{"id":98804,"date":"2026-06-25T17:18:09","date_gmt":"2026-06-25T17:18:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc495-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:18:09","modified_gmt":"2026-06-25T17:18:09","slug":"stc495-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc495-2017\/","title":{"rendered":"STC495-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC495-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02070-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngel Mar\u00eda Rivera Bri\u00f1ez contra la Fiscal\u00eda Segunda Especializada, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, todos de Ibagu\u00e9, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido al actor y otros por secuestro simple, fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico o porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado y agravado.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        Por conducto de apoderada judicial, el promotor  reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, libertad, familia y otros, presuntamente quebrantados por las autoridades atacadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como fundamento de su reproche, asevera que en la causa seguida en su contra fue vinculado como persona ausente y se le design\u00f3 un representante judicial de oficio.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que no cont\u00f3 con defensa t\u00e9cnica, por cuanto el referido profesional no solicit\u00f3 pruebas ni controvirti\u00f3 las aportadas, omiti\u00f3 concurrir a varias de las diligencias, entre ellas la de juzgamiento, y tampoco apel\u00f3 el fallo condenatorio proferido el 30 de noviembre de 2006.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que la alzada frente al anterior pronunciamiento s\u00ed fue incoada por los abogados de otros procesados, remedio desatado por el Tribunal el 21 de mayo de 2009 para declarar la nulidad parcial en relaci\u00f3n con uno de los sindicados y confirmar en lo restante.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que cumple con el presupuesto de inmediatez para acudir a esta salvaguarda, por cuanto (i) s\u00f3lo se enter\u00f3 del decurso criticado el 16 de septiembre de 2014, fecha de su captura; (ii) no sab\u00eda del lugar de ubicaci\u00f3n del expediente; (iii) \u201c(\u2026) carec[\u00eda] de los conocimientos m\u00ednimos [para] interponer personalmente la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u201d; y (iv) s\u00f3lo hasta cuando su familia decidi\u00f3 apoyarlo econ\u00f3micamente pudo contratar los servicios de un abogado para que lo asesorara y formulara este auxilio.  <\/span><\/p>\n

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Esgrime no contar con medios de defensa para obtener la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, por ejemplo, ninguna causal para iniciar una acci\u00f3n de revisi\u00f3n se presenta en su caso.  <\/span><\/p>\n

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Aduce que las autoridades accionadas incurrieron en v\u00eda de hecho porque (i) no adelantaron gestiones diligentes para establecer su paradero, a pesar de tener sus datos, por cuanto la SIJIN lo entrevist\u00f3 antes de iniciar el asunto y le inform\u00f3 \u201c(\u2026) que estuviera tranquilo que \u00e9l no tendr\u00eda problemas (\u2026)\u201d; y (ii) surtieron las distintas audiencias sin reparar en su falta de representaci\u00f3n judicial (fls. 1 al 22, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, declarar la nulidad del proceso confutado (fl. 23, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgado convocado relat\u00f3 las etapas de la causa rebatida y asever\u00f3 la inexistencia de lesi\u00f3n a las garant\u00edas del quejoso, pues aqu\u00e9lla \u201c(\u2026) se tramit\u00f3 bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000, contando desde el inicio con un defensor que ten\u00eda la facultad si a bien lo consideraba, de promover los recursos establecidos (\u2026)\u201d  (fls. 107 al 109, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b)        La Fiscal\u00eda Segunda Especializada se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque no se trasgredieron los derechos del petente, por cuanto \u00e9ste  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) s\u00ed sab\u00eda de la investigaci\u00f3n que se estaba llevando en su contra, al punto que decide ocultarse de las autoridades, dejando su lugar habitual de residencia y de labores, sin haber acudido a la justicia para exponer aspectos pertinentes para su defensa o la explicaci\u00f3n de los hechos, dejando de utilizar las herramientas a su alcance (\u2026)\u201d (fls. 110 y 111, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c)        El Tribunal se limit\u00f3 a informar de la emisi\u00f3n de la sentencia de 21 de mayo de 2009, mediante la cual desat\u00f3 la alzada propuesta en el caso censurado (fl. 115, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda por incumplir el presupuesto de inmediatez, pues han pasado m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os entre la sentencia emitida en segundo grado en el decurso reprochado -21 de mayo de 2009- y la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n -10 de noviembre de 2016-. Advirti\u00f3 la insuficiencia de las explicaciones brindadas por el gestor para justificar la tardanza en acudir a esta jurisdicci\u00f3n, luego de pasar m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os de su captura.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, asever\u00f3 no hallar arbitrariedad en la actividad de los funcionarios tutelados, pues \u00e9stos cumplieron con el procedimiento consagrado en la ley y el fallo dictado contra el quejoso \u201c(\u2026) no es constitutivo de una v\u00eda de hecho, por cuanto fue proferido por la autoridad competente y en [\u00e9l] se plasmaron las razones f\u00e1cticas, probatorias y jur\u00eddicas que llevaron (\u2026) a condenar al procesado (\u2026)\u201d (fls. 129 al 147, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El reclamante impugn\u00f3 con afirmaciones similares a las expuestas en el libelo introductor. Insisti\u00f3 en la ausencia de defensa t\u00e9cnica y en los defectos de su vinculaci\u00f3n como persona ausente (fls. 164 al 179, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Examinado el auxilio deprecado, se evidencia su falta de tempestividad.  <\/span><\/p>\n

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2.        En efecto, entre la determinaci\u00f3n dictada por el Tribunal el 21 de mayo de 2009, mediante la cual puso fin a la causa rebatida, y la formulaci\u00f3n de este resguardo -10 de noviembre de 2016-, han transcurrido m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os  <\/span><\/p>\n

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Y, en gracia de discusi\u00f3n, si se tuviese en cuenta que el conocimiento de la actuaci\u00f3n reprochada por parte del censor s\u00f3lo tuvo lugar hasta el momento de su captura, ocurrida el 16 de septiembre de 2014, han pasado m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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Tales plazos superan ampliamente el de seis (6) meses considerado por esta Corte como razonable para acudir oportunamente a esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Debe indicarse que la exigencia del enunciado presupuesto tiene como finalidad evitar que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una transgresi\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPrecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, si el promotor se demor\u00f3 para presentar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular, m\u00e1xime si las justificaciones de su tardanza no son de recibo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anotado porque adem\u00e1s de aceptar el querellante que conoc\u00eda de la investigaci\u00f3n surtida, dada la entrevista a \u00e9l realizada por la SIJIN, no concurri\u00f3 al decurso para enterarse de su situaci\u00f3n y, en caso de estimarlo, presentar tempestivamente el amparo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, si, en verdad, s\u00f3lo se notific\u00f3 de la actuaci\u00f3n hasta su captura, aducir la falta de conocimientos en derecho y la insuficiencia de medios econ\u00f3micos no lo exonera del retraso referido, pues habr\u00eda podido acudir directamente a este resguardo o buscar la intervenci\u00f3n de un defensor p\u00fablico, esto \u00faltimo, sustentado en el art\u00edculo 21 de la Ley 24 de 1992, el cual consagra:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La Defensor\u00eda P\u00fablica se prestar\u00e1 en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad econ\u00f3mica o social de proveer por s\u00ed mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representaci\u00f3n judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026). En materia penal el servicio de Defensor\u00eda P\u00fablica se prestar\u00e1 a solicitud del imputado, sindicado o condenado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC495-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02070-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98804"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98804\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}