{"id":98790,"date":"2026-06-25T17:16:44","date_gmt":"2026-06-25T17:16:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc474-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:16:44","modified_gmt":"2026-06-25T17:16:44","slug":"stc474-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc474-2017\/","title":{"rendered":"STC474-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC474-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00097-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de  de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Juan Guti\u00e9rrez Tapia frente al Ministerio de Justicia y del Derecho; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal.   <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor del auxilio, a trav\u00e9s de mandatario judicial, requiere la protecci\u00f3n de la garant\u00eda al debido proceso, presuntamente quebrantada por los querellados, en el curso de su extradici\u00f3n a Estados Unidos de Am\u00e9rica.  <\/span><\/p>\n

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2. Expresa en esencia, que el mencionado Estado lo requiri\u00f3 por cuanto le adelanta juicio por \u201cconspiraci\u00f3n para distribuir coca\u00edna al interior de ese pa\u00eds\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que aun cuando la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 \u201cdos conceptos, uno favorable y el otro desfavorable\u201d, fue muy clara en se\u00f1alar \u201c(\u2026) que el ciudadano [aqu\u00ed tutelante] de[b\u00eda] seguir pagando su condena en el territorio colombiano\u201d.   <\/span><\/p>\n

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Acota que el Ministerio querellado desatendi\u00f3 lo ordenado por la referida Corporaci\u00f3n judicial, pues, dispuso su remisi\u00f3n al Estado petente.       <\/span><\/p>\n

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3. Tras reiterar lo ya narrado y cuestionar la decisi\u00f3n proferida por la cartera ministerial, por preterir que el querellante est\u00e1 cumpliendo una condena en Colombia por los mismos delitos por los cuales es pedido por los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por tanto, no era viable su extradici\u00f3n, suplica dejar sin efecto el acto administrativo confutado.  <\/span><\/p>\n

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1.1.  Respuesta del accionado y vinculada  <\/span><\/p>\n

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Guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. De entrada es pertinente se\u00f1alar que si bien la tutela est\u00e1 dirigida \u00fanicamente contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, no es menos cierto que la misma implica a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues el interesado asegura vulnerado el principio de \u201cnon bis in \u00eddem\u201d, en el tr\u00e1mite de su extradici\u00f3n, del cual conoci\u00f3 dicho colegiado, quedando por tanto cobijado con la denuncia realizada por esta v\u00eda relacionada con el quebranto de tal postulado.    <\/span><\/p>\n

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2. Sin  dificultad se advierte el fracaso del ruego, porque su impulsor inco\u00f3 extempor\u00e1neamente recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n mediante la cual se accedi\u00f3 a su extradici\u00f3n, perdiendo la oportunidad de cuestionar ese acto frente a la autoridad que lo dict\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Refuerza el fracaso del auxilio que el promotor no ha ventilado su actual discrepancia ante los jueces competentes para dirimirla.  <\/span><\/p>\n

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3. No sobra se\u00f1alar que pronunciamientos como el objetado, constituyen actos administrativos cuya legalidad no es susceptible de ser discutida a trav\u00e9s de esta excepcional justicia, dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, pues para controvertir las inconformidades surgidas de \u00e9stos, el gestor tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, donde podr\u00e1 exponer las presuntas falencias registradas en el memorado decurso.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto similar, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[A]hora, la resoluci\u00f3n por conducto de la cual el gobierno nacional accede a dicho pedido, corresponde a un acto administrativo cuya legalidad no es susceptible de ser cuestionada mediante tutela, porque para esta Corte \u2018[e]l tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, sin duda alguna, ostenta unas caracter\u00edsticas que, por su naturaleza, s\u00f3lo admite el control dentro de su propio \u00e1mbito; ciertamente que si as\u00ed no fuera, advendr\u00eda la participaci\u00f3n de otras autoridades, como se pretende en este caso respecto de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, que no est\u00e1n habilitadas normalmente para hacerlo, y menos si se trata de irrumpir en el ejercicio que a las competentes les corresponde en las diversas etapas en que participan\u2019 (sentencia de 11 de febrero de 2003, citada, entre otros pronunciamientos, el 30 de enero de 2013, exp. 01369-00)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c[E]n ese orden y atendiendo la naturaleza del pronunciamiento que en concreto se ataca, esto es, la resoluci\u00f3n 194 de 27 de junio de 2013, porque accede a la extradici\u00f3n (\u2026), el amparo resulta improcedente, por cuanto como ha dicho esta Sala \u2018(\u2026) el accionante (\u2026) cuenta con otro medio ordinario de defensa judicial, toda vez que la decisi\u00f3n del gobierno nacional se plasm\u00f3 en un acto administrativo, que aunque goza de presunci\u00f3n de legalidad, puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n pertinente, solicitando incluso la suspensi\u00f3n provisional del mismo, en caso de manifiesta ilegalidad\u2019; de all\u00ed que no sea viable en la acci\u00f3n de tutela emitir concepto alguno sobre el contenido de la decisi\u00f3n administrativa (ver, entre otras, providencias de 11 de febrero de 2003, 1\u00b0 de octubre de 2004, 4 de octubre de 2005, 20 de abril de 2009, 12 de abril de 2010, 19 de octubre de 2011, exps. 00043-01, 01042-00. 13809-00,00561-00. 00457-00 y 0245-00) (\u2026)\u201d1  (negrilla fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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Resulta, entonces, ostensible, que si el actor del amparo no ha agotado la herramienta puesta a su disposici\u00f3n para dejar sin efecto la se\u00f1alada determinaci\u00f3n, la demanda constitucional es impr\u00f3spera, porque no es un medio eficiente para proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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4. De otra parte, advi\u00e9rtase que la referida acci\u00f3n contenciosa es  un instrumento judicial eficaz para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, pues en su decurso se puede requerir la suspensi\u00f3n de la decisi\u00f3n confutada, a fin de conjurar un eventual perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Sala ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensi\u00f3n provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisi\u00f3n de la demanda.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [Q]ue la suspensi\u00f3n provisional es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acci\u00f3n de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado.  <\/span><\/p>\n

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\u201cLo que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensi\u00f3n provisional, ha sido precisamente ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisi\u00f3n misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la administraci\u00f3n\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n ha manifestado esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u201d3.    <\/span><\/p>\n

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5. Sin m\u00e1s disquisiciones, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Juan Guti\u00e9rrez Tapia frente al Ministerio de Justicia y del Derecho; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal.   <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. STC.  10 oct. 2013, rad. 02335-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 24 jun. 2014, Rad. 2013-00180-01, reiterado en STC. 17. Jul. 2013, Rad. 2013-00118-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC. 9 dic. 2011, Rad.13001-22-13-000-2011-00330-01, reiterado en STC. 6 ago. 2012, Rad. 2012-00494-01.      <\/span><\/p>\n

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