de la causa y no frente al de tutela que deben plantearse los recursos y acciones previstas en el ordenamiento legal, y que el desaprovechamiento de los mismos no s\u00f3lo se refleja en que se deje de hacer uso de ellos, sino en el de omitir los fundados argumentos. Pretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos al debate procesal que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha venido sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abcuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ, sentencia de 26 de enero de 2011, rad. 00027-00, reiterada en STC7185-2016, 2 jun. 2016, rad. 00639-01, y STC10561, 3 ago. 2016, rad. 01195-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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5. Adicionalmente, el estudio realizado al caso, permite a la Sala concluir que la determinaci\u00f3n que se censura, no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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Esta Corte ha se\u00f1alado que mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela, y en esta oportunidad la providencia cuestionada, lejos est\u00e1 de tornarse arbitraria o caprichosa, por cuanto fue el resultado de un estudio ponderado tanto del material probatorio como de la normativa aplicable al caso, y se soport\u00f3 en un criterio jur\u00eddicamente razonable. Al respecto recu\u00e9rdese que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo dem\u00e1s, este procedimiento estatuido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual ac\u00e1 no se avizora pues seg\u00fan esta Corte, se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, STC 2618-2016, 3 mar. 2016, rad. 2015-02472-01 y STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Corolario de la existencia de lo anteriormente discurrido, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se neg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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          LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC357-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2016-00069-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}