{"id":98774,"date":"2026-06-25T17:14:16","date_gmt":"2026-06-25T17:14:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc434-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:14:16","modified_gmt":"2026-06-25T17:14:16","slug":"stc434-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc434-2017\/","title":{"rendered":"STC434-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC434-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 05001-22-10-000-2016-00407-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C.,  veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (20179.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 22 de noviembre de 2016, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de Juan Diego Ardila Quiros frente al Juzgado Segundo de Familia de Bello, con vinculaci\u00f3n del Agente del Ministerio P\u00fablico y del Defensor de Familia adscritos a ese despacho, y Lina Mar\u00eda Roldan Palacio.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del juicio de alimentos que en su contra inici\u00f3 Lina Mar\u00eda Rold\u00e1n Palacio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Se\u00f1ala como sustento, en s\u00edntesis, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Ante el Juzgado Segundo de Familia de Bello, en marzo de 2008, concili\u00f3 la cuota de alimentos que debe suministrarle a sus dos hijas menores de edad, consistente en el \u00abveinticinco por ciento (25%) del salario mensual y de todo factor que constituya salario, previas las deducciones de ley, y el treinta por ciento (30%) de todas sus prestaciones sociales legales y extralegales, bonificaciones e indemnizaciones y de cualquier otra suma que reciba de su empleador con ocasi\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Adem\u00e1s, se acord\u00f3 que \u00ablas cesant\u00edas por constituir garant\u00eda del pago de los alimentos quedan pignoradas o embargadas en el monto del 30% y en caso de liquidaci\u00f3n los dineros ser\u00e1n consignados por el pagador en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales (\u2026) para en momento posterior definir su destinaci\u00f3n, previa solicitud de entrega de las mismas y concepto del demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.3. Durante este tiempo ha cumplido lo convenido, pero su \u00faltimo empleo, como Personero de Bello, termin\u00f3 en febrero de 2016, situaci\u00f3n que inform\u00f3 al juzgado y que \u00e9ste puso en conocimiento de la madre de las menores, quien no hizo ninguna manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Como es desempleado, resulta \u00abmaterialmente imposible establecer una suma l\u00edquida a suministrar\u00bb, pero no est\u00e1 en mora, porque permanece \u00absin ingreso alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Por el contrario, la madre de las peque\u00f1as devenga m\u00e1s de $8\u2019000.000 mensuales como funcionaria de la alcald\u00eda del mismo municipio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Actualmente, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales reposan $23\u2019414.881 que deben ser \u00abgarant\u00eda\u00bb de la obligaci\u00f3n, seg\u00fan lo pactado.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Por auto de 10 de mayo de 2016, el despacho neg\u00f3 la entrega de esos dineros a la demandante, pues de conformidad con la conciliaci\u00f3n se requiere \u00abel concepto del demandado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. No obstante, en prove\u00eddo de 25 de julio de 2016,  se dispuso, \u00abteniendo en cuenta que existen t\u00edtulos judiciales consignados para garantizar las cuotas causadas (\u2026) fraccionar dichos t\u00edtulos en valores equivalente a un salario m\u00ednimo legal mensual y entreg\u00e1rselo a la madre de las menores mientras las partes acuerdan otro valor diferente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.9. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2016, el juzgado dej\u00f3 sin valor ni efecto la anterior determinaci\u00f3n, aduciendo que \u00abno puede ir en contrav\u00eda del querer de las partes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.10. Sorpresivamente, en interlocutorio de 4 de octubre de 2016, se orden\u00f3 \u00abentregar a Lina Roldan Palacio, representante legal de las menores, el valor causado hasta la fecha actual (\u2026) es decir el valor de $19\u2019755.168, y el valor restante ser\u00e1 para las cuotas futuras\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.11. El 18 de octubre siguiente, el actor interpuso reposici\u00f3n  y solicit\u00f3 la nulidad por falta de competencia para desconocer el acuerdo y revivirse un proceso legalmente concluido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.12. Mediante providencia de 27 de octubre de 2016, se neg\u00f3 la anulaci\u00f3n, porque no es necesario acudir a un nuevo juicio para disponer de los dineros ya recaudados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Conforme a lo relatado, pide invalidar \u00ablos autos del 4 y 27 de octubre de 2016\u00bb (fl. 11, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El despacho encartado remiti\u00f3 copia del respectivo expediente y aduj\u00f3 que, como \u00ablos dineros depositados constituyen una garant\u00eda para los alimentos futuros de sus hijas, precisamente en uso de esa garant\u00eda se decidi\u00f3 entregar en la misma proporci\u00f3n que se afect\u00f3 el salario y las prestaciones sociales, las cuotas alimentarias causadas y no pagadas\u00bb (fl. 88 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Lina Rold\u00e1n Palacio, manifest\u00f3 que al quejoso no se le ha vulnerado ning\u00fan derecho sino que, simplemente, se protegieron los de las ni\u00f1as y el padre \u00fanicamente busca evadir la finalidad \u00abque tiene la consignaci\u00f3n de un porcentaje de las cesant\u00edas como garant\u00eda para dar alimentos a las menores\u00bb (fls. 90-93, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. Los restantes involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00ablas actuaciones del juez accionado se ci\u00f1eron a los lineamientos legales\u00bb, puesto que el fallador \u00ablo que hizo en el auto de 2 de septiembre de 2016 (mediante el cual dej\u00f3 sin efecto el del 25 de julio de 2016 que inicialmente hab\u00eda ordenado la entrega de los dineros de manera fraccionada en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo legal mensual) fue dejar las cosas en el estado en que se encontraban para la fecha de terminaci\u00f3n del proceso, pues rectific\u00f3 su postura en cuanto a que no era procedente tomar decisiones que modificaran la situaci\u00f3n debatida y resulta en la conciliaci\u00f3n. Y respecto de la nulidad deprecada, indic\u00f3 al negarla  que por parte del solicitante de la misma no se invoc\u00f3 alguna de las causales en concreto, de las que taxativamente trae previstas el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.   <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Tampoco se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al ordenar la entrega de los dineros en auto del 4 de octubre de 2016, determinaci\u00f3n de la que el reclamante se notific\u00f3 por conducta concluyente, como lo reflejan su reposici\u00f3n y la petici\u00f3n de nulidad, ya que el operador jur\u00eddico justific\u00f3 que, \u00abaunque el proceso se encuentra terminado, existiendo dep\u00f3sitos judiciales, ten\u00eda que definir el destino de los mismos, cuyo objeto era la satisfacci\u00f3n de los alimentos a las menores de edad (\u2026) decisi\u00f3n que en absoluto se torna caprichosa o antojadiza, m\u00e1xime cuando se trata de garantizar los derechos de unas ni\u00f1as, frente a quienes, en caso de enfrentamiento de sus derechos con los de un adulto, l\u00f3gicamente habr\u00e1 de inclinarse la balanza por las primeras\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, dicha decisi\u00f3n no requer\u00eda la aceptaci\u00f3n del promotor, ya que \u00abla autorizaci\u00f3n surgi\u00f3 desde el momento en que el demandado se oblig\u00f3 en el acuerdo conciliatorio (\u2026) puesto que si la consinti\u00f3 en el embargo de sus cesant\u00edas en la cuant\u00eda all\u00ed indicada no puede hacerse interpretaci\u00f3n distinta a que era para el cumplimiento del objeto del proceso\u00bb (fls. 97-105, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El querellante afirma que la conducta del funcionario enjuiciado resulta contradictoria y \u00abpor lo menos sospechosa\u00bb, comoquiera que dispuso la entrega de los dineros, para despu\u00e9s dejarla sin efecto y luego volver a ordenarla, todo al vaiv\u00e9n de su contraparte.   <\/span><\/p>\n

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Asimismo, insiste en la falta de competencia para desconocer la literalidad de la conciliaci\u00f3n, pero, no obstante, aduce que la redacci\u00f3n es confusa, pues el convenio refiere que las cesant\u00edas quedar\u00e1n pignoradas o embargadas, pero esos t\u00e9rminos no aplican \u00aben el contexto de la autonom\u00eda de la voluntad y en ning\u00fan momento convierten estos t\u00edtulos en un embargo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega que s\u00f3lo por casualidad se enter\u00f3 de la providencia que accedi\u00f3 al pago con los montos consignados y esto \u00abno subsana la falta de notificaci\u00f3n, ni configura notificaci\u00f3n por conducta concluyente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, reitera que al quedar desempleado no pod\u00eda concretarse el importe de su obligaci\u00f3n alimentaria y, por lo mismo, tampoco hab\u00eda lugar a tenerlo por moroso;  desatendi\u00e9ndose, adem\u00e1s, que entre enero y febrero de 2016 la madre de las menores recibi\u00f3 $5\u2019095.383, m\u00e1s otros $10\u2019866.192 en agosto, en virtud de la liquidaci\u00f3n de sus prestaciones, los cuales debieron ser aplicados a las cuotas que se dicen causadas (fls. 112-122, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es apto para censurar decisiones judiciales; s\u00f3lo puede acudirse a esta herramienta con ese prop\u00f3sito, extraordinariamente, si el funcionario procede \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, a condici\u00f3n de que el afectado formule la queja dentro de un plazo prudente y carezca de otros \u00abmedios ordinarios y efectivos\u00bb, o no los haya desaprovechado (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, rad. 00329-00).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, aceptando la probabilidad de que las sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la controversia, se colige que, para el impugnante, el accionado incurri\u00f3 en causal espec\u00edfica de procedibilidad, por \u00abdefecto sustancial y procedimental\u00bb, de un lado al ordenar la entrega, en favor de sus hijas,  de los dineros correspondientes a las cesant\u00edas que hab\u00edan sido puestos en garant\u00eda de la obligaci\u00f3n alimentaria, y de otro, al negar la nulidad, por falta de competencia, de dicha  determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. De las piezas recopiladas con incidencia para el presente asunto, se evidencia lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Prove\u00eddo de 11 de marzo de 2008, del Juzgado Segundo de Familia de Bello, terminando el proceso y aprobando la conciliaci\u00f3n en el juicio de alimentos a la que llegaron Lina Rold\u00e1n Palacio y Juan Diego Ardila Quiros, aqu\u00ed accionante, consistente en que \u00e9ste contribuir\u00eda para los alimentos de las ni\u00f1as con el \u00abveinticinco por ciento (25%) del salario mensual y de todo factor que constituya salario, previas las deducciones de ley, y el treinta por ciento (30%) de todas sus prestaciones sociales legales y extralegales, bonificaciones e indemnizaciones y de cualquier otra suma que reciba de su empleador con ocasi\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s,  que \u00ablas cesant\u00edas por constituir garant\u00eda del pago de los alimentos quedan pignoradas o embargadas en el monto del 30% y en caso de liquidaci\u00f3n los dineros ser\u00e1n consignados por el pagador en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales que tiene el Juzgado en el Banco Agrario de Colombia a nombre de la demandante para en momento posterior definir su destinaci\u00f3n, previa solicitud de entrega de las mismas y concepto del demandado\u00bb. (fl. 138, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. El 10 de febrero de 2016 el gestor solicit\u00f3 la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales correspondientes al descuento del 30% de sus cesant\u00edas, pues en su criterio el proceso termin\u00f3 y la \u00abobligaci\u00f3n se encuentra al d\u00eda por ser descuento directo de n\u00f3mina\u00bb (fl. 177, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Auto de 23 de febrero siguiente que no accede a esa petici\u00f3n, porque las partes convinieron en que ese porcentaje de las cesant\u00edas quedar\u00eda en garant\u00eda de los alimentos \u00abpara en momento posterior definir su destinaci\u00f3n, previa solicitud de entrega de las mismas y concepto del demandado\u00bb (fl. 179 \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4. Memorial de Lina Rold\u00e1n Palacio, de 15 de abril anterior, tambi\u00e9n reclamando la entrega de esos rubros, pero para las menores toda vez que desde el mes de febrero dejaron de hacerse los descuentos por n\u00f3mina al padre (fl. 184, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5. Providencia de 10 de mayo pasado que deneg\u00f3 ese pedimento, tambi\u00e9n con base en que las cesant\u00edas fueron dejadas en garant\u00eda (fl. 189, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.6. Solicitud de audiencia de conciliaci\u00f3n para modificar la cuota alimentaria, presentada por el progenitor el 11 de junio de 2016 (fls. 200 y 201, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.7. El 25 de julio siguiente  la autoridad censurada rehus\u00f3 convocar a conciliaci\u00f3n porque ello ser\u00eda objeto de otro proceso, pero, \u00abpara proteger el derecho a los alimentos de las menores (\u2026) teniendo en cuenta que existen t\u00edtulos judiciales consignados para garantizar las cuotas causadas, orden[\u00f3] fraccionar dichos t\u00edtulos equivalentes a un salario m\u00ednimo legal mensual y entreg\u00e1rselo a la madre de las menores mientras las partes acuerdan otro valor diferente\u00bb (fl. 212, \u00edbidem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.8.  El d\u00eda 2 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, se dej\u00f3 sin valor y efecto la anterior decisi\u00f3n, atendiendo que ambas partes, alegaron su nulidad y que \u00abal tratarse de un proceso terminado no ten\u00eda competencia (\u2026) para tomar determinaciones que ten\u00edan que ver con las pretensiones ya acordadas por los padres\u00bb (fl. 271 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.9. Prove\u00eddo notificado por estado el 5 de octubre de 2016, que orden\u00f3 entregarle a la progenitora, de los dineros depositados por concepto de cesant\u00edas, \u00abel valor causado hasta la fecha actual (\u2026) es decir, el valor de $19\u2019755.168, y el valor restante (\u2026) ser\u00e1 para las cuotas futuras\u00bb, dado que \u00abel demandado no suministra alimentos a sus dos hijas menores desde marzo del cursante a\u00f1o hasta la fecha\u00bb (fl. 275, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.10. Recurso de reposici\u00f3n y solicitud de nulidad, presentados por el actor en un mismo escrito, el 18 de octubre contra esa determinaci\u00f3n, sin expresar la causal de anulaci\u00f3n invocada (fl. 276, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

3.12. Memorial del 25 de octubre de 2016 con el cual el quejoso \u00absustent\u00f3 la solicitud de nulidad\u00bb aludiendo al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n y recriminando que no lo notificaron personalmente y que se trata de un litigio concluido (fl. 294, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.13. El 27 de octubre pasado el juzgado cuestionado desestim\u00f3 la petici\u00f3n de invalidaci\u00f3n, con soporte en el principio de taxatividad y, en que el enteramiento \u00abpersonal\u00bb s\u00f3lo se requiere a la apertura del litigio, el cual no fue revivido, pues vienen adopt\u00e1ndose decisiones de \u00abmero tr\u00e1mite\u00bb, no sobre el fondo del asunto (fls. 301-304, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.14. Dicha decisi\u00f3n no fue censurada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, encuentra la Sala que el resguardo resulta improcedente toda vez que no atiende el presupuesto de la subsidiariedad exigido para su \u00e9xito, ya que el gestor recurri\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino el auto de 4 de octubre de 2016 que dispuso la entrega de los dineros embargados y no present\u00f3 reparo alguno frente al prove\u00eddo de 27 de octubre de 2016, mediante el cual se defini\u00f3 que no hab\u00eda la nulidad alegada, que adem\u00e1s fue sustentada tard\u00edamente, quedando en firme ambas determinaciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El reclamante a todas luces pudo interponer el recurso de reposici\u00f3n frente a los citados prove\u00eddos, comoquiera que \u00ab[s]alvo norma en contrario -que para el caso no la hay- procede contra los autos que dicte el juez\u00bb (art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso), es decir, cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle al despacho acusado todas las hipot\u00e9ticas \u00abirregularidades\u00bb que aqu\u00ed plantea y alegar en pro de sus intereses, pero no lo hizo, por el contrario dej\u00f3 fenecer esa oportunidad procesal para proponer sus inconformidades, sin que este camino, de suyo extraordinario y m\u00e1s que nada residual, pueda convertirse en un medio para suplir esa desatenci\u00f3n, de manera que si a trav\u00e9s de ese medio de defensa era perfectamente viable encaminar sus reparos y pugnar por sus garant\u00edas, la omisi\u00f3n en su ejercicio impide que pueda acudir a este tr\u00e1mite con ese fin.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular ha se\u00f1alado la Corte que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01, reiterada en CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00050-01, STC5341-2014, STC, 27 ago. 2015 rad. 00507-01 y STC5737-2016, 5 may. rad. 00147-02, STC6903-2016 y, STC7368-2016, 3 jun. rad. 00201-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Con todo, importa agregar que no hay manera de censurar desde la perspectiva ius-fundamental la determinaci\u00f3n de entregarle a las menores los dineros embargados, justamente, en garant\u00eda de los alimentos que les corresponden; debi\u00e9ndose aclarar, ante todo, que pese a lo que sugiere el inconforme, al terminar su contrato laboral no desapareci\u00f3 la obligaci\u00f3n alimentaria, pues aunque la cuota se pact\u00f3 con relaci\u00f3n al salario que aqu\u00e9l devengaba, el deber de velar por el sostenimiento de sus hijas es independiente de que tenga o no una relaci\u00f3n de trabajo. Por el contrario, fue en vista de la eventualidad de que cese su vinculaci\u00f3n que se estableci\u00f3 en el acta de conciliaci\u00f3n el embargo de ese porcentaje de las cesant\u00edas, a sabiendas de que las necesidades de las ni\u00f1as subsisten al margen de que permanezcan los ingresos del padre.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, el juzgador denunciado, de las m\u00faltiples posturas que cabe adoptar en una situaci\u00f3n como esta, escogi\u00f3 precisamente la que m\u00e1s se amolda con el principio de prevalencia del inter\u00e9s superior de los menores que pregona la Carta (art\u00edculo 44 Superior), que en su consagraci\u00f3n positiva implica que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de \u00e9stos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb (art\u00edculo 9\u00b0 Ley 1098 de 2006).  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, en forma reiterada se ha dicho que esta salvaguarda no es una instancia adicional, ni una oportunidad m\u00e1s para reabrir las discusiones dirimidas por los funcionarios competentes; el fallador constitucional no est\u00e1 autorizado para imponer la que en su criterio ser\u00eda una eventual soluci\u00f3n correcta, puesto que ese no es el prop\u00f3sito de esta herramienta, netamente excepcional y subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

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Por ende, aunque pudieran ensayarse un sinn\u00famero de enfoques diferentes, lo cierto es que las conclusiones del acusado son acordes al inter\u00e9s superior del menor, es decir, constituyen una decisi\u00f3n \u00abno arbitraria\u00bb que excluye, per se, la viabilidad del auxilio deprecado, comoquiera que, ha dicho la Sala, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado examinar si los funcionarios realizaron la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues, tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ, STC2713-2015, 12 mar., rad.00502-00, citada en STC1946-2016, 18 feb., rad. 2015-03001-01).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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       MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC434-2017   Radicaci\u00f3n n. 05001-22-10-000-2016-00407-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C.,  veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (20179.         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 22 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98774","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98774","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98774"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98774\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98774"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98774"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98774"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}