{"id":98792,"date":"2026-06-25T17:16:55","date_gmt":"2026-06-25T17:16:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc482-2017-2\/"},"modified":"2026-06-25T17:16:55","modified_gmt":"2026-06-25T17:16:55","slug":"stc482-2017-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc482-2017-2\/","title":{"rendered":"STC482-2017"},"content":{"rendered":"

      <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC482-2017  <\/span><\/p>\n

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     (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 21 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Consejo Comunitario Ancestral \u201cCarmelo Banquet\u201d del Corregimiento de Los H\u00e1ticos contra la Agencia Nacional de Infraestructura y los Ministerios de Transporte y del Interior, extensiva a la cartera ministerial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -Anla-, al Instituto Nacional de V\u00edas \u2013Inv\u00edas-, a la Agencia Nacional de Infraestructura -Ani-, a la Concesi\u00f3n Cesar- Guajira S.A.S., a la Procuradur\u00eda Doce Judicial II Agraria y Ambiental, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a las \u201cComunidades \u00e9tnicas, ind\u00edgenas y afrodescendientes, que habitan en la regi\u00f3n de influencia del peaje R\u00edo Seco\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, \u201cinformaci\u00f3n de los pueblos afrodescendientes\u201d, participaci\u00f3n ciudadana, buena fe, igualdad, \u201crespecto (sic) por el consenso\u201d, \u201cpacto social y la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos\u201d, consulta previa y libertad de locomoci\u00f3n, presuntamente vulneradas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 5):  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. El Consejo Comunitario Ancestral \u201cCarmelo Banquet\u201d del Corregimiento de Los H\u00e1ticos, ubicado en el municipio de San Juan del Cesar, se encuentra reconocido mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0 0576 de 19 de septiembre de 2014. Las personas representadas por ese ente son afrodescendientes, habitan en el aludido sector y se dedican a la \u201c(\u2026) venta informal de productos agr\u00edcolas en la carretera nacional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Los entutelados autorizaron a la Concesi\u00f3n Cesar Guajira S.A.S. la edificaci\u00f3n de \u201c(\u2026) una caseta de peaje (\u2026)\u201d en la v\u00eda que comunica a San Juan del Cesar con Valledupar, \u201c(\u2026) sin (\u2026) haber socializado [esa obra] a trav\u00e9s de la consulta previa que establece la Ley, (\u2026) [ni] identifica[do] las posibles afectaciones que el cobro del peaje puede traer consigo a la cultura y a la organizaci\u00f3n de las comunidades negras (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concretamente, explica, que esa obra, pese a no estar en su terreno, le traer\u00e1 a sus pobladores afectaciones econ\u00f3micas derivadas del pago de ese tributo cuando necesiten movilizarse por esa carretera; adem\u00e1s, el peaje disminuir\u00e1 la afluencia de veh\u00edculos y, por ende, de potenciales compradores de sus productos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Refiere que el Ministerio del Interior \u201c(\u2026) ha hecho caso omiso frente a [su] problem\u00e1tica (\u2026)\u201d, pues no ha adelantado ning\u00fan \u201cproceso de fortalecimiento dirigido\u201d a ese colectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Se\u00f1ala que la Comunidad Ind\u00edgena Wiwa requiri\u00f3 informaci\u00f3n a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional Ambiental de la Guajira, para conocer si \u201c(\u2026) la concesi\u00f3n Cesar- Guajira solicit\u00f3 el procedimiento de consulta previa para el proyecto vial y el permiso o licencia ambiental para el peaje (\u2026)\u201d, obteniendo por respuesta que no se hab\u00edan elevado tales peticiones ante esas autoridades.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Implora dejar sin efecto las Resoluciones N\u00b0 1919 de 2015 y 2036 de 2016, a trav\u00e9s de las cuales  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el Ministerio de Transporte otorg\u00f3 una autorizaci\u00f3n para la instalaci\u00f3n del peaje R\u00edo Seco, en desarrollo del contrato de Concesi\u00f3n del proceso vial N\u00b0 VJ-VE-APP-IPV-003-2015 de 23 de junio de 2015, hasta tanto no se lleve a cabo la consulta previa con las comunidades asentadas dentro de cada uno de los territorios donde los Consejos Comunitarios tienen influencia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y convocados  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. El Ministerio del Interior explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [Q]uien pretenda adelantar un proyecto, obra o actividad le asiste el deber legal de solicitar la certificaci\u00f3n de presencia de comunidades \u00e9tnicas y con base en dicha certificaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Consulta Previa proceder\u00e1 a establecer la obligatoriedad o no de adelantar la respectiva consulta\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPara el caso, (\u2026) revisadas las bases de datos con las que cuenta la Direcci\u00f3n, no evidenciamos solicitud de certificaci\u00f3n de presencia o no de grupos \u00e9tnicos, que d\u00e9 paso a seguir con el proceso consultivo con las comunidades debidamente registradas en el acto administrativo de certificaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cTeniendo en cuenta la informaci\u00f3n suministrada por el accionante, (\u2026) insistimos, (\u2026) a trav\u00e9s de la jurisprudencia se ha sentado sobre las medidas administrativas o legislativas de car\u00e1cter general que no implican la necesidad de agotar el proceso consultivo\u201d (sic).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, es importante precisar que la construcci\u00f3n de un peaje en una v\u00eda de orden nacional, corresponde a una medida administrativa que se establece con base y fundamento en la Ley, medida que no exige un deber estatal de adelantar consulta, [la] medida de concesionar la construcci\u00f3n y operaci\u00f3n de peajes en v\u00edas nacionales va dirigida a la poblaci\u00f3n en general, por ende, no afectar\u00eda de manera directa y singular a las comunidades \u00e9tnicas (\u2026)\u201d (fls. 96 a 102 vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. El Ministerio de Transporte asever\u00f3 que no est\u00e1 facultado para dar soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica aqu\u00ed suscitada (fls. 369 a 372).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. La Cartera Ministerial de Ambiente y Desarrollo Sostenible asever\u00f3 \u201c(\u2026) no tener injerencia alguna en los hechos (\u2026)\u201d p\u00e1bulo de este reclamo (fls. 441 a 451).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

e. La Agencia Nacional de Infraestructura asegur\u00f3 que de conformidad con los art\u00edculos 40 y 44 de la Ley 1682 de 2013, la aludida concesi\u00f3n no \u201c(\u2026) requiere de licencia ambiental y, por ende, de consulta previa (\u2026)\u201d, por cuanto, se trata de un proyecto de  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) rehabilitaci\u00f3n y mantenimiento en la v\u00eda. Lo anterior tiene su l\u00f3gica, en raz\u00f3n a que se presume que en el desarrollo de mantenimiento y rehabilitaci\u00f3n no se ejecuta ning\u00fan tipo de obra que produzca una afectaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de la infraestructura de transporte existente (\u2026)\u201d (fls. 359 a 367).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, rindi\u00f3 un informe en el cual, entre otras cosas, realz\u00f3 la implementaci\u00f3n del peaje en el lugar designado y aclar\u00f3 que est\u00e1 ubicado en el corregimiento de Badillo, Departamento del Cesar (fls. 160 a 171).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales relat\u00f3 no haber incurrido en conducta transgresora de las prerrogativas iusfundamentales invocadas, aclarando que ese procedimiento fue \u201csocializado\u201d con los habitantes de la regi\u00f3n (fls. 173 a 179).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

g. La Concesi\u00f3n Cesar- Guajira S.A.S. exigi\u00f3 la denegaci\u00f3n del auxilio, pues \u201c(\u2026) las actuaciones de las entidades accionadas se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido por la Constituci\u00f3n y la Ley (\u2026)\u201d,  esgrimiendo que en ese asunto la consulta previa es \u201c(\u2026) inexigible, (\u2026) por la ubicaci\u00f3n del corredor vial objeto del contrato de concesi\u00f3n (\u2026)\u201d. Asimismo, indic\u00f3 haber realizado 52 \u201creuniones de divulgaci\u00f3n del proyecto\u201d con las comunidades de la regi\u00f3n (fls. 375 a 391).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

h. La Procuradur\u00eda Doce Judicial II Agraria y Ambiental coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n del actor por falta de realizaci\u00f3n de la consulta previa, requisito indispensable para adelantar cualquier obra de esa \u00edndole (fls. 336 a 339 vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

i. El Instituto Nacional de V\u00edas expuso que le ata\u00f1e a la ANI la administraci\u00f3n de la \u201c(\u2026) v\u00eda que conduce de San Juan del Cesar al municipio de Valledupar, donde se adelanta por parte de la Concesi\u00f3n Cesar Guajira la construcci\u00f3n de un peaje (\u2026)\u201d (fl.s 421 a 437).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

j. La Organizaci\u00f3n Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona- Resguardo Ind\u00edgena Kogui-Malayo-Arhuaco Sierra Nevada de Santa Marta advirti\u00f3 que es necesaria la realizaci\u00f3n de la consulta previa a las comunidades ancestrales para llevar a cabo el memorado proyecto, por encontrarse localizado en la denominada \u201cl\u00ednea negra\u201d, esto es, una regi\u00f3n ancestral protegida legalmente. Al respecto afirm\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o es suficiente con que el Ministerio del Interior profiera una certificaci\u00f3n que indique que en el \u00e1rea en la cual se efectuar\u00e1 un determinado proyecto no hay presencia de comunidades ind\u00edgenas, cuando el territorio que se va a afectar se encuentra dentro del espacio geo-referencial delimitado por la l\u00ednea negra, toda vez que el espacio protegido no lo es con ocasi\u00f3n a la cercan\u00eda de la comunidad, sino por su car\u00e1cter sagrado que involucra su totalidad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cComo consecuencia de lo expuesto, todos los actos administrativos por medio de los cuales se haya concedido permiso para la explotaci\u00f3n al interior de la l\u00ednea negra, con posterioridad a la ratificaci\u00f3n del Convenio 169 de la OIT por Colombia, sin realizar el procedimiento de consulta previa, genera la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las comunidades ind\u00edgenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (\u2026)\u201d (fls. 458 a 471).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

k. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1.2.        La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a Agencia Nacional de Infraestructura inform\u00f3, debidamente soportado, que el peaje en cuesti\u00f3n no se encuentra ubicado propiamente en el corregimiento de Los H\u00e1ticos, municipio de San Juan del Cesar (Guajira), territorio ancestral de esa comunidad, pues, de hecho, ni siquiera se encuentra en la porci\u00f3n de la carretera que corresponde al departamento de La Guajira, sino que se halla ubicado en el departamento del Cesar, (\u2026) descartando as\u00ed la alegada intromisi\u00f3n en el territorio ancestral de la comunidad afrodescendiente demandante\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, (\u2026) indistintamente de comulgar o no con la tesis de que no se requiere ese tr\u00e1mite por tratarse de un contrato de mantenimiento y rehabilitaci\u00f3n, lo cierto es que en el caso de la comunidad demandada (sic) no hay afectaci\u00f3n directa, sino meramente tangencial, caso en el cual no es obligatorio el reclamado tr\u00e1mite consultivo (\u2026)\u201d (fls. 475 a 493).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor precisando que en el fallo de primer grado se pas\u00f3 por alto la evidente vulneraci\u00f3n de los preceptos supralegales alegados (fl. 525).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. El Consejo Comunitario Ancestral \u201cCarmelo Banquet\u201d del Corregimiento de Los H\u00e1ticos cuestiona la aprobaci\u00f3n del proyecto de instalaci\u00f3n del peaje \u201cR\u00edo Seco\u201d en la carretera que comunica, entre otros, al municipio de San Juan del Cesar con Valledupar, sin haber realizado la consulta previa, teniendo en cuenta la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica que esa obra le ocasionar\u00e1 como colectivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Atendiendo a las especiales condiciones de las colectividades \u00e9tnicas minoritarias, en los \u00e1mbitos externo1 e interno2, se ha creado un marco normativo especial de protecci\u00f3n para garantizar su conservaci\u00f3n f\u00edsica y cultural, buscando evitar la intromisi\u00f3n de costumbres for\u00e1neas atentatorias de su cosmovisi\u00f3n, existencia y territorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Especialmente destacable es el art\u00edculo 6 de nuestra Carta Magna, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) El Estado reconoce y protege la diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n colombiana (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, el Convenio N\u00ba 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, introducido al ordenamiento nacional con la Ley 21 de 1991, si bien protege a los ind\u00edgenas, en virtud de la interpretaci\u00f3n dada por la Corte Constitucional, \u201c(\u2026) los mandatos all\u00ed contenidos [tambi\u00e9n] cobran importancia para determinar el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de los derechos de las Comunidades Afrodescendientes (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el referido conjunto de reglas ocupa un lugar preponderante la salvaguarda de los terrenos hist\u00f3ricamente ocupados por los colectivos ind\u00edgenas y afrodescendientes, teniendo en cuenta el especial lazo creado en torno a esos predios, el cual resulta indispensable para su supervivencia material y la de su patrimonio cultural, encontr\u00e1ndose relacionado intr\u00ednsecamente con el plan de vida personal y la libre determinaci\u00f3n como comunidad. Esa prerrogativa est\u00e1 reconocida en el precepto 14 del aludido Convenio OIT en la siguiente forma:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) 1. Deber\u00e1 reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesi\u00f3n sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Adem\u00e1s, en los casos apropiados, deber\u00e1n tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no est\u00e9n exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deber\u00e1 prestarse particular atenci\u00f3n a la situaci\u00f3n de los pueblos n\u00f3madas y de los agricultores itinerantes\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Los gobiernos deber\u00e1n tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos de propiedad y posesi\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Deber\u00e1n instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jur\u00eddico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados (\u2026)\u201d (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque refiri\u00e9ndose espec\u00edficamente a los ind\u00edgenas, defini\u00f3 la relaci\u00f3n vital y cultural que existe entre las minor\u00edas y el territorio:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Entre los ind\u00edgenas existe una tradici\u00f3n comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de \u00e9sta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los ind\u00edgenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relaci\u00f3n que los ind\u00edgenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia econ\u00f3mica. Para las comunidades ind\u00edgenas la relaci\u00f3n con la tierra no es meramente una cuesti\u00f3n de posesi\u00f3n y producci\u00f3n sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(…) El derecho consuetudinario de los pueblos ind\u00edgenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesi\u00f3n de la tierra deber\u00eda bastar para que las comunidades ind\u00edgenas que carezcan de un t\u00edtulo real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte Constitucional de Colombia ha analizado la jurisprudencia emanada del sistema interamericano, compendiando las siguientes obligaciones del Estado frente a las propiedades de esas colectividades:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) a) [R]espetar la diversidad \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas y contribuir con la conservaci\u00f3n del valor espiritual que para todos los grupos \u00e9tnicos comporta su relaci\u00f3n con la tierra y su territorio, entendido este como \u201clo que cubre la totalidad del h\u00e1bitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera\u201d; b) asegurar que a las comunidades ind\u00edgenas se les reconozca el derecho a la propiedad comunal en las tierras asentadas tradicionalmente, una vez se tenga posesi\u00f3n de un territorio; c) garantizar la demarcaci\u00f3n, titulaci\u00f3n y entrega del territorio, consensuada con la comunidad y dentro de un plazo razonable, y en esa medida hacer un reconocimiento formal del territorio ind\u00edgena donde podr\u00e1n desarrollar su subsistencia y vida espiritual \u2013por ejemplo, por medio de figuras como el resguardo-; d) asegurar el uso y goce efectivo por los pueblos ind\u00edgenas de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio, de acuerdo con su cosmovisi\u00f3n; e) tomar las medidas necesarias para proteger el territorio de injerencias arbitrarias por parte de particulares, y s\u00f3lo en aquellos casos en los que existan motivos que imposibiliten el uso y goce del derecho comunitario, deber\u00e1 el Estado garantizar la participaci\u00f3n de la comunidad, a trav\u00e9s de figuras especiales como la consulta previa, y en dado caso, entregar tierras alternativas de igual extensi\u00f3n y calidad a los miembros de las comunidades ind\u00edgenas respetando sus mecanismos aut\u00f3nomos de organizaci\u00f3n y toma de decisiones (\u2026)\u201d (subl\u00edneas de la Sala)5.  <\/span><\/p>\n

4. Para proteger a las comunidades \u00e9tnicas y a sus territorios de las actividades de la sociedad mayoritaria, se ha dise\u00f1ado la consulta previa, instrumento consagrado en la Carta Pol\u00edtica como una \u201c(\u2026) especial protecci\u00f3n al derecho de participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas en la adopci\u00f3n de las decisiones que les conciernen y las puedan afectar (\u2026)\u201d, instituci\u00f3n elevada a rango fundamental   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en pos de preservar la integridad \u00e9tnica, social y cultural de los mencionados grupos \u00e9tnicos y tribales, proceso de consulta que constituye una forma de expresi\u00f3n democr\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 330 Superior y con sustento adicional en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 330 de la Constituci\u00f3n Nacional, la prerrogativa comentada ha tenido desarrollo en punto de la explotaci\u00f3n de los recursos naturales en los territorios ind\u00edgenas, afrodescendientes y tribales, ya desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, se conceptu\u00f3 que la consulta debe fortalecerse \u201c(\u2026) mediante procedimientos apropiados y (\u2026) a trav\u00e9s de (\u2026) instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La consulta es un derecho de las comunidades; tambi\u00e9n una garant\u00eda, respecto de la cual, la doctrina constitucional ha expresado:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a consulta previa es un asunto de inter\u00e9s general adecuado para la protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n, puesto que \u2018es el mecanismo que permite ponderar los intereses de los pueblos ind\u00edgenas y tribales en conflicto con intereses colectivos de mayor amplitud, a fin de poder establecer cu\u00e1l de ellos posee una legitimaci\u00f3n mayor\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Para resolver la problem\u00e1tica aqu\u00ed suscitada, es menester esclarecer si para la construcci\u00f3n del peaje \u201cR\u00edo Seco\u201d en el kil\u00f3metro 35 de la v\u00eda que comunica a San Juan del Cesar con Valledupar8, era necesario adelantar la consulta previa con las comunidades ancestralmente residentes en la zona de influencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, el se\u00f1alado proyecto planea edificarse en el kil\u00f3metro \u201c(\u2026) PR31 + 500 de la Ruta 8004 A, entre [los] corregimiento[s] de Badillo (\u2026) jurisdicci\u00f3n de San Juan del Cesar (\u2026) y Los H\u00e1ticos (\u2026) jurisdicci\u00f3n del municipio de Valledupar (\u2026)\u201d (fl. 108 vuelto), por tanto, teniendo en cuenta que el Consejo Comunitario Ancestral \u201cCarmelo Banquet\u201d est\u00e1 asentado en el \u00faltimo de los referidos corregimientos, es evidente que resultaba indispensable efectuar a ese colectivo la consulta previa, pues aunque no se encuentre la obra dentro de su terreno, la misma puede eventualmente afectarlo, debido a la proximidad del peaje, atendiendo lo definido en precedencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Adicionalmente, de conformidad con lo estatuido por el Ministerio del Interior en la Resoluci\u00f3n 0837 de 1995, modificatoria de la N\u00b0 002 de 1973, la regi\u00f3n de influencia del peaje hace parte de la denominada \u201cL\u00ednea Negra\u201d, esto es, dentro de la \u201c(\u2026) delimitaci\u00f3n tradicional del territorio ind\u00edgena y de protecci\u00f3n a la diversidad cultural (\u2026) de la Sierra Nevada de Santa Marta (\u2026)\u201d (fls. 4 a 5 vuelto y 17 vuelto cdno. Corte 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, habida cuenta que el Estado ha reconocido esa zona como de influencia y de residencia de minor\u00edas \u00e9tnicas, es a\u00fan m\u00e1s necesaria la realizaci\u00f3n de la consulta previa, no s\u00f3lo a la colectividad aqu\u00ed activante, sino a todas aquellas localizadas en la \u201cL\u00ednea Negra\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado para, en su lugar, otorgar la salvaguarda deprecada, disponiendo suspender las Resoluciones N\u00ba 1919 de 2015 y 2036 de 2016 expedidas por el Ministerio de Transporte,  as\u00ed como todo aquel acto para la construcci\u00f3n del peaje \u201cR\u00edo Seco\u201d, mientras el Ministerio del Interior lleva a cabo el proceso de consulta previa a la comunidad tutelante, el cual deber\u00e1 efectuarse con la concurrencia de los dem\u00e1s vinculados dentro del mes siguiente a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, se ordenar\u00e1 al Ministerio del Interior que, atendiendo a la ubicaci\u00f3n del proyecto, efect\u00fae consulta previa tambi\u00e9n a las comunidades ancestrales ubicadas en la denominada \u201cL\u00ednea Negra\u201d y a todas aquellas que de alguna manera puedan eventualmente verse afectadas con esa obra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y CONCEDER el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA suspender las Resoluciones N\u00ba 1919 de 2015 y 2036 de 2016 expedidas por el Ministerio de Transporte,  as\u00ed como todo aquel acto para la construcci\u00f3n del peaje \u201cR\u00edo Seco\u201d, mientras el Ministerio del Interior lleva a cabo el proceso de consulta previa a la comunidad tutelante, el cual deber\u00e1 efectuarse con la concurrencia de los dem\u00e1s vinculados dentro del mes siguiente a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, se ORDENA al Ministerio del Interior que, atendiendo a la ubicaci\u00f3n del proyecto, efect\u00fae consulta previa tambi\u00e9n a las comunidades ancestrales ubicadas en la denominada \u201cL\u00ednea Negra\u201d y a todas aquellas que de alguna manera puedan eventualmente verse afectadas con esa obra.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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    <\/span><\/p>\n

1 Entre los instrumentos internacionales debe resaltarse el precitado Convenio 169 de la O.I.T., la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, la Declaraci\u00f3n de Santiago de Chile de 2000, Convenci\u00f3n internacional sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n racial y la recientemente aprobada Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas.  <\/span><\/p>\n

2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 estatuy\u00f3 medidas especiales a favor de esos colectivos, entre otros, en los art\u00edculos 1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 63, 68, 70, 72, 96, 171, 246, 329 y 330, preceptos desarrollados en normatividad adicional, respecto de la cual, en lo pertinente, se har\u00e1 menci\u00f3n en lo sucesivo.  <\/span><\/p>\n

3 Corte Constitucional, sentencia T-955 de 2003.  <\/span><\/p>\n

4 Corte IDH. Sentencia de 31 de agosto de 2001, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Adem\u00e1s, l\u00e9anse adem\u00e1s las siguientes providencias: Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname, sentencia 15 de junio de 2005; Caso Comunidad Ind\u00edgena Yakye Axa Vs. Paraguay, sentencia 17 de junio de 2005; Caso Comunidad Ind\u00edgena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname, sentencia de 28 de noviembre de 2007; y Caso Pueblo Ind\u00edgena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador., sentencia de 27 de junio de 2012  <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional, sentencia T 379 de 2014.  <\/span><\/p>\n

6 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de agosto de 2010, exp. No. 00022-01, reiterada el 27 de agosto de 2012, exp. 00200-01, reiterada en fallo STC5742 de 9 de mayo de 2014, exp. 2014-00034-01.  <\/span><\/p>\n

7 Corte Constitucional. Sentencia T-547 de 1\u00b0 de julio de 2010.  <\/span><\/p>\n

8 Informaci\u00f3n suministrada por la ANI, disponible en el informe obrante a fls. 160 a 171.    <\/span><\/p>\n

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          LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC482-2017        (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 21 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98792","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98792"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98792\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}