{"id":98776,"date":"2026-06-25T17:14:44","date_gmt":"2026-06-25T17:14:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc436-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:14:44","modified_gmt":"2026-06-25T17:14:44","slug":"stc436-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc436-2017\/","title":{"rendered":"STC436-2017"},"content":{"rendered":"

    MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC436-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2016-00854-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Yenny Alejandra Toro Grisales quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su menor hija en contra del Ministerio de Defensa Nacional y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, vincul\u00e1ndose a la Direcci\u00f3n Seccional de Sanidad Antioquia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- La quejosa deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la \u00abla vida, la salud en conexidad con la vida digna, la integridad f\u00edsica, la igualdad, la seguridad social y los derechos de los ni\u00f1os\u00bb que fueron presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas, ante la negativa de otorgarle los pa\u00f1ales desechables y el tratamiento integral que requiere XX1.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Arguy\u00f3, como sustento de sus reclamos, resumidamente, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Que mi menor hija fue \u00abdiagnosticada desde su nacimiento con VEJIGA NEUROGENICA, CON FALLA RENAL AGUDA (SIN CONTROL DE ESF\u00cdNTERES) Y DE ESPINA B\u00cdFIDA CON HIDROC\u00c9FALO. Raz\u00f3n por la cual sus m\u00e9dicos tratantes le ordenaron el suministraran pa\u00f1ales desechables etapa 3, los cuales fueron solicitados a la Cl\u00ednica de la Polic\u00eda pero no fue posible la entrega de los pa\u00f1ales ya que argumentan que no pueden ser entregados porque es un suministro no POS\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Que ante esa circunstancia acudi\u00f3 el pasado 14 de octubre, ante la Direcci\u00f3n de Sanidad de Antioqu\u00eda a trav\u00e9s de un derecho de petici\u00f3n, solicit\u00f3 \u00abla entrega de los PA\u00d1ALES DESECHABLES ETAPA 3 para mi hija XX\u00bb, recibiendo como respuesta que \u00ab\u2026no era procedente mi petici\u00f3n porque el suministro de PA\u00d1ALES DESECHABLES no est\u00e1n establecidos en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Polic\u00eda contenido en el Acuerdo No. 002 del 27 de abril de 2001\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.- Que \u00ab\u2026en la actualidad no [cuentan] con los recursos econ\u00f3micos para sufragar de manera particular el costo de los PA\u00d1ALES DESECHABLES, pues como comprender\u00e1 se\u00f1or Juez, por la situaci\u00f3n actual de mi hija no puedo trabajar para ayudarle a mi esposo con los gastos familiares, pues pagamos arriendo, servicios p\u00fablicos y todos los gastos adicionales que implica tener a nuestra hija en la condici\u00f3n de Discapacidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional-Polic\u00eda Nacional- Direcci\u00f3n de Sanidad Antioquia \u00abque en el t\u00e9rmino m\u00e1s expedito haga entrega de los PA\u00d1ALES DESECHABLES ETAPA 3\u00bb; adem\u00e1s, reclama que se le brinde a la menor XX \u00abel tratamiento integral de las patolog\u00edas vejiga neurogenica, con falla renal aguda y espina b\u00edfida con hidroc\u00e9falo\u2026\u00bb (Folios 1 a 5 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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4.- Mediante auto de 9 de noviembre de 2016, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, orden\u00f3 \u00abremitir a la Secretar\u00eda del H. Tribunal Superior-Sala Civil de Medell\u00edn, por ser los competentes para conocerla\u00bb (Folio 13 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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5.- A trav\u00e9s del prove\u00eddo de 15 de noviembre pasado, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa Urbe, admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional, y dispuso \u00ab\u2026vincular a la Polic\u00eda Nacional de Colombia Seccional Sanidad Antioquia\u00bb. Y, el 24 del mismo mes y a\u00f1o concedi\u00f3 el amparo rogado, el que fue impugnado por la entidad censurada (Fls. 30 a 36 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La Jefa de la Seccional de Sanidad de Antioquia, expres\u00f3 que \u00ab\u2026revisado el expediente objeto del presente tr\u00e1mite, se puede establecer que lo requerido por la hoy accionante, no es parte de un tratamiento m\u00e9dico, [que] son elementos propios del cuidado personal que deben ser sufragados por los representantes legales de la paciente, m\u00e1s a\u00fan, cuando el padre de la ni\u00f1a XX, es miembro activo de la instituci\u00f3n en el grado de patrullero y tiene una asignaci\u00f3n mensual permanente por parte de la Polic\u00eda Nacional de alrededor de $ 1.800.000.oo, sin contar las prestaciones econ\u00f3micas que percibe en los meses de junio y diciembre por esta instituci\u00f3n\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3 que frente a la s\u00faplica de otorgarle un tratamiento integral a XX,  \u00e9sta no es procedente porque \u00abla orden de protecci\u00f3n dirigida a brindar tratamiento integral [\u2026] no puede ser entendida como una licencia ilimitada para que se suministren indiscriminadamente servicios NO POS formulados por el m\u00e9dico con posterioridad a la ejecutoria de la Sentencia de tutela; porque ser\u00eda il\u00f3gico pensar, en aras de propender por la racionalizaci\u00f3n permanente del servicio de salud, que el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico cumpliera su valiosa misi\u00f3n de depurar las prescripciones m\u00e9dicas inapropiadas, \u00fanicamente antes de que se instaure la acci\u00f3n de tutela, y luego perdiera la posibilidad de analizar debidamente cada atenci\u00f3n no contemplada en el POS que se solicite dentro del tratamiento integral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Para finalizar implor\u00f3 que \u00ab\u2026se ordene el recobro al FOSYGA de los medicamentos, procedimientos m\u00e9dicos que se requieran para dar cumplimiento al mismo y los cuales NO se encuentren dentro del Plan de Beneficios de la Polic\u00eda Nacional\u00bb (Folio 24 a 27 Vlto ib\u00edd).  <\/span><\/p>\n

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El Director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional (e), tard\u00edamente refiri\u00f3 que \u00ab\u2026la tutela del asunto es de competencia de la Seccional de Sanidad Antioquia [\u2026], por lo que en aras de gestionar la tutela de la forma m\u00e1s eficiente, me permito solicitar a ese Digno Despacho, que cualquier requerimiento acerca de esta acci\u00f3n, sea enviado directamente a tal dependencia\u00bb (Folios 45 a 46 Vlto \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, concedi\u00f3 el amparo por considerar que \u00ab\u2026la omisi\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional Seccional Antioquia en la entrega del insumo m\u00e9dico requerido, causa a la paciente un padecimiento injustificado, exponi\u00e9ndola a un perjuicio irremediable, con lo que se verifica la vulneraci\u00f3n a sus derechos subjetivos fundamentales, no s\u00f3lo a la salud, sino tambi\u00e9n a la vida en condiciones dignas; por lo que no es de recibo el argumento de la reclamada de que se trata de un insumo de higiene y aseo que no tiene plan m\u00e9dico para recuperar la salud y preservar la vida del paciente; desconociendo que ese insumo en particular es indispensable para garantizar la vida digna de la afectada, por lo que debido a su patolog\u00eda no decide cu\u00e1ndo y d\u00f3nde realizan sus necesidades fisiol\u00f3gicas; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que se trata de una menor de edad la que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, y que en cuidado y aplicaci\u00f3n del principio pro-persona la reclamada deber\u00e1 soportar la consecuencia jur\u00eddica de su omisi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u2026se conceder\u00e1 el tratamiento integral que requiera para el manejo de su diagn\u00f3stico de espina b\u00edfida con hidroc\u00e9falo y vejiga neuropatica refleja,  lo anterior, con el objeto de asegurar que la atenci\u00f3n que se le deba brindar a la paciente, sea en la cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia requeridas, lo cual conlleva a ofrecer, todo cuidado, servicio, medicamento, insumos, intervenci\u00f3n quir\u00fargica, rehabilitaci\u00f3n, diagn\u00f3stico, tratamiento y procedimientos que se consideren necesarios para restablecer su salud, y se evita que cada vez que su m\u00e9dico tratante le ordene o prescriba un medicamento, insumo, procedimiento o intervenci\u00f3n relacionada con las enfermedades tuteladas, tenga que acudir al mecanismo de la tutela para que se le haga efectivo su derecho a la salud\u00bb (fls. 30 a 36 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la Jefe Seccional de Sanidad Antioquia (E), exponiendo como \u00abmotivos de inconformidad\u00bb, primero que en la decisi\u00f3n censurada no se tuvo en cuenta la \u00abcapacidad econ\u00f3mica\u00bb que alega tiene el progenitor de la menor XXX, para sufragar los pa\u00f1ales reclamados por la v\u00eda del resguardo supralegal; adem\u00e1s, recalca que al otorgarle a la ni\u00f1a el tratamiento integral de sus patolog\u00edas, se distorsiona el sistema de beneficios en salud que se le otorgan a los miembros de los organismos marciales, comoquiera que se le brindan servicios m\u00e9dicos ilimitados que desconocen los criterios de los Comit\u00e9s T\u00e9cnicos Cient\u00edficos; y finalmente, le reprocha al Tribunal a quo, no haberle concedido la facultad de recobrar al Fosyga los tratamientos gal\u00e9nicos suministrados, que considera debi\u00f3 otorg\u00e1rsele esa prerrogativa (Fls. 39 a 42 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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  1.- Sobre la naturaleza del derecho a la salud, ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) si bien en un principio fue considerado como un derecho de car\u00e1cter prestacional, es decir, de naturaleza legal, hoy se ha dado un gran avance frente a la posibilidad de protegerse de manera directa como derecho fundamental -es decir sin que medie su desconocimiento por conexidad con la vulneraci\u00f3n de otro derecho de rango fundamental-, en cuyo caso se hace viable su exigibilidad por v\u00eda de tutela\u201d\u00bb (CSJ STC, 1 Feb. 2010, Rad. No. 44249).  <\/span><\/p>\n

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2.- De ah\u00ed que su prerrogativa no pueda entenderse en forma restringida, como otrora acontec\u00eda, es decir, que s\u00f3lo era susceptible de resguardo por conexidad con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal o a la dignidad humana, o cuando sus destinatarios sean sujetos de especial protecci\u00f3n como los ni\u00f1os, los discapacitados o los adultos mayores, pues es innegable que hoy d\u00eda se concibe como garant\u00eda primordial aut\u00f3noma seg\u00fan los t\u00e9rminos de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, la cual es aplicable no s\u00f3lo al Sistema General de la Seguridad Social, sino a los Subsistemas Especiales de Salud como el de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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3.- Centrada la Corte en los precisos t\u00f3picos de la  impugnaci\u00f3n, cumple se\u00f1alar que la accionada (sede Antioquia) se duele que en el fallo recurrido no se tuvieron en cuenta tres aspectos, a saber: en primer lugar, no se analiz\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de los progenitores de la ni\u00f1a XX; en segundo t\u00e9rmino, alega que es improcedente brindarle a \u00e9sta el  tratamiento m\u00e9dico integral debido a que ello implica un desconocimiento  de  las  reglas del  sistema  de  <\/span><\/p>\n

beneficios en salud para las fuerzas armadas; y por \u00faltimo, estima el recurrente que no se justifica la negativa a recobrar al fosygas los gastos por los procedimientos gal\u00e9nicos concedidos.  <\/span><\/p>\n

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4.- En ese orden, cabe resaltar que en los eventos que se ordenan medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, es imperioso que los beneficiarios no dispongan de la capacidad econ\u00f3mica para sufragarlos, siendo esa exigencia una consecuencia l\u00f3gica del deber de solidaridad de los asociados con el sistema de salud, que entra\u00f1a que los ciudadanos que se encuentran en capacidad de sufragar ese tratamiento m\u00e9dico no deben acudir al amparo supralegal para obtener ese beneficio.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab[l]a idea de que los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud son limitados y normalmente insuficientes, ha llevado a proponer la relevancia de reservarlos a asuntos prioritarios, implicando en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela que deban ser invertidos en la financiaci\u00f3n de prestaciones que no pueden ser asumidas directamente por sus destinatarios.  <\/span><\/p>\n

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Empero, en el caso bajo estudio esa hip\u00f3tesis no se satisface, comoquiera que, de una parte, la querellante en el escrito inicial fue clara al expresar: \u00aben la actualidad no contamos con los recursos econ\u00f3micos para sufragar de manera particular el costo de los PA\u00d1ALES DESECHABLES, pues como comprender\u00e1 se\u00f1or Juez, por la situaci\u00f3n actual de mi hija no puedo trabajar para ayudarle a mi esposo con los gastos familiares, pues pagamos arriendo, servicios p\u00fablicos y todos los gastos adicionales que implica tener a nuestra hija en la condici\u00f3n de Discapacidad\u00bb; y, de otra, tal  aseveraci\u00f3n no fue desvirtuada por la impugnante sobre qui\u00e9n gravitaba la carga probatoria de demostrar lo contrario, pues es evidente que la Direcci\u00f3n de Sanidad Seccional de Antioquia, hizo gala de una total inactividad sobre ese aspecto, dado que no acredit\u00f3 la supuesta solvencia del progenitor de la infante XX, para sufragar los pa\u00f1ales reclamados. Lo que entra\u00f1a que ese motivo de reproche no pueda salir avante.  <\/span><\/p>\n

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5. Por otro lado, en lo que se refiere al reconocimiento de los \u00abpa\u00f1ales desechables\u00bb y el \u00abtratamiento integral\u00bb a XX, observa la Sala que en el asunto de marras se justifica, sin duda alguna, la injerencia del juez constitucional, dadas las especificas particularidades que ofrece, no solo por la omisi\u00f3n en la entrega de los pa\u00f1ales sino tambi\u00e9n porque la prestaci\u00f3n de los servicios de salud es necesaria para la recuperaci\u00f3n y mejor\u00eda efectiva de las dolencias que ponen en riesgo  la \u00absalud\u00bb  de la menor, quien presenta como diagnostico \u00abESPINA BIFIDA CON HIDROCEFALO y VEJIGA NEUROPATICA REFLEJA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5.1. En el expediente qued\u00f3 demostrado que: (i) Sse trata de una menor de edad y, por ende, es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional; (ii) La ni\u00f1a de 3 a\u00f1os de edad requiere el tratamiento integral para tratar las patolog\u00edas que padece y, (iii) Los \u00abpa\u00f1ales desechables\u00bb fueron ordenados por el m\u00e9dico tratante.  <\/span><\/p>\n

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5.2. Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n en un asunto que guarda simetr\u00eda, enfatiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) no es admisible el sustento de la Direcci\u00f3n de Sanidad de las Fuerzas Militares para negarse a entregar los elementos ordenados por el m\u00e9dico tratante por no ser un medicamento o aditamento que beneficie y rehabilite la salud del paciente, por cuanto estos ayudan a alivianar el estado cr\u00edtico en la salud del enfermo, y tienen como prop\u00f3sito hacerle menos gravosa su situaci\u00f3n y procurarle una mejor calidad de vida, ya que no puede valerse por sus propios medios\u2026 Ahora bien, si los pa\u00f1ales solicitados no est\u00e1n previstos dentro de las prestaciones que la entidad debe suministrar a los beneficiarios del servicio que presta\u2026 tal circunstancia no constituye obst\u00e1culo para proporcionarlos al usuario, habida cuenta que se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia para acceder a la entrega o autorizaci\u00f3n de los procedimientos, intervenciones medicinas y elementos suprimidos de los planes obligatorios de salud, exigencias que concurren en el presente caso, porque estos fueron ordenados por el m\u00e9dico tratante, y la negativa del ente accionado, agrava la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 17 may. 2102, rad. 00124-01, reiterado en CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. 00365-01 y CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00839-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, ha dicho que la salvaguarda constitucional debe hacerse extensiva, al  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) tratamiento integral que surja como consecuencia del grave estado de salud (\u2026), si se tiene en cuenta\u2026 la patolog\u00eda que aqueja a la paciente, seg\u00fan consta en los documentos allegados a la actuaci\u00f3n\u2026 y la falta de capacidad econ\u00f3mica para sufragar el costo del tratamiento, circunstancia que no fue desvirtuada por la\u2026 demandada, es m\u00e1s que razonable concluir que resulta necesario suministrarle el  tratamiento integral, incluyendo procedimientos, ex\u00e1menes m\u00e9dicos e intervenciones no enlistados dentro de las coberturas del POS\u00bb (CSJ STC de 10 de mar. 2009, Exp. 00241-02, 7 de Feb. y 17 de Abr. 2013, rad. 00470-01 y 00074-01, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Sea del caso, destacar que el sub j\u00fadice cobra mayor relevancia, cuando de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de un menor de edad se trata, pues as\u00ed lo ha manifestado la Corte Constitucional, que en casos como el aqu\u00ed planteado, ha referido lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa acci\u00f3n de tutela para proteger los derechos de los ni\u00f1os se considera procedente, en tanto que forman parte de aquel grupo de personas a las que por mandato constitucional el Estado debe una especial protecci\u00f3n, estando en la obligaci\u00f3n de adelantar una pol\u00edtica de especial atenci\u00f3n hacia ellos. La procedencia de la tutela es mucho m\u00e1s evidente si se advierte que est\u00e1 en juego tambi\u00e9n el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 C. P.), por raz\u00f3n de su edad, su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, y por tanto se hacen sujetos de especial protecci\u00f3n. La persona en situaci\u00f3n de discapacidad se encuentra en una condici\u00f3n de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios sociales que no puede, por s\u00ed mismo y por su propia voluntad, eludir, m\u00e1xime si se trata de menores de edad, raz\u00f3n por la que merecen un trato especial, con el fin de permitirles estar en igualdad de condiciones con quienes no lo son.\u00bb  <\/span><\/p>\n

7. Finalmente, en lo que concierne al recobro de los gastos a cargo del Fosyga, no le asiste raz\u00f3n a la impugnante, comoquiera que de un lado, no se rige por las disposiciones consagradas al respecto en la Ley 100 de 1993 y, de otro, porque en su reglamentaci\u00f3n tienen un sistema parecido, denominado \u00abFondos Cuenta\u00bb para la recuperaci\u00f3n del dinero pretendido.  <\/span><\/p>\n

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En casos similares la Sala, ha expresado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) no es del caso conceder el recobro ante el Fosyga, dada la inexistencia de norma que lo permita, toda vez que quienes est\u00e1n facultadas para solicitarlo son las entidades promotoras que incurrieron en los gastos, y por cuanto el subsistema de salud de las Fuerzas Militares [y de la Polic\u00eda Nacional] no est\u00e1[n] sujeto[s] a lo previsto en la Ley 100 de 1993 y, \u2018adem\u00e1s, cuentan con los llamados \u2018fondos-cuenta\u2019 que funcionan en forma semejante al primeramente citado que les permite obtener la financiaci\u00f3n de los diversos gastos que deban asumir en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud al personal adscrito y a sus distintos beneficiarios\u2019\u00bb (CSJ, STC 3001-2016, 10 mar. 2016, Rad. 2016-00135-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, conforme a las razones expuestas en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7 de la Ley 1581 de 2012, se omite el nombre del menor.  <\/span><\/p>\n

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    MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                        STC436-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2016-00854-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)            Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98776","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98776\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}