{"id":98796,"date":"2026-06-25T17:17:15","date_gmt":"2026-06-25T17:17:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc487-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:17:15","modified_gmt":"2026-06-25T17:17:15","slug":"stc487-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc487-2017\/","title":{"rendered":"STC487-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01046-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas y el Delegado del Ministerio P\u00fablico \u00aben acciones populares\u00bb, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda de Pereira y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El gestor solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita ordenar que en las acciones populares nos. 2015-00429-00, 2015-00447-00 y 2015-00445-00:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        El despacho judicial acusado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i)        Conceda las apelaciones propuestas contra los autos dictados el 20 de octubre de 2016, que respectivamente, terminaron los tr\u00e1mites constitucionales por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii)        Demuestre el impulso procesal dado de oficio a dichos asuntos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        Al Delegado del Ministerio P\u00fablico para \u00abacciones populares\u00bb se pronuncie si es legal no conceder la alzada y explique por qu\u00e9 no hizo nada para garantizar sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        A la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas cumplir con el deber de impetrar acciones de tutela en su nombre.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El quejoso en apoyo de tales pretensiones adujo, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Formul\u00f3 las acciones populares nos. 2015-00429-00, 2015-00447-00 y 2015-00445-00 contra Audifarma (sucursales calle 15 n\u00ba 2-350 de Popay\u00e1n; carrera 19 n\u00ba 40-30 de Puerto Tejada, Cauca; y Avenida Santander n\u00ba 61-12 de Manizales) ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, despacho que las admiti\u00f3 disponiendo informar sobre la misma a la demandada personalmente, a la comunidad y al defensor del pueblo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        El 28 de julio de 2016 el gestor del amparo fue requerido por el estrado cuestionado para que so pena de desistimiento t\u00e1cito aportara las expensas necesarias para notificar a la demandada e igualmente para que publicara el aviso  inform\u00e1ndole a la comunidad sobre el inicio de las demandas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Ante el incumplimiento de la carga procesal referida a espacio, el 20 de octubre siguiente declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de los procesos por desistimiento t\u00e1cito. Decisiones cuestionadas mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, manteniendo las determinaciones por autos de 28 del mismo mes y negando la concesi\u00f3n de la alzada por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        El peticionario se duele de que el estrado acusado haya decretado el desistimiento t\u00e1cito de las acciones populares, figura jur\u00eddica que no prev\u00e9 la ley 472 de 1998 y de que no haya tramitado la apelaci\u00f3n interpuesta frente a esas providencias, \u00abolvidando que la acci\u00f3n es de doble instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Agreg\u00f3 que la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas se ha negado a instaurar acciones de tutela a nombre de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de las actuaciones cuestionadas en las anotadas acciones p\u00fablicas (folios 32 a 75, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Procuradur\u00eda 8 Judicial II, Delegada para Asuntos Civiles, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, dado que no act\u00faa como demandada ni como operador judicial con el deber del impulso oficioso de la acci\u00f3n popular, m\u00e1s cuando s\u00f3lo est\u00e1 obligada a intervenir hasta la audiencia de pacto de cumplimiento en esos juicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, pidi\u00f3 acceder al amparo deprecado, habida cuenta que \u00abla decisi\u00f3n de decretar el desistimiento t\u00e1cito en acciones populares no se atiene a la naturaleza de los derechos reclamados por esta acci\u00f3n y en consecuencia desconoce los postulados normativos aplicables\u00bb, dado que es deber del juez dictar decisi\u00f3n de m\u00e9rito atendiendo el deber de impulso oficioso dispuesta en el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998 y el C\u00f3digo General del Proceso (folios 76 a 80, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira comunic\u00f3 que no tuvo ninguna injerencia en las decisiones judiciales cuestionadas, adem\u00e1s de que no ha incurrido en conducta alguna u omisi\u00f3n que permita inferir que vulner\u00f3 derechos del promotor de la acci\u00f3n de tutela, por lo cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del rito constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, resalt\u00f3 que el art\u00edculo 44 de la ley 472 de 1998 remite expresamente a la legislaci\u00f3n procesal civil el tr\u00e1mite de las acciones populares, de donde se concluye la procedencia de la aplicaci\u00f3n de tal figura jur\u00eddica a los casos en ciernes, la cual es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n (folios 82 y 83, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada porque la decisi\u00f3n cuestionada obedeci\u00f3 a la particular situaci\u00f3n f\u00e1ctica de cada caso y a un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas que regulan las acciones populares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo tocante con la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas neg\u00f3 lo pretendido por cuanto la Sala ya se hab\u00eda pronunciado en anterior oportunidad frente a una solicitud constitucional id\u00e9ntica.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Finalmente, respecto a la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n en la medida en que no vislumbr\u00f3 actuaci\u00f3n irregular alguna de dicha entidad (folios 103 a 107, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin expresar las razones de inconformidad (folio 114, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        No obstante que en la primera instancia la Procuradur\u00eda 8 Judicial II, Delegada para Asuntos Civiles, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, apel\u00f3 la sentencia rese\u00f1ada al considerar que la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito a las acciones populares contrar\u00eda la naturaleza y finalidad de las mismas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo que dicha figura jur\u00eddica es un remedio procesal para castigar la inactividad de las partes, que no resulta directamente aplicable a las acciones populares, dado que \u00e9stas se rigen por un tr\u00e1mite especial regulado en la ley 472 de 1998, con plazos diferentes y actuaciones ajustadas a la protecci\u00f3n de los derechos colectivos, donde la sociedad en general es la interesada; situaci\u00f3n que conlleva a que no se le imponga un castigo a \u00e9sta, pues la norma estableci\u00f3 como obligaci\u00f3n del juez impulsar oficiosamente la actuaci\u00f3n y resolver de fondo el asunto (folios 110 a 112, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, por las razones que pasan a explicarse:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.)        La declaraci\u00f3n de terminaci\u00f3n de la acciones populares nos. 2015-00429-00, 2015-00447-00 y 2015-00445-00 por desistimiento t\u00e1cito no se advierte arbitraria o caprichosa, por cuanto el despacho encartado en los prove\u00eddos de 20 de octubre de 2016 se\u00f1al\u00f3 que: \u00abmediante auto de julio 28 de 2016, y en aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se requiri\u00f3 al actor popular para que procediera a notificar personalmente a la parte demandada, concedi\u00e9ndole para ello un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas. El referido art\u00edculo es concreto en se\u00f1alar que vencido dicho t\u00e9rmino sin que la parte interesada cumpla la carga procesal que le corresponde, el juez tendr\u00e1 por desistida la respectiva actuaci\u00f3n. Significa lo anterior que el desistimiento t\u00e1cito impone una \u00absanci\u00f3n\u00bb de tipo procesal para el litigante que no hace lo necesario para poderle imprimir impulso al proceso. Dado que la parte actora desatendi\u00f3 la orden judicial y como el tr\u00e1mite de los procesos no puede suspenderse indefinidamente por la inactividad de quien los promueve, el juzgado declarar\u00e1 la terminaci\u00f3n del mismo y ordenar\u00e1 su archivo definitivo (folios 46 y 47, 60, 61 y 73, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Contexto en el cual la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito a las acciones populares, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar, la Corte manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la autoridad accionada al emitir la providencia que puso fin a la acci\u00f3n popular, se\u00f1al\u00f3: \u00abPor cumplirse los presupuestos establecidos en el numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se dispone: PRIMERO: Decretar la terminaci\u00f3n del presente asunto por DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, una vez atacada la anterior determinaci\u00f3n, el juzgado convocado resalt\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla figura del desistimiento t\u00e1cito en los t\u00e9rminos consagrados en el C\u00f3digo General del Proceso, es de aplicabilidad para las acciones populares, en la medida que es la misma ley reguladora de [\u00e9]stas la que remite a la codificaci\u00f3n procesal civil (\u2026) sin que pueda estimarse que (\u2026) se aplica selectivamente para unos actos procesales (verbi gracia pruebas, recursos, etc.) y para otros no, pues esa no fue la finalidad de la norma. Ahora bien, no puede decirse que el desistimiento t\u00e1cito ri\u00f1e con la finalidad de la acci\u00f3n popular como protectora de derechos colectivos y por tanto de inter\u00e9s general, como quiera que, en virtud de la ausencia de caducidad de la acci\u00f3n, puede ser promovida en cualquier tiempo siempre y cuando subsista la vulneraci\u00f3n, lo que quiere decir, que no resulta acertado el indicar que al terminar mediante este modo anormal el asunto, no se afectan [s\u00f3lo] derechos del actor popular sino tambi\u00e9n de terceros, dada su calidad, ya que dichos afectados si as\u00ed lo consideran necesario y dada la eventualidad, pueden y se encuentran debidamente facultados y autorizados por la ley para promover la acci\u00f3n pertinente, en b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n de tales derechos e intereses colectivos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo expuesto en precedencia se advierte entonces, que la validez de las decisiones debatidas fluye del contenido de las mismas, pues, incorporan razonamientos que estrictamente no son antojadizos y no carecen de respaldo legal; as\u00ed las cosas, contrario a lo que refiere la interesada, la interpretaci\u00f3n del despacho accionado resulta incuestionable en esta Sede, puesto que el resguardo constitucional no es una instancia adicional para imponer el criterio del inconforme o del juez constitucional, sino para corregir los yerros superlativos en que incurren los juzgadores en los asuntos sometidos a su decisi\u00f3n, que conforme se ha visto, no se consolidan en las providencias examinadas (STC13811, 9 oct. 2014, rad. 2014-01633-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        En lo ata\u00f1edero al reproche presentado contra las providencias de 28 de octubre anterior que mantuvieron el desistimiento t\u00e1cito y negaron la concesi\u00f3n de las alzadas propuestas en subsidio, se advierte que tales determinaciones no resultan arbitrarias ni caprichosas, en la medida en que consultan la previsi\u00f3n de los art\u00edculos 36 y 37 de la ley 472 de 1998, que consagran que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular \u00fanicamente procede apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese mismo sentido esta Sala ha sentado:  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo discurrido, si se cuestiona la negativa de la falladora de Santa Rosa de Cabal a conceder la alzada respecto del rechazo del escrito genitor, ese reparo no sale avante, por cuanto esa puntual actuaci\u00f3n no contiene irregularidad lesiva de prerrogativas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anotado porque la actividad descrita halla respaldo en lo estatuido en los art\u00edculos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, los cuales no prev\u00e9n la apelaci\u00f3n para determinaciones como la impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario (STC13198-2016, 16 sep., rad. 2016-00787-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.)        En relaci\u00f3n con las censuras dirigidas frente a la Procuradur\u00eda Delegada para \u00abacciones populares\u00bb, habr\u00e1 de decirse que la salvaguarda suplicada tambi\u00e9n ser\u00e1 negada en la medida en que no se avizora conculcaci\u00f3n de parte de esa entidad, dado que en las acciones populares que originaron la presente petici\u00f3n tuitiva no fueron publicados los avisos de anuncio a la comunidad de inicio de las causas colectivas, al igual que no se notific\u00f3 a la accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.)        Finalmente, en torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Corporaci\u00f3n, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas en nombre de \u00e9l. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los de los reclamos denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud con el presente caso, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se respaldar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01046-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98796","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98796","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98796"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98796\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}