{"id":98788,"date":"2026-06-25T17:16:26","date_gmt":"2026-06-25T17:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc471-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:16:26","modified_gmt":"2026-06-25T17:16:26","slug":"stc471-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc471-2017\/","title":{"rendered":"STC471-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC471-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03641-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Joseliano Londo\u00f1o Bedoya frente a los Juzgados Veintis\u00e9is Civil del Circuito, Octavo Civil Municipal y Catorce de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, todos de Bogot\u00e1; extensiva a la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano, Luz Stella Roca Betancur y Jaime Chavarro Mahecha, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Central de Inversiones S.A. \u2013CISA- al aqu\u00ed gestor y Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez, y del recurso de revisi\u00f3n deprecado por el impulsor de este resguardo contra la sentencia de segundo grado dictada en el citado coercitivo.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama el resguardo de las garant\u00edas al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2. De lo consignado tanto en el escrito constitucional como en aqu\u00e9l mediante el cual se subsan\u00f3 el mismo, y de las pruebas aportadas a estas diligencias, se advierte que por el cr\u00e9dito otorgado en 1992 para la compra de vivienda, el 22 de abril de 2004 se dio inicio al memorado proceso ejecutivo, concurriendo a \u00e9l Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez y Joseliano Londo\u00f1o Bedoya, aqu\u00ed petente, quienes propusieron las excepciones de m\u00e9rito denominadas:  <\/span><\/p>\n

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\u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n que se pretende ejecutar a favor de Banco Davivienda S.A., indebida representaci\u00f3n de la demandante, la falta de legitimidad en la causa para incoar la acci\u00f3n ejecutiva, inexistencia del t\u00edtulo valor que respalde el cobro de las pretensiones incoadas a favor del Banco Davivienda S.A., cobro de lo no debido respecto del capital pactado en el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, cobro de lo no debido por indebida capitalizaci\u00f3n de intereses, cobro de lo no debido y p\u00e9rdida de intereses por cobro excesivo de los mismos, inexistencia de t\u00edtulo valor suficiente que respalde el valor de las pretensiones incoadas, inexistencia de obligaci\u00f3n en UVR entre Central de Inversiones S.A. y la demandada con respecto al pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, inexistencia de la obligaci\u00f3n que se ejecuta por falta de claridad sobre el verdadero valor por el cual se hizo la cesi\u00f3n y el que se ejecuta y sobre la legitimidad de la actora para solicitar el pago de la obligaci\u00f3n a favor del Banco Davivienda, inexistencia de la cesi\u00f3n entre [la] Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda y Central de Inversiones S.A. por no cumplirse los presupuestos indicados en la ley, inexistencia de la cesi\u00f3n que hizo [la] Corporaci\u00f3n Cafetera de Ahorro y Vivienda a favor de Central de Inversiones S.A. por no estar legitimada para ello, enriquecimiento sin justa causa, anatocismo, abuso de posici\u00f3n dominante y la gen\u00e9rica\u201d.                    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. El 27 de abril de 2009 se desestimaron las referenciadas defensas y se dispuso seguir con el compulsivo, providencia confirmada por el superior el 18 de noviembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Inconformes con la determinaci\u00f3n de segundo grado, Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez y Joseliano Londo\u00f1o Bedoya propusieron revisi\u00f3n apoyados en las causales 8\u00aa y 6\u00aa del otrora vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil. La primera sustentada en que la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica \u201cha deso\u00eddo lo dispuesto\u201d por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, pues incluy\u00f3 \u201cen el c\u00e1lculo de la UVR otros factores distintos al IPC\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y la segunda soportada en que el juzgador del circuito \u201c(\u2026) no dio cumplimiento a la nulidad del Decreto 234 del a\u00f1o 2000 decretada por la Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado, a trav\u00e9s del cual se establec\u00eda la metodolog\u00eda del c\u00e1lculo de la tasa de inter\u00e9s efectiva cobrada por el banco, con lo cual se patentiza el delito de usura, ya que desconoce el alcance de la sentencia C-955 de 2000 (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. La Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1,  el 11 de noviembre de 2011 declar\u00f3 infundado el mencionado recurso, por cuanto, lo perseguido por sus impulsores era i) \u201cvolver a discutir lo ya discutido y resuelto en dos instancias (\u2026)\u201d; ii) dilatar el juicio ejecutivo, el cual \u201c(\u2026) tuvo que ser suspendid[o] con la interposici\u00f3n de este recurso extraordinario; y iii) tratar de reabrir el alegato referente a si dentro del pleito \u201c(\u2026) se cobraron intereses en exceso, si se excedi\u00f3 el m\u00e1ximo legalmente permisible, asunto que ya fue objeto de discusi\u00f3n durante las instancias\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Joseliano Londo\u00f1o Bedoya propone el actual ruego y comenta, en concreto, que aun cuando el Banco Cafetero \u201cendos\u00f3\u201d el pagar\u00e9 materia de cobro a Central de Inversiones, \u201cno tramit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n en el folio de matr\u00edcula No. 50C-743396\u201d.  <\/span><\/p>\n

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La \u00faltima de las citadas entidades formul\u00f3 demanda ejecutiva violando la Ley 546 de 1999, por cuanto \u201caument\u00f3 el capital expresado en UVR\u201d, circunstancia ignorada por el a quo al dictar sentencia, determinaci\u00f3n en la cual tambi\u00e9n se pretiri\u00f3 \u201c(\u2026) que deb\u00edan devolverle a la demandada $3.089.637\u201d y nada se indic\u00f3 sobre \u201cla inexistencia del t\u00edtulo valor\u201d. El juzgador del circuito confirm\u00f3 el anterior prove\u00eddo sin \u201c(\u2026) decir ni pio de la excepci\u00f3n [de] inexistencia de la obligaci\u00f3n por falta de claridad [del] capital en UVR\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras criticar las cesiones de las cuales ha sido objeto el se\u00f1alado mutuo, manifiesta que el 18 de diciembre de 2015 present\u00f3 incidente de nulidad por ausencia de reestructuraci\u00f3n del pr\u00e9stamo, empero, \u00e9ste se desestim\u00f3, providencia atacada mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, \u201csiendo negada la alzada\u201d.         <\/span><\/p>\n

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4. Pide invalidar la comentada litis.   <\/span><\/p>\n

1.1.  Respuesta de los accionados   <\/span><\/p>\n

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La Juez Octava Civil Municipal inform\u00f3 que las diligencias motivo de este decurso fueron remitidas a los juzgados civiles municipales de ejecuci\u00f3n, en cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Consejo Seccional de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2. La salvaguarda primigenia tambi\u00e9n fue conocida por esta Corporaci\u00f3n, quien mediante sentencia de 4 de junio de 2012 dictada dentro del expediente 2012-01068-00, la neg\u00f3, tras consignar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[el accionante i]nstaur\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia emitida en el referido proceso hipotecario, con apoyo en las causales 6 y 8 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la primera por existir \u201cmaniobra fraudulenta al ordenar (\u2026) liquidar intereses de UVR m\u00e1s 16.50%\u201d (fl. 4, cdno. Corte), cuando para el c\u00e1lculo de la correcci\u00f3n monetaria por la actualizaci\u00f3n de dicha unidad de cuenta es cero (0); y la segunda por presentarse nulidad de la sentencia que al ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en UVR no cumpli\u00f3 \u201cel condicionamiento de exequibilidad establecido en la parte resolutiva\u201d de la sentencia C-955 de 2000.  <\/span><\/p>\n

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Despu\u00e9s de admitida la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la magistrada Julia Mar\u00eda Botero Larrarte, neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas y posteriormente el expediente pas\u00f3 a la Sala de descongesti\u00f3n creada por el Acuerdo PSAA-10-7043 del 28 de julio de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura, en el que no se facult\u00f3 a los magistrados provisionales para conocer de procesos de revisi\u00f3n, motivo por el cual la sentencia de 11 de noviembre de 2011 \u201cse encuentra enmarcada en la incompetencia de la sala para fallar el [r]ecurso\u201d (fl. 5, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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En la sentencia objeto de cuestionamiento el magistrado ponente \u201cpara no conceder la revisi\u00f3n con respecto a la causal 8\u201d (fl. 5, cdno. Corte), argument\u00f3 que ello debi\u00f3 ser alegado y demostrado durante las instancias, con lo cual desconoci\u00f3 que las excepciones propuestas se fundamentaron en la inexistencia de un t\u00edtulo valor que respaldara el valor de las pretensiones; y para negar la causal 6\u00aa afirm\u00f3 que el Juzgado veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 no hab\u00eda hecho en su fallo referencia, ni quiera tangencial, al Decreto 234 de 2000, con lo que olvid\u00f3 que en la decisi\u00f3n de primera instancia se incluy\u00f3 el mandamiento de pago librado por intereses moratorios a la tasa del 16.50%.  <\/span><\/p>\n

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En fin, acusa la sentencia del Tribunal de configurar una v\u00eda de hecho, no solo por carecer dicha autoridad de competencia, sino por interpretar erradamente las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional y considerar que a trav\u00e9s del recurso de revisi\u00f3n, se quiere \u201cvolver a discutir lo que ya se\u201d discuti\u00f3 y resolvi\u00f3 en dos oportunidades\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, se resalt\u00f3 el fracaso del ruego, por cuanto,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) no se presenta la v\u00eda hecho denunciada por el peticionario del amparo, pues con prudente argumentaci\u00f3n a tono con la finalidad y naturaleza taxativa, espec\u00edfica y restrictiva del recurso extraordinario interpuesto, la judicatura soport\u00f3 su decisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual mal pueden considerarse vulnerados los derechos al debido proceso e igualdad reclamados en la demanda de tutela, mucho menos cuando respecto de esta \u00faltima prerrogativa no est\u00e1n demostrados los presupuestos que tornar\u00edan viable su salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal resta trascendencia a la queja en cuanto hace a la negativa de decretar pruebas en el tr\u00e1mite del referido recurso de revisi\u00f3n, pues bajo el contexto de las consideraciones de la providencia atacada, las mismas resultaban impertinentes.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, ha de observarse que si bien contra la providencia de 22 de julio de 2011 que deneg\u00f3 las pruebas solicitadas por la parte demandante, distinta a las documentales, el apoderado de Joseliano Londo\u00f1o Bedoya interpuso recurso de s\u00faplica, el mismo se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo con auto de 1 de septiembre de esa anualidad (fls. 52 y 55, cdno. 1 Tribunal), raz\u00f3n de m\u00e1s para destacar la improcedencia del reclamo por este \u00faltimo aspecto\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En consecuencia, se desestimar\u00e1, como ya se anticip\u00f3, la actual petici\u00f3n, pues la decisi\u00f3n del colegiado ya fue analizada en el auxilio otrora deprecado y frente a \u00e9l se emiti\u00f3 la determinaci\u00f3n referenciada en antelaci\u00f3n, en la cual, seg\u00fan se vio, se deneg\u00f3 el amparo por ausencia de irregularidad en el actuar denunciado.  <\/span><\/p>\n

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Ante procederes como el mencionado, esta Corporaci\u00f3n ha estimado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026). Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia (\u2026) que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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4. El petente reprocha a los Juzgados Veintis\u00e9is Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal, ambos de Bogot\u00e1, por las sentencias dictadas dentro del aludido ejecutivo el 18 de noviembre y 27 de abril de 2009, respectivamente, por cuanto no acogieron sus planteamientos relacionados, en concreto, con presuntos errores al reliquidar el credito en UVR, tasar los intereses del mismo y aceptar las distintas cesiones presentadas.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, la salvaguarda deprecada no sale avante, por haber sido incoada tard\u00edamente el 14 de diciembre de 2016, esto es, luego de transcurridos m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os de proferido el primero los se\u00f1alados pronunciamientos, lapso que supera holgadamente el estimado por esta Sala como tempestivo para hacer uso de este ruego.  <\/span><\/p>\n

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En no pocas ocasiones, la Corporaci\u00f3n ha razonado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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5. Atinente a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por el cual es ejecutado el promotor de ese auxilio, de entrada es pertinente manifestar que ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los presupuestos esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son, entre otros, la subsidiariedad, el cual impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n de los interesados, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta v\u00eda, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Este Colegiado, cuando se trata de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, siguiendo la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que para acceder al resguardo debe revisarse: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, siempre que el predio no se asigne al acreedor o a su cesionario; (ii) que se haya actuado con diligencia dentro del compulsivo censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, gobernado por la Ley 546 de 19994.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En torno a lo anotado, en la Sentencia SU-813 de 2007, la Corte Constitucional acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) este haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo (\u2026)\u201d5 (subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        De acuerdo con lo discurrido, en este caso el resguardo resulta fallido en orden a imponer la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia sobre la viabilidad de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de 1999, pues el peticionario aun cuando propuso excepciones de fondo frente a la orden de apremio librada en su contra y de Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez, nada dijo sobre la supuesta inobservancia de dicha figura por parte del ejecutante, tampoco discuti\u00f3 esa presunta falencia en el memorado recurso de revisi\u00f3n, y si bien en el coercitivo aleg\u00f3 la nulidad con sustento en ese particular aspecto y la misma fue denegada, no pag\u00f3 lo requerido para dar curso a la alzada deprecada respecto de esa \u00faltima determinaci\u00f3n, conduciendo tal omisi\u00f3n a la deserci\u00f3n de esa herramienta.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, de las pruebas aportadas se constata que desestimada la aludida invalidez, Londo\u00f1o Bedoya formul\u00f3   reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. Por auto de 25 de octubre de 2016 el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias se pronunci\u00f3 sobre esas impugnaciones, en punto de la primera, resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, y atinente a la segunda, la concedi\u00f3 en el efecto devolutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Contra ese prove\u00eddo, el tutelante mediante memorial allegado al despacho el 31 de octubre posterior, inco\u00f3 \u201creposici\u00f3n y en subsidio solicitud de copias para recurso de queja (sic)\u201d, acotando erradamente, que se hab\u00eda \u201crechaza[do] la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El 29 de noviembre siguiente, el funcionario hall\u00f3 improcedente el \u201crecurso de reposici\u00f3n y el subsidiario de queja que formul\u00f3 el (\u2026) libelista contra la determinaci\u00f3n de octubre 25 de 2016. Y es que, se itera, a trav\u00e9s de aquel auto se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, motivo por el cual no existe ninguna justificaci\u00f3n para que el libelista indique lo contrario\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la misma providencia se declar\u00f3 desierta la alzada deprecada ante la nulidad denegada, porque \u201c(\u2026) el recurrente no sufrag\u00f3 dentro del t\u00e9rmino oportuno el costo de las expensas para tramitar[la] (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Lo anterior evidencia la inexistencia de la diligencia forzosa para otorgar la salvaguarda pretendida en este tipo de procesos, tal como esta Corte lo ha exigido en pret\u00e9ritas oportunidades6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, no hay lugar a acceder al auxilio suplicado por incumplirse el presupuesto de subsidiariedad, necesario, como arriba se advirti\u00f3, para acudir a este mecanismo residual y extraordinario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto del anotado requisito, esta Sala ha manifestado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d7.  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

9.        De acuerdo con lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        NEGAR la tutela solicitada por Joseliano Londo\u00f1o Bedoya frente a los Juzgados Veintis\u00e9is Civil del Circuito, Octavo Civil Municipal y Catorce de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, todos de Bogot\u00e1; extensiva a la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano, Luz Stella Roca Betancur y Jaime Chavarro Mahecha, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Central de Inversiones S.A. \u2013CISA- al aqu\u00ed gestor y Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez, y del recurso de revisi\u00f3n deprecado por el impulsor de este resguardo contra la sentencia de segundo grado dictada en el citado coercitivo.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO:        Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAMIREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC de 13 dic. 2013, exp.: 00193-01.    <\/span><\/p>\n

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3 CSJ STC 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp.  2010-000380-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ STC 10 de julio de 2014, exp. 25000-22-13-000-2014-00174-01; 17 de julio de 2014, exp. 11001-22-03-000-2014-00919-01; 25 de agosto de 2014, exp. 52001-22-13-000-2014-00139-01 27 de marzo de 2015, exp. 73001-22-13-000-2015-00060-01; 7 de abril de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-00601-00.    <\/span><\/p>\n

5 Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en Sentencia T-1240-08.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ STC de 24 de septiembre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02216-00; criterio reiterado en STC7878-2016 de 16 de junio de 2016; y 19 de julio de 2016, exp. 2016-01663-00.    <\/span><\/p>\n

7 CSJ STC 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC471-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03641-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la tutela promovida por Joseliano Londo\u00f1o Bedoya […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98788","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98788"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98788\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}