{"id":98782,"date":"2026-06-25T17:15:33","date_gmt":"2026-06-25T17:15:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc460-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:15:33","modified_gmt":"2026-06-25T17:15:33","slug":"stc460-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc460-2017\/","title":{"rendered":"STC460-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC460-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03672-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Esperanza Gonz\u00e1lez Valbuena, actuando en representaci\u00f3n del ni\u00f1o Daniel Leandro Nemoga Gonz\u00e1lez, contra la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de su hijo menor al m\u00ednimo vital, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima vulnerados por la autoridad extranjera al no dar cumplimiento al embargo del salario y las prestaciones sociales devengadas por el progenitor del ni\u00f1o, dentro del proceso ejecutivo de alimentos promovido en contra de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado y se ordene al organismo for\u00e1neo que renuncie a la inmunidad diplom\u00e1tica y d\u00e9 cumplimiento a la providencia judicial referida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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2. En el Juzgado Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 cursa actualmente el proceso ejecutivo de alimentos contra el progenitor del menor mencionado, promovido por la aqu\u00ed quejosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El despacho aludido, en autos de 26 de mayo y 5 de julio de 2016, orden\u00f3 oficiar a la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a fin de que diera cumplimiento al embargo del 30 % del salario y las prestaciones sociales devengadas por el se\u00f1or Nemoga Canesto, el cual es empleado en esa entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La autoridad extranjera acusada, mediante nota diplom\u00e1tica del 12 de agosto del a\u00f1o precedente, inform\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica de Colombia que \u00abno renuncia a su inmunidad con el fin de honrar la orden de embargo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En providencia adiada septiembre 26 de la anualidad anterior, la juez de la causa puso en conocimiento de las partes la documentaci\u00f3n referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En criterio de la peticionaria de la salvaguarda se vulneraron los derechos fundamentales invocados de su hijo menor, dado que la entidad for\u00e1nea se ha negado a cumplir la orden judicial de embargo, lo que ha impedido que el se\u00f1or Nemoga Canesto atienda sus obligaciones alimentarias, pese a que la inmunidad le corresponde a la embajada referida y no al padre del ni\u00f1o, quien es ciudadano colombiano y no ejerce misi\u00f3n diplom\u00e1tica alguna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 12 de enero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

1. El Derecho internacional, esto es tratados y costumbre, teniendo en cuenta los principios de soberan\u00eda, independencia, autonom\u00eda, e igualdad que regulan las relaciones entre los pa\u00edses, hist\u00f3ricamente ha reconocido prerrogativas otorgada a los Estados, a sus dignatarios, y a quienes pertenecen a su delegaci\u00f3n diplom\u00e1tica, para no ser sometidos a la jurisdicci\u00f3n de otros, extendi\u00e9ndose incluso lo que se ha denominado \u00abinmunidad jurisdiccional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La cual puede clasificarse en diferentes tipos, seg\u00fan al sujeto de derecho p\u00fablico internacional al que le sea concedida, as\u00ed: (i) la de los Estados; (ii) los organismos internacionales; y (iii) la diplom\u00e1tica y consular, esta \u00faltima concedida a los miembros de las misiones plenipotenciarias de otros pa\u00edses, a sus familiares1. Esta \u00faltima, regulada en la Convenci\u00f3n de Viena sobre \u00abRelaciones Sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas\u00bb, aprobada en Colombia mediante la Ley 6\u00aa de 1972 y del cual tambi\u00e9n hace parte Estados Unidos de Am\u00e9rica.  <\/span><\/p>\n

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Dicha normatividad establece en su art\u00edculo 31 que el agente diplom\u00e1tico \u00abgozar\u00e1 de inmunidad de la jurisdicci\u00f3n penal del Estado receptor. Gozar\u00e1 tambi\u00e9n de inmunidad de su jurisdicci\u00f3n civil y administrativa\u00bb, excepto si se trata de: 1) de una acci\u00f3n real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, 2) de una acci\u00f3n sucesoria en la que el agente diplom\u00e1tico figure, a t\u00edtulo privado y no en nombre del Estado acreditante, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario; y 3) de una acci\u00f3n referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplom\u00e1tico en el Estado receptor, fuera de sus funciones oficiales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma, indica que dichos funcionarios no podr\u00e1n ser objeto de ninguna medida de ejecuci\u00f3n, salvo en los casos previstos en los incisos a, b y c del p\u00e1rrafo 1 de este art\u00edculo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, indica que tal exenci\u00f3n ser\u00e1 extendida, a  otras personas, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 37. 1. Los miembros de la familia de un agente diplom\u00e1tico que formen parte de su casa gozar\u00e1n de los privilegios e inmunidades especificados en los art\u00edculos 29 a 36, siempre que no sean nacionales del Estado receptor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Los miembros del personal administrativo y t\u00e9cnico de la misi\u00f3n, con los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en \u00e9l residencia permanente, gozar\u00e1n de los privilegios e inmunidades mencionados en los art\u00edculos 29 a 35, salvo que la inmunidad de la jurisdicci\u00f3n civil y administrativa del Estado receptor especificada en el p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 31, no se extender\u00e1 a los actos realizados fuera del desempe\u00f1o de sus funciones. Gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los privilegios especificados en el p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 36, respecto de los objetos importados al efectuar su primera instalaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Los miembros del personal de servicio de la misi\u00f3n que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en \u00e9l residencia permanente, gozar\u00e1n de inmunidad por los actos realizados en el desempe\u00f1o de sus funciones, de exenci\u00f3n de impuestos y grav\u00e1menes sobre los salarios que perciban por sus servicios y de la exenci\u00f3n que figure en el art\u00edculo 33.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Los criados particulares de los miembros de la misi\u00f3n, que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en \u00e9l residencia permanente, estar\u00e1n exentos de impuestos y grav\u00e1menes sobre los salarios que perciban por sus servicios. A otros respectos, s\u00f3lo gozar\u00e1n de privilegios e inmunidades en la medida reconocida por dicho Estado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Norma de la que se desprende, que adem\u00e1s de los agentes diplom\u00e1ticos, ciertas personas tambi\u00e9n tienen inmunidad, incluyendo los miembros o empleados de las misiones diplom\u00e1ticas; pero para ello deben cumplir unos requisitos indispensables de no ser nacionales del Estado receptor, ni residentes permanentes del mismo, as\u00ed como que los actos sean dentro de sus funciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que la doctrina, diferenci\u00e9 entre los actos que sus miembros realizan \u00ab(…) i) a t\u00edtulo privado y no en nombre del Estado acreditante (\u2026)\u00bb; y ii) los actos que aqu\u00e9llos realizan \u00ab(\u2026) por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misi\u00f3n (\u2026)\u00bb2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre los \u00faltimos, debe distinguirse si se trata de: a) actos \u00abius imperii\u00bb, considerados como actos pol\u00edticos propiamente dichos, que tienen sustento en el poder soberano del sujeto de derecho extranjero; y b) actos \u00abius gestionis\u00bb, relacionados con gestiones accesorias a la actividad de representaci\u00f3n, que excluyen el ejercicio de las potestades pol\u00edticas, que son los desarrollados por el \u00f3rgano con fines que no se acompasan con el desarrollo de su funci\u00f3n propia en el \u00e1mbito internacional, sino que son desarrollados en el mismo plano que los actos de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior aclaraci\u00f3n, es importante por cuanto en el desarrollo de la mencionada prerrogativa, en materia civil y mercantil, como consecuencia de la globalizaci\u00f3n del derecho, el notable crecimiento de las relaciones comerciales y el tr\u00e1fico jur\u00eddico trasnacional, en el \u00e1mbito del derecho internacional contempor\u00e1neo; y por el otro, en la pr\u00e1ctica interna de los Estados, se propendido por una aplicaci\u00f3n restringida de dicha figura, en la que se ha incluido la diferenciaci\u00f3n de tales actos para entender si debe o no atenderse la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Y es que para esa teor\u00eda, las salvedades establecidas en la Convenci\u00f3n de Viena, son en realidad una consecuencia del principio general de soberan\u00eda territorial del Estado receptor y por ende \u00ablas excepciones a la inmunidad no pueden interpretarse de manera taxativa, ni excluyen la potestad que tienen los Estados de establecer otras excepciones adicionales, tanto en sus ordenamientos jur\u00eddicos internos, como en tratados internacionales, bien sean de car\u00e1cter bilateral o multilateral\u00bb3. (Subrayado fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Al respecto, vale se\u00f1alar que algunos Estados, pertenecientes a la tradici\u00f3n jur\u00eddica del common law quienes en un intento de imponer l\u00edmites a la inmunidad plena de jurisdicci\u00f3n de una sede extranjera de otro pa\u00eds en su territorio, decidieron someter a \u00e9sta a su potestad jurisdiccional solo para ciertos asuntos, regulando tal circunstancia a trav\u00e9s de su propia legislaci\u00f3n. Por ejemplo, los Estados Unidos de Am\u00e9rica el \u201cForeign Sovereign Immunities Act (FSIA)\u201d al que pertenece la embajada ac\u00e1 accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n puede rese\u00f1arse que algunos Estados, entre ellos, Austria, Italia, Francia, Alemania, Holanda4, si bien no han elaborado legislaciones internas, han aplicado la teor\u00eda restringida de la inmunidad por intermedio de su jurisprudencia, distinguiendo para tal efecto entre actos de ius imperii y ius gestionis, gozando solo del memorado beneficio internacional las desarrolladas por el Estado bajo la primera clasificaci\u00f3n, incluy\u00e9ndose en la segunda aquellas funciones, como se expuso inicialmente en este ac\u00e1pite, a las ajenas de las tareas diplom\u00e1ticas o consulares, por ejemplo, cuando se desarrollan actividades propias del derecho privado, como contratar bienes y servicios5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El anterior desarrollo del derecho, tampoco ha sido ajeno a nuestra jurisprudencia que ha acogido tesis de la relatividad de la inmunidad jurisdiccional de los estados, desde el a\u00f1o 2007, cuando la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, admiti\u00f3 la demanda presentada contra la Embajada del L\u00edbano en nuestro pa\u00eds, luego de considerar que la Convenci\u00f3n de Viena de 1961 no se ocup\u00f3 de la inmunidad jurisdiccional de los estados en materia laboral, pese a la autonom\u00eda de esta rama del derecho adquirida desde comienzos del siglo pasado6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Po su parte la Corte Constitucional, en sentencia     T-475 de 22 de julio de 2015, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte Constitucional ha sostenido de manera constante la tesis de la inmunidad restringida en su jurisprudencia, al menos en lo que respecta a situaciones en las cuales las misiones diplom\u00e1ticas, consulares o las organizaciones internacionales act\u00faen como empleadores. As\u00ed, en las Sentencias C-137 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz) y C-788 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte sostuvo que la inmunidad diplom\u00e1tica ten\u00eda un car\u00e1cter restringido.  [65] Espec\u00edficamente en materia laboral, en la Sentencia T-932 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte orden\u00f3 que se restableciera el pago de la pensi\u00f3n a una nacional colombiana que trabaj\u00f3 en el consulado de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela en Bucaramanga. Por su parte, en la Sentencia T-180 de 2012 (M.P. Mar\u00eda Victoria Calle Correa) la Corte concedi\u00f3 la tutela a una empleada de la Embajada de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n, quien no hab\u00eda sido afiliada al sistema de seguridad social, y hab\u00eda sido despedida durante su embarazo.  <\/span><\/p>\n

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        <\/span><\/p>\n

De lo expuesto,  ante el desarrollo progresivo, que ha tenido el tema bajo estudio, en criterio de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, las inmunidades jurisdiccionales otorgadas a las sedes extranjeras de otro pa\u00eds no pueden ser absolutas, ni puede alegarse por \u00e9stas de manera irrestricta, sin tener en cuenta si el acto que niega es de aquellos sujetos a dicha protecci\u00f3n, o la persona a favor de quien se presenta es sujeto de la misma, porque ante la ausencia de tales requisitos, dicha figura no tiene cabida, ni menos a\u00fan para restringir derechos de quienes tienen una especial protecci\u00f3n, no solo por la jurisdicci\u00f3n interna, sino por los tratados y costumbres internacionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que reconocerla de manera incondicional, conllevar\u00eda a desconocer, como se se\u00f1al\u00f3 en jurisprudencia anterior por la Corporaci\u00f3n, \u00ab(i) las atribuciones soberanas de la Rep\u00fablica de Colombia para asegurar la defensa de las prerrogativas de las personas sometidas a su autoridad\u00bb, pues de no hacerlo, nuestros nacionales, incluso la propia naci\u00f3n, tendr\u00edan que responder en el exterior sin importar evaluar la procedencia del principio de territorialidad de la ley, pudiendo ser incluso juzgados bajo normas carentes de reciprocidad con las colombianas, ocasionando as\u00ed una situaci\u00f3n de desigualdad, priv\u00e1ndolos de los recursos legales contemplados en nuestra propia legislaci\u00f3n;     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii) implicar\u00eda aceptar sin reservas que los Estados acreditantes desarrollan para todos los casos actos propios de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica y consular (ius imperii), sin distinguir de aquellas del derecho privado (ius gestionis), estas \u00faltimas, como seg\u00fan se expuso delanteramente, relacionadas con contratos comerciales o de trabajo, acciones reales o posesorias y demandas indemnizatorias\u00bb. (CSJ STC 004-2016, 13 de enero de 2016, Rad. 2015-2659-00)  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso bajo estudio, el Juez Diecisiete de Familia de Bogot\u00e1, decret\u00f3 la medida cautelar, en contra del progenitor del menor, Fredy Armando Nemoga Canesto, conductor de la embajada de Estados Unidos de Am\u00e9rica, y para efectos de su cumplimiento solicit\u00f3 a la referida autoridad, como empleador de \u00e9ste de acuerdo al derecho laboral colombiano, hiciera los descuentos respectivos al referido se\u00f1or, en tanto que el mismo es ciudadano colombiano, residente y domiciliado en este pa\u00eds.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, no puede omitirse que, de acuerdo con los principios del derecho internacional, las relaciones entre los Estados deben supeditarse al principio general de la buena fe, y que por lo tanto, si Estados Unidos, ha reconocido el l\u00edmite a la inmunidad de jurisdicci\u00f3n con el fin de preservar los derechos de los trabajadores y en actividades comerciales, deber\u00e1 actuar en consonancia en el Estado colombiano, en especial, cuando no se reun\u00edan los requisitos para alegar la mencionada exenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

En efecto, la Embajada Estado Unidos de \u00c1merica, es un empleador particular, al contratar al se\u00f1or Fredy Armando Nemoga Canesto, para el cargo de conductor al servicio de dicha oficina, siendo \u00e9ste nacional y residente en Colombia, y por supuesto sometido a la jurisdicci\u00f3n del pa\u00eds receptor, en tanto que no le es aplicable el art\u00edculo 37 de la Convenci\u00f3n de Viena, antes referido.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Pero adem\u00e1s, el proceso ejecutivo que afronta \u00e9ste y en el que se le impuso la cautela, no tiene nada que ver con las funciones que realiza a servicio de los agentes de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica, sino a los deberes que como padre le corresponden y que debe solventar de acuerdo a las normas colombianas, incluyendo las laborales, que permiten los descuentos en el sueldo y prestaciones sociales, para cancelar la manutenci\u00f3n de los ni\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sumado a que el acto de denegar la retenci\u00f3n y consignaci\u00f3n de dineros de dicho ciudadano colombiano, no es un acto \u00abius imperii\u00ab, en tanto que no es una manifestaci\u00f3n del poder pol\u00edtico del Estado, sino un acto de simple gesti\u00f3n, porque el embargo del salario, no fue decretado en contra de la embajada o de uno de los agentes diplom\u00e1ticos de dicha misi\u00f3n, ni se est\u00e1 debatiendo la responsabilidad de alguno de \u00e9stos, ni menos se est\u00e1 ordenando medida coercitiva contra los bienes o dineros correspondientes a la oficina extranjera, al Estado acreditante, o alguno de sus nacionales para que en efecto pueda reclamarse la inmunidad diplom\u00e1tica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de lo anterior, la Sala concluye que los jueces del Estado colombiano tienen jurisdicci\u00f3n para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela. Resta entonces establecer, si esta Corporaci\u00f3n es competente para adoptar una decisi\u00f3n conforme al derecho interno.  <\/span><\/p>\n

3. Frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, que aquellos se encuentran reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional, como por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, disposiciones en donde consagran que \u00e9stos son sujetos de especial protecci\u00f3n y que por ende, sus prerrogativas deben ser objeto de protecci\u00f3n por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u00abgarantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, indica en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 25, que: \u00abLa maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los ni\u00f1os, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protecci\u00f3n social\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precepto que fue desarrollado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, en la que se establece:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo ni\u00f1o a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f\u00edsico, mental, espiritual, moral y social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. A los padres u otras personas encargadas del ni\u00f1o les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios econ\u00f3micos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del ni\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptar\u00e1n medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el ni\u00f1o a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionar\u00e1n asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrici\u00f3n, el vestuario y la vivienda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Los Estados Partes tomar\u00e1n todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensi\u00f3n alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el ni\u00f1o, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el ni\u00f1o resida en un Estado diferente de aquel en que resida el ni\u00f1o, los Estados Partes promover\u00e1n la adhesi\u00f3n a los convenios internacionales o la concertaci\u00f3n de dichos convenios, as\u00ed como la concertaci\u00f3n de cualesquiera otros arreglos apropiados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tratado, que a pesar de no ser vinculante para los Estados Unidos, por cuanto a\u00fan no ha sido presentado para su ratificaci\u00f3n al Congreso de ese pa\u00eds, fue suscrito por tal Estado, con lo que reconoci\u00f3 la importancia de la prevalencia de los derechos del menor y la protecci\u00f3n especial sobre \u00e9stos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, nuestro ordenamiento constitucional, indica  en su art\u00edculo 44 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Son derechos fundamentales de los ni\u00f1os: la vida, la integridad f\u00edsica, la salud y la seguridad social, la alimentaci\u00f3n equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educaci\u00f3n y la cultura, la recreaci\u00f3n y la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n. Ser\u00e1n protegidos contra toda forma de abandono, violencia f\u00edsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotaci\u00f3n laboral o econ\u00f3mica y trabajos riesgosos. Gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

De manera, que existe una obligaci\u00f3n por parte del Estado colombiano de tomar las medidas necesarias y apropiadas para  garantizar la efectividad de los derechos de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, las cuales puede exigir cualquier persona, en ejercicio de la prevalencia, que no s\u00f3lo la legislaci\u00f3n nacional ha reconocido, sino tambi\u00e9n los  instrumentos internacionales, suscrito por la mayor\u00eda de pa\u00edses, inclusive Estado Unidos de Am\u00e9rica, que a\u00fan no lo ha ratificado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Haciendo propia esa labor de protecci\u00f3n, esta Corte Suprema ha definido que, esa especial defensa de los derechos del menor incluyen \u00abi) la prevalencia del inter\u00e9s del menor; ii) la garant\u00eda de la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n requiere; y iii) la previsi\u00f3n de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad\u00bb, por ello, refiere, que frente a los poderes p\u00fablicos, tal r\u00e9gimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita las competencias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed, que para el legislador y la administraci\u00f3n, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas y tambi\u00e9n los de formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues tanto en las decisiones de constitucionalidad, como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Dentro de ese conjunto de garant\u00edas superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes se halla la alimentaci\u00f3n equilibrada, de la cual ha sostenido la Corte en relaci\u00f3n con sus destinatarios que \u00abdebe implicar la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedirles el goce efectivo\u00bb, m\u00e1s cuando \u00abprev\u00e9 el art\u00edculo 134 de la ley 1098 de 2006 que los cr\u00e9ditos por alimentos a favor de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes gozan de prelaci\u00f3n sobre todos los dem\u00e1s\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de lo cual, el legislador ha creado procedimientos especiales, como son los juicios de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, ejecuci\u00f3n y revisi\u00f3n de los mismos, los cuales, deben guiarse por el principio constitucional mencionado, en aras de rodear a los infantes de garant\u00edas y beneficios que los protejan en su proceso de formaci\u00f3n y desarrollo hacia la adultez, dentro del cual los recursos para el sostenimiento de los menores juegan un papel primordial.  <\/span><\/p>\n

En el marco de uno de esos procedimientos, en atenci\u00f3n al deber de protecci\u00f3n especial de los menores, la Juez de Familia decret\u00f3 la medida cautelar citada, contra el padre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo la misma no fue atendida por el empleador de \u00e9ste, Embajada de Estados Unidos, pese a que de manera respetuosa, la funcionaria judicial pidi\u00f3 la colaboraci\u00f3n de dicha oficina para que el referido se\u00f1or, ciudadano colombiano y residente en el pa\u00eds, honrara su obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Actuaci\u00f3n con la que se encuentra, se puso en riesgo no s\u00f3lo el sustento del menor, sino otros de sus derechos fundamentales como la educaci\u00f3n, pues no ha sido posible, pese a los esfuerzos que ha hecho su progenitora de acudir a la administraci\u00f3n de justicia y llevar un largo proceso ejecutivo por m\u00e1s de siete a\u00f1os, que el se\u00f1or cumpla con la cuota alimentaria, con la que se cancelan incluso los gastos escolares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, que la referida Oficina extranjera con su decisi\u00f3n de no tramitar la solicitud respetuosa que le hizo la jurisdicci\u00f3n colombiana, a trav\u00e9s de los medios y autoridades diplom\u00e1ticos respectivos (Canciller\u00eda), vulner\u00f3 los derechos del infante, a\u00fan en contrav\u00eda de tratados que ha suscrito y ratificado el citado Estado, como lo es  \u00abEl Convenio de 23 de noviembre de 2007 sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Ni\u00f1os y otros Miembros de la Familia\u00bb, y que establece:  <\/span><\/p>\n

\u00ab(a) un sistema completo de cooperaci\u00f3n entre las autoridades de los Estados contratantes;  b) permitiendo la presentaci\u00f3n de solicitudes para la obtenci\u00f3n de decisiones en materia de alimentos; <\/span><\/p>\n

c) garantizando el reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de las decisiones en materia de alimentos; y <\/span><\/p>\n

d) exigiendo medidas efectivas para la r\u00e1pida ejecuci\u00f3n de las decisiones en materia de alimentos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Instrumento del que si bien no hace parte Colombia, da pautas que ha aceptado el referido Estado deben tenerse en cuenta en virtud de las garant\u00edas que internacionalmente se reconocen a los menores, por lo que en virtud del Principio de Cooperaci\u00f3n que debe regir las relaciones entre los Estados, debi\u00f3 tenerse en cuenta por la Misi\u00f3n Diplom\u00e1tica, accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En virtud de lo anteriormente expuesto, se impone la prosperidad de la protecci\u00f3n invocada, sin embargo, como quiera que debe la Corte adoptar una decisi\u00f3n que garantice la efectividad de los derechos del ni\u00f1o y que sea a su vez respetuosa de la inmunidad diplom\u00e1tica, siguiendo las determinaciones que en sede de tutela la Corte Constitucional ha adoptado, frente a las Embajadas de otros pa\u00edses, concretamente, lo dispuesto en el la sentencia T-475 de 2016, se dispondr\u00e1 unas medidas especiales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que se conminar\u00e1 a la Embajada de Estados Unidos de Am\u00e9rica en Colombia, como empleador del se\u00f1or Fredy Armando Nemoga Canesto, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de \u00e9sta decisi\u00f3n, atienda de manera efectiva la solicitud de embargo del salario de \u00e9ste, quien labora como conductor de dicha oficina.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En caso de que la Embajada no cumpla la anterior orden dentro del t\u00e9rmino indicado, se dispondr\u00e1 que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia efect\u00fae todas las acciones necesarias para garantizar que los derechos fundamentales del menor sean protegidos, y para que el fallo de tutela no resulte inane. Ello incluir\u00e1, en primer lugar, la obligaci\u00f3n de iniciar los acercamientos para llegar a acuerdos por las v\u00edas diplom\u00e1ticas, los cuales deber\u00e1n resultar aceptables para esta Corporaci\u00f3n, desde el punto de vista del goce efectivo de los derechos fundamentales del demandante. El Ministerio mantendr\u00e1 informada a esta Sala de lo dispuesto en la parte resolutiva de esta Sentencia.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores deber\u00e1 sufragar todos los gastos que sean necesarios para garantizar que el menor cuente con todos los medios necesarios y suficientes para agotar todas las instancias y recursos administrativos y judiciales disponibles para la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos. Ello incluye todos los gastos de representaci\u00f3n por parte de una firma de abogados, as\u00ed como todos los costos y gastos asociados con la pr\u00e1ctica de pruebas y los dem\u00e1s que sean necesarios y suficientes para su adecuada representaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

Si, en todo caso, las medidas previamente descritas no tuviesen un resultado aceptable para esta Corporaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de treinta d\u00edas, se ordenar\u00e1 al Ministerio de Relaciones Exteriores que inicie las acciones legales pertinentes ante las instancias administrativas y judiciales en Estados Unidos, reclamando la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales que fueron conculcados al menor.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

Finalmente, si las acciones legales ante los jueces brit\u00e1nicos no finalizasen con la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor Daniel Leandro Nemoga Gonz\u00e1lez, la Corte ordenar\u00e1 al Ministerio de Relaciones Exteriores, presentar las acciones jur\u00eddicas pertinentes ante las instancias internacionales competentes, con el fin de que se protejan los derechos del demandante, y se sancione la conducta lesiva del Estado de Estados Unidos.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE, el amparo constitucional. En consecuencia, ORDENA:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Representante Legal de la Embajada de Estados Unidos de Am\u00e9rica, en Colombia, o a quien haga sus veces que, como empleadora del se\u00f1or Fredy Armando Nemoga Canesto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de \u00e9sta decisi\u00f3n, atienda de manera efectiva la solicitud de embargo del salario de \u00e9ste, quien labora como conductor de dicha oficina.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: En caso de que la Embajada de Estados Unidos de Am\u00e9rica, en Colombia no proceda a cumplir con la solicitud de embargo del salario del mencionado se\u00f1or a favor del ni\u00f1o en los t\u00e9rminos previstos en el anterior numeral, ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que inicie inmediatamente los acercamientos y las gestiones diplom\u00e1ticas dirigidas a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

TERCERO: En caso de que dentro del t\u00e9rmino de treinta d\u00edas corrientes no sea posible que las partes lleguen a un acuerdo que garantice el goce efectivo de los derechos del demandante a juicio de esta Sala, ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que dentro de un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de quince d\u00edas inicie todas las gestiones necesarias para iniciar los procedimientos administrativos y\/o judiciales pertinentes Estados Unidos de Am\u00e9rica, en Colombia, reclamando la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales que fueron conculcados al menor.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

CUARTO: En caso de que las acciones legales ante los jueces estadounidenses no tutelen los derechos del ni\u00f1o, ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores iniciar las acciones jur\u00eddicas pertinentes ante los organismos internacionales, con el fin de que se protejan los derechos del menor, y se sancione la conducta lesiva de la Embajada de Estados Unidos de Am\u00e9rica, en Colombia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u00cddem.    <\/span><\/p>\n

2 Ib\u00eddem.    <\/span><\/p>\n

3 Corte Constitucional, sentencia T-475 de 22 de julio de 2015.    <\/span><\/p>\n

4 Al respecto puede consultarse a Esther Salamanca Aguado en \u201cInmunidad de jurisdicci\u00f3n del Estado y el derecho de acceso a un tribunal a prop\u00f3sito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Mcelhinney c. Irlanda\u201d. Anuario espa\u00f1ol de derecho internacional, ISSN 0212-0747, N\u00ba 18, 2002, p\u00e1gs. 347-387.    <\/span><\/p>\n

5 Se\u00f1ala Esther Salamanca Aguado que los asuntos \u201cm\u00e1s habituales llevados a juicio tienen origen en reclamaciones por accidentes de tr\u00e1nsito, en los que se ha visto envuelto un veh\u00edculo oficial. Es el caso de un ciudadano austr\u00edaco que sufri\u00f3 da\u00f1os en su coche por la conducci\u00f3n negligente de un veh\u00edculo perteneciente a la embajada de Estados Unidos. Tras presentar una demanda de indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os contra el Gobierno de los Estados Unidos \u00e9ste \u00faltimo reclam\u00f3 sin \u00e9xito inmunidad, alegando que el coche oficial se encontraba trasladando el correo de la embajada en el momento de la colisi\u00f3n, consider\u00e1ndolo un \u2018acto soberano\u2019 de su Gobierno\u201d.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ SCL de 18 de noviembre de 2009, Rad. 37321, la cual recogi\u00f3 la ratio decidendi de esa Corporaci\u00f3n contenido en sentencia de 13 de diciembre de 2007, Rad. 32096, citada esta \u00faltima en los fallos de 8 de septiembre de 2008, Rad. 41504, y 29 de octubre de 2014, Rad. 62866 (AL 7337-2014), entre muchos otros.        <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC460-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03672-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98782","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98782","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98782"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98782\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}