{"id":98800,"date":"2026-06-25T17:17:53","date_gmt":"2026-06-25T17:17:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc491-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:17:53","modified_gmt":"2026-06-25T17:17:53","slug":"stc491-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc491-2017\/","title":{"rendered":"STC491-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01068-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco   (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, el Procurador Delegado en Acciones Populares y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda Municipal de Pereira y el Ministerio P\u00fablico Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        Al despacho judicial acusado:  <\/span><\/p>\n

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(i)        Dejar sin efecto el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular con radicaci\u00f3n 2015-00241-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii)        Tramitar la apelaci\u00f3n propuesta frente al auto que declar\u00f3 el mencionado desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        A la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas cumplir con el deber de impetrar acciones de tutela y populares en nombre del tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)    Compulsar copias con destino a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue la omisi\u00f3n de la provincial referida a espacio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El quejoso en apoyo de tales pretensiones adujo, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        En la acci\u00f3n popular que \u00e9l formul\u00f3 contra el Banco GNB Sudameris cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dicha autoridad puso fin a la misma, por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Se duele de que el estrado acusado haya decretado el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular, porque era figura jur\u00eddica que no la prev\u00e9 la ley 472 de 1998, y de que no se haya tramitado la apelaci\u00f3n interpuesta frente a esa providencia, \u00abolvidando que la acci\u00f3n es de doble instancia y s[\u00ed] procede la alzada, seg\u00fan el CGP y como lo ha manifestado la Sala Plena del Consejo de Estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.        Agreg\u00f3 que la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas se ha negado a instaurar acciones de tutela y populares en nombre de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira  limit\u00f3 su respuesta a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-00241-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que dentro de las inmensurables acciones populares presentadas por el tutelante, se han designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por aquella entidad y que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia, por lo que el resguardo deb\u00eda denegarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira solicit\u00f3 declarar improcedente el tramite tutelar, toda vez que no est\u00e1 llamada a responder por la vulneraci\u00f3n y\/o afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y presuntamente vulnerados; finalmente solicita se condene en costas al gestor en caso que se compruebe temeridad en su conducta. (folio 22 a 24, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia declar\u00f3 improcedente el amparo tutelar al concluir que la decisi\u00f3n cuestionada no era arbitraria ni antojadiza, ya que la terminaci\u00f3n del asunto por desistimiento t\u00e1cito correspond\u00eda a un pronunciamiento serio conforme a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, destacando que la renuencia del actor en asumir con diligencia la m\u00ednima carga procesal impuesta, esto era, la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad y notificar a la demandada, obstaculizaba el curso de la acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Frente a  la renuencia de la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, referente a formular acciones de tutela y populares a nombre del quejoso, se desestim\u00f3 la salvaguarda al encontrar que el gestor no acredit\u00f3 haber realizado tal petici\u00f3n ante la entidad convocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, en lo tendiente al Procurador Delegado, se desestim\u00f3 la salvaguarda al establecerse que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de los aducidos por el gestor, m\u00e1s aun, cuando no fue notificado si quiera del tr\u00e1mite popular impulsado por el tutelante.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo sin expresar las razones de su inconformidad (folio 36, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda de manera extempor\u00e1nea opugn\u00f3 el fallo antes se\u00f1alado, raz\u00f3n por la cual el a quo constitucional deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de esa censura. (folio 39 a 41, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues el actor reclama la improcedencia de la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito, respecto a lo cual se concluye que la providencia censurada no se advierte arbitraria o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el despacho encartado en el auto de 6 de octubre de 2016, tras citar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece los casos en los que es aplicable la figura estudiada, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la parte actora fue requerida mediante auto del 11 de agosto de 2016, para que cumpliera con una carga procesal a efectos de poder continuar con el tr\u00e1mite de la demanda, para lo cual se le concedi\u00f3 treinta d\u00edas; decisi\u00f3n que fue notificada por estado de 12 de agosto del corriente a\u00f1o, sin que hasta la fecha haya cumplido con la misma. Aparte se hace v\u00e1lido resaltar que en el presente proceso se llenan todos los requisitos para entender que se ha desistido t\u00e1citamente de este proceso. (folio 10, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese contexto, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el juez accionado decidi\u00f3, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la autoridad accionada al emitir la providencia que puso fin a la acci\u00f3n popular, se\u00f1al\u00f3: \u00abPor cumplirse los presupuestos establecidos en el numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, se dispone: PRIMERO: Decretar la terminaci\u00f3n del presente asunto por DESISTIMIENTO T\u00c1CITO\u00bb\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, una vez atacada la anterior determinaci\u00f3n, el juzgado convocado resalt\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La figura del desistimiento t\u00e1cito en los t\u00e9rminos consagrados en el C\u00f3digo General del Proceso, es de aplicabilidad para las acciones populares, en la medida que es la misma ley reguladora de [\u00e9]stas la que remite a la codificaci\u00f3n procesal civil (\u2026) sin que pueda estimarse que (\u2026) se aplica selectivamente para unos actos procesales (verbi gracia pruebas, recursos, etc.) y para otros no, pues esa no fue la finalidad de la norma. Ahora bien, no puede decirse que el desistimiento t\u00e1cito ri\u00f1e con la finalidad de la acci\u00f3n popular como protectora de derechos colectivos y por tanto de inter\u00e9s general, como quiera que, en virtud de la ausencia de caducidad de la acci\u00f3n, puede ser promovida en cualquier tiempo siempre y cuando subsista la vulneraci\u00f3n, lo que quiere decir, que no resulta acertado el indicar que al terminar mediante este modo anormal el asunto, no se afectan [s\u00f3lo] derechos del actor popular sino tambi\u00e9n de terceros, dada su calidad, ya que dichos afectados si as\u00ed lo consideran necesario y dada la eventualidad, pueden y se encuentran debidamente facultados y autorizados por la ley para promover la acci\u00f3n pertinente, en b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n de tales derechos e intereses colectivos\u2026.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo expuesto en precedencia se advierte entonces, que la validez de las decisiones debatidas fluye del contenido de las mismas, pues, incorporan razonamientos que estrictamente no son antojadizos y no carecen de respaldo legal; as\u00ed las cosas, contrario a lo que refiere la interesada, la interpretaci\u00f3n del despacho accionado resulta incuestionable en esta Sede, puesto que el resguardo constitucional no es una instancia adicional para imponer el criterio del inconforme o del juez constitucional, sino para corregir los yerros superlativos en que incurren los juzgadores en los asuntos sometidos a su decisi\u00f3n, que conforme se ha visto, no se consolidan en las providencias examinadas (STC13811, 9 oct. 2014, rad. 2014-01633-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        As\u00ed mismo, en lo concerniente al reproche presentado contra el auto de 21 de octubre de 2016, que mantuvo el desistimiento t\u00e1cito y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada propuesta en subsidio, se advierte que tal determinaci\u00f3n tampoco resulta arbitraria o caprichosa, en la medida en que consulta la previsi\u00f3n de los art\u00edculos 36 y 37 de la ley 472 de 1998, que consagran que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular \u00fanicamente procede apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese mismo sentido esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo discurrido, si se cuestiona la negativa de la falladora de Santa Rosa de Cabal a conceder la alzada respecto del rechazo del escrito genitor, ese reparo no sale avante, por cuanto esa puntual actuaci\u00f3n no contiene irregularidad lesiva de prerrogativas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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Lo anotado porque la actividad descrita halla respaldo en lo estatuido en los art\u00edculos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, los cuales no prev\u00e9n la apelaci\u00f3n para determinaciones como la impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario (STC13198-2016, 16 sep., rad. 2016-00787-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En torno a la cr\u00edtica enfilada contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales. Por ende, la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, como en otras acciones de tutela que previamente ha conocido esta Corporaci\u00f3n, el accionante invoca la afectaci\u00f3n del debido proceso, presuntamente conculcado con la negativa de aquella entidad a interponer tutelas y acciones populares en nombre de \u00e9l. Por ende, el conflicto y los presupuestos f\u00e1cticos son id\u00e9nticos a los de los reclamos denegados en pasadas ocasiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos que guardan similitud con el presente, la Corte ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ag., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01068-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco   (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98800","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98800","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98800"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98800\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}