{"id":98769,"date":"2026-06-25T17:13:49","date_gmt":"2026-06-25T17:13:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc428-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:13:49","modified_gmt":"2026-06-25T17:13:49","slug":"stc428-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc428-2017\/","title":{"rendered":"STC428-2017"},"content":{"rendered":"

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC428-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02610-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Morales Escobar contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del \u201cconcordato preventivo\u201d iniciado por Marl\u00e9n Bernal Bautista y el aqu\u00ed actor.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El interesado reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales consagrados en los art\u00edculos 2, 13, 15, 21 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entre otros, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, manifiesta que junto con su esposa Marl\u00e9n Bernal Bautista, inici\u00f3 el pleito reprochado para \u201c(\u2026) recuperar (\u2026) [su] empresa familiar de confecci\u00f3n (\u2026)\u201d y cumplir con los compromisos econ\u00f3micos adquiridos por \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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El asunto fue conocido inicialmente por el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad, quien reconoci\u00f3 como sus acreedores a la Direcci\u00f3n Distrital de Impuestos, a algunos trabajadores de la compa\u00f1\u00eda, a Conavi, ahora Bancolombia y a Megabanco, hoy Banco de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el 17 de septiembre de 2009 se incluy\u00f3 al Fondo Nacional de Garant\u00edas como \u201c(\u2026) subrogataria del 50% de la obligaci\u00f3n pendiente con el Banco de Bogot\u00e1 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que tras lograr la remisi\u00f3n al decurso concordatario de los ejecutivos impulsados en su contra por las entidades financieras mencionadas, pidi\u00f3 cancelar sus anotaciones en las centrales de riesgos; sin embargo, no ha obtenido una respuesta favorable.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que despu\u00e9s de practicarse el embargo decretado en el litigio cuestionado sobre un inmueble de su propiedad, empez\u00f3 a adelantar distintas gestiones para conseguir un arreglo con el Banco de Bogot\u00e1 y con la Firma Reintegra S.A.S., a quien Bancolombia cedi\u00f3 el pr\u00e9stamo cobrado.  <\/span><\/p>\n

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Relata que como todos \u201c(\u2026) los acreedores pretendieron su pago directo sin recurrir a m\u00e1s instancias dentro del proceso (\u2026)\u201d, sufrag\u00f3 lo adeudado por impuestos y deudas laborales y consigui\u00f3 un acuerdo con el Fondo Nacional de Garant\u00edas, todo lo cual puso en conocimiento del Juzgado Veintis\u00e9is, quien agreg\u00f3 los documentos allegados al expediente.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que luego del convenio logrado con Reintegra S.A., le cancel\u00f3 completamente lo adeudado el 15 de marzo de 2016, empero ese ente se neg\u00f3 a expedirle paz y salvos hasta no obtener una orden judicial.  <\/span><\/p>\n

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El 29 de abril de 2016 le inform\u00f3 al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito, cognoscente actualmente de las diligencias, del pacto realizado con Reintegra; asimismo, le pidi\u00f3 a ese juzgador exigirle a dicha empresa la expedici\u00f3n del paz y salvo correspondiente y la cancelaci\u00f3n de la hipoteca garant\u00eda de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Pasados m\u00e1s de seis (6) meses, el despacho se pronunci\u00f3 en auto de 10 de octubre de 2016, exponiendo que se absten\u00eda de impartir aprobaci\u00f3n al acuerdo suscrito con Reintegra porque la deuda con \u00e9sta no superaba el 75% de las acreencias objeto del liquidatorio.  <\/span><\/p>\n

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Anota que esa decisi\u00f3n quebranta sus prerrogativas, por cuanto desconoce \u201c(\u2026) las actuaciones anteriores y los acuerdos de pago realizados con los anteriores acreedores (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, asegura que alcanz\u00f3 un preacuerdo con la Firma Refinancia, cesionaria de los derechos del Banco de Bogot\u00e1 y en pocos d\u00edas tendr\u00e1 \u201c(\u2026) por escrito el acuerdo de pago definitivo (\u2026)\u201d (fls. 1 al 6, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, por tanto, aceptar el pacto celebrado con Reintegra y ordenarle a \u00e9sta revocar el gravamen hipotecario mencionado (fl. 89, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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1.1.        Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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El estrado querellado relacion\u00f3 las actuaciones surtidas en el litigio y destac\u00f3 que a pesar de los requerimientos efectuados a los concursados, \u00e9stos no han impulsado el asunto, pues no acreditaron las publicaciones del emplazamiento ordenado para los acreedores distintos de los reconocidos.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que en prove\u00eddo de 10 de octubre de 2016 neg\u00f3 oficiar a Reintegra para la expedici\u00f3n de los paz y salvos demandados por el gestor porque \u201c(\u2026) no se da[ban] los presupuestos previstos en el art\u00edculo 142 de la Ley 222 de 1995 (\u2026)\u201d, determinaci\u00f3n no criticada por el querellante  (fls. 96 al 98, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el interesado no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de reproche (fls. 117 al 122, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.3.        La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 aduciendo que no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de 10 de octubre de 2016 porque tuvo conocimiento de \u00e9sta cuando ya hab\u00eda cobrado ejecutoria, pues el juzgado fustigado no cuenta con sistema de gesti\u00f3n y, adem\u00e1s, no tiene comunicaci\u00f3n con su abogada por encontrarse \u00e9sta gravemente enferma (fls. 139 al 140, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor censura la providencia de 10 de octubre de 2016, mediante la cual el estrado atacado se abstuvo de aprobar el acuerdo celebrado con Reintegra S.A. por no acatarse \u201c(\u2026) las exigencias previstas en el art\u00edculo 142 de la Ley 222 de 1995, pues el acreedor con el cual se celebr\u00f3 (\u2026) no representa el 75% de los cr\u00e9ditos reconocidos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como lo estim\u00f3 el Tribunal, el reparo no sale avante por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues la determinaci\u00f3n reprochada no fue objeto de reposici\u00f3n, medio de defensa procedente conforme a lo consagrado en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 224 de la Ley 222 de 1995 e id\u00f3neo para rebatir la actividad del despacho querellado.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente a la pertinencia del remedio horizontal, esta Sala ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Se resalta que la inactividad de los representantes judiciales no sirve de sustento para incoar este mecanismo, pues en este caso, bien pudo la abogada del gestor obtener la interrupci\u00f3n del decurso alegando su situaci\u00f3n de salud, conforme al numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 159 del C\u00f3digo General del Proceso, o el petente igualmente habr\u00eda podido otorgarle poder a otro profesional.  <\/span><\/p>\n

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Lo discurrido porque, como lo ha expuesto esta Sala en otros casos,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, se resalta que el sistema de gesti\u00f3n como lo ha acotado esta Corte, es una mera herramienta de comunicaci\u00f3n y no constituye medio de notificaci\u00f3n alguno3, por lo cual le corresponde a los interesados revisar directamente los expedientes y no esperar que las decisiones se anuncien en el citado sistema.  <\/span><\/p>\n

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Esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n de todos los instrumentos a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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3.        Aunado a lo expresado, se destaca la ausencia de vulneraci\u00f3n en la actividad del juez denunciado, pues no existe evidencia de aprobaci\u00f3n alguna de los acuerdos de pago presuntamente celebrados con acreedores distintos de Reintegra S.A.S., por lo cual no pod\u00eda considerarse que \u00e9sta representara el 75% de las deudas reconocidas, presupuesto necesario conforme al art\u00edculo 142 de la Ley 222 de 19955 para aceptar convenios suscritos fuera de las audiencias correspondientes.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, resta anotar que el solicitante puede exponerle al juez denunciado el supuesto pago de los pasivos denunciados en el decurso, demandar la finalizaci\u00f3n de \u00e9ste por esa causa y el levantamiento de las cautelas practicadas, cuestiones sobre las cuales corresponde proveer a ese funcionario.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.  <\/span><\/p>\n

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3 CSJ STC 3 de marzo de 2009, exp. 00277-00; v\u00e9anse igualmente, los fallos de 28 de octubre de 2009, exp. 01820-00; 9 de marzo de 2010, exp. 00169-01; 19 de diciembre de 2012, exp. 2012-01813; y 5 de septiembre de 2013, exp. 2013-00649-01, entre otros.  <\/span><\/p>\n

4 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp.  2010-000380-01.  <\/span><\/p>\n

5 \u201c(\u2026) Acuerdo por fuera de Audiencia. Art\u00edculo 142. VIABILIDAD. A partir de la audiencia preliminar y mientras no se haya aprobado acuerdo concordatario, el deudor y los acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los cr\u00e9ditos reconocidos y admitidos, o sus apoderados, podr\u00e1n solicitar a la Superintendencia de Sociedades la aprobaci\u00f3n del acuerdo concordatario que le presenten personalmente quienes lo suscriban. La Superintendencia lo aprobar\u00e1 dentro de los diez d\u00edas siguientes a la fecha de presentaci\u00f3n del escrito, si re\u00fane los requisitos exigidos en la presente ley, y le ser\u00e1n aplicables las disposiciones respectivas. Si la Superintendencia niega la aprobaci\u00f3n, continuar\u00e1 el tr\u00e1mite del concordato (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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