{"id":98773,"date":"2026-06-25T17:14:08","date_gmt":"2026-06-25T17:14:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc433-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:14:08","modified_gmt":"2026-06-25T17:14:08","slug":"stc433-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc433-2017\/","title":{"rendered":"STC433-2017"},"content":{"rendered":"

    MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC433-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2016-01680-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Antonio P\u00e9rez Eslava contra las Fiscal\u00edas Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena y Once Seccional de esa ciudad, y el Agente del  Ministerio P\u00fablico de esa capital, con vinculaci\u00f3n del Juzgado Catorce Civil del Circuito y las Fiscal\u00edas 46 y 54 de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del confuso escrito de tutela logra inferirse que el actor aduce lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Formul\u00f3 denuncia contra el Juez Catorce Civil del Circuito de Barranquilla por \u00abfalsedad, fraude procesal y concierto para delinquir\u00bb, en relaci\u00f3n a unas \u00abfalsas declaraciones diligenciadas\u00bb en ese despacho (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. El 15 de junio de 2016 la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal de Cartagena, sin vincular a todos los involucrados, dict\u00f3 auto inhibitorio, comunicado personalmente al Agente del Ministerio P\u00fablico, quien no present\u00f3 ning\u00fan recurso, y por estado a los dem\u00e1s sujetos procesales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. El 1\u00b0 de julio siguiente mediante derecho de petici\u00f3n solicit\u00f3 que remitieran el expediente a la Fiscal\u00eda de Barranquilla para notificarse personalmente.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El 14 de julio anterior, si bien le dieron respuesta, no fue de fondo.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, en s\u00edntesis, que se \u00abdecrete un acta o inventario de todo lo denunciado, lo peticionado, con un consecutivo de los pronunciamientos\u00bb y que mediante un comisorio \u00abse remita lo actuado ante las Fiscal\u00edas Barranquilla\u00bb para permitir su enteramiento; adem\u00e1s, que \u00abse decrete el impedimento\u00bb de los funcionarios cuestionados y \u00abse declare la nulidad\u00bb del proceso seguido ante el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, pero d\u00e1ndole valor a todo lo que el aleg\u00f3 (fls. 6 y 7ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Posteriormente el promotor present\u00f3 un memorial, \u00abcomo anexo y correcci\u00f3n correspondiente a punto 11 de la tutela\u00bb para se\u00f1alar que \u00ablo correspondiente a la fiscal\u00eda 37 es el radicado 308246\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, adicionalmente manifest\u00f3 que si bien \u00abel Consejo Superior de la Judicatura del Atl\u00e1ntico estuviera adelantando la investigaci\u00f3n del extrav\u00edo (\u2026) al parecer est\u00e1n investigando a otro fiscal que no tiene nada que ver en ello\u00bb, por lo que pidi\u00f3 vincular a esa entidad (fls. 69 y 70, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n al ser de su competencia (fls. 90-95, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La Fiscal\u00eda Once Seccional de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que all\u00ed \u00abno reposa ninguno de los procesos a los que se hacen referencia\u00bb (fl. 110, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  La Fiscal\u00eda 44 Seccional de Barranquilla indic\u00f3 que no se le atribuye ninguna vulneraci\u00f3n y tampoco se \u00abobserva ninguna petici\u00f3n en concreto\u00bb que deba resolver (fl. 111, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Fiscal\u00eda Tercera Delegada ente el Tribunal Superior de Cartagena afirm\u00f3 que el 10 de junio de 2016 emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n inhibitoria dentro de las diligencias seguidas contra la Juez Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, por el presunto delito de prevaricato por acci\u00f3n, y notific\u00f3 la determinaci\u00f3n de acuerdo con las disposiciones de la Ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente, el 12 de junio, el actor solicit\u00f3 que lo enteraran en Barranquilla, dada su insolvencia econ\u00f3mica. En consecuencia, para \u00abgarantizar los derechos del peticionario\u00bb, repiti\u00f3 la notificaci\u00f3n por estado y comision\u00f3 a la oficina homologa de esa ciudad para notificarlo personalmente, por lo cual el interesado interpuso reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n y queja. Actualmente esas censuras est\u00e1n en tr\u00e1mite (fl. 112, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. Los restantes involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Deneg\u00f3 la salvaguarda porque el derecho de petici\u00f3n del promotor, con el que buscaba \u00abque se surtiera un despacho comisorio (\u2026) a fin de que se le notificara personalmente la decisi\u00f3n inhibitoria\u00bb, fue contestado satisfactoriamente \u00abel 23 de agosto del a\u00f1o en curso, cuando se dej\u00f3 sin efectos el estado n\u00famero 13 del 21 de junio pr\u00f3ximo pasado y se accedi\u00f3 a la solicitud del libelista\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con esto se protegi\u00f3 sus prerrogativas de contradicci\u00f3n y defensa, lo que tambi\u00e9n descarta cualquier vulneraci\u00f3n del debido proceso o una limitaci\u00f3n al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Por el contrario, se lleg\u00f3 al extremo de anular \u00abuna notificaci\u00f3n por estado (\u2026) absolutamente v\u00e1lida, con el \u00fanico prop\u00f3sito de librar un despacho comisorio por el cual se le permitiera al denunciante conocer de primera mano el contenido de la decisi\u00f3n\u00bb y, dado el caso, cuestionarla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, no cabe criticar al Agente del Ministerio P\u00fablico por no atacar el prove\u00eddo que cerr\u00f3 la investigaci\u00f3n, dado que \u00aben virtud de su autonom\u00eda \u00e9l puede optar por tal camino, pues no es funci\u00f3n de su cargo recurrir toda decisi\u00f3n que sea contraria a los intereses del denunciante, sino aquellas que considere que pueden afectar los intereses de la sociedad\u00bb (fls. 121-128, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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1. El inconforme insiste en que se violaron sus garant\u00edas procesales, pues el 24 de junio de 2016 qued\u00f3 ejecutoriado el interlocutorio por el cual se adopt\u00f3 la inhibici\u00f3n y no puede d\u00e1rsele credibilidad al Fiscal.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que nada se dijo en torno a su pretensi\u00f3n de que se haga un inventario de la actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Y por otra parte, reprocha que \u00abno se tuvo en cuenta el oficio fechado julio 26 de 2016, como anexo y correcci\u00f3n a la tutela, [en] el cual se cuestiona el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y otros\u00bb (fls. 137-139, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Tan pronto el plenario arrib\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n se dispuso su devoluci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abpara que resuelva lo que estime pertinente sobre\u00bb la eventual citaci\u00f3n de aqu\u00e9lla autoridad (fl. 157, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal no adicion\u00f3 ni aclar\u00f3 su fallo, puesto que la acusaci\u00f3n contra el Consejo Seccional de la Judicatura \u00abno pasa de ser una narraci\u00f3n en donde [el actor] asegura que tal entidad, aparentemente, se encuentra investigando un hecho puntual, pero que tales diligencias se han encaminado, presuntamente, en contra de la persona equivocada, cuesti\u00f3n que, se reitera, no guarda ilaci\u00f3n con el fondo de la queja constitucional\u00bb (fls. 169-174, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2.- Observada la inconformidad planteada, debe establecerse de antemano si era necesaria la vinculaci\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y, luego, si en realidad el informe rendido por el accionado merece credibilidad y si era necesario ordenar el \u00abinventario\u00bb de las actuaciones surtidas con ocasi\u00f3n de la denuncia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En primer lugar, como lo advirti\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no hay necesidad de llamar a este tr\u00e1mite constitucional al Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, de cara a las pretensiones del demandante -todas enfocadas en la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal-; la simple alusi\u00f3n al procedimiento que surte esa autoridad disciplinaria no es suficiente para inferir que deba ser citada, pues en realidad no hay ninguna queja contra ella.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En situaciones semejantes, esta Corte ha explicado que se trata apenas de una \u00abvinculaci\u00f3n aparente\u00bb de aquellos funcionarios a los que atribuye alguna infracci\u00f3n ius-fundamental, puesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ AC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, CSJ AC, 17 ago. 2011, rad. 00430-01 y m\u00e1s recientemente en ATC1591-2016, 18 mar., rad. 00005-01).  <\/span><\/p>\n

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3.- Del examen de las pruebas, en lo concerniente con la queja constitucional, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Prove\u00eddo de 10 de junio de 2016 de la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la investigaci\u00f3n preliminar por presunto prevaricato contra la Juez Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, mediante el cual se profiri\u00f3 \u00abresoluci\u00f3n inhibitoria (\u2026) por atipicidad de la conducta\u00bb (fls. 113-115, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Derecho de petici\u00f3n de 1\u00b0 de julio de 2016, presentado por el denunciante para que, a trav\u00e9s de un despacho comisorio, se le notifique personalmente la anterior determinaci\u00f3n (fl. 117, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Auto de 23 de agosto de 2016, de la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, donde se deja \u00absin efecto el estado n\u00famero trece (13) de fecha 21 de junio del a\u00f1o en curso\u00bb, para en su lugar, \u00aben aras de garantizar los derechos del peticionario\u00bb, comisionar a la dependencia homologa en Barranquilla a fin de que lo notifique personalmente (fl. 117, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Recursos, formulados por el gestor, de \u00abapelaci\u00f3n con subsidio de reposici\u00f3n y queja (\u2026) de lo actuado por esta Fiscal\u00eda Tercera en junio 10 de 2016, el cual mediante oficios de agosto 23 de 2016, y teniendo en cuenta lo peticionado (\u2026) dejan sin efecto lo actuado en junio de 2016\u00bb (fls. 118 y 119, Cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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e) Constancia de traslado del mentado recurso de reposici\u00f3n al \u00abimpugnante\u00bb y los \u00abno recurrentes\u00bb, emitida el 14 de septiembre de 2016 por la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena (fl. 120, \u00edd.).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f) Sentencia de Tutela de 3 de abril de 2008, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que deneg\u00f3 el amparo deprecado por el actor contra la sentencia del Juzgado Catorce Civil del Circuito, dictada de proceso ordinario que \u00e9ste adelant\u00f3 frente a Cementos del Caribe S.A., Transportes Elman Ltda. y Carbones del Caribe S.A., atendiendo que el interesado \u00abse abstuvo de impugnar ese fallo\u00bb (fl.3-5, cdno, 2).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En cuanto a las quejas contra la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante el Tribunal de Cartagena, es innegable que actualmente est\u00e1n en curso los recursos que el accionante present\u00f3 contra la resoluci\u00f3n inhibitoria, pues en el plenario hay evidencia de que los radic\u00f3 en la entidad accionada y se vienen tramitando, como lo hizo constar dicha dependencia. Es m\u00e1s, en su memorial el propio impugnante da cuenta de que se dej\u00f3 sin efecto la notificaci\u00f3n por aviso y se accedi\u00f3 a enterarlo personalmente mediante un comisorio (fl. 118, cdno. 1).  Por tanto, su propia conducta desvirt\u00faa todos los reproches injustificados que hace acerca del proceder de la funcionaria instructora.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero aun si no fuere as\u00ed, lo cierto es que esa autoridad penal inform\u00f3 que ya contest\u00f3 la petici\u00f3n del demandante, y no s\u00f3lo eso, sino que efectivamente accedi\u00f3 a sus requerimientos ordenando el despacho comisorio para su notificaci\u00f3n personal, concedi\u00e9ndosele una garant\u00eda adicional a su derecho de contradicci\u00f3n que permiti\u00f3 la interposici\u00f3n de los recursos que est\u00e1n en marcha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De este modo, la manifestaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda merece pleno cr\u00e9dito, pues los informes rendidos por los servidores p\u00fablicos al juez de tutela, en la medida que se hacen bajo la gravedad del juramento (art\u00edculo 19 Decreto 2591 de 1991), se reputan veraces. Al respecto ha dicho la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el informe de los funcionarios convocados en el curso de estas tramitaciones ha de presumirse ver\u00eddico porque se entiende \u00abrendido bajo juramento\u00bb (art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991) y, por tanto, \u00abdesde luego debe ser considerado como un serio medio de persuasi\u00f3n\u00bb (CSJ, STC 19 oct. 2000, rad. 00005-01)\u00bb (CSJ, STC13424-2015, 1\u00b0 oct., rad. 02038-01, reiterado en STC3445-2016, 17 mar., rad. 00226-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, frente a lo pretendido contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, cabe se\u00f1alar que el demandante previamente impuls\u00f3 al menos otra acci\u00f3n de tutela para cuestionar el desarrollo del proceso ordinario adelantado por esa oficina judicial, que fue denegada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en fallo de 3 de abril de 2008, motivo suficiente para entrever que la presente acci\u00f3n se torna temeraria y, por lo mismo, improcedente de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La jurisprudencia ha reiterado que el empleo excesivo de esta herramienta especial de protecci\u00f3n constitucional, adem\u00e1s de atentar contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, apareja un menoscabo para la colectividad, puesto que  implica un deterioro injustificado de la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En situaciones similares la Corte ha explicado que el amparo es inviable por cuanto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026). Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ, STC 20 abr. 2006, rad. 00522-00; STC6152-2015, 21 may. rad. 00678-01, y m\u00e1s recientemente en STC15405-2016, 27 oct., rad. 02888-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Finalmente, tampoco hay motivo para disponer que se haga un inventario de lo actuado en la denuncia, lo que adem\u00e1s vendr\u00eda a ser inoficioso, pues para eso est\u00e1 el expediente. Y no puede decirse que la Sala de Casaci\u00f3n Penal haya sido omisiva al no disponer nada sobre ese particular, como lo presupone el impugnante, puesto que al negar el resguardo, se sobrentiende que desestim\u00f3 todas sus pretensiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.- Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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    MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC433-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2016-01680-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)               Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}