{"id":98786,"date":"2026-06-25T17:16:17","date_gmt":"2026-06-25T17:16:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc468-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:16:17","modified_gmt":"2026-06-25T17:16:17","slug":"stc468-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc468-2017\/","title":{"rendered":"STC468-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC468-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00118-00  <\/span><\/p>\n

       (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Matilde Verj\u00e1n de Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, integrada por los magistrados Astrid Valencia Mu\u00f1oz, Ricardo Enrique Bastidas Ortiz y Luis Enrique Gonz\u00e1lez Trilleras, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto de Ismael Arce Gonz\u00e1lez.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

2.1. Al interior del litigio materia de esta salvaguarda, el 1\u00ba de julio de 2016, el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral fall\u00f3 negando las pretensiones, determinaci\u00f3n apelada por la tutelante, remedio sustentado \u201c(\u2026) \u00fanica y exclusivamente en que la promesa  (\u2026) [de compraventa del inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se persegu\u00eda, suscrita entre las partes] adolec\u00eda de nulidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. La alzada fue zanjada por la Sala acusada el 13 de diciembre pasado, en el sentido de confirmar lo resuelto por el a quo. No obstante, para la hoy querellante tal providencia es \u201carbitraria y antojadiza\u201d, pues el Tribunal \u201c(\u2026) se pronunci\u00f3 sobre puntos que no hab\u00edan sido objeto del recurso, sin tener en cuenta que con \u00e9stos mismos argumentos debi\u00f3 proceder a decretar la nulidad absoluta de dicha promesa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora invalidar la sentencia del ad quem.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Se opuso al ruego realzando la legalidad de su proceder.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Matilde Verj\u00e1n de Rodr\u00edguez critica la decisi\u00f3n de segundo grado dictada por el Colegiado accionado dentro del comentado subex\u00e1mine, alegando la existencia de desafueros en la motivaci\u00f3n de la misma.  <\/span><\/p>\n

2. En el citado prove\u00eddo, la Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el argumento p\u00e1bulo de la alzada de la ahora quejosa, atinente a que la promesa de compraventa del fundo cuya reivindicaci\u00f3n se pretend\u00eda, la cual fue allegada por el demandado como fundamento de su estrategia defensiva, era invalida por carecer de un plazo para su perfeccionamiento. Sobre el punto, adujo el juzgador que en ese negocio  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) se estipul\u00f3 entre las partes contratantes que el precio de la compraventa ser\u00eda as\u00ed: \u201cel precio del inmueble prometido en venta, manifiestan las partes, es de $40.000.000, suma que el comprador manifiesta pagar\u00e1 as\u00ed: a la firma del presente contrato entrega en mano de las vendedoras la suma de $10.000.000, y \u00e9stas declaran tienen recibidos a su entera satisfacci\u00f3n la suma de $30.000.000 en efectivo para el d\u00eda en que las vendedoras hagan entrega del paz y salvo de CISA, para lograr el desembolso del dinero por parte del comprador, el que adquiere por intermedio de Bancolombia, fecha \u00e9sta que se estima de 2 a 4 meses a partir de la firma del presente documento\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cM\u00e1s adelante, en la cl\u00e1usula sexta se convino por las partes que: (\u2026) \u201cLas partes manifiestan colocar como fecha para elevar la escritura p\u00fablica el d\u00eda en que se cancele la totalidad de la venta de que trata el presente documento, esa escritura ser\u00e1 elevada en la Notar\u00eda de Chaparral, los gastos ser\u00e1n cancelados de por mitad\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cV\u00e9ase que la promesa est\u00e1 sujeta a una condici\u00f3n pactada por las partes, cual es el que el contrato se formalizar\u00eda con la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica correspondiente, el d\u00eda en que se cancelara el valor total de la venta pactada entre las partes y ello, a su vez, ocurrir\u00eda cuando las vendedoras hicieran entrega del paz y salvo de CISA, para lo cual las partes pactaron un plazo m\u00e1ximo de 4 meses, contados a partir de la celebraci\u00f3n de la promesa el 2 de septiembre de 2005, interregno dentro del cual las promitentes vendedoras consideraron que pod\u00edan obtener el paz y salvo all\u00ed aludido y as\u00ed el promitente comprador se obligaba a pagar el saldo pendiente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn este orden de ideas, se puede aseverar que el contrato prometido no carece del elemento relacionado con el plazo como lo alude el recurrente, ya que dicha promesa est\u00e1 supeditada a una condici\u00f3n que aparece clara, pues las partes se\u00f1alaron un plazo m\u00e1ximo de 4 meses, el cual tuvo inicio el d\u00eda en que se suscribi\u00f3 dicha promesa para cumplir la condici\u00f3n convenida, lo que conlleva a concluir que la condici\u00f3n a la que se sometieron las partes para perfeccionar el negocio prometido, tuvo una fecha de inicio y una fecha de finalizaci\u00f3n determinable. Raz\u00f3n por la cual, no aflora de manera n\u00edtida el defecto achacado por la parte recurrente al negocio jur\u00eddico que aspira sea abolido oficiosamente y en tal sentido, (\u2026) en ning\u00fan yerro incurri\u00f3 el juez de instancia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que tampoco se cumpl\u00edan los \u201cpresupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d, por cuanto, no exist\u00eda \u201c(\u2026) identidad entre el predio que se pretende reivindicar con aqu\u00e9l que es pose\u00eddo por el demandado (\u2026) [pues] la pretensi\u00f3n reivindicatoria hace referencia al predio que se describe en el hecho primero de la demanda, por los linderos y la extensi\u00f3n all\u00ed descritos, mismos que difieren ostensiblemente de aqu\u00e9l que da cuenta la inspecci\u00f3n judicial y el dictamen pericial (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; el acusado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a emitir la decisi\u00f3n hoy criticada, y no es dable por esta v\u00eda reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese, el Colegiado resolvi\u00f3 lo atinente a los argumentos p\u00e1bulo de la impugnaci\u00f3n impetrada por la aqu\u00ed gestora, arguyendo que la nulidad de la promesa de compraventa deprecada no estaba llamada a prosperar, en raz\u00f3n a la constataci\u00f3n de los elementos de validez de ese documento. Seguidamente, refiri\u00f3 el incumplimiento de los presupuestos inherentes a la acci\u00f3n reivindicatoria.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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4. Por lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Matilde Verj\u00e1n de Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, integrada por los magistrados Astrid Valencia Mu\u00f1oz, Ricardo Enrique Bastidas Ortiz y Luis Enrique Gonz\u00e1lez Trilleras, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto de Ismael Arce Gonz\u00e1lez.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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