{"id":98779,"date":"2026-06-25T17:15:13","date_gmt":"2026-06-25T17:15:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc439-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:15:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:15:13","slug":"stc439-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc439-2017\/","title":{"rendered":"STC439-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC439-2017        <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00704-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2016, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Pedreros contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 y la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro de la Medida de Protecci\u00f3n que le inici\u00f3 Ingrid Paola Naranjo Bar\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00ab[p]or solicitud de [su] ex compa\u00f1era, se\u00f1ora INGRID PAOLA NARANJO BARON, [fue] convocado ante la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I de Bogot\u00e1 D.C., para el d\u00eda 17 de julio de 2015, en la hora de las 8:30 am\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00ab[a] [j]unio 14 de 2016, en la hora de las 6:30 pm, se [le] vuelve a requerir por la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I de Bogot\u00e1 D.C., en esta ocasi\u00f3n, por supuestamente haber violado la medida de protecci\u00f3n, Resoluci\u00f3n 469-15 \u201cR.U.G. No. 2768. De julio 17 de 2015\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00ab [l]a Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I de Bogot\u00e1 D.C. abre a pruebas el incidente de violaci\u00f3n a la medida de protecci\u00f3n, [\u2026] atendiendo los hechos expuestos por la convocante, y en ella, dispone \u201cpor la parte incidentante. Los hechos de la denuncia. Testigos son FLOR ALBA BARON WILCHES, EVELYN DAYANA NARANJO BARON, Y ANDREA NARANJO BARON.-Una grabaci\u00f3n posterior por lo del carro amenaz\u00e1ndome. Por la parte accionada. Mis testigos son ELAINE GARCIA y ANA GARCIA.-yo me comprometo a [a]portar las grabaci\u00f3n es y conversaciones del WASATH de los insultos. DE OFICIO. Se ordena realizar entrevista psicol\u00f3gica a la ni\u00f1a MARIA CAMILA PEDREROS NARANJO de 5 a\u00f1os de edad el pr\u00f3ximo 24 de junio de 2016 a las 9:00 a.m.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00ab[c]on relaci\u00f3n a la parte enunciada, como \u201cSOLICITADAS POR LA PARTE ACCIONADA\u201d, se falta a la verdad, toda vez, que insist[i\u00f3] que se requirieran como pruebas de [su] total y absoluta INOCENCIA, de los cargos que [l]e indilgaba la convocante, se\u00f1ora INGRID PAOLA NARANJO BARON, recepcionar los testimonios de los policiales que hicieron presencia en el lugar de los hechos, conociendo de los mismos, los agentes MARTINEZ Y BARRERA, adscritos al \u201cCAI\u201d de Puente Aranda, como tambi\u00e9n, obtener las grabaciones capturadas por las c\u00e1maras de vigilancia, que se tienen instaladas por la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1, en la avenida carrera 68 con calle 13, de \u00e9sta ciudad, lo cual fue groseramente DENEGADO, por la Comisaria, so pretexto \u201cESTAMOS ATAREADOS DE TRABAJO, SOLO CON LAS QUE CUENTE YA\u00bb .  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00ab[t]erminada la diligencia de junio 14 de 2016, que se suspendi\u00f3, para continuarse en julio 21 de 2016, y promulgada la sanci\u00f3n \u201cMULTA\u201d, en agosto 18 de la misma anualidad, NO se [le] hizo saber de la oportunidad que por ley [l]e asiste o [l]e asist\u00eda de manifestar [sus] inconformidades en cuanto se refiere a reclamar los atropellos que contra [sus] derechos consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pod\u00eda hacer, como tampoco, que dicha decisi\u00f3n ser\u00eda consultada ante un JUEZ, motivo por el cual, [tuvo] de acudir ante [su] abogada, para que [lo] asesorara en esa etapa, lo cual se hizo, despu\u00e9s de estar confirmada, \u00faltimo esto, que motiva la presente acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse [le] amparen [los] derechos conculcados, en las actuaciones ya arriba expuestas, para que en su defecto, se REVOQUEN a partir de la ETAPA PROBATORIA, y se acceda a la recepci\u00f3n de los testimonios policiales y las grabaciones captadas por la c\u00e1mara de la avenida carrera 68 con calle 13 de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb. (fls. 17-22 Cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho cuestionado adujo que el gestor \u00abse encuentra debidamente representado por una estudiosa y profesional de la Ley, el Despacho no le ha vulnerado derecho alguno al Debido Proceso, ya que los autos emitidos dentro del proceso que origina la presente acci\u00f3n, fueron legalmente notificados, publicitados, para que se ejerciera a trav\u00e9s de la togada, los recursos previstos por el legislador\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y adicionalmente se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[f]rente a la reclamada vulneraci\u00f3n del accionante, es pertinente tener en cuenta que la etapa probatoria ordenada y recepcionada por la primera instancia, el Despacho se atiene \u00fanicamente a lo que rezan las actas, frente al tr\u00e1mite all\u00ed surtido\u00bb pues \u00abla actuaci\u00f3n surtida en \u00e9sta instancia, fue la de verificar el caudal probatorio, la demostraci\u00f3n de los hechos endilgados, lo que constituy\u00f3 la conclusi\u00f3n emitida el 19 de septiembre del a\u00f1o que avanza, como fue, confirmar la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda Octava de Familia\u00bb (fl. 35 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La Comisaria encartada, manifest\u00f3 que \u00ab[d]entro del tr\u00e1mite incidental manifestado por el accionante JAVIER PEDREROS no existi\u00f3 ninguna vulneraci\u00f3n al Derecho a la Defensa y mucho menos el Derecho al Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, tal y como usted lo puede apreciar Honorable Magistrada, en las documentales aportadas por el hoy accionante en donde en el tr\u00e1mite incidental se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes, tal y como a bien suscribi\u00f3 el mismo se\u00f1or JAVIER PEDREROS en diligencia del 14 de junio de los corrientes, y con fundamento en las pruebas aportadas dentro de la oportunidad procesal y con los suficientes elementos de convicci\u00f3n, este despacho Comisarial adopt\u00f3 las acciones correspondientes conforme a la Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conforme a lo expuesto, se opuso a la petici\u00f3n del tutelante, teniendo en cuenta que \u00abel tr\u00e1mite adelantando dentro de las diligencias dentro de la medida de protecci\u00f3n No. 469-15 y el incidente de incumplimiento se basaron dentro del marco legal y dentro de las normas especiales que protegen los derechos fundamentales\u00bb (fls. 45-46. Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 la acci\u00f3n impetrada por cuanto sostuvo que \u00abla [comisar\u00eda] accionada, agot\u00f3 todas las etapas procesales, decisiones que fueron notificadas en estrados al peticionario, n\u00f3tese que el mismo concurri\u00f3 a todas las diligencias en las que se tomaron decisiones, y de las que el se\u00f1or JAVIER PEDREROS estuvo de acuerdo, pues no se observa manifestaci\u00f3n u oposici\u00f3n\u00bb y \u00abfrente a la acusaci\u00f3n del tutelante, cuando afirma que la funcionaria de la Comisar\u00eda de Familia, neg\u00f3 el decreto de pruebas testimoniales por parte de los polic\u00edas y de la revisi\u00f3n del video tomado al m[o]mento de la ocurrencia de los hechos, en el encuaderno no hay registro de solicitud de otras pruebas adem\u00e1s de las decretadas en audiencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n tomada por la Comisar\u00eda, se bas\u00f3 en las pruebas legalmente recaudadas, tan es as\u00ed que, en interrogatorio de que parte el se\u00f1or JAVIER PEDREROS, manifest\u00f3 los hechos ocurridos en la fecha del incidente, pero no advirti\u00f3 de la existencia de otras pruebas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, en lo que respecta al Juzgado atacado, se\u00f1al\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3, conforme a su competencia, el grado de consulta de la providencia que impuso la sanci\u00f3n, y no se avizora que el se\u00f1or PEDREROS haya advertido al juez de Familia la falta de valoraci\u00f3n de pruebas o decreto, es decir de haberse vulnerado el debido proceso\u00bb (fls. 71-81 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso sin exponer argumento alguno (fl.95. C.1).  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Analizada la inconformidad planteada, surge que el gestor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su queja, contra las decisiones adoptadas el 18 de agosto y 19 de septiembre de 2016, por la  Comisar\u00eda encartada y el despacho censurado, en su orden, pues considera que incurrieron en defecto \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Resoluci\u00f3n medida de protecci\u00f3n No. 469-15  (R.U.G. N. 2768-15del 17 de julio de 2015 de Ingrid Paola Naranjo Bar\u00f3n contra Javier Pedreros (aqu\u00ed accionante) (fl. 1-3 C.1) en la que se resolvi\u00f3, entre otros:  <\/span><\/p>\n

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\u00abART\u00cdCULO PRIMERO: APROBAR en su integridad el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes se\u00f1ora INGRID   PAOLA  NARANJO  BARON y el se\u00f1or JAVIER PEDREROS por encontrarlo ajustado a derecho y propender por el restablecimiento de derechos de las partes, quedando obligados a darle estricto cumplimiento a la prohibici\u00f3n de no agresi\u00f3n a fin de garantizar la sana convivencia familiar y ciudadana.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO SEGUNDO: Como Medida de protecci\u00f3n definitiva CONMINAR a JAVIER PEDREROS identificado con C.C. No. 80.239.649 de Bogot\u00e1, PARA QUE CESE INMEDIATAMENTE Y SE ABSTENGA DE REALIZAR LA CONDUCTA OBJETO DE LA QUEJA O CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA F\u00cdSICA, VERBAL,  S\u00cdQUICA, AMENAZAS, AGRAVIOS O HUMILLACIONES, AGRESIONES, ULTRAJES, INSULTOS, HOSTIGAMIENTOS, MOLESTIAS y OFENSAS O PROVOCACIONES EN CONTRA DE LA SE\u00d1ORA INGRID PAOLA NARANJO BARON , SOPE\u00d1A DE HACERSE ACREEDOR A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 294 de 1996, MODIFICADA POR LA LEY 575 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO TERCERO: Como Medida de protecci\u00f3n definitiva CONMINAR a INGRID PAOLA NARANJO BARON    identificada con C.C.  No. 52.971.488   de Bogot\u00e1, PARA QUE CESE IATAMENTE Y SE ABSTENGA DE REALIZAR LA CONDUCTA OBJETO DE LA QUEJA O ( UIER    ACTO DE VIOLENCIA F\u00cdSICA, VERBAL, S\u00cdQUICA, AMENAZAS, AGRAVIOS O ACIONES, AGRESIONES, ULTRAJES, INSULTOS, HOSTIGAMIENTOS, MOLESTIAS y AS O PROVOCACIONES EN CONTRA DEL SE\u00d1OR JAVIER PEDREROS; SOPE\u00d1A DE SE ACREEDORA A LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 294 , MODIFICADA POR LA LEY 575 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO CUARTO: SE ORDENA a JAVIER PEDREROS y INGRID PAOLA NARANJO BARON iniciar un tratamiento reeducativo y terap\u00e9utico para modificar las conductas inadecuadas que presentan en las dificultades comunicacionales, bajo control de impulsos, empoderamiento del roles, manejo de la ira y el estr\u00e9s, tolerancia, celotipia, entre otros, respecto de los miembros de su familia, el cual deber\u00e1n hacer en una instituci\u00f3n p\u00fablica o privada que ofrezca tales servicios, debiendo presentar certificado de asistencia el d\u00eda del seguimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARTICULO QUINTO: SE ORDENA a JAVIER PEDREROS y INGRID PAOLA NARANJO BARON que el d\u00eda OI de OCTUBRE de 2015 a las 09:15 A.M., deben presentarse en esta comisar\u00eda, a fin de verificar las medidas impuestas en esta a audiencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO SEXTO: Las partes deben comunicar a esta Comisar\u00eda cualquier cambio de, domicilio, dentro de las 48 horas siguientes a ocurridos los hechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARTICULO SEPTIMO: Se hace saber a JAVIER PEDREROS y INGRID PAOLA NARANJO BARON que el incumplimiento a lo ordenado en las medidas de protecci\u00f3n definitivas, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 4 de la Ley 575 de 2000, da lugar a las siguientes sanciones: a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales, convertibles en arresto, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada d\u00eda de salario m\u00ednimo la cual debe consignarse dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n la providencia que resuelve el Grado Jurisdiccional de Consulta, b) Si el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se repite en el plazo de dos (2) a\u00f1os la sanci\u00f3n ser\u00e1 de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) d\u00edas, sin perjuicio de las consecuencias penales a que haya lugar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARTICULO OCTAVO: La presente medida de protecci\u00f3n es independiente de las acciones penales y legales que el hecho originar\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ART\u00cdCULO NOVENO: Se le hace saber a las partes que de acuerdo con el Art\u00edculo 18 de la de la Ley 294 de 1996 modificado por la Ley 575 de 2000, Art\u00edculo 18; \u00abque demostrado plenamente que se han Superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protecci\u00f3n impuestas, podr\u00e1n pedir al funcionario que expidi\u00f3 la orden, la terminaci\u00f3n de los efectos de las declaraciones hechas y la terminaci\u00f3n de las medidas ordenadas.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Acta Audiencia p\u00fablica \u00abdiligencia de cargos\u00bb de fecha 14 de junio de 2016, en la que ambas partes  expusieron los hechos que consideraban violatorios del acuerdo pactado dentro del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n, oportunidad en la que se abri\u00f3 la etapa probatoria y se tuvieron como \u00abpruebas\u00bb por \u00abLa Parte Incidentante: los hechos relacionados en la denuncia; Testigos son Flor Alba Bar\u00f3n Wilches Y Evelyn Dayana Naranjo Bar\u00f3n Y Andrea Naranjo Bar\u00f3n\u00bb por \u00abLa Parte Accionada: Mis testigos son Elaine Garc\u00eda Y Ana Garc\u00eda. Yo me comprometo aportar las grabaciones y conversaciones del WASATH de los insultos\u00bb y de \u00abOficio: Se ordena realizar entrevista psicol\u00f3gica a la ni\u00f1a Maria Camila Pedreros Naranjo de 5 a\u00f1os de edad el pr\u00f3ximo 24 de junio de 2016 a las 9:00am\u00bb (fl. 5-7 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Acta de la audiencia de tr\u00e1mite por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n de fecha 18 de agosto de 2016, en la que se interpuso multa a las partes  (fls. 3-7 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Poder otorgado a la Doctora Laura Fernanda Zuluaga G\u00f3mez por parte del accionante dentro del tr\u00e1mite adelantado ante el despacho accionado (fls. 11-12 C.1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Providencia de 19 de septiembre pasado, en la que el Juzgado censurado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de consulta, al considerar que \u00ablos hechos denunciados por las partes es ratificado con los dict\u00e1menes allegados al plenario y que son coherentes y consecuentes con lo expuesto en las declaraciones y descargos de las partes, por lo que es claro que los incidentados han generado situaciones de violencia verbal, f\u00edsica y psicol\u00f3gica, los cuales est\u00e1n ampliamente se incumpli\u00f3 con lo establecido en la medida de protecci\u00f3n impuesta a cada una de las partes\u00bb (fls. 8-10 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, y en lo que respecta a la inconformidad que involucra la actuaci\u00f3n del despacho cuestionado, al proferir en grado de consulta, la providencia de fecha 19 de septiembre de 2016, en la que confirm\u00f3 la adoptada por la Comisar\u00eda atacada; advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, pues no se observa proceder constitutivo de defecto \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb  por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y la normatividad aplicable a la materia (arts. 4, 7, de la Ley 294 de 1996 y 176 del CGP), descartando por tanto un actuar antojadizo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el juzgado censurado, adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n atr\u00e1s referida, en marco de lo regulado en la legislaci\u00f3n vigente, precisando de una parte que las pruebas allegadas y practicadas fueron: i) la entrevista psicol\u00f3gica de la menor ii) dictamen efectuado a la se\u00f1ora en menci\u00f3n por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se indic\u00f3 que la se\u00f1ora \u00abrefiere \u201cagresi\u00f3n f\u00edsica el d\u00eda de hoy por parte de mi expareja [\u2026] Mecanismos traum\u00e1ticos de lesi\u00f3n: corto contundente. Incapacidad m\u00e9dico legal DEFINITIVA SEIS (6) D\u00cdAS\u00bb iii) testimonios recibidos por parte de Elayne Garc\u00eda, Flor Bar\u00f3n Wilches y Gisseth Andrea Naranjo Bar\u00f3n, quienes mencionaron los hechos de agresi\u00f3n ocurridos el 10 de abril, 5 de julio y 27 de junio de 2016 por ambas partes, y que analizadas en su conjunto \u00abson coherentes y consecuentes con lo expuesto en las declaraciones y descargos de las partes\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En ese orden de ideas, se observa que el juzgado encartado profiri\u00f3 el prove\u00eddo de 19 de septiembre pasado, integrando la realidad f\u00e1ctica con la legislaci\u00f3n conveniente, sin que de tal proceder se detecte ilegalidad o abuso alguno de sus funciones y menos a\u00fan desconocimiento del presupuesto especial \u00abdefecto procedimental y f\u00e1ctico\u00bb, por cuanto no se percibe que actuara al margen del respectivo procedimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. As\u00ed las cosas, se advierte que el la decisi\u00f3n censurada, reit\u00e9rase, no puede tildarse de arbitrario para que sea objeto de cuestionamiento en esta sede, por lo que independientemente que lo proh\u00edje la Corte, al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; y, 13 feb. 2013, rad. 00216-00).  <\/span><\/p>\n

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7. Ahora bien, en lo que respecta a la queja enfilada contra la Comisar\u00eda atacada, observa la Sala, que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que de la resoluci\u00f3n del d\u00eda 18 de agosto anterior no se advierte irregularidad alguna, m\u00e1xime cuando se avizora que en el acta de diligencia de 14 de junio pasado, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, y fue notificada a las mismas en estrado, en la misma se identifica la firma del se\u00f1or Javier Pedreros, y no hay anotaci\u00f3n ni manifestaci\u00f3n alguna de su inconformidad, como tampoco se observa dentro de esta solicitud adicional de otros testigos o de prueba de video que enuncia dentro de la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 Oct. 2015, rad. 2336-00).  <\/span><\/p>\n

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9. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    <\/span><\/p>\n

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                                                 MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC439-2017         Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00704-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}